por Cristina de la Torre | May 13, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Derecha, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Iván Duque, Izquierda, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, La ley de Víctimas, La paz, Lavado de activos, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Lucha antinarcóticos, Mayo 2025, Narcotráfico, Paramilitarismo, Parapolítica, Paz Total, Política de seguridad, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Régimen político, Restitución de Tierras, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Si a Duque se le cobra la barbaridad de conspirar contra la paz, no menos responsabilidad le cabe a Petro por ayudar a postrarla a golpes de tozudez y negligencia: Colombia vuelve a incendiarse en violencia. Porque ambos gobiernos desdeñaron la implementación del Acuerdo de Paz; y el de Petro, además, celoso de remar a su manera en aguas movedizas, cambió para mal el modelo de negociación: disoció la implementación de la negociación, aquietó a la Fuerza Pública y abundó en concesiones a la contraparte, que hoy prevalece en un tercio del territorio, donde agrede a la población y avanza en su dictadura armada. Es guerra declarada de armados contra comunidades inermes.
Para escándalo del mundo, comparable al de los 6.402 falsos positivos, 1.200 líderes sociales y 460 firmantes de paz han sido asesinados en 8 años, casi todos en estos dos gobiernos, en absoluta impunidad. En el Catatumbo van 117 civiles asesinados y 65.000 desplazados en tres meses, víctimas de una guerra entre activos de economías ilegales. Para la Defensora del Pueblo, el Catatumbo sufre la peor emergencia humanitaria desde cuando existen registros. Pese a medidas de Gobierno todavía formales, otros mandan en la región, la gente huye en estampida y reina el miedo. El terrorífico plan pistola, herencia de Pablo Escobar, ha cobrado la vida a 27 uniformados.
Entre los errores de origen que favorecieron la expansión de los grupos armados y dieron al traste con la Paz Total se señalan ceses el fuego abortados, con desmovilización de la Fuerza Pública y sin los controles necesarios para la contraparte. En la negociación con el ELN, su imposición de ejecutar todo cambio adoptado en la mesa antes de contemplar la desmovilización conducía a un cogobierno armado. Peor aún: revela el expresidente Santos que el propio Gobierno organizó a las disidencias de las Farc. Que “el entonces Comisionado Danilo Rueda fue recogiendo con helicópteros del Estado a voceros de los distintos grupos criminales, llamados disidencias, para reunirlos en 2023 en el Yarí y reconocerlos como Estado Mayor Conjunto de las Farc (…) Aquellas disidencias eran un grupo muy pequeño de traquetos (los que no firmaron la paz) y estaban dedicados sobre todo al narcotráfico”.
El propio presidente Petro sostiene desde hace un tiempo que en Colombia no hay ya guerrilleros sino criminales dedicados al negocio del narcotráfico; que los comandantes del ELN son traquetos iguales a quienes integran los ejércitos de las mafias. Expresiones que cobran elocuencia ahora, cuando replantea su modelo de negociación con armados e integra la ofensiva militar como factor ineludible de una acción integral del Estado.
El Acuerdo de Paz trazó un virtual modelo de desarrollo para vencer la exclusión y las desigualdades. En este horizonte se concibieron los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) para 170 municipios y $26.7 billones. Apenas si se implementaron, presa de pésimo diseño y peor manejo. Primera frustración de la implementación. En Reforma Agraria, bajos índices en compra y redistribución de tierra, aunque satisfactorios en formalización de la propiedad. Se lucha por completar el proceso legislativo de la Jurisdicción Agraria, que resolvería sin violencia, con jueces especializados, las disputas en el campo, origen del conflicto en Colombia. Declaró la ONU que, de haberse implementado el Acuerdo de La Habana, no se sufrirían hoy descalabros como los de Catatumbo y Cauca.
Con tanta acción contra la paz -por perversidad en Duque que casi la volvió trizas, por voluntarismo y vanidad en Petro-; con tan graves omisiones en desarrollo del Acuerdo, ojalá el viraje que despunta en la negociación no haya llegado demasiado tarde.
