por Cristina de la Torre | Ago 22, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Sustitución de cultivos, Cultivos ilícitos, Desarrollo agrícola, Impuesto progresivo, Seguridad Alimentaria, Industrialización, Violencia, Desplazamientos, Inseguridad Alimentaria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, GEA, Especulación Financiera, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Salud, Educación
Un escandaloso grado de concentración del poder económico sitúa a Colombia entre los países más desiguales del mundo. En depurado análisis (Le Diplo) concluye Libardo Sarmiento que entre nuestras 2.161.000 empresas sólo 50 definen el destino del país. Reciben ellas ingresos operacionales equivalentes al 36.7% del PIB y emplean apenas el 1.3% de la fuerza laboral. Las ganancias de las mil mayores empresas subieron el año pasado 40.8%. Cinco compañías bancarias controlan el 72% del sistema financiero. En esta estructura consolidada de nuestra economía, podrá el gran capital sortear con menos afugias la difícil coyuntura: un bajón de 24% en la inversión, inducido sobre todo por la elevación de las tasas de interés por el Banco Central, conlleva menos producción, menos crecimiento de la economía y amenaza el empleo. Más debilitadas para sortear la desaceleración se verán la pequeña y la mediana empresa, el grueso del empresariado.
En el Octavo Congreso Empresarial en Cartagena, Bruce MacMaster, vocero de la Andi, se hace eco de la insistencia del presidente en allegar acuerdos con la elite económica: con el empresariado y los gremios de la producción. Propone redoblar esfuerzos para acelerar el cambio y cerrar brechas en ingresos, educación y salud. Y revitalizar el modelo de asociación público-privada en dos momentos: primero, para enfrentar las dificultades de la desaceleración inyectando inversiones en infraestructura y construcción; y, puesta la mira en el largo plazo, embarcarse en la reindustrialización.
Concedida la distancia que pueda mediar entre el discurso y la real disposición a la acción, difícil calibrar la viabilidad de la propuesta. Y no porque al gran empresariado le signifique sacrificio o concesión de privilegios, pues dinamizar la economía, crear riqueza será siempre un buen negocio. Para ricos y pobres. Es que implicaría desplazar el eje del modelo especulativo y rentista al modelo productivo, ya reducido a su mínima expresión.
De la banca de fomento que durante casi todo el siglo XX fuera motor de la industria y la agricultura, no queda sino el recuerdo. Salvo el Banco Agrario. Señala Hernando Gómez Buendía que el sistema financiero está concentrado hoy en tres actores principales, e integrado a su turno en los mayores grupos empresariales: el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), el grupo AVAL y el grupo Bolívar. Los dos primeros monopolizan los fondos de pensiones, principal ahorro de los colombianos.
Vino el salto, inesperadamente, de la Constitución del 91, que revolcó la forma de financiar los gastos del Estado. Desde entonces, no puede el Gobierno acudir al Banco de la República sino a la banca privada, que le presta con intereses elevados. “La deuda pública -escribe Gómez Buendía- es hoy fuente principal de las ganancias que reporta cada año la banca colombiana. En 20 años pasó (el sector financiero) de generar el 8.8% del PIB al 22% en 2017. Un cambio en la composición sectorial de la economía (casi) sin precedente en el mundo. La Carta igualitaria del 91 le entregó la economía del país a dos grupos financieros gigantes”.
El pacto para transitar de un país con 22 cerrado de la riqueza hacia otro con más democracia y equidad debería principiar por un compromiso de los banqueros con el cierre financiero, a tasas mínimas, de los proyectos de infraestructura y construcción, a punto de ejecución. Con jugosos aportes a la reforma agraria en marcha (titulación, compra, entrega de tierra a campesinos y sustitución de cultivos ilícitos con adjudicación de la parcela respectiva). Y, abordada la reactivación, proyectarla hacia el complejo estratégico de la industrialización. Grupos económicos: en reciprocidad por los favores recibidos, ¡la mano al dril!
por Cristina de la Torre | Jul 4, 2023 | Pensiones, Julio 2023, Gustavo Petro, Capitalismo, Seguridad social, Modelo Económico, Partidos, Izquierda, Salud
Graves definiciones enfrentan los partidos. Dos propuestas de coalición antagónicas ponen sobre el tapete, no tanto la polarización que ha llegado a su clímax, como el alcance ideológico de posturas que van desde el variado tinglado del reformismo hasta la caverna irredenta. Inesperada cosecha en partidos que agonizan por falta absoluta de ideas y de interlocución con un país en crisis. El Gobierno se propone reconstruir su coalición moderando el contenido de las reformas e instalar mesas técnicas de discusión con liberales, conservadores y seguidores de la U. Sabrá que con la mayoría alcanzada en las urnas no le basta para ejercer como gobierno de partido. Vargas Lleras, impetuosa figura de la ultraderecha, propone coalición de oposición con todas las colectividades del establecimiento contra el Gobierno que nos tocó en desgracia, según él, contra todo amago de renovación. Aspira a triunfar en los comicios de octubre combatiendo fórmulas de cambio que responden a los anhelos del electorado. Vea usted.
