por Cristina de la Torre | Mar 20, 2021 | Reforma Agraria, Modelo Político, Modelo Económico, Izquierda, Conflicto armado, Política agraria, Política económica, Modelo Económico en Colombia, Marzo 2021
Se descalifica por “chavista” la propuesta económica de Petro, cuando ella difícilmente emula el reformismo liberal de un Carlos Lleras. Preocupa, en cambio, la blandura de su “pudo haber sido un error” en respuesta a Vicky Dávila sobre responsabilidad del M19 en el holocausto del Palacio de Justicia que esa guerrilla provocó. Invoca el candidato el derecho de rebelión. También lo hace Timochenko en proceso público que reconocerá verdades del conflicto. Pero éste declara que “el derecho de rebelión no es patente de corso para ejecutar crímenes de guerra o no asumir nuestras responsabilidades”. Sí. Algo va de muertos habidos en combate con el enemigo a los muertos inocentes que resultan de una acción terrorista.
Por lo que toca al modelo económico, si no sirviera a causa tan deleznable como la sociedad del privilegio, daría risa el patetismo de la derecha. Ha desatado ella un alud de propaganda antediluviana contra el restablecimiento del rol del Estado, insoslayable ya como organizador del desarrollo que el neoliberalismo aniquiló. Denuncia Juan Lozano “una peligrosa artillería orientada a socavar la iniciativa privada, la libre empresa y la libre competencia que pasa por volver pecaminoso el éxito empresarial”. Y, en alusión a Petro, el infaltable comodín del chavismo.
Pero la propuesta económica del líder de la Colombia Humana –impulsar un capitalismo productivo de generación de riqueza y su redistribución– no trasciende la del expresidente de marras cifrada en reforma agraria, control de capitales, integración andina y tatequieto a la banca multilateral. Reformismo liberal anclado en la industrialización y en la modernización del campo, es escuela emparentada con el capitalismo social que hoy promueve toda la centro izquierda. A Petro alcalde le cobraron como embuchado comunista su intento de devolver al sector púbico el servicio de acueducto. Mas, antes de que los idólatras del mercado liquidaran la iniciativa económica del Estado y su función social, ya Colombia había experimentado durante medio siglo el modelo que confiaba al Estado servicios públicos e infraestructura del desarrollo. Derechos ciudadanos y bienes de beneficio común fueron indelegables al sector privado. Taca burro la derecha.
Por otro lado, aunque Petro no estuviese personalmente involucrado en los hechos del Palacio y pese a que el Eme fue indultado, debería el candidato sumarse a la autocrítica de Antonio Navarro, más necesaria hoy que nunca. Para el dirigente, aquella acción armada fue “el peor error del M19, [pues] marcó con fuego la historia de Colombia. Difícilmente ha pasado en este país algo más terrible… una terrible equivocación de la cual nunca nos arrepentiremos lo suficiente […] Aunque no tuve responsabilidad en la toma, soy el superviviente del Eme y a nombre de todos mis compañeros he pedido perdón por lo sucedido”.
Más de un pensador ha legitimado la rebelión contra el tirano. La justificó Santo Tomás como resistencia contra él, aun, hasta eliminarlo. Hobbes la considera inevitable cuando no garantiza el soberano la vida y la seguridad de los asociados. En el legítimo alzamiento contra una dictadura oprobiosa, será crucial establecer, primero, si se configura tal régimen de fuerza; y segundo, si la rebelión tiene licencia para derivar en guerra sucia. El Che Guevara condenó la lucha armada contra el autoritarismo que abrigara resquicios de democracia. Y el derecho internacional regla el conflicto armado: condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En un país abocado a la prueba ácida de la verdad, a demandar claridad sobre acontecimientos que lo marcaron con sangre, no deberían sus líderes callar o guarecerse en la ambigüedad. Aquí puede faltarle a Petro la coherencia que su programa económico respira. Unas de cal, otras de arena.
por Cristina de la Torre | Feb 9, 2021 | Cuarentena, Iván Duque, Modelo Político, Modelo Económico, Uribismo, Política económica, Salud, Educación, Impunidad, Corrupción, Clientelismo, Febrero 2021
¿Qué pecado cometimos los colombianos para que se nos castigue con el peor gobierno en muchos años? Un rápido paneo sobre el estropicio mostrará que no lo es tanto por inepto como por trabajar con eficiencia admirable contra la mayoría de la población: la sitia, cuando no la condena al hambre, a la violencia, a miles de muertes evitables en la pandemia, al reino de la mediocridad en los puestos de mando. Todo ello, resultado de sus políticas en economía, en seguridad, en salud pública, en administración del Estado.
