La paz en veremos, por acción y por omisión

Si a Duque se le cobra la barbaridad de conspirar contra la paz, no menos responsabilidad le cabe a Petro por ayudar a postrarla a golpes de tozudez y negligencia: Colombia vuelve a incendiarse en violencia. Porque ambos gobiernos desdeñaron la implementación del Acuerdo de Paz; y el de Petro, además, celoso de remar a su manera en aguas movedizas, cambió para mal el modelo de negociación: disoció la implementación de la negociación, aquietó a la Fuerza Pública y abundó en concesiones a la contraparte, que hoy prevalece en un tercio del territorio, donde agrede a la población y avanza en su dictadura armada. Es guerra declarada de armados contra comunidades inermes.

Para escándalo del mundo, comparable al de los 6.402 falsos positivos, 1.200 líderes sociales y 460 firmantes de paz han sido asesinados en 8 años, casi todos en estos dos gobiernos, en absoluta impunidad. En el Catatumbo van 117 civiles asesinados y 65.000 desplazados en tres meses, víctimas de una guerra entre activos de economías ilegales. Para la Defensora del Pueblo, el Catatumbo sufre la peor emergencia humanitaria desde cuando existen registros. Pese a medidas de Gobierno todavía formales, otros mandan en la región, la gente huye en estampida y reina el miedo. El terrorífico plan pistola, herencia de Pablo Escobar, ha cobrado la vida a 27 uniformados.

Entre los errores de origen que favorecieron la expansión de los grupos armados y dieron al traste con la Paz Total se señalan ceses el fuego abortados, con desmovilización de la Fuerza Pública y sin los controles necesarios para la contraparte. En la negociación con el ELN, su imposición de ejecutar todo cambio adoptado en la mesa antes de contemplar la desmovilización conducía a un cogobierno armado. Peor aún: revela el expresidente Santos que el propio Gobierno organizó a las disidencias de las Farc. Que “el entonces Comisionado Danilo Rueda fue recogiendo con helicópteros del Estado a voceros de los distintos grupos criminales, llamados disidencias, para reunirlos en 2023 en el Yarí y reconocerlos como Estado Mayor Conjunto de las Farc (…) Aquellas disidencias eran un grupo muy pequeño de traquetos (los que no firmaron la paz) y estaban dedicados sobre todo al narcotráfico”.

El propio presidente Petro sostiene desde hace un tiempo que en Colombia no hay ya guerrilleros sino criminales dedicados al negocio del narcotráfico; que los comandantes del ELN son traquetos iguales a quienes integran los ejércitos de las mafias. Expresiones que cobran elocuencia ahora, cuando replantea su modelo de negociación con armados e integra la ofensiva militar como factor ineludible de una acción integral del Estado.

El Acuerdo de Paz trazó un virtual modelo de desarrollo para vencer la exclusión y las desigualdades. En este horizonte se concibieron los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) para 170 municipios y $26.7 billones. Apenas si se implementaron, presa de pésimo diseño y peor manejo. Primera frustración de la implementación. En Reforma Agraria, bajos índices en compra y redistribución de tierra, aunque satisfactorios en formalización de la propiedad. Se lucha por completar el proceso legislativo de la Jurisdicción Agraria, que resolvería sin violencia, con jueces especializados, las disputas en el campo, origen del conflicto en Colombia. Declaró la ONU que, de haberse implementado el Acuerdo de La Habana, no se sufrirían hoy descalabros como los de Catatumbo y Cauca.

Con tanta acción contra la paz -por perversidad en Duque que casi la volvió trizas, por voluntarismo y vanidad en Petro-; con tan graves omisiones en desarrollo del Acuerdo, ojalá el viraje que despunta en la negociación no haya llegado demasiado tarde.

Coda. Aplauso de pie a Laura Gil que, por mérito propio, accede a la Secretaría Adjunta de la OEA.

Violencia sexual: ¿y al presidente quién lo ronda?

