Dos consecuencias nefandas sobrevendrán si Álvaro Uribe, Germán Vargas y el Fiscal Martínez le ganan la partida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Primero, quedarán las víctimas de las Farc sin la reparación material que esta guerrilla deberá procurarles, extraída de una fortuna de fábula representada sobre todo en infinidad de guacas con billetes enterradas en la selva. Segundo, sin garantías de vida y libertad política (cuando siete mil hombres se disponen a entregar las armas y sus jefes a rendir cuenta de lo atesorado en décadas de secuestro, extorsión y narcotráfico) volverán al monte las Farc. Volverá la guerra. Entonces podrá el extremismo de derecha nadar de nuevo en su salsa. En una guerra cruel para casi todos, pero rentable hasta el delirio para grupos selectos de guerrilleros, militares y civiles, para el narcoparamilitarismo y su brazo de parapolíticos.
No deja duda la ofensiva contra la JEP, pepa de los acuerdos de paz diseñada para investigar y sancionar atrocidades de tirios y troyanos en el conflicto. La semana pasada anunció Uribe que recogerá firmas para “reversarla”; y sugirió en twitter instaurar la pena de muerte para narcoterroristas. Al mismo blanco de la JEP apunta Cambio Radical. Y el Fiscal la ataca en arrebatos dignos de mejor causa: antes de que las Farc puedan inventariar y entregar bienes dentro de los plazos acordados, pretende Martínez hacer borrón y cuenta nueva para entregar los desmovilizados a la justicia ordinaria y mandarlos a prisión. Reto que las Farc enfrentarán, por supuesto, regresando a la selva con sus morrales, sus fusiles, sus cananas y en busca de sus guacas.
Que serían incontables, según investigación de los reputados periodistas Camilo Chaparro y Eccehomo Cetina, vertida en su libro El Dorado de las Farc. Al lado de la máquina de guerra, escriben, esa guerrilla montó negocios legales financiados con el delito; así costeó su guerra y reservó ahorros. El flujo de recursos que no se situaba en el extranjero o en inversiones con testaferros llegaba en efectivo, por costalados, desde todos los rincones del país. El conteo de miles de millones en fajos de billetes, su almacenaje y encaletamiento descentralizado demandaban un esfuerzo supremo de logística y seguridad. Lo que no les impidió a 147 soldados contraguerrilla toparse a boquejarro con una caleta de 70 millones de dólares, que se repartieron tras cuatro días y sus noches de escarbar a machete y uñas y dedos, bañados en sudor, barro e ilusión. Pobres de nación, hambrientos, abandonados al latigazo de la selva, la dicha fue flor de un día: terminaron casi todos tras las rejas.
Fue gracias a la zona de distensión de 42.000 kilómetros que Andrés Pastrana cedió a las Farc, como el grupo armado disparó su fortuna, tras convertirse en Estado paralelo mientras “negociaba” la paz. Para los autores, las Farc convirtieron el Caguán en su fortín de guerra y sede financiera. Desde allí controlaron el negocio del narcotráfico y allí concentraron a sus secuestrados, cuyo número no conoció par en el mundo. Producto del delito, miles de millones de dólares se habrían encaletado allí y permanecerían todavía bajo tierra. Todo un paraíso fiscal.
Tendrán de sobra las Farc con qué reparar a sus víctimas. Si las dejan. Queda pendiente, no obstante, la tarea de desentrañar emporios financieros de otros que también se enriquecieron pescando en el río de la guerra. Que a lo menos devuelvan las tierras usurpadas o compradas a huevo a propietarios que huían de la muerte. Acepten los enemigos de la JEP que la justicia ordinaria se hizo para la guerra; y la justicia transicional, para la paz. Que la paz no es embeleco, es un derecho irrenunciable.