Pero hace sólo dos semanas escribió César Gaviria: “estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen diversos sectores de la sociedad… para abordar los aspectos problemáticos de las reformas. Somos sus aliados, presidente, no un obstáculo”. Dilian Francisca Toro, presidenta de la U, declaró que estudiará la iniciativa; pero que se inclina por la independencia, por aprobar lo que sea necesario y negar lo que perjudique al ciudadano.
Mientras sostiene Vargas que su coalición evitaría una catástrofe, Carlos Enrique Cavelier, notable del empresariado que juega como otro actor definitorio en la crisis, postula lo contrario: si no conversamos y sacamos algo en común, ponemos la democracia en juego. Colombia necesita reformas, agrega, y volver a la industrialización. Enmienda él la desobligante página que MacMaster, jefe de la Andi, escribió contra el ministro Ocampo y su reforma tributaria, y que mereció la protesta de la exministra Cecilia López. Para ella, “este país tiene más chance con un gobierno de izquierda que con uno de derecha para empezar los cambios por los que hemos peleado toda la vida”.
En sustitución de cultivos, el Gobierno prepara titulación masiva de pequeños fundos de coca y alternativas de nuevos productos industrializados. Tras la hecatombe de la apertura económica que golpeó la industrialización lograda y sacrificó sectores enteros de la producción nacional, vuelve Petro sus pasos sobre el desarrollo que crea riqueza, empleo y bienestar. Para revertir el desastre que significa la caída en participación de la industria en el PIB del 25% en 1991 al 11.5% hoy.
El nuevo paradigma sentó sus reales en una súbita apertura comercial, desregulación de la economía y privatización de empresas y funciones del Estado. Corolario suyo fue la privatización de la seguridad social, (salud y pensiones) y el desmonte de las garantías laborales que la OIT consagra para el mundo. Al rescate del principio solidario, no mercantil de esos servicios se suma la búsqueda de un viraje en el modelo económico que adapte logros modernizantes del pasado a la dinámica de los tiempos. En eso andamos. Queriendo apenas nivelarnos con democracias de capitalismo social.
¿A qué tanta vocinglería, aun en boca del presidente que postula las reformas? Ojalá recupere Petro el tono de su invitación inaugural a construir con la oposición “una gran nación pacífica, moderna y democrática”. Ojalá los pinitos de aliento reformista que reverdecerían a los partidos tradicionales den la talla del cambio que el país espera. Aunque no suscribieran cada inciso, cada coma de las reformas, saldrían del pantano de la irrelevancia.
Coda. Reconforta el saber sanos y salvos a Sergio Jaramillo, Héctor Abad y Catalina Gómez tras el criminal ataque de Rusia a civiles inermes en Ucrania.
por Cristina de la Torre | May 31, 2022 | Reforma tributaria progresiva, Pacto Social, Desarrollo agrícola, Seguridad Alimentaria, Estado Social, Socialdemocracia
En estas elecciones resuena un movimiento de placas tectónicas en la política, un enfrentamiento de fuerzas contrarias que, siempre encubierto por la rivalidad entre los partidos tradicionales, cobra por vez primera vida propia como real opción de poder. Pese a las altisonancias de lado y lado en la campaña, el mentor del cambio no busca la revolución sino la reforma. Tan atornillados han quedado el capitalismo salvaje y sus favorecidos, que la más leve enmienda les resulta anatema. Escándalo. Amenaza demoníaca contra la democracia y la propiedad. Pero lo mismo agonizan los partidos del establecimiento que los de la izquierda ortodoxa. La nueva izquierda rompió con el comunismo y viró hacia la socialdemocracia; la paz con las Farc la liberó del dogma estalinista y podría ahora ocupar la silla de Bolívar. Gracias también a la solidez de las instituciones que a pesar de sus vacíos sustentan la democracia en este país, una involución al comunismo es sólo fantasía de propaganda que las élites más retardatarias menean, por ver de conservar sus privilegios.
No es homogénea la clase dirigente. Teme el gran empresariado al cambio de modelo económico que Petro traería, sí, pero sus posturas van de la coacción delictiva a la discusión democrática de una estrategia de desarrollo. Mientras un canallesco Sergio Araújo impone el voto a sus empleados so pena de cortarles el trabajo, Bruce MacMaster y María Claudia Lacouture –presidentes de Andi y de Aliadas– sorprenden al abrir diálogo con quien resulte electo presidente. El primero propone una estrategia de doble carril: superar la pobreza y robustecer al empresariado, mediante refocalización de los subsidios del Estado y una política integral de desarrollo industrial. Petro comparte esta perspectiva. Con matices. Sostiene que el modelo económico ha de afirmarse sobre la producción nacional en el agro y la manufactura y no en la explotación de hidrocarburos, que deberá declinar con el tiempo. Propende (con Carlos Lleras) a la sustitución de importaciones, mediante protección temporal de la producción propia. Reindustrializar, empezando por renegociar el TLC.
Es que este nsancha la desindustrialización del país, ahonda su déficit comercial y compromete su seguridad alimentaria. En 10 años del Tratado con Estados Unidos, nuestras exportaciones a ese país se redujeron a la mitad. Sus inversiones aquí son en el sector energético, ni crean empleo ni arrojan beneficio financiero significativo. Por eso propone Petro renegociarlo: para relanzar la industrialización y el desarrollo agrícola, escoltados por una banca pública y de fomento en los sectores productivos de la economía, por una reforma tributaria progresiva y sin impuestos (o muy pocos) a las empresas.
Recaba Lacouture en la necesidad de un propósito común de Gobierno y empresarios labrado en diálogo democrático entre las partes. Si se convidara también a los trabajadores, ¿no se configuraría el modelo de planificación concertada que en un tiempo se ensayó y que rigió en el Estado social de Europa y Norteamérica? Impacta la comparación de Marcela Meléndez, del PNUD, entre Colombia y Finlandia, países que 1975 ofrecían el mismo nivel de desarrollo. Hoy el hambre hermana a nuestro país con Haití, mientras el escandinavo presenta uno de los mayores PIB del mundo. “La gran diferencia, escribe, está en una élite que entendió el desarrollo y la igualdad como una ventaja para sí misma y que, en cambio (de proteger) espacios privados para su propio bienestar (impulsó) la construcción de un país igual para todos”. He aquí el principio socialdemócrata que inspira a Petro, pilar de un nuevo pacto social que arranque a Colombia del sufrimiento y la miseria. Construido en hermandad de compatriotas y sin la sangre que toda revolución acarrea.
por Cristina de la Torre | May 17, 2021 | Centro, Paro Nacional, Modelo Político, Modelo Económico, Izquierda, Movimiento social, Impunidad, Mayo 2021
Bajo la rabia que anida en esta sociedad de castas montada sobre la pobreza y la exclusión; desde las lágrimas por tantos y tantos muertos en las calles florece, acá y allá —en el abigarrado tejido que se llama el pueblo— disposición para enfrentar la adversidad concertando un nuevo pacto social. Pues el que rige, pervertido en el privilegio, en la violencia, en una democracia quebradiza, es causa de la debacle. Y hace agua. Díganlo, si no, esquirlas tomadas al azar de las granadas que este Gobierno ha lanzado contra las multitudes que protestan.
Detenida y abusada sexualmente por agentes del Esmad, una adolecente “se suicida” en Popayán. En Cali, paramilitares estrato diez disparan contra indígenas, cuadro inmortal de los ancestros que exalta el puño de hierro del encomendero sobre el nativo. El alcalde de Pereira cohonesta alianza de civiles con veleidosas empresas de seguridad privada: de ocho tiros muere Lucas Villa. Álvaro Uribe insta a la Fuerza Pública a disparar contra terroristas que pueden ser cualquier manifestante, y acaricia la ilusión de volver a la guerra.
El nuevo pacto social principia por devolver al Estado su protagonismo, integrar los excluidos a la empresa reformista y rescatar las dinámicas de la paz. Proponen Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo “convocar a todos los partidos y movimientos sociales, a todas las fuerzas vivas a concertar un Gran Acuerdo Político Nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”. La deliberación democrática tendría que aterrizar en el Congreso, su escenario natural, y traducirse en leyes. Hay que deliberar para reconciliar, señalan.
Para muchos, en el centro del acuerdo medran medidas de emergencia que empiezan y terminan en el eje del empleo. En la creación inmediata de puestos de trabajo desde el sector público y, a largo plazo, en una estrategia de pleno empleo que privilegie la economía real sobre la especulativa financiera. Otra medida urgente, de vida o muerte, la creación de una renta básica para 6 millones de hogares que oscile entre $320.000 y $480.000 mensuales, financiada —como en todo país civilizado— con impuestos directos sobre la renta y el patrimonio de los más pudientes.
La crema de los profesores universitarios sugiere alternativas en política económica y social distintas de la reducción de impuestos a los ricos. En estas décadas, afirma, ha operado una redistribución regresiva del ingreso que castiga los salarios, premia las ganancias y concentra sin pausa la propiedad y la riqueza. Se suprimió la función del Estado como prestador de servicios públicos y garante de los derechos económicos y sociales que culminen en educación y salud universales. Para los académicos, la redistribución del ingreso no se logra con mayor “libertad económica”. Lo prueba la historia de los países desarrollados, donde el Estado fue el gran responsable del desarrollo afirmado en la industrialización y en el impuesto progresivo.
Diríase que un rediseño de la fiscalidad debería comenzar por derogar la reforma tributaria de 2019, que otorgó gabelas por $14 billones a los ricos, a las cuales ha renunciado ya la Andi. Aconsejaría liquidar el adefesio de que los archimillonarios de Colombia paguen apenas entre 1 y 2% de impuesto sobre la renta. Y actualizar el catastro para que también los terratenientes paguen impuestos a derechas.
Otros signos de la crisis que abraza al pacto social y político agudizada por el uribismo en el poder: sólo 9% de los jóvenes confía en la Presidencia y 7% en el Congreso (Cifras y Conceptos). En perspectiva electoral, por la derecha votaría el 5%; por la izquierda, el 25%; y por el centro, 41%. Llegó la hora del cambio. Si el pacto se adopta democráticamente, hallaría su refrendación en las urnas el año entrante.
por Cristina de la Torre | Sep 6, 2020 | Cuarentena, Corrupción, Septiembre 2020
Hace 31 años desapareció la Guerra Fría bajo los adoquines del muro de Berlín. Pero la caverna no abandona en Colombia el señuelo de la lucha de clases, rojo Lucifer dirigido contra la democracia, la propiedad, el mercado, la armonía laboral y la religión. Cuando aquella derecha irredenta es mandacallar en la lucha contra los oprimidos, en el proyecto que les hurta el pan, los humilla, los acorrala a coces o los mata. Y al primer amago de protesta pone el grito en el cielo, cierra filas tras el patriota de turno y vocifera “¡azuzan la lucha de clases!”.
Grito de guerra que parte del notablato antioqueño pone en boca de su estafeta, Federico Gutiérrez, para desconceptuar al alcalde Quintero, acusado de petrista de la odiada Bogotá, usurpador del gobierno corporativo de EPM. Empresa gloria de la comarca encarnada en prohombres que se cuidan celosamente de responder si por incuria o de mala fe avalaron obras en Hidroituango que a la ciudadanía le representarán pérdidas faraónicas. Hueco el señalamiento del exalcalde Gutiérrez, pues no logra tapar la pepa de la crisis en EPM: el ruidoso silencio de la junta renunciada, de los alcaldes y gerentes que la acompañaron en la dirección de la empresa cuando incurrió en pérdidas astronómicas, así en la construcción de la presa como en proyectos anteriores. Sólo en dos de ellos, Porce lll y Bonyic, hubo sobrecostos cercanos a los $4 billones, con los mismos constructores convocados hoy a conciliación por el desastre de Hidroituango. Los pasivos de EPM habrían pasado de $2,6 billones a $33,6 billones.
Grito de guerra, “¡es la lucha de clases!”, que bodegueros del uribismo enrostran a quienes critican la jerarquía de prioridades del Gobierno que entrega a una empresa extranjera y corrupta, Avianca, abultados recursos negados a las mipymes desfallecientes o a los 13.800.000 colombianos que según el DANE llevan meses sin recibir ingresos.
Contrasta violentamente la largueza de este gobierno para proteger (sin garantías cantadas) el monopolio de Avianca con su mezquindad para auxiliar a los millones de desempleados adicionales y de vulnerables que tornaron a la pobreza y llevan meses viviendo del aire. Ni renta básica, ni crédito a quienes más lo necesitan, ni plan de choque para crear empleo, ni préstamo directo del Banco de la República que la oposición ha propuesto desde el comienzo de la pandemia y ahora también la Andi para paliar el hambre y reanimar la economía. Es que el Gobierno cree reactivarla desde la oferta, no desde la demanda: no solventa a los consumidores. ¿Con qué podrán ellos comprar los productos ofrecidos? Acaso sospeche Duque que la pregunta encubra la lucha de clases.
Torva intención del mismo jaez tendrían también los inconformes con “la más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años”, según la CUT, tramposamente publicitada como piso de protección social. El proyecto abre puertas a la precarización del trabajo y cercena derechos irrenunciables del trabajador. Y la consigna coloniza territorios insospechados: Santiago Pérez, abogado de la universidad Sergio Arboleda, acusa a Salomón Kalmanovitz de promover la lucha de clases porque el historiador recuerda la desapacible condición de hacendado esclavista que defendió a bala la institución de la cual derivó su fortuna, y dio nombre a ese centro académico.
Sí, hay lucha de clases en Colombia, opresión organizada desde arriba sobre mayorías atropelladas, maniatadas, embozaladas. De momento, es la élite de derecha en el poder la que despliega múltiples formas de lucha contra las clases populares: desde violencia económica hasta tolerancia con masacres. La inversión del discurso es conocida picardía de propaganda política.
