Predial, tierra y paz

Con patético gesto de tragedia descubre nuestra derecha el agua tibia: que el catastro podría conducir a la reforma agraria, sin alzamiento revolucionario ni alharaca, como lo demostró hace décadas don Hernán Echavarría Olózaga. El exministro Andrés Valencia adivina ahora, perspicaz, el aleteo de aquella reforma tras el proyecto para modular el predial. El gran latifundio acapara en este país 80% de la tierra feraz, apenas si la explota, paga impuestos irrisorios o ninguno, lleva 30 años bloqueando la información sobre propiedad y uso de la tierra y, sin embargo, vocifera, protesta, amenaza. Perora Jaime Alberto Cabal desde el uribismo contra este atentado a la iniciativa privada, a la inversión, al derecho de propiedad. También a Germán Vargas le resulta “confiscatorio” el impuesto predial, si bien sueña con la aprobación del proyecto, “para ahora sí ver millones de colombianos marchando enfurecidos”. 

La iniciativa apunta, por el contrario, a proteger el bolsillo del contribuyente, a poner topes al impuesto. Pero este señorío de fusta y de motosierra, arrellanado en privilegios que asume como graciosa concesión del destino, tergiversa el proyecto y aprovecha para reivindicar lo suyo: la tierra casi siempre pelada, acaso con vaca por hectárea, rentando por valorización o como lavado de activos. Especulación y delito. Esta belicosa avanzada ha tenido siempre por diabólica la alternativa de ponerla a producir. Peor aún, si el catastro multipropósito es instrumento de la reforma rural contemplada en el Acuerdo de Paz que este Gobierno sitúa en el centro del acuerdo nacional: productividad, inclusión territorial y desarrollo productivo de la tierra son su divisa.

Tres décadas llevamos tratando de actualizar el catastro. En 915 municipios el valor de la tierra figura por menos de la quinta parte del real: avalúo enano y precio comercial astronómico. Si el fenómeno cunde en la Costa Norte, hay en Girardot propiedades que pueden valer hasta $5.000 millones y figuran por sólo $300 millones. Y la desigualdad en favor de la gran propiedad campea: en 2009 el avalúo catastral de sus predios era siete veces menor que el de la hectárea en minifundio. Así mismo se calcula el impuesto.

Mas el interés del catastro desborda el meramente fiscal, fuente principal de ingresos del municipio. Es que contempla el valor económico del predio, su uso, su vocación económica y su dueño. Resulta determinante en planificación y ordenamiento del territorio, y da seguridad jurídica a la propiedad.

Para el empresario y exministro Echavarría, el impuesto a la tierra ataca la pobreza en el campo. Porque compele a invertir en actividad productiva, no especulativa: ante el impuesto real sobre el predio, tendría su propietario que explotarlo a derechas o venderlo. Mucha tierra se liberaría, bajaría su precio en el mercado y, en medida semejante, los precios de los alimentos. Milagro de la tierra que pasa de manos improductivas a manos productivas. Si estuviera ella bien grabada, no andaría acaparada -sentencia. Una revolución sin gota de sangre. Y es esto lo que aterroriza literalmente al aguerrido latifundismo: no sólo por el nuevo destino de la tierra sino por el ahorro de sangre.

En el corazón de nuestras guerras estuvo siempre el conflicto por la tierra. Repartir, restituir, formalizar, industrializar, extender los apoyos del Estado a toda la población del campo son componentes de la reforma agraria que la gran propiedad rural ha frustrado desde 1936. Es hora de acometerla, desde el catastro multipropósito, como estandarte mayor del acuerdo nacional y presupuesto inescapable de la paz. Sin reforma agraria no habrá paz.

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Paz: volver a barajar

ELN y EMC de Alias Mordisco, dos fuentes de crisis en las conversaciones de paz, pero también dos efectos divergentes sobre el proceso: en el primero, el secuestro de don Manuel Díaz desnuda anchas grietas en la negociación. En el segundo, el abandono de la mesa por el grupo en armas responde a la ofensiva militar que obstaculiza sus negocios ilegales y a la contrapropuesta de sustituirlos por una economía legal concertada con el Estado.

