La paz en veremos, por acción y por omisión

Si a Duque se le cobra la barbaridad de conspirar contra la paz, no menos responsabilidad le cabe a Petro por ayudar a postrarla a golpes de tozudez y negligencia: Colombia vuelve a incendiarse en violencia. Porque ambos gobiernos desdeñaron la implementación del Acuerdo de Paz; y el de Petro, además, celoso de remar a su manera en aguas movedizas, cambió para mal el modelo de negociación: disoció la implementación de la negociación, aquietó a la Fuerza Pública y abundó en concesiones a la contraparte, que hoy prevalece en un tercio del territorio, donde agrede a la población y avanza en su dictadura armada. Es guerra declarada de armados contra comunidades inermes.

Para escándalo del mundo, comparable al de los 6.402 falsos positivos, 1.200 líderes sociales y 460 firmantes de paz han sido asesinados en 8 años, casi todos en estos dos gobiernos, en absoluta impunidad. En el Catatumbo van 117 civiles asesinados y 65.000 desplazados en tres meses, víctimas de una guerra entre activos de economías ilegales. Para la Defensora del Pueblo, el Catatumbo sufre la peor emergencia humanitaria desde cuando existen registros. Pese a medidas de Gobierno todavía formales, otros mandan en la región, la gente huye en estampida y reina el miedo. El terrorífico plan pistola, herencia de Pablo Escobar, ha cobrado la vida a 27 uniformados.

Entre los errores de origen que favorecieron la expansión de los grupos armados y dieron al traste con la Paz Total se señalan ceses el fuego abortados, con desmovilización de la Fuerza Pública y sin los controles necesarios para la contraparte. En la negociación con el ELN, su imposición de ejecutar todo cambio adoptado en la mesa antes de contemplar la desmovilización conducía a un cogobierno armado. Peor aún: revela el expresidente Santos que el propio Gobierno organizó a las disidencias de las Farc. Que “el entonces Comisionado Danilo Rueda fue recogiendo con helicópteros del Estado a voceros de los distintos grupos criminales, llamados disidencias, para reunirlos en 2023 en el Yarí y reconocerlos como Estado Mayor Conjunto de las Farc (…) Aquellas disidencias eran un grupo muy pequeño de traquetos (los que no firmaron la paz) y estaban dedicados sobre todo al narcotráfico”.

El propio presidente Petro sostiene desde hace un tiempo que en Colombia no hay ya guerrilleros sino criminales dedicados al negocio del narcotráfico; que los comandantes del ELN son traquetos iguales a quienes integran los ejércitos de las mafias. Expresiones que cobran elocuencia ahora, cuando replantea su modelo de negociación con armados e integra la ofensiva militar como factor ineludible de una acción integral del Estado.

El Acuerdo de Paz trazó un virtual modelo de desarrollo para vencer la exclusión y las desigualdades. En este horizonte se concibieron los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) para 170 municipios y $26.7 billones. Apenas si se implementaron, presa de pésimo diseño y peor manejo. Primera frustración de la implementación. En Reforma Agraria, bajos índices en compra y redistribución de tierra, aunque satisfactorios en formalización de la propiedad. Se lucha por completar el proceso legislativo de la Jurisdicción Agraria, que resolvería sin violencia, con jueces especializados, las disputas en el campo, origen del conflicto en Colombia. Declaró la ONU que, de haberse implementado el Acuerdo de La Habana, no se sufrirían hoy descalabros como los de Catatumbo y Cauca.

Con tanta acción contra la paz -por perversidad en Duque que casi la volvió trizas, por voluntarismo y vanidad en Petro-; con tan graves omisiones en desarrollo del Acuerdo, ojalá el viraje que despunta en la negociación no haya llegado demasiado tarde.

Coda. Aplauso de pie a Laura Gil que, por mérito propio, accede a la Secretaría Adjunta de la OEA.

Vuelco en Seguridad y Defensa

Tras 60 años de un sector anclado en la persecución y aun el exterminio del llamado enemigo interno, hoy apunta este Gobierno contra una convergencia criminal atada al lucro: una maraña de violencias desatadas al calor de la economía ilegal, que sacrifica a la población civil. Se propone el nuevo paradigma proteger la vida de todos y el ambiente; incidir en las condiciones sociales y económicas que favorecen la brutalidad de los ejércitos homicidas, recuperar el territorio para liberar a la sociedad de la violencia y fortalecer a la Fuerza Pública.

Pero la categoría de enemigo interno -atajo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia para librar sus contiendas de posguerra en tierra ajena- no desaparece: muta. Cobijó primero no sólo a unas guerrillas incipientes sino a todo opositor social o político al Estado y a la sociedad del privilegio, que militarizaban el concepto de seguridad. El mote de comunista, y después de las Torres Gemelas el de terrorista, bastaron para blandir el mazo, y mantener a raya la crítica y el pluralismo democrático.

En el nutrido espectro de la estigmatización comparten honores desde los segregados del Frente Nacional hasta sindicatos y organizaciones agrarias; un partido político exterminado; piquetes de manifestantes que bloquearon calles en el levantamiento popular de 2021, sus líderes de la Primera Línea y las madres que los acompañaban. Y la terrorífica secuencia de víctimas de guerrillas y bandas de todos los colores que respiran por la ideología de Guerra Fría que aconseja acorralar al contradictor o, de preferencia, matarlo: 9.484 líderes sociales y firmantes de paz asesinados entre 2002 y 2022, calcula Indepaz. Y, a manos del propio Ejército, 6.402 falsos positivos habidos, sobre todo, en ejercicio de la Seguridad Democrática de Uribe Vélez.

Antes que atacar a los grupos armados, el modelo de Seguridad y Defensa de Petro busca proteger a la población, bajo el paraguas de la Paz Total. En política antidrogas, prefiere perseguir al gran empresariado del narcotráfico que erradicar pequeños cultivos de coca. Para éstos ofrece sustitución por cultivos industrializables. Mientras tanto, interdicción a la pesada del narcotráfico, destrucción de laboratorios de cocaína, persecución al lavado de activos. En lucha por el medio ambiente, ataque frontal a la gran minería ilegal, con destrucción de dragas y retroexcavadoras. Alianza en acciones de seguridad con Venezuela, refugio de guerrillas colombianas. Y bienestar para la Fuerza Pública.

A este modelo le precedió la doctrina Damasco, pivote del Ejército que con Santos adoptó la enseña de que la paz es la victoria. Se proyectó hacia la defensa de las libertades, matriz de la seguridad humana; y suscribió el respeto a los Derechos Humanos y a las reglas internacionales de la guerra. Flor de un día. Con Duque, destruiría el general Zapateiro el remanso que Petro se propondrá restablecer.

Tendrá, no obstante, que precisar el alcance de un apartado en la estrategia enderezado a fomentar la “prevención, protección y autoprotección” de comunidades, iniciativa que bien podría derivar en integración de grupos de autodefensa, de paramilitares o de milicianos semi armados. Como en el caso de las Convivir.

Audaz, este modelo de Seguridad y Defensa aborda lo mismo realidades nuevas que honra el humanismo. Responde al ideal expreso de Naciones Unidas: la búsqueda de una sociedad libre de la violencia y del miedo.

Coda. Si algún error no le perdonará la historia a Petro será el haber defenestrado a Carolina Corcho. Ella libraba la lucha más clara y valerosa por los principios de cambio que animan a este Gobierno. Cedió el presidente a la misoginia de los patronos de la politiquería: nunca perdonaron que fuera una mujer la que les presentara batalla; y que, además, tuviera carácter.

Una bocanada de oxígeno en la Policía

Con solo resucitar el propósito originario de la Policía y dignificar el cuerpo de agentes que en su mayoría honran a la institución, despunta el cambio en seguridad que el país anhela. Y el milagro estribaría en liberar a la Policía de funciones militares y políticas impuestas por intereses particulares, que durante 80 años han deformado su razón de ser: la protección de la ciudadanía, hoy sitiada por la inseguridad y el crimen en campos y ciudades. La nueva cúpula de la Policía -en cabeza del general William Salamanca acompañado entre otros por las generalas Sandra Hernández, comandante para la capital y Patricia Lancheros en el Esmad- podrá iniciar el quiebre de una historia desnaturalizada por la intromisión de poderes ajenos a la institución. Una saga nefanda que la dibuja, mínimo, como guardia pretoriana de hacendados de viejo y nuevo cuño: los de fusta-escopeta y los de motosierra.

Instrumento de las dictaduras de Ospina Pérez y Rojas Pinilla, la Policía degeneró entonces en bandas de chulavitas y de pájaros consagradas a desaparecer opositores en las dos olas de la Violencia. Desde los albores del Frente Nacional, ha oficiado como fuerza contrainsurgente donde el espectro del enemigo interno, magnificado en la religión del anticomunismo, abarca lo mismo guerrillas que organizaciones sociales, partidos contestatarios y librepensadores, de recibo en cualquier democracia. En los últimos 40 años, franjas enteras de uniformados devinieron aliadas del narcotráfico y sus ejércitos de paramilitares. Y, en el levantamiento popular de 2021, se convirtió el Esmad en verdugo de su pueblo: a bala recibió la protesta social, mientras el país contemplaba atónito el engendro de un presidente disfrazado de policía en celebración de la matanza.

Al rescate de su misión, la nueva estrategia pone el acento en convivencia ciudadana y articula a sus agentes con la comunidad. Convocará cabildo abierto en los CAI para ventilar problemas públicos y soluciones. En protesta social, antepondrá el diálogo a la represión, desde una estricta formación de los agentes en derechos humanos y respeto por el derecho internacional humanitario. Al crimen organizado le anunció Salamanca guerra sin cuartel. Se fortalecerá la institución toda para atacar el multicrimen que emana del narcotráfico y, de consuno con la Fiscalía, enfrentará también el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz.

Lo anunciado promete una transformación capaz de esquivar la manipulación de los partidos en el poder, que comprometió la neutralidad del cuerpo civil destinado a la seguridad de la ciudadanía: este mutó de institución civil a cuerpo militar contra civiles. Si a mediados del siglo pasado se politizó como adminículo de autócratas, hoy vuelve por aquellos fueros. No le sorprende al general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía, el delirio golpista del coronel Marulanda. Hoy como ayer, obra la politización de la Fuerza Pública. Esta vez agenciada por líderes que la polarizan y se proponen dividirla entre amigos y enemigos de la paz: entre héroes de la patria y traidores a la patria, según que ataquen o defiendan el Acuerdo con las Farc. Hoy como ayer, agrega Naranjo, cambiaron los criterios de ascenso: no cuentan el profesionalismo y la pulcritud sino la lealtad al Gobierno. 

Es hora de devolverle a la Policía su carácter civil; de desprenderla del ministerio de Defensa, concentrarla en lucha contra el crimen y defensa de la ciudadanía y alejarla del conflicto armado, que es fuero del Ejército. Ojalá el replanteamiento marche sobre el entendido de que ella se debe al ciudadano, no a gremios ni a partidos políticos ni a caudillos ni a ejércitos privados. Acaso en esta bocanada de oxígeno se cuele el gusanillo del cambio de blasón: en vez de Dios y Patria, Protección y Servicio.