Cuando la crisis se enseñoreó del continente y se vistieron los barrios populares en Colombia de trapos rojos, nuestro país ocupó el primer puesto en desempleo y el último en inversión de emergencia para evitar que la tercera parte de su gente se redujera a una comida diaria. Y estará entre los pocos que porfíen en el modelo económico que la crisis destapó y profundizó. En vez de operar el golpe de timón que se impone por doquier, aquí se castigará con más ferocidad a las clases medias y trabajadoras, en favor de la camarilla de plutócratas que cogobierna con Duque, que vive y engorda de acaparar los recursos del Estado. Ya el decreto 1174 inició el camino de reforma laboral que castiga las garantías del trabajo. Y prepara reforma tributaria con IVA para todo y entierro definitivo del impuesto progresivo.
En seguridad y orden público, el balance nos devuelve a los peores días de la guerra: sólo en el primer mes de este año hubo 14 masacres y 21 líderes asesinados. Y el Gobierno ahí, como complacido en su muelle indolencia, esperando endilgar el incendio al castrochavismo, coco inveterado de sus campañas electorales. Pero es el Gobierno el que incendia. Por omisión. No aumenta el pie de fuerza donde se requiere, ni desmantela los grupos armados; judicializa a los sicarios y no a los autores intelectuales de la matanza.
En manejo de la pandemia, Bloomberg catalogó a Colombia como el tercer peor país, y el director del DANE reveló que, a enero 31, los muertos por covid no eran 50 mil sino 70 mil. En cifras relativas de contagios y muertes, superó a Brasil. Especialistas señalaron que, para evitar el desborde, se debió actuar antes. Las medidas de prevención y control del Gobierno fracasaron. No se controló la circulación del virus tras la primera ola, con identificación y aislamiento de sospechosos, rastreo de contactos, ejecución generalizada de pruebas y entrega rápida de resultados. Pese a la bonhomía del ministro Ruiz, la pandemia puso en evidencia las consecuencias de haber convertido la Salud en negocio privado. Y el arribo de la vacuna parece todavía más ficción que probabilidad.
Para los cargos de mando en el Gobierno, desliza Duque una tropilla de incompetentes –no todos, claro–. Tentáculos de pulpo viscoso, se apoderan aún de los órganos de control del Estado. Y colonizan, insaciables, la gran prensa. Caso de la hora, la designación de Bibiana Taboada como codirectora del Emisor, por la sola gracia de ser hija de Alicia Arango, cuyo mérito es, a su turno, ser parcera de Duque y del Gran Burundú del Ubérrimo. Con Taboada completa el CD su dominio del que no será más el Banco de la República sino el banco de una secta de ultraderecha comandada por un expresidente subjudice con delirio de poder.
¿Estaremos condenados para siempre a gobiernos de este jaez, todo incuria, violencia y privilegio? ¿Es que no existen en Colombia estadistas de la talla de un Humberto de la Calle, dueño de pensamiento universal, de la decencia que a este Gobierno le falta, de probada capacidad para agenciar el cambio indispensable, dentro de los parámetros de la democracia? Pobre es el que carece de lo necesario para llevar una vida digna. Pero lo es también el que no ve la riqueza que tiene al canto. Agucemos el ojo a tiempo.
por Cristina de la Torre | Ene 19, 2021 | Reforma Agraria, Modelo Económico, Política agraria, Impunidad, Corrupción, Clientelismo, Enero 2021
Enferma de codicia, ella sólo puede mirarse en el espejo de su propio ombligo. Cuando las afugias del campesino –agravadas por la pandemia– demandan un vuelco en la política agraria, los poderosos gremios del campo proponen mas bien exacerbar las causas de la crisis: perseverar en las condiciones que la alimentan y agudizan. Velando la nuez del problema con saluditos de cortesía a la pobrecía, en iniciativa de estrategia agraria que lanzaron en diciembre, ninguna consideración les merecen la reforma rural o la restitución de tierras. Encabezadas por la SAC, ventilaron aquellas organizaciones un proyecto a 30 años vista que reafirma su poder ancestral y su ventajismo sobre los productores de economía campesina, que son el 90% de la población rural.
Se trata de consumar la modernización capitalista del campo pero excluyendo de sus beneficios al campesino que responde por la seguridad alimentaria del país. Como si modernización sólo compaginara con gran propiedad. Apunta la agroindustria a trocarlo en peón ruinmente pagado, con salario “diferencial” para el campo y enganchado por días o por horas. Jugosas ventajas favorecen de entrada esta iniciativa mediante “asociación” con pequeños propietarios, en la cual lleva el gran empresario las de ganar. Pues él parte de la informalidad laboral, que alcanza el 82%; de la pobreza, que rebasa el 70%; del boicot al acuerdo de paz que niega la tierra prometida al labriego; de los ejércitos anti restitución y las iniciativas legales del uribismo que apuntan al mismo blanco: a proteger advenedizos en tierra ajena.
Se lucra también de la sangrienta contra-reforma agraria que arrebató sus fundos a cuatro millones de pequeños y medianos propietarios, gracias a la siniestra alianza de muchos empresarios, ganaderos y terratenientes con paramilitares, narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. Impúdica en su farsa de hacer patria, la propuesta de estas elites calla a gritos la historia macabra de la guerra que se resolvió en despojo. Saben que cuentan con el poder, con la fuerza y con capacidad de chantaje sobre mares de brazos que lo perdieron todo y tienen hambre.
Ya calculaba la Comisión Colombiana de Juristas en 83% la impunidad en casos de despojo y abandono forzado de tierras. Hace un año, la restitución beneficiaba apenas a 45.460 personas de las cuatro millones afectadas y no comprometía sino 340.704 hectáreas de las 8 millones abandonadas. Mucho, con la reiterada complicidad del Estado en este Gobierno mañoso.
Desplazamiento forzado y acumulación de tierras corren parejas. Colombia es hoy el tercer país de mayor concentración agraria en el mundo. Las cifras abruman: en la base de la pirámide rural, dos millones de minifundistas con predios inferiores a una hectárea poseen 1,3 millones de hectáreas; en la cúspide, 2.200 dueños de predios superiores a 2.000 hectáreas poseen 39 millones de hectáreas. Gran parte de ellas dedicadas a ganadería extensiva o a lotes de engorde, para honrar el modelo aledaño al de la agricultura comercial: tierra sin hombres y hombres sin tierra.
El olímpico mutismo de estas élites ante el exterminio de líderes reclamantes de tierra armoniza con el pérfido desdén que la atrocidad le merece al presidente Duque. Gremios y mandatario se abrazan también en el modelo de gobierno corporativista, de vocación fascista, que ha prevalecido en estos casi tres años de tercer mandato uribista. De allí la naturalidad con que los gremios sellan su proyecto queriendo constituirse en órgano autónomo de Gobierno para trazar las estrategias y políticas del sector. Poder independiente que parecerá mixto por la decorativa presencia de algún ministro de Agricultura salido de sus propias filas. Como se ve, en el campo la derecha va con toda.
por Cristina de la Torre | Dic 8, 2020 | Neoliberalismo, Derecha, Paramilitarismo, Modelo Político, Modelo Económico, Uribismo, Izquierda, Conflicto armado, La paz, Impunidad, Diciembre 2020
Sí, es milagro la configuración de una mayoría de centro en esta democracia estrangulada por fuerzas retardatarias que perduran en estado puro o se reeditan al capricho de los tiempos. Heridas reabiertas que supuran y ya hieden en el tercer mandato del uribismo, son recuerdo viviente de la Violencia afilada por la jerarquía católica, de la Guerra Fría, de las guerrillas marxistas y el paramilitarismo, de la religión neoliberal. De todos los fanatismos, que se resolvieron en extremismo político.
A la cabeza de aquellas fuerzas, la violencia entre partidos restaurada para ahogar en sangre las reformas liberales –Estado y educación laicas, reforma agraria– que triunfaban por doquier y en Colombia intentó López Pumarejo. Hoy se extermina a todo un partido político, la UP; se asesina a los líderes del pueblo que reclaman tierras; se conspira con proyectos contra la libertad de pensamiento; se violenta la vida privada, y se enarbola la maltrecha bandera de la familia patriarcal como modelo único en la abigarrada diversidad de nuestra sociedad. Ángel de la guarda de los promotores de aquella contienda, la hipocresía de algunos obispos y cardenales engalanó como mandato divino su incitación a la violencia política y doméstica. Hoy renace en su voto contra la paz, en el ominoso bozal que impusieron al padre Llano, eminente pensador, por humanizar la figura de Jesús.
Cocinada al calor de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional convirtió en enemigo interno al contradictor político: pudo ser objetivo militar el liberal-comunista, como hoy lo sería el opositor señalado de guerrillero vestido de civil. A su vera, el paramilitarismo legalizado por los manuales militares de contrainsurgencia desde 1969, hasta su apoteosis en las Convivir del CD. Por su parte, las guerrillas marxistas invadieron el espacio de la alternativa democrática y legitimaron la tenaza iliberal de una dictablanda que no necesitó del golpe militar para acorralar a la oposición y al movimiento social. La desmovilización de las Farc y su compromiso con la paz dejarían sin bandera (sin el enemigo necesario) a la derecha guerrerista. De allí que se despeluque ella todos los días por volver a la guerra.