Esta crisis que disloca las negociaciones con el ELN no se resuelve con pronunciamientos de esa guerrilla sobre el secuestro. Si es que los emite, después de los 9.500 secuestrados que la Comisión de la Verdad le adjudica. El derecho a la paz del país acosado por minorías frenéticas, acá y allá, impone una reconfiguración de la matriz misma del proceso. Respuesta apenas ajustada a la afrenta del jefe eleno Antonio García, que al clamor de parar este crimen espetó: “no se hagan ilusiones”. Ya en junio, a la firma del cese el fuego, se pavoneó Beltrán, su jefe negociador, con la advertencia de que no abandonarían el secuestro. Y la delegación del Gobierno calló, por no llamar secuestro al secuestro. Como ha callado o cedido a sus exigencias, impensables en negociaciones de paz. 

Cándida liberalidad del Gobierno que suelta la rienda en secuestro y al parecer también en otras materias de monta. Abrió de entrada el comisionado Danilo Rueda la puerta a concesiones mayores, al declarar que el Gobierno no interpondría líneas rojas en la negociación. Así, la meta de poner fin al conflicto es una pincelada de niebla en la agenda y la de renunciar a las armas no figura; antes bien, ha dicho el ELN que jamás las dejará. Si la idea del cese el fuego era amortiguar la violencia, éste debió acompañarse del cese de hostilidades, de las violencias que los armados ejercen contra la población inerme: secuestro, confinamiento por paro armado, desplazamiento, asesinato, violación.

Pero si el ELN tira el chorro tan alto, no parece haberlo mantenido la disidencia de las Farc en el Cañón del Micay. Contra su hegemonía de 13 años en ese territorio ordenó el presidente Petro la operación Trueno, el Ejército recuperó posiciones vitales en la logística del narcotráfico, rey en la zona que representa el 75% de los cultivos de coca del Cauca. Y allí se quedó. A la voz del general Federico Mejía seguirá la operación Trueno pues “para el Ejército no hay zonas vedadas”. Entonces el EMC se levantó de la mesa y advirtió, eso sí, que no cesaba el cese el fuego. Sin negociación, sin avances en acuerdo de sustitución de economías ilícitas, sin fin de hostilidades contra la población, no hay cese el fuego posible, replicó el primer mandatario; y agregó que tal vez hubiera sido prematura la negociación política con esa disidencia. Explicó que el EMC ha resentido la recuperación militar que avanza en ese territorio. Que la estrategia de sustitución de cultivos, en principio acogida por ellos, habría bloqueado sus negocios ilícitos. Que será preciso replantear la negociación con el EMC.

Por primera vez se dibuja en los hechos la política de paz total: acción militar contra economías ilícitas de grupos armados y en defensa de la población civil, de un lado; de otro, la solución socioeconómica. Para el caso del Micay, una ambiciosa estrategia de sustitución de cultivos a dos manos con el Estado.

También con el ELN, será de volver al abecé: en palabras de José Gregorio Hernández, la paz no puede implicar sujeción de la autoridad legítima al chantaje o a las condiciones de la subversión. Es hora de trazar metas claras, líneas rojas y desplegar la política de seguridad. Volver a barajar.

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Petro: verdades sin máscara

Acostumbradas ciertas elites a acapararlo todo, aun allí donde había corrido sangre, se rasgan las vestiduras al primer intento del presidente Petro por reivindicar a los damnificados de la tierra. Que se cocina “expropiación expres” alerta a grandes voces la derecha aunque el Gobierno, que bien pudiera echar mano de las muchas leyes que en Colombia autorizan la expropiación de tierra feraz inexplotada, se la compra en cambio al latifundismo, a precio comercial y con recursos públicos. Es que para responder a la emergencia de millones de campesinos expropiados a bala o por amenaza de muerte, quiere el ministerio agilizar el mecanismo de compra de tierra en procesos de extinción de dominio reglados estrictamente por la norma legal. 

Otro mecanismo, consagrado en la Ley de restitución de tierras, afectaría predios arrebatados a sus dueños y adquiridos después por terceros “de buena fe”. El caso de Argos, empresa del mayor conglomerado económico, ha tensionado todas las fibras del gran capital. Pero, tras 22 sentencias judiciales, nunca pudo esta firma demostrar buena fe exenta de culpa al comprar tierras habidas tras masacres y desplazamiento de campesinos en Montes de María. Hoy las “dona”, no a los labriegos, sino a una fundación de su propiedad.

Agudizada al extremo nuestra ya atávica desigualdad en propiedad agraria, no más mencionar el sistema de privilegio enardece a una franja grande del poder de fusta y al de motosierra, coligados en grosero amancebamiento de medio siglo. Si conflicto agrario y conflicto armado se retroalimentan, con Petro corren parejas desiguales: consistente se ve el marco de la reforma rural, y azaroso, el de la paz total. Y los grandes interesados en que nada cambie atizan las dificultades de la paz para ocultar bajo esa alfombra verdades de a puño, brutales en su depurada simplicidad, que el presidente expresó el 30 de agosto.

