Como maná del cielo debió de caerle al conservatismo la denuncia de que contratistas del Distrito habían falsificado parte de su actualización catastral, en momentos en que el alcalde Garzón reajustaba las tarifas del impuesto predial y el partido azul azuzaba al pueblo para boicotear la medida. Abocado a la campaña electoral, este partido querrá crear la impresión de que defiende los intereses populares cuando, en verdad, no hace sino reproducir el ancestral pataleo de los poderosos contra el predial. Se escuda en los contribuyentes de a pie para defender, sin confesarlo, los intereses de los grandes.
En Colombia es recurrente la atávica repulsa al avalúo catastral y al impuesto que de él deriva. Desde hace 70 años, cuando Carlos Lleras echó los cimientos de un catastro moderno para un país que se modernizaba, la legislación del catastro navega al vaivén de las presiones de latifundistas y casatenientes. El Frente Nacional le devolvió al Agustín Codazi la autoridad perdida en los años de la violencia. Finalizando los años 60, se preparó el primer plan nacional masivo de catastro. Buscaba, entre otros objetivos, el de avaluar los inmuebles que en función de la reforma agraria debía adquirir el Estado. Pero en 1972, la administración de Misael Pastrana congeló todo el programa catastral. El proyecto de reforma agraria provocaba, como se recordará, una brutal reacción en los núcleos sociales que desde la Colonia mandaban con perrero en el país. Hasta cuando se desmontó en Chicoral y se le amortajó con un sistema catastral que subvaluaba la tierra, reduciendo la base gravable al gusto de sus interesados.
A cada tentativa de reajuste del predial, organizaba el notablato la reacción. En más de un municipio se presentaron problemas de orden público. En Málaga, Santander; en la Tebaida y Quimbaya, Quindío, funcionarios del catastro nacional se vieron al borde del linchamiento por turbas instigadas desde el púlpito, desde la alcaldía o el concejo municipal. A la muerte de la reforma agraria se sumaba, pues, el debilitamiento del catastro hasta su más lánguida expresión.
Por fin, en 1983, Ernesto Parra Lleras, director a la sazón del Catastro Nacional, redacta la ley que institucionaliza el índice de reajuste anual, obliga la actualización masiva del catastro cada cinco años y generaliza el autoevalúo. Diez años después, un nuevo modelo de Estado privatizaría también las funciones del IGAC. Un seguimiento a los últimos tres lustros prueba, sin embargo, que el catastro es más eficiente supervisado y controlado desde el centro y financiado con recursos del presupuesto nacional. Como lo propone Parra Lleras.
El ajuste que Garzón adopta para Bogotá es remedio modesto a un monumento de contrastes e inequidades. Como el del avalúo de un almacén Éxito que hace un año registraba 2 millones de pesos el metro cuadrado y con el reajuste quedaría en 8, cuando su precio comercial se estima en 40 millones el metro. También los predios rurales declaran valores irrisorios. En San Alberto, Cesar, tierra de explotación intensiva, el avalúo promedio por hectárea es de sólo 387 mil pesos y el avalúo promedio por predio es de 47 millones. Lo que vale una casita de interés social en las goteras de Bogotá! Ni hablar de la valorización de tierras por los lados de la costa Caribe, donde es más acusado el violento proceso de contrarreforma agraria que el narcotráfico protagonizó, con ayuda de los paramilitares y aval de su clase política.
En la urgencia de estudiar un modelo de catastro para el nuevo país que pide pista, descorazona saber que en su Plan de Desarrollo 2002-2006 el presidente Uribe elimina la elaboración del catastro en las zonas rurales. Y que su alianza con el conservatismo no desfallece, aunque este partido reedite hoy la acción intrépida que en tiempos de la violencia cooptara del fascismo.