Por fin, a esta dinámica autocrática contribuyó en los últimos 30 años la tiranía del pensamiento único en economía: la religión neoliberal que emana en densas ondas desde la más refinada academia y desde los órganos del Estado que trazan la política económica y social. Todos los Carrasquilla en acción.
Todo el conservadurismo en acción contra el Centro político que reclama paz, respeto a los derechos civiles y políticos, genuina democracia liberal en Estado de derecho, capitalismo social garantizado por un Estado que controla los abusos del mercado y redistribuye beneficios del desarrollo. En acción contra este Centro (53% de los colombianos, según Invamer) que amenaza coligarse para ganar la presidencia y una mayoría parlamentaria.
Suculento plato electoral que quieren las extremas asaltar: el presidente, flamante miembro del eje Trump-Duque-Bolsonaro, se declara de “extremo centro”. Y meterá cuchara Uribe, verdugo de la paz, el de los “buenos muertos”, el de las “masacres con sentido social”. Más radical por la ferocidad del lenguaje y por la arbitrariedad de sus antojos que por su programa de reformas, Petro niega la existencia del Centro. Porque sí.
No puede tenerse por tibio a quien demanda democracia y equidad en un país que se sacude a girones la violencia ancestral contra todo el que se sitúe por fuera de la secta en el poder. Probado está: en este edén de águilas y tiburones cualquier desliz reformista puede costar la vida. Por eso la existencia del centro es un milagro.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz navidad y salud a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Jun 22, 2020 | Modelo Económico, Junio 2020
Sorpresa: Bruce MacMaster, vocero de los industriales, amaga distancia frente a la pauta reaccionaria del modelo económico que Duque y su Consejo Gremial sostienen. Critica el “discurso ideológico mal fundamentado que condujo a la destrucción de la empresa nacional”, la doctrina de apertura comercial que engavetó las políticas de desarrollo industrial. ¡Anatema! Anatema también contra Gabriel Poveda Ramos, preclaro historiador de la industrialización en Colombia y defensor del desarrollo durante décadas, desde la planta de producción, desde el aula universitaria, desde la propia Andi. Denuncia Poveda “el puntillazo catastrófico de Gaviria que, por orden del Consenso de Washington, cayó sobre la industria colombiana en 1990” (aciicolombia.org, 2014): una danza macabra, dirá a la letra, de mentes enloquecidas llenas de odio por lo bien hecho durante muchos decenios con el trabajo nacional y sus ahorros.
Retomemos, glosándolo, brochazos de esta historia. Se remonta él a 1904, cuando Rafael Reyes –intervencionista, proteccionista, colombianista– lanza la industrialización. En 1920 Sao Paulo en Brasil, Monterrey en México y Medellín figuran como las ciudades industriales de América Latina. Su impulso mayor fue la virtual desaparición de importaciones durante la Primera Guerra: limpia quedó la arena para producir aquí lo que faltaba. Desde entonces y hasta 1950, se pasó de 40.000 a 150.000 obreros fabriles. A ello tributaron el crecimiento demográfico, la urbanización acelerada, la producción y exportación de café, la electrificación de las ciudades… ¡y la Segunda Guerra! Renació la urgencia de sustituir importaciones. Con grandes falencias (la dependencia tecnológica del extranjero y la timidez para saltar a la producción de maquinaria y equipo) siguió, no obstante, consolidándose la industria, hasta 1990.
Fecha aciaga que desencadenó el desastre. Se privatizaron las empresas y los bancos del Estado. Se desmantelaron las instituciones oficiales del desarrollo económico: ICA, IFI, Incora y la banca de fomento. Se arrasó súbitamente con los aranceles aduaneros. Y se convirtió a la salud en “un negocio crematístico de codicia, sin normas éticas”. Desde entonces, desaparecen fábricas sin cesar o se convierten en importadoras y distribuidoras de lo que producían antes. En 1991, el aporte de la industria al PIB era 24%; en 2014, 11%.
Clama Poveda por devolverle al Estado su función de promotor del desarrollo para crear empleo, transformar nuestros recursos agregándoles valor, elevar el nivel científico y tecnológico del país mediante un desarrollo industrial propio y democratizar la propiedad empresarial. Además, para fundar el ministerio de industria, con capacidad promotora y planificadora. Reconstruir el arancel, exigiendo al sector beneficiado producir mucho y bueno y crear empleo. Reindustrializar a tono con el siglo.