Coda. Aplauso de pie a Laura Gil que, por mérito propio, accede a la Secretaría Adjunta de la OEA.
por Cristina de la Torre | Feb 18, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Derecho fundamental, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Febrero 2025, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Narcotráfico, Pacto Social, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Rural, Sanción Política, Seguridad Humana, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y encarnación del personalismo en el poder, en el presidente Petro recae la responsabilidad última del desastre de la Paz Total; no en su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que recibe órdenes del mandatario. Cada decisión (o indecisión) de gobierno responde a la mano del príncipe, que aprieta o afloja según su impredecible designio de cada hora. Yerra Petro en la concepción de la Paz Total, en el diagnóstico, en el método, en la ejecución. Pero en consejo de ministros teatralizado para el país irrespeta al funcionario insinuando que la toma de El Plateado no se consumó debido a sabotaje por inacción de su cartera. Respondió Velásquez que las fallas de esa estrategia no le caben al ministerio sino al Gobierno nacional que, pese a la insistencia del ministro, nunca logró una acción articulada del Estado sobre la región. Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, dirá que la falta de coordinación en el Ejecutivo obstaculizó la acción militar en el territorio: nos sentíamos remando solos, precisó.
Y suscribió la crítica generalizada de la estrategia de Paz Total y sus ceses de fuego, traducidos en fortalecimiento de los grupos armados y debilitamiento de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Revela Hugo Acero, experto en seguridad, que el presidente le ordenaba al ministro frenar la acción militar en territorios donde se imponían ceses del fuego sin planificación suficiente. Este Gobierno disolvió su capital político y la ilusión del cambio en el voluntarismo del mesías (¡otro!) que prometió sellar en tres meses la paz con el ELN. Mas al amparo de inauditas larguezas en la mesa de negociación, multiplicó ese grupo sus efectivos, consolidó negocios ilícitos, avanzó en control de territorios, en sojuzgamiento de comunidades y se destapó como retaguardia armada de la dictadura venezolana, con la que comparte utilidades del narcotráfico en la frontera.
Se propone ahora el presidente aplicar la estrategia de El Plateado en el Catatumbo, sin haber antes corregido entuertos. La tragedia humanitaria de esta región requiere, sí, un modelo semejante al del Cauca, pero depurado y acondicionado para lograr sus objetivos: intervención de la Fuerza Pública, acción coordinada de las instituciones del Estado e inversión social. Como lo pidió el ministro Velásquez.
El drama rompe fronteras del Cauca y Santander. Si el Catatumbo padece una tragedia humanitaria sin precedentes en 28 años, esta se cocina ya en Sur de Bolívar, Antioquia, Valle, Arauca y Chocó. Líderes del Pacífico se confiesan agotados de registrar “guerras anunciadas y esperar la lenta, insuficiente y descoordinada respuesta del Estado”. Tras el paro armado del ELN que hace tres meses confinó a 50.000 personas, su guerra con el Clan del Golfo responde ahora por 3.400 desplazados, 9.200 confinados y anuncia una debacle como la del Catatumbo. 71% de los municipios de Colombia están bajo alerta y la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, revela que en el Chocó se están suicidando los niños para no ser reclutados.
En virtual confesión de parte que bien le valdría como autocrítica, hoy denuesta Petro “el ego individual, el tribalismo, el ego de grupo sectario”. Pero ha dejado en vilo el Plan de Choque para implementar la paz que su exministro Cristo trazó, basado en romper egos, y sin el cual queda ésta reducida a polvo de estrellas. Comprende el plan pactos para acelerar la transformación del territorio, reforma rural integral, agenda legislativa, articulación de la seguridad en el territorio y acuerdo para un pacto nacional. Se trata de rectificar la política de paz y trazar una estrategia de seguridad para combatir a quienes persisten en la violencia. Si no convierte por esta vez su idea en acción, podrá Petro sucumbir en el hoyo negro de su Paz Total.
por Cristina de la Torre | Ene 28, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Crímen organizado, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Enero 2025, Fascismo, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Seguridad Humana, Tierras, Violencia
No es un episodio más de nuestra violencia, es una verdadera tragedia humanitaria. El ELN, como ejército de ocupación que hace décadas empeñó la revolución a la disputa sangrienta por rentas de crimen organizado, masacra a la población inerme en espectáculo de terror comparable al desplegado por el paramilitarismo. Y acude a los peores expedientes de inhumanidad. En el campo, desaparece, mutila, tortura, desmembra y amarra con alambre de púas a sus víctimas para rematarlas a tiros. Sólo le faltan los hornos crematorios que las Autodefensas usaron allí para desaparecer a cientos de los ultimados. En centros urbanos, tiende razzias fascistas: pasan encapuchados de casa en casa, lista en mano, para ejecutar al “enemigo” en presencia de sus hijos. Pero, a diferencia de los fascios, que apuntaban al poder del Estado, con incursiones como la del Catatumbo se ríe el ELN de su viejo anhelo de cambio, para entregarse a negocios de alcantarilla.
Se propone controlar esta rica zona estratégica de frontera, ideal para traficar seres humanos, armas, oro y cocaína. Plato suculento para bandas de todo jaez, que ahora quieren los elenos para sí solos. Se lo pelean asesinando 80 personas en cosa de días, provocando la estampida de 42.000 y el confinamiento de 12.000, según autoridades de la región y la Defensoría del Pueblo. Mas no se libra allí una guerra entre combatientes, es campaña de exterminio contra la población. Ha virado el conflicto armado de insurrectos contra el Estado hacia una violencia fragmentada sin propósito político. Lo sucedido en el Catatumbo, declaró el presidente, es una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia organizaciones narcoarmadas.
Pero a este Gobierno le cabe responsabilidad. Por haber abandonado durante dos años los Planes de Desarrollo Territorial llamados a atenuar la ausencia del Estado donde más se necesitaba. Es responsable, sobre todo, por sus desatinos en la negociación con el ELN, que le permitieron expandirse, aumentar su capacidad militar y multiplicar crueldades contra la población, con ceses del fuego que maniataron al ya debilitado Ejército y no impusieron respeto a las comunidades. No es gratuita su brutal incursión de hoy en el Catatumbo.
Explica Luis Fernando Trejos que con el ELN no se negociaba la finalización del conflicto sino un armisticio: en vez de desarme, desmovilización, reintegración y postacuerdos, treguas prolongadas (sin mucho control, se diría). El Gobierno declaró desde el comienzo del proceso no tenerle líneas rojas al ELN. Entonces este controló tiempos y agenda de negociación, porque sabía que Petro no se levantaría de la mesa. A tres factores atribuye el expresidente Santos la crisis del Catatumbo: a la falta de una clara política de seguridad; al formato de la Paz Total que le permite a un grupo negociar armado y beneficiarse de ceses del fuego, y a la falta de implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016. Para Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, la desarticulación entre políticas de paz y de Seguridad expuso gravemente a comunidades rurales. Y este abandono, agrega, es violación de derechos humanos, por omisión.
En Colombia no hay ya guerrillas ni hay guerra; hay grupos armados para el crimen, que se enfrentan por el control del narcotráfico y de otras rentas ilícitas. Pero cabe todavía soñar con la posibilidad de reorientar la negociación con el ELN: imponiendo condiciones, devolviéndole a la Fuerza Pública su capacidad de acción (no episódica sino permanente) y acometiendo la transformación de los territorios. Acaso pudiera vencerse el pesimismo del más entusiasta defensor de la paz, Juan Fernando Cristo, para quien, ante esta orgía de terror, no habría ya posibilidad de retomar el camino con el ELN, pues éste habría “tirado a la basura la llave de la paz”.
por Cristina de la Torre | Abr 4, 2023 | Abril 2023, Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corrupción, ELN, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, La paz, Paz Total, Personajes, Proceso de paz
No es primera vez que sucede. El asesinato a mansalva de nueve soldados bachilleres en el Catatumbo por el ELN, motivo de orgullo para los jefes de esa guerrilla, es apenas el último capítulo de una saga criminal que se aferra como una raposa a la historia del grupo armado. Como los 23 jóvenes sacrificados hace cuatro años en la Escuela de Policía, no estaban éstos en territorio de combate ni batallaban. Pura cobardía.
El presidente Petro repudió el “ataque asesino de quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”. Y Otty Patiño, jefe negociador con el grupo armado, conminó al ELN a definir, no con palabras, con hechos, si concurre a la mesa para fortalecerse militarmente o por genuina vocación de paz; si tiene unidad de mando, o el comandante militar del ELN y sus adláteres seguirán objetando cada decisión del negociador en la mesa; si persistirán en sus hostigamientos a las comunidades. La sostenibilidad del diálogo quedó sujeta al cese el fuego y de hostilidades contra la población. Pidió el expresidente Santos la definición pronta de una estrategia de seguridad, sin la cual la negociación, que en todos los casos debe combinar garrote y zanahoria, fracasaría por quedarse sólo en zanahoria.
Desde sus orígenes, fue costumbre entre comandantes del ELN imponer el fusil y la machimbre como argumento selecto de la revolución, mientras otros (también en la guerrillerada) reclamaban, candorosos, trabajo político de masas. Los pasaron por las armas, sindicados de traición. A Jaime Arenas, a Julio César Cortez, a Ricardo Lara, entre los muchos ajusticiados por diferencias de ideas. De Vásquez Castaño en los 60 a Antonio García hoy, ha degradado esta organización su propia guerra, librándola de preferencia contra el pueblo al que dice representar. Y, en más de un frente, movido por prevalecer en negocios que dejan tanto rédito como reguero de muertos.
Creyéndose vanguardia de los desheredados, ciega a la realidad, indiferente a las súplicas de la población, esta guerrilla se desmadró en agresiones contra ella. Más de 15.000 secuestros le calcula la Comisión de la Verdad, de los perpetrados por razones del conflicto entre 1990 y 2018. Si de terror contra comunidades se trata, ahí está Machuca, tragedia que el ELN provocó con la voladura del oleoducto central en Segovia el 18 de octubre de 1998, que tanto dolió en Colombia y llenó de estupor al mundo. A resultas del bombazo, se saturó de crudo el río paralelo al caserío, éste se incendió y el fuego se volcó sobre las casas con techo de paja. Según Fundapoyo, los sobrevivientes “vieron la noche convertirse en una bola incandescente que abrazó la vida de sus seres queridos”: 84 muertos, 38 heridos batiéndose entre la vida y la muerte, 230 familias afectadas y grave daño al ecosistema. Por espacio de nueve horas impidió esta guerrilla el acceso de equipos de socorro del Ejército y de la Cruz Roja.
Desde la autoridad que su compromiso con la paz le confiere, Carlos Velandia, cofundador del ELN y reinsertado en 1991, fustiga a esa guerrilla por querer negociar un acuerdo “a trompadas”: matando soldados, policías y civiles; poniendo bombas, volando oleoductos. Pide condicionar el diálogo a un cese unilateral del fuego por el ELN, y “que el Gobierno actúe con reciprocidad”. Se trata, sobre todo, de dar garantías a la participación de la sociedad.
Para el editorialista de El Espectador, “En su arrogancia y su violencia, sigue jugando el ELN con las esperanzas del país… El cese al fuego se convirtió en un requisito esencial para seguir avanzando. Si pactarlo no es una posibilidad, entonces la guerrilla no tiene voluntad de paz y no hay otra opción que seguir en el conflicto”. Sería destino inapelable si el ELN no comprende que su primer contradictor y víctima es el mismísimo pueblo colombiano.
por Cristina de la Torre | Jul 24, 2021 | Actores del conflicto armado, Julio 2021, Justicia, Posconflicto
Mientras el presidente vuelve hilachas la paz y se ríe de la democracia, la JEP dignifica la justicia. El primero marca en su hilarante discurso del 20 de julio otro hito en el rosario de asonadas que ha tendido Uribe contra la verdad judicial y la verdad histórica. La segunda emplaza a todos los grandes responsables del holocausto que cobró la vida de 280.000 inocentes, desapareció a 180.000 y arrojó ocho millones de víctimas. Ante ella comparecen lo mismo guerrilleros que paramilitares, empresarios, políticos y militares. En macrocasos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por sistema, en masa, como política de organización, busca la JEP a los responsables máximos por cadena de mando. Así en el caso de secuestro contra la cúpula de las Farc, de falsos positivos contra comandantes de brigadas militares y ahora imputará a exgobernadores de Sucre asociados con el paramilitarismo que habría signado el ejercicio todo de la administración pública en Sincelejo y en ese departamento. Pero Duque sólo contempla a la JEP para intentar destruirla, o cuando ésta sindica a las Farc; ignora pudibundo los autos que tocan sus afectos.
En bufonada digna de otros frenéticos al mando en la historia de América Latina, corona Duque de laureles a los jefes del Ejército y la Policía, que no responden todavía por los 80 asesinados en las calles durante el paro. Denuesta en su discurso la mentira pero miente sin dolor: dizque “nuestra Fuerza Pública está sujeta a los más altos estándares” de Derechos Humanos. Ovación de una mayoría parlamentaria en cuya imagen se deleitan las cámaras del régimen, que se cuida de blanquear a la oposición en el recinto y su imprecación de “¡asesinos!”. Es primera vez en la historia de Colombia que se niega el ingreso de la prensa al Capitolio. Como si con ello se pudieran ocultar la charada y la equívoca elección de dignatarios rodeados de circunstancias non sanctas.
Para escándalo del mundo, en el primero de seis procesos por falsos positivos documentó la JEP 6.402 casos en el Gobierno de Uribe. El 3 de julio imputó a militares de brigada del Catatumbo por 120 casos, en virtud de una política institucional de conteo de cuerpos e incentivos que implicaba a todos los niveles del mando: en la Brigada Móvil 15 se montó una organización criminal entre miembros del Estado Mayor, de Inteligencia, de Batallones y Compañías.
Una segunda imputación recae sobre el comandante del Batallón La Popa de Valledupar, coronel Mejía, quien implantó allí “una organización criminal jerarquizada” para asesinar a 75 personas. También se le imputan decenas de desapariciones forzadas y asociación con el paramilitarismo, valiéndose de “de sus posiciones de mando [y de] las facultades legales [del Ejército] para idear, planear, organizar, ejecutar y encubrir los crímenes”.
Salvador Arana, exgobernador de Sucre condenado por el asesinato del alcalde de El Roble, ha empezado a involucrar al notablato político y empresarial en pleno de su departamento; y se confiesa cofundador del bloque de las Autodefensas de Montes de María, al lado del “gordo” García, gobernador también que fuera de Sucre y condenado a 40 años por la masacre de Macayepo.
El tribunal imputó a las Farc por secuestro masivo, toma de rehenes, homicidio, tortura, desaparición y violencia sexual, en acatamiento de “una política trazada por el alto mando de la organización guerrillera”.
Si la JEP mide a todos con la misma vara, ¿quién le teme? ¿El que aspira a salvar su pellejo, militar o expresidente? Duque cubre de gloria al mando militar: acaso responde a la tesis del columnista Santiago Villa, para quien “cada transgresión por parte de militares y policías que el uribismo protege es un eslabón más hacia la politización de las Fuerzas Armadas a favor del proyecto de la ultraderecha colombiana”.