Desde 1936 se instituyó en Colombia, como en las democracias todas, que la tierra tiene función social y que, en tal virtud, se la puede expropiar si no se explota. Una y otra vez lo refrendó la ley, apunta el primer mandatario. Y, sin embargo, este Gobierno no expropia. Compra. Parafraseando su discurso, dirá que los expropiados aquí fueron los campesinos, a sangre y fuego de hombres armados aliados con funcionarios públicos que seguían órdenes de quienes se quedarían con la tierra. Senadores de la república ordenaron masacres como la de Macayepo: “votaban las leyes por la mañana y por la noche hacían las listas de los que iban a morir”. Argos se quedaría con tierra de desplazados tras la masacre, acaso pensando de buena fe que no se había regado ella con sangre; pero después de 22 fallos judiciales, no devolvía la tierra que había comprado por tres pesos. Por codicia, por egoísmo social.

Sin justicia no habrá paz, abunda el presidente: la justicia y la verdad son la antesala de la paz, así como la injusticia y la desigualdad son la antesala de la violencia.  Insiste en la reconciliación, punto final de la guerra y punto inicial de una era de paz. Tenemos que dialogar, dice, pero el diálogo no puede ser sino entre iguales.

Con todo, el acuerdo nacional no podrá ser subsidiario de una “paz total” que de momento revuelve a tirios y troyanos, a grupos armados de carácter político que apuntan a la suplantación del poder (como el ELN) con otros (como el Clan del Golfo, las autodefensas o la Oficina de Envigado) cuyo fin exclusivo es enriquecerse: una cosa es la insurgencia y, otra, el crimen organizado. Pero la fuerza de los hechos compromete en esta guerra no sólo a toda la gama de sus ejecutores armados sino a sus determinadores y a sus beneficiarios directos o indirectos. Y se sabe: sin reforma agraria, seguirá la guerra.

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ELN: soberbia y negro prontuario

No es primera vez que sucede. El asesinato a mansalva de nueve soldados bachilleres en el Catatumbo por el ELN, motivo de orgullo para los jefes de esa guerrilla, es apenas el último capítulo de una saga criminal que se aferra como una raposa a la historia del grupo armado. Como los 23 jóvenes sacrificados hace cuatro años en la Escuela de Policía, no estaban éstos en territorio de combate ni batallaban. Pura cobardía. 

El presidente Petro repudió el “ataque asesino de quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”. Y Otty Patiño, jefe negociador con el grupo armado, conminó al ELN a definir, no con palabras, con hechos, si concurre a la mesa para fortalecerse militarmente o por genuina vocación de paz; si tiene unidad de mando, o el comandante militar del ELN y sus adláteres seguirán objetando cada decisión del negociador en la mesa; si persistirán en sus hostigamientos a las comunidades. La sostenibilidad del diálogo quedó sujeta al cese el fuego y de hostilidades contra la población. Pidió el expresidente Santos la definición pronta de una estrategia de seguridad, sin la cual la negociación, que en todos los casos debe combinar garrote y zanahoria, fracasaría por quedarse sólo en zanahoria.

Desde sus orígenes, fue costumbre entre comandantes del ELN imponer el fusil y la machimbre como argumento selecto de la revolución, mientras otros (también en la guerrillerada) reclamaban, candorosos, trabajo político de masas. Los pasaron por las armas, sindicados de traición. A Jaime Arenas, a Julio César Cortez, a Ricardo Lara, entre los muchos ajusticiados por diferencias de ideas. De Vásquez Castaño en los 60 a Antonio García hoy, ha degradado esta organización su propia guerra, librándola de preferencia contra el pueblo al que dice representar. Y, en más de un frente, movido por prevalecer en negocios que dejan tanto rédito como reguero de muertos.

Creyéndose vanguardia de los desheredados, ciega a la realidad, indiferente a las súplicas de la población, esta guerrilla se desmadró en agresiones contra ella. Más de 15.000 secuestros le calcula la Comisión de la Verdad, de los perpetrados por razones del conflicto entre 1990 y 2018. Si de terror contra comunidades se trata, ahí está Machuca, tragedia que el ELN provocó con la voladura del oleoducto central en Segovia el 18 de octubre de 1998, que tanto dolió en Colombia y llenó de estupor al mundo. A resultas del bombazo, se saturó de crudo el río paralelo al caserío, éste se incendió y el fuego se volcó sobre las casas con techo de paja. Según Fundapoyo, los sobrevivientes “vieron la noche convertirse en una bola incandescente que abrazó la vida de sus seres queridos”: 84 muertos, 38 heridos batiéndose entre la vida y la muerte, 230 familias afectadas y grave daño al ecosistema. Por espacio de nueve horas impidió esta guerrilla el acceso de equipos de socorro del Ejército y de la Cruz Roja. 