Desafortunada coincidencia. Cuando la brutalidad sexual contra nuestras mujeres alcanza proporciones de tragedia nacional, exalta Petro a tenebrosos victimarios suyos a posiciones de poder. Se propone nombrar asesor de Presidencia a Armando Benedetti, señalado de violentar mujeres (su esposa entre ellas, a quien habría amenazado con arma blanca). Para no mencionar a otras cuatro solemnidades sindicadas de abuso sexual. Y anuncia designación como gestor de paz al exjefe paramilitar Hernán Giraldo, alias Taladro, acusado de violar a 201 niñas, aunque hay quienes calculan la cifra en 400. Entre ministros y titulares del alto Gobierno, nueve se rebelan contra estos planes de Gustavo Petro, que no son simple ligereza sino inmoralidad. Falta al decoro el primer mandatario y mancilla el pundonor del país que contempla con horror las fotografías de 745 víctimas de feminicidio en lo corrido del año, cifra que proyectada a diciembre se acercaría a 1.000. Que se sepa. Y se sobrecoge con el último caso conocido: a Sara Sofía Camacho, de cinco años, la torturó su padrastro, la violó y la mató. Sucedió en Guamal, Meta, pero sucede tres veces cada día en la dolorida Colombia que ve asesinar a sus mujeres en casa y en las trincheras de la guerra.

Una causa de esta iniquidad aletea en la revitalización del oscurantismo que naturaliza el desprecio por la mujer, lo convierte en odio y lo resuelve en crimen. Informa el Instituto Nacional de Salud que hubo el año pasado 158.394 casos de violencia de género, 77.5% contra mujeres, y este año las agresiones aumentaron 138%. Hoy corren peligro de feminicidio 2.275 personas en Bogotá, la manifestación más atroz de violencia contra la mujer.

Iris Marín, Defensora del Pueblo, protesta por la distinción que se le otorgará a Benedetti e insta al agraciado a marginarse de todo cargo público, pues su exaltación a tan elevada posición política “alienta el machismo” que dispara la violencia de género. La Cancillería condenó los hechos ocurridos el pasado 24 de julio contra su esposa en Madrid y emprendió investigación formal contra el entonces embajador ante la FAO. Por su parte, la Corte Suprema lleva varios procesos contra Benedetti.

Por su desmesura, apodaron a Hernán Giraldo el “monstruo de la Sierra Nevada”. Forzaba él la compañía de niñas para embarazarlas y reforzar con los propios hijos su ejército de narcotraficantes, y fue expulsado del tribunal de Justicia y Paz por perpetrar el delito en las cárceles donde pagaba condena. Giraldo es una variante del abuso sexual que proliferó en la guerra y que paramilitares usaron no apenas para degradar y castigar a las mujeres sino para humillar a su enemigo varón; para cohesionar el grupo armado y afianzar su identidad violenta, diría el Grupo de Memoria Histórica. Todas las organizaciones armadas emplearon la violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres. Corrieron ellas un riesgo adicional: no ya sólo en su casa sino en las trincheras de la guerra.

Las Farc no se quedaron atrás: 40% de su tropa eran mujeres y al parecer de todas se abusó, empezando por el comandante Raúl Reyes. La JEP acaba de imputar el delito a la que fuera cúpula de esa guerrilla, hoy desmovilizada: si no por comisión directa, por omisión ante violación y esclavitud sexual; por aborto forzado y asesinato o desaparición de sus hijos.

La psiquiatra Lucrecia Ramírez identifica en el “sesgo de sexo” la causa principal de la violencia carnal contra las mujeres: es la mirada torva, oblicua que se resuelve en guerra, explotación, discriminación y abuso. Es ánimo de control y de avasallamiento que se descarga todos los días contra ellas. “Nada que celebrar, nada que conmemorar (los días 25 de noviembre). Misoginia infame”. Y Petro ahí, premiando a los victimarios que lo rondan.