También MacMaster propone trazar una política de desarrollo industrial, con líneas de fomento y crédito para el sector; defender al país de prácticas comerciales desleales, y trazar una campaña envolvente de “compre colombiano”. De porfiar en ello, se sumaría la Andi al cambio que no da espera.
Desde flancos insospechados parece resurgir, pues, gracias al virus, la divisa de sustitución de importaciones. De un proteccionismo moderado, agreguemos, lejos del radical que a los países desarrollados les permitió industrializarse. Mas para Rudolf Hommes, gran animador del Consenso de Washington en Colombia, es éste “un camino equivocado (…) La economía que nos proponen ya sucedió, y no funcionó”. Funcionaba y le cortaron las alas. Se las cortó, diría Poveda, la presuntuosa clase dirigente que suspiraba con la danza de los aprendices de brujo que gobernaron irresponsablemente a Colombia.
por Cristina de la Torre | May 18, 2020 | Cuarentena, Modelo Económico, Mayo 2020
Dicen que por el desayuno se sabe qué dan de almuerzo. Y sí. La asignación de recursos en esta crisis ha revelado el orden de prioridades que cimenta el modelo económico y social del presidente Duque: migajas para los pobres y los hospitales, billones para banqueros y EPS. Calcula Salomón Kalmanovitz en 0,67% del PIB el gasto en subsidio del 40% a la nómina, Familias y Jóvenes en Acción y devolución del IVA, cuando Perú moviliza el 12% de su PIB. Y no es descache de ocasión. Es signo elocuente de lo que siempre fue, en una economía de rentistas que especulan con tierras de engorde o en la bolsa de Nueva York. Vadeado el temporal, volverían a las andadas, aunque agudizando la inequidad con una reforma laboral que descarga casi todo el peso de la crisis en los trabajadores; y con olvido de nueve millones de nuevos pobres, inesperada retaguardia del ejército de hambreados, mientras los pocos que nada ceden seguirán moviendo la pluma de cada decreto que el mandatario firma.
No querrán ver el desastre que su modelo de mercado ha producido, ni reconocer la urgencia de redefinir el papel del Estado. Sin trampas ideológicas. Como aquella grosera asimilación de estatismo soviético y Estado de bienestar, indigna del rigor de un Hayek, que inscribió en la misma cepa totalitaria al comunismo y la socialdemocracia. Resultado jugosísimo: se meneó sin pausa el fantasma del comunismo para frenar toda alternativa democrática a los desmanes de la derecha.
Sacrificando la bonhomía que lo ha distinguido en esta hora, cae Mauricio Cárdenas en el tic de marras para advertir que, a instancias de la crisis, bien podría sobrevenir en Colombia el socialismo del siglo XXI. Mas, lejos de la “muy aplazada y urgente reforma laboral” de Vargas Lleras (con reducción de salarios, supresión temporal de primas y cesantías y eliminación de las convenciones colectivas); lejos de la fantasía desbocada de algún rebelde que emula la egolatría de Uribe, parlamentarios y académicos proponen medidas distintas para paliar el trance y una versión de Estado de bienestar para Colombia.
50 senadores de todos los partidos –salvo del conservador y del CD– proponen girar un salario mínimo durante tres meses a trabajadores independientes y formales, a hogares pobres y vulnerables, en favor de la vida digna y la economía. Valdría $40 billones, el 4% del PIB. Se unificarían en ello los subsidios que se prestan hoy. Y el monto se financiaría, entre otros, con más impuesto al patrimonio, recursos de proyectos aplazables y crédito directo del Banco Central. En el mediano plazo provendrán de una reforma tributaria estructural y progresiva que grave más el patrimonio, los dividendos y rentas de los más ricos.
Para el postvirus, César Ferrari y Jorge Iván González señalan que la economía deberá concentrarse en los bienes y servicios esenciales: alimentación, salud, educación, vivienda y seguridad. Lo que implica universalizar la seguridad social, con medicina preventiva y atención primaria en salud, supresión de las EPS y de los Fondos Privados de Pensiones. Subir salarios. Dar propiedad a los campesinos en su cadena productiva. Desarrollar agricultura, agroindustria, manufactura, turismo e industrias creativas. Avanzar hacia la renta básica universal. Fortalecer el Estado y el gasto público y redistribuir riqueza vía tributos, con impuesto progresivo sobre patrimonio y rentas.
Resalta aquí la probada eficacia de fortalecer la capacidad de gasto de la gente, lo que activa la producción y el empleo; y éste no es costo sino dinamizador de la economía. Caída la hoja de parra del capitalismo depredador, es hora de entronizar una ética para otra escala de valores: la ética solidaria del Estado de bienestar.
