Se abre paso el debate de fondo. Ante la iniciativa oficial en marcha de modernizar el campo sin tocar la estructura de propiedad de la tierra, ya se pronuncian quienes estiman imposible aprovechar el potencial productivo del sector sin afectar antes nuestra escandalosa concentración agraria, segunda en el mundo después de la del Brasil. Reafirman que este modelo de tenencia y el uso inadecuado de los suelos que de él se desprende son las grandes talanqueras del desarrollo agropecuario. Porque sin acceso a la tierra tampoco hay inversión, ni producción, ni ahorro; el crecimiento resulta deleznable o nulo, y explosivo el potencial de conflictos. El anteproyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural (versión no oficializada) del gobierno, lejos de repartir tierras, propone subsidiar a los campesinos para que las compren. No sorprende. Ya el Ministro de Agricultura había dicho en forma expresa que la nueva ley, complemento de la restitución, no repetiría la propuesta redistributiva de los años 60. Que respondería por el desarrollo social y económico del campo, privilegiando al campesinado medio y pequeño. Que esta política integral de tierras se enderezaba a modernizar el campo, a formalizar la propiedad, a mejorar el uso del suelo, a proteger la frontera forestal y facilitar el acceso del pequeño poblador a la tierra.
En la misma dirección iría el proyecto de ley de marras. Aunque también introduce cambios de honda repercusión. Primero, vuelve a poner en cabeza del Estado el desarrollo del agro, como estrategia planificada de largo plazo: tras décadas de festín del mercado que degeneró en crisis, recupera la capacidad intervencionista del poder público para ponerle coto al desmadre. De otro lado, rescata del olvido la Unidad Agrícola Familiar. Crea las Áreas de Desarrollo Rural, unidades de planificación y ordenamiento territorial. Reorienta el malhadado Agro Ingreso Seguro hacia la población más vulnerable del campo. Y este 29 de septiembre el Gobierno anunciará el restablecimiento de la asistencia técnica a pequeños campesinos, como servicio público y gratuito.
Reconocidos tales avances, para Absalón Machado redistribuir la propiedad agraria es, no obstante, presupuesto ineludible de la modernización del campo. No se trataría de fraccionar aún más el minifundio en parcelas liliputienses condenadas a la miseria, sino de fortalecerlo mediante fórmulas asociativas, y de robustecer la mediana propiedad a expensas del latifundio improductivo. Surgiría así una clase media rural, fiel de la balanza que equilibrara los poderes en el campo. Tampoco comulga con perpetuar el modelo de colonización, ahora hacia la altillanura propicia a la gran explotación agroindustrial y parca en empleo. Este expulsa al campesinado “sobrante” de la frontera agrícola, para no tocar el latifundio improductivo ni la ganadería extensiva que aloja media vaca por hectárea en tierras de vocación agrícola. En Colombia sólo se explota la tercera parte de su potencial agroforestal, mientras mares de campesinos deambulan sin tierra y sin trabajo. Propone Machado intervenir el latifundio ocioso; repartir tierra; enderezar las distorsiones del mercado, articular a pequeños, medianos y grandes propietarios en una economía agraria común.
Sobre dos pilares se erigieron todas las reformas agrarias de corte liberal en el mundo: redistribución de tierra y cambios en el uso del suelo. ¿Habrá coraje en Colombia para completar el intrépido proceso de restitución de tierras alterando la propiedad en el campo? Si no, ¿cómo hablar de modernización?
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El PNUD presentará al Gobierno la próxima semana una obra trascendental sobre la problemática del campo: Colombia Rural, Razones para la Esperanza, propone una “reforma rural transformadora” que empiece por cambiar la estructura de tenencia de la tierra. Bienvenida.