por Cristina de la Torre | Ene 24, 2023 | Derecha, Paramilitarismo, Partidos, Uribismo, Izquierda, Internacional, Justicia, Corrupción, Enero 2023
Elevada la hipocresía a política de Estado, la satrapía de Guatemala la resuelve en asonada judicial, y la caverna uribista, en lenguas de fuego inquisitorial. La víctima, Iván Velásquez. El valiente que destapó en ese país la podredumbre del poder en funciones y, en Colombia, el engendro de la parapolítica. El presidente Pérez Molina, su vicepresidenta, siete ministros, media centena de diputados y prohombres de la sociedad fueron sentenciados a prisión por corrupción, mientras el pueblo manifestaba júbilo en las calles. Aquí, la indagación que lideró el entonces magistrado de la Corte Suprema, Velásquez, involucró a 130 parlamentarios y 50 de ellos terminaron tras las rejas por complicidad con los héroes de la motosierra. Casi la bancada en pleno del presidente Uribe, su primo Mario a la cabeza.
Todo el poder del poderoso líder se vertió contra el hombre que levantaba la tapa de la alcantarilla y había ya descubierto en el parqueadero Padilla de Medellín el entramado de mil hilos que invadía territorios enteros de la política y del empresariado. Después fue Troya: se extendieron hacia el magistrado y hacia la Corte Suprema los dispositivos de persecución a la oposición legal, tenida por terrorista. Entre otros el DAS, órgano dependiente de la presidencia que entregaba pilares de la seguridad del Estado a las mafias del narcotráfico. Para no mencionar el grosero montaje que desde el poder supremo se urdió contra Velásquez, a instancias del tenebroso Tasmania, que frecuentaba la Casa de Nariño.
A voces agrias, acaso en memoria del abuelo, blande Enrique Gómez la espada y convoca la hoguera para este símbolo continental del coraje contra la impunidad: que renuncie, pide, que “deje el descaro”. Hace décadas lo persigue Álvaro Uribe: el 19 de octubre de 2017 escribió que Velásquez, “afiliado a la extrema izquierda, corrompió a la justicia colombiana, debería estar preso”. Venía de escribir que estaba ya “pasado de que lo expulsen de Guatemala, su militancia pro terrorismo guerrillero es contraria a la lucha contra corrupción”. Y ahora lamenta la inconsútil Paloma el ascenso de un “lobo” al gabinete: un “enemigo acérrimo del partido y del jefe del partido de oposición como ministro de Defensa no es sólo un desafío; es una amenaza”
Si la campaña de Iván Velásquez en Colombia concitó el aplauso de sus compatriotas y del mundo, no menos reconocimiento le mereció la ejecutada en Guatemala; y explica el ánimo de venganza que en ambas derechas medra. Como que 35 jueces y fiscales guatemaltecos padecen exilio, y el galardonado periodista Rubén Zamora está preso por falsos cargos. Como jefe de la misión de la ONU que emprendió la investigación, Velásquez pidió juzgar al presidente mismo de la nación, Jimmy Morales; demostró que el excandidato presidencial Manuel Baldizón sobornó a Odebrecht, y recuperó los dineros girados. El fiscal Curruchiche, que hoy acusa al colombiano, anuló esas decisiones y fue incluido por Estados Unidos en la lista Engel de corruptos. Hoy funge como encubridor del presidente Giammattei, quien pagó cárcel por resultar implicado en una masacre de narcos ejecutada para proteger a mafias de la elite.
Si descabellada la acusación de Guatemala, ésta entró en barrena con el pronunciamiento de la ONU sobre vigencia de la inmunidad concedida al colombiano cuando lo designó jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Pese al respaldo adicional de la Unión Europea, de Human Rights Watch y del Departamento de Estado, nuestra temeraria ultraderecha porfiará con febril impaciencia en trocar al héroe en villano. Mas, fiel a su carácter, la víctima replica: “conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y desde diferentes trincheras lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza”.
por Cristina de la Torre | Oct 11, 2022 | Fascismo, Fuerzas Armadas, Violencia, AUC, Desplazamientos, Desplazados, Restitución de Tierras, JEP, Líderes Sociales, Paramilitarismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Régimen político, Octubre 2022
Para salvar la cara cuando su partido abre campaña electoral de mitaca, el expresidente Uribe hace de la historia una caricatura. Caricatura macabra esta vez, para convertir a las víctimas en victimarios. “Los falsos positivos -escribe paladinamente- parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un Gobierno que había conquistado cariño popular”. Las 6.402 ejecuciones extrajudiciales certificadas por la JEP para el período en que Uribe gobernó (la más pavorosa atrocidad de la guerra que campeaba) habrían sido un simple ardid de sus detractores políticos. Y, por extensión, de la Colombia y del mundo que registraron horrorizados la matanza. A su lado, otras políticas de aquella Seguridad: las de crear una red de un millón de informantes civiles y, a cuatro años, un contingente de cien mil soldados campesinos de apoyo al cuerpo profesional. Medidas que tributaron al despliegue del paramilitarismo, al asesinato de inocentes para presentarlos como bajas en combate; y abrieron puertas a la guerra civil, a la irrupción de la población como protagonista de la guerra.
Confeso responsable de falsos positivos, el coronel (r) del Ejército Gabriel Rincón declaró que la exigencia de mostrar resultados en bajas respondía al imperativo del comandante del Ejército de acopiar “litros de sangre, tanques de sangre”. “Por tener contento a un Gobierno”, adujo el cabo Caro Salazar, cabía todo, aun la alianza con paramilitares. Dos coroneles describieron la acción de “una verdadera banda criminal” en el seno de la Brigada 15 que ellos comandaron. El 25 de julio pasado imputó la JEP a 22 militares más por la comisión de falsos positivos, por los cuales la justicia había ya condenado a otros 1.749 uniformados. Para Jacqueline Castillo, vocera de Madres de Falsos Positivos, las revelaciones de la JEP “prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal (…) sistemática y generalizada, bajo el ala de un Gobierno que vendía ideas falsas de seguridad a cambio de beneficios para quienes entregaran resultados macabros”.
Y sí, sólo en el primer año del Gobierno Uribe aumentaron estos crímenes 138%, dice La Pulla, y entre 2004 y 2008 se presentó el mayor número de falsos positivos en el país. A la cifra fatal, que escandalizaría aun a las dictaduras del Cono Sur, llegó la JEP contrastando fuentes oficiales y no oficiales: de la Fiscalía, del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Coordinadora Colombia-Europa-Estados Unidos. La JEP registró confesiones, contrastó fuentes y verificó los hechos. Ninguna autoridad jurisdiccional del país o del mundo ha cuestionado este resultado.
La red de informantes de marras derivó en abusos y detenciones arbitrarias a granel; y el programa de soldados campesinos expuso a las comunidades a nuevos riesgos en el conflicto. Primer efecto, se dispararon los falsos positivos. Integrada por civiles remunerados y con instrucción militar, pronto la primera dio lugar a las Convivir, matriz del paramilitarismo. Mimetizados en la entraña misma de la comunidad, los soldados campesinos cumplirían de preferencia labor de inteligencia: reportarían movimientos de extraños. La estrategia apuntaba, como en la Rusia de Stalin y en la Italia de Mussolini, al apoyo de la población al régimen. Ya escribía Antonio Caballero que el fascismo está menos en la represión que en el entusiasmo generalizado por la represión.
A los falsos positivos, a la red de informantes y de soldados campesinos se sumó la transformación del DAS en órgano presidencial de espionaje a la oposición y de persecución a la Corte Suprema que juzgaba a la parapolítica. En todas las aristas de la Seguridad Democrática mandaba El Supremo, desde arriba. La queja que Uribe emite hoy evoca la parodia de los pájaros que disparan a las escopetas.
por Cristina de la Torre | Jun 8, 2021 | Paramilitarismo, Impunidad, Corrupción, Junio 2021
Verdugo de su pueblo, la Policía traiciona con ferocidad la misión de protegerlo que la democracia le dio; aunque uniformados hay dispuestos a honrar el encargo. Masa maleable en manos de partidos en el poder, más de una vez perdió la Policía su neutralidad de cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: desde los tiempos de los chulavitas se ha politizado para perseguir, y hasta liquidar a la oposición; para sofocar a tiros la protesta social, en gesta sangrienta de un gobierno como éste de Duque, cuya brutalidad hará historia en el continente. Pero no sólo se politizó. También se privatizó, a menudo como guardia pretoriana de hacendados y contrabandistas, de cofradías de negocios turbios, de “gentes de bien”. Además, oficiales habrían sido albaceas del paramilitarismo en crímenes de Estado, algunas de cuyas víctimas revela hoy Mancuso. Y miembros del Esmad acolitan a paras urbanos que disparan contra manifestantes.
La ambigüedad de sus fines, entre seguridad nacional y seguridad ciudadana, ha convertido a la Policía en virtual cuerpo paramilitar, en agente de represión política. Mutó ella de institución civil a aparato militar contra civiles. Y convirtió la solidaridad de cuerpo en encubrimiento del delito. Sobre la norma escrita –letra muerta- prevalece en la Policía el vetusto imaginario de Guerra Fría que educó a los uniformados en la religión del anticomunismo y trocó al manifestante en terrorista. En el enemigo interno, de probada rentabilidad electoral para la casta sin hígados que se vende como demócrata enfrentada al ruso comeniños. Pero las cosas han cambiado. Mientras no se replanteen en la Policía doctrina y organización, crecerá la grieta que ya la separa del pueblo ultrajado en la pobreza, en la exclusión, en la muerte que abate sus clamores en cualquier calle de Siloé, de Buga, de Facatativá.
Casi un siglo lleva la politización de la Policía. Pero fue en las dictaduras civiles de Ospina, Gómez y Urdaneta donde se configuró como política de Estado con el asesinato en masa de sus contradictores. Instrumentos, la Popol (Policía Política), el SIC (luego DAS) y los paramilitares de la época: chulavitas y pájaros, las águilas negras de la Violencia. Ospina sacrificó la imparcialidad de la Policía (y la del Ejército), destituyó a los agentes de filiación liberal, los reemplazó por conservadores y unificó a la Policía bajo el mando del Ministerio de Guerra.
Si durante el Frente Nacional proliferó la subordinación de comandos de policía a grupos locales de poder privado, en tiempos del narcotráfico y del conflicto armado se cotizaron muchos por lo más bajo: extendieron ahora su ala protectora sobre mafiosos y usurpadores de tierras, y tributaron con armas y logística al paramilitarismo. Ante el Tribunal de Medellín declaró Mancuso esta semana que entre paramilitares y la Policía, el Ejército y el DAS había “permanente comunicación” y de ellos recibían apoyo militar. Que las decisiones de matar, entre muchos otros, a Eduardo Umaña, Jaime Garzón y Jesús María Valle se tomaron por “pedidos que venían desde el Estado”.
Cobran vigencia renovada los principios de reforma a la Policía que Álvaro Camacho formuló como miembro de la Comisión que en 1993 se creó para ese efecto: a la Policía, cuerpo civil, compete la protección del ciudadano y la garantía de sus derechos; no la guerra, que es del fuero militar. No deberá pretextarse la alteración del orden público para convertirla en agente de represión política. Debe ella salir del Ministerio de Defensa, recibir sólida formación profesional y humanística, remuneración digna y vigilancia de los órganos de representación popular. La Policía se debe al ciudadano, no a grupos de interés ni a partidos políticos. Pregunta: ¿Acepta la Policía ser mero adminículo de crueles imitadores de dictador?
por Cristina de la Torre | Mar 20, 2021 | Paramilitarismo, Impunidad, Marzo 2021
La presunta participación de Álvaro Uribe en la creación del Bloque Metro, a testigos de cuya formación habría manipulado el expresidente, no sorprende: es otro eslabón en la larga cadena de eventos comprometedores que ponen en entredicho su “repudio” al narcoparamilitarismo. El alud de pruebas contra Uribe que la Corte Suprema tuvo por “claras, inequívocas y concluyentes” vino a complementar una sentencia proferida en 2013 por Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín. Censura ella el papel del Estado en la organización expansión del paramilitarismo en Antioquia y Córdoba, con acción decidida de militares, agentes privados, políticos y narcotraficantes; y ordena investigar a Álvaro Uribe por presunta promoción y apoyo a grupos paramilitares. Se amplificaba por entonces el eco de las masacres de El Aro y La Granja.
Por el vigor de su liderazgo (ya como figura destacada del notablato regional o como personero del Estado), aquellos pecadillos de ética procaz pesan toneladas en la legitimación del delito que en la sociedad y en el poder público se expanden. Cómo no recelar de la honradez del jefe cuando innumerables amigos y funcionarios suyos pagan cárcel por narcoparamilitarismo. La pagan sus dos jefes de seguridad en Palacio, generales Buitrago y Santoyo; el general Rito Alejo del Río, a quien rindió Uribe homenaje público para elevarlo de homicida a héroe de la patria; su director del DAS, Jorge Noguera, quien puso la entidad al servicio de Jorge 40; los 89 congresistas procesados por parapolítica, miembros casi todos de su bancada parlamentaria.
El Gobierno de Uribe rediseñó las Convivir como aparato estatal de seguridad que terminó adscrito al paramilitarismo y encabezó la lucha contrainsurgente con la venia del Ejército. Lucha que éste debió librar sin aliados maleantes, sin atropellar a la población civil, en ejercicio de la legitimidad del Estado contra la arrogante criminalidad de las Farc. Guerrilla a la que no pudo Uribe vencer militarmente; pero sí en el terreno de la política, hasta dejarla sin opción distinta de la de negociar la paz.
La toma militar de la Comuna 13 de Medellín fue una masacre de pobladores urbanos planificada y ejecutada a dos manos entre la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara. Organización criminal al mando de alias don Berna, a resultas de la cual pasó el poder en la Comuna, de milicianos y guerrilleros a la Oficina de Envigado. Con la operación Orión, la brutalidad hecha carne, debutó en octubre de 2002 el Gobierno de la Seguridad Democrática. Prueba de fuego y pauta del replanteamiento armado del conflicto, ahora en modo tierra arrasada, que cae sobre la población civil y registra escasas bajas de combatientes.
Si en Colombia dejó la guerra medio millón de muertos y desaparecidos, su experimento urbano de la Comuna arrojó decenas de asesinados, centenas de desaparecidos y miles de desplazados que deambulan por la ciudad en la indiferencia de su gente. Gente acaso complacida con el gobierno de don Berna en aquella colmena de inmigrantes abandonados a su suerte. Herencia macabra del modelo mixto Estado-paras: en media urbe suplantan al Estado pandillas de facinerosos, instrumento del narco, y la mitad de la gente las tolera. La cooptación mafiosa del Estado y de la política degradó sus referentes éticos, y a ello contribuyeron prohombres de la élite que se permitieron revolver todo con todo.
Hubo en el espectáculo de Orión miles de paras y soldados, ametralladoras, fusiles, francotiradores, tanques de guerra y helicópteros artillados. Teatro pánico. Recurso al miedo como eje del gobierno “de opinión” que así debutaba y alcanzó su clímax con los 6.402 falsos positivos. Este horror evoca la imagen de la tiranía que Valle-Inclán pinta: una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo.
por Cristina de la Torre | May 11, 2020 | Mayo 2020, Sin categoría
No peligra la democracia por acción de alguna mano díscola en el Ejército, como en su evasiva locuacidad lo quisiera el ministro Trujillo. Peligra, y mucho, por efecto de la politización de esta Fuerza que durante años ha efectuado el uribismo para sumar a los militares, depositarios de las armas de la República, a la causa de un partido reaccionario, corrupto y violento, de vuelta en la Casa de Nariño. De allí deriva, entre otros desmanes, el espionaje consuetudinario sobre civiles inermes. Sabe el uribismo, como lo supo Ospina Pérez cuando se coronó dictador, que destruir la neutralidad del Ejército –por menguada que esté– compromete el Estado de derecho y da pábulo a la violencia.
A más de los falsos positivos que el general Martínez pareció reprogramar, ahora se repite como un mantra de la Seguridad Democrática el espionaje contra opositores, periodistas y demócratas que no se postran de hinojos ante Él, ni ante sus palafreneros en el alto Gobierno. Y este espionaje alarma porque puede pasar a mayores: a la eliminación del perfilado. Como ocurrió con el asesinato del profesor Correa Dandreis, fruto natural del régimen que convertía el DAS en policía política e instrumento del paramilitarismo. Como podrá ocurrir con la Inteligencia militar, que recoge el ominoso expediente de los fascismos de izquierda y de derecha. No contento con colgarles lápida a los opositores calificándolos de terroristas, espió el uribato y persiguió a los magistrados de las Cortes que cuestionaron las pretensiones reeleccionistas del jefe; y a los que investigaban a parapolíticos que resultaron ser bancada del partido en el poder. Y después, en abierto sabotaje, chuzó aquella caverna a los negociadores de paz.
No se innova mucho. En los prolegómenos de la Violencia, cooptó Ospina al Ejército como fuerza del partido de gobierno y activo enemigo de la oposición. Destruyó la imparcialidad de la única fuerza que podía garantizar la tranquilidad pública, y activó un poderoso detonante del horror que vendría. Horror multiplicado por la asimilación del cuerpo entero de Policía al poder presidencial, la ferocidad de los chulavitas a la cabeza.
Conjuradas Violencia y dictadura, sentaría Alberto Lleras la doctrina que funge todavía como el referente deseable en democracia: sustraer a los militares de la contienda entre partidos. Así como los uniformados no deben intervenir en política, tampoco los políticos podrán incursionar en los cuarteles. La fuerza pública ha de subordinarse al poder civil del Estado, no al de los partidos. Los militares reciben tanto las armas de la nación, como la obligación de defender los intereses comunes. Se les confieren derechos especiales, a condición de no descargar su poder letal sobre los ciudadanos inocentes.
Ideal mancillado por una franja de la oficialidad que, envalentonada por la ultraderecha que la adula y encubre sus delitos, traiciona el deber; menoscaba la confianza que los colombianos depositaban en el Ejército, y desdeña la entrega del soldado raso. De las investigaciones exhaustivas nada resultará porque recaerán en la propia Inspección del Ejército o en el fiscal Barbosa. Serán ejercicio de yo-con-yo, deliberadamente orientado a ocultar lo buscado: quién da las órdenes, a quién llega la información, y para qué.
Para El Espectador, estos episodios de espionaje configuran traición de alto nivel contra los colombianos, orquestada desde las Fuerzas Armadas; traición a la democracia, al acuerdo entre sociedad y Fuerza Pública. Se diría que es la sociedad la llamada a exigir cuentas a los responsables últimos en la cadena de mando: al presidente Duque y al Ministro Trujillo. Si sabían, que respondan por encubrimiento; si no sabían, por ineptos. No merecen el cargo.