Desde la autoridad que su compromiso con la paz le confiere, Carlos Velandia, cofundador del ELN y reinsertado en 1991, fustiga a esa guerrilla por querer negociar un acuerdo “a trompadas”: matando soldados, policías y civiles; poniendo bombas, volando oleoductos. Pide condicionar el diálogo a un cese unilateral del fuego por el ELN, y “que el Gobierno actúe con reciprocidad”. Se trata, sobre todo, de dar garantías a la participación de la sociedad.

Para el editorialista de El Espectador, “En su arrogancia y su violencia, sigue jugando el ELN con las esperanzas del país… El cese al fuego se convirtió en un requisito esencial para seguir avanzando. Si pactarlo no es una posibilidad, entonces la guerrilla no tiene voluntad de paz y no hay otra opción que seguir en el conflicto”. Sería destino inapelable si el ELN no comprende que su primer contradictor y víctima es el mismísimo pueblo colombiano.

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¿Cogobierno con el ELN en armas?

Por cuanto sugiere la agenda de México, el ELN realizaría su sueño dorado en 40 años de conversaciones de paz: puerta ancha para que le entreguen la “revolución” en la mesa, y sin deponer las armas. Desde una alianza programática y “visión conjunta” de la paz entre el Gobierno elegido en democracia y el grupo insurgente que se alzó contra ella, el proceso apuntaría esta vez a meta más ambiciosa: un pacto nacional entre políticos, gremios y movimiento social para emprender las reformas que la historia impone. Reforma agraria, industrialización y energías limpias, en visión del presidente Petro.

Salta a la vista el primer escollo: un acuerdo sobre reformas democráticas concertadas en diálogo plural con las fuerzas de la sociedad riñe con el protagonismo en la iniciativa que reclama un grupo armado cuyo trasegar de 60 años en nada favoreció al pueblo del que se autoproclama vanguardia y despertó, en cambio, miedo y rabia por la violencia desplegada. Riñe, sobre todo, radicalmente, con el liderazgo que ambiciona una guerrilla extraviada en sus fantasías de poder, mientras rehúye en la mesa un nítido compromiso para poner fin al conflicto armado. Precondición insoslayable de cualquier acuerdo sobre modelos económico y político que tributen a la paz, como la experiencia ha demostrado.

En entrevista concedida a La WRadio, deplora Sergio Jaramillo que se le concedan al ELN todas las gabelas mientras el Gobierno parece deponer prerrogativas irrenunciables. No percibe en esa guerrilla voluntad de acabar la guerra, pues nunca se compromete taxativamente con una eventual dejación de armas ni con el cese el fuego; y el Gobierno concede el abordaje del modelo económico, del régimen político y la seguridad, líneas rojas del Estado de derecho que, si imperfecto, sólo debe reformarse en reglada lid democrática. 

Es repetición de la antidemocrática avanzada del Caguán, apunta el negociador de paz que, al lado de Humberto de la Calle, depuró en La Habana un modelo de paz que el mundo aplaudió. Con un agravante: al examen de la economía deberán seguirle políticas públicas de obligatoria ejecución conforme se vayan decidiendo cambios en la mesa (bajo la vigilancia armada del ELN). Peligroso anverso de la negociación con las Farc, cuyo buen éxito estribó precisamente en el principio de que nada está acordado mientras no lo esté acordado todo. Ahora tendrán que ejecutarse cambios ad aeternum (los que el ELN apruebe), mientras se transgrede el otro principio medular: propósito de la negociación es la paz, cuyo primer resultado será separar las armas de la política. Ahora, por lo visto, se trataría de una paz armada.

Estima Jaramillo que la agenda de México deja al ELN en un paraíso, y Juanita León de La Silla Vacía, que la iniciativa recae en la guerrilla mientras el Gobierno juega de notario. Éste ha de responder a su compromiso antes que el ELN deje las armas. Se invierte la secuencia de los procesos: aquí se empezarían a ejecutar medidas antes del acuerdo final, pues éstas serían “de ejecución inmediata”. Según León, se convertiría la negociación en un parlamento paralelo. Y en un gobierno compartido, diría yo.

La estrategia de Paz Total interpreta un hondo anhelo de los colombianos; y la divisa de reformular el pacto social, una esperanza de mayorías. Pero aquella ha de edificarse sobre el Estado de derecho y éste, como pacto pluralista en democracia. Luego, no puede convocarse desde la alianza excluyente y equívoca de un Gobierno democrático con una fuerza insurreccional armada. Sean Álvaro Uribe y José Félix Lafaurie mentores iniciales del Pacto, en nombre de los sectores más beligerantes. Partidos de todos los colores, gremios y organizaciones sociales avalarían un cambio concertado entre todos y para todos. No una propuesta de cogobierno con el ELN en armas.21

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De la coca a la industria agrícola

Si el presidente oteara con paciencia los riesgos, para anticipar soluciones, abriría una honda grieta en la política antidrogas que rige. Tal sería el impacto de su alternativa, cimentada en despenalización del minifundio cocalero mientras fructifica el cultivo industrial que lo sustituya. Pero ésta no podrá divorciarse de estrategias paralelas como la de reforma rural y, sobre todo, la de paz total. De la consistencia de esta última, tan azarosa aun, dependerá la nueva política de drogas. La vieja fracasó clamorosamente: no evitó el consumo, nutrió la sangrienta cruzada de narcos y paramilitares, financió guerrillas degradadas y tapizó de muertos la geografía de Colombia. Falló, en particular, la erradicación forzada, pues crecieron más las nuevas siembras que los predios intervenidos. 

Petro propone descriminalizar transitoriamente al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico y concentrar la fuerza del Estado en la interdicción de los mandamases que cultivan, procesan y comercializan la droga. Y lavan sus réditos a menudo libando un drink en el club o un café en el canapé gerencial de algún banco. Muestra al canto, la incautación de 4,5 toneladas de cocaína entre un lote de 1.750 vacas embarcadas en Cartagena hacia el Medio Oriente. Tras la firma exportadora encontró la periodista Paola Herrera “toda una red empresarial que deja en evidencia la presunta creación de empresas de papel”, fachada de otras actividades. ¿Serán mafia exquisita? 

Riesgo inminente en el modelo de transición del pequeño cultivo hacia la industria agrícola: que, viéndose amparado, quiera el pequeño cultivador de coca expandir su sembradío. Para disuadirlo, compromiso solemne y energía. ¿Peligros? Todos: que en esta política, hermana de la compleja e incierta paz total, resulte el campesino sacrificado a la guerra por el mercado de la hoja de coca, por el territorio, por sus corredores de narcotráfico y su población. Previsible, cuando no se vislumbra un cese el fuego multilateral sino bilateral, y éste parece traducirse en que la Fuerza Pública baja la guardia frente a sus contrarios (que siguen disparando y en el negocio) mientras la población desespera entre el fuego cruzado de elenos, disidencias y el Clan del Golfo. El buen éxito de la así concebida sustitución de cultivos depende de la entereza con que el Gobierno negocie cese multilateral entre todos los armados y cese de hostilidades contra la población.

En juego está el más prometedor replanteamiento de la lucha antinarcóticos. En desarrollo del Acuerdo de Paz que insta a crear planes integrales de sustitución de cultivos como herramienta contra el problema de las drogas, Felipe Tascón, director del programa, explica que se trata de volver a los pequeños cultivadores socios del Estado en programas de industrialización agrícola allí donde hoy se cultiva coca. Y no será cambiando una mata por otra, una de coca por una de maíz, sino de cambiar la mata de coca por harina de maíz, para que la sustitución resulte competitiva: agregarle valor al maíz mediante su transformación industrial.

Sustitución de cultivos, reforma rural hacia la industrialización del campo y paz total son estrategias hermanas, respiran cada una por los pulmones de las otras. Si de amortiguar la violencia, si de conjurarla se trata, deberán acompasarse, la mira puesta en las víctimas que ocupan el centro del cuadro: las comunidades étnicas y campesinas. Con la sustitución gradual de cultivos minaría este Gobierno la política antidrogas que convirtió a Colombia en narcoestado y bloqueó su desarrollo. Ojalá el tránsito de la coca a la modernización democrática del campo no se aborte en negociaciones precipitadas, condescendientes, con organizaciones tenebrosas que no han mostrado todavía qué ofrecen a cambio de la mano tendida por la paz.

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