Colombia: ¿otra tiranía tropical?

Al parecer, Duque pide pista en el Eje del platanal que Ortega y Maduro presiden. Da un portazo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha confirmado en Colombia, como lo registró en Nicaragua y Venezuela, cifras aterradoras de homicidios, desapariciones y vejámenes contra manifestantes a manos de una Policía militarizada. Y paramilitarizada. El CD, partido de gobierno, descubre en el informe “sesgo ideológico de izquierda para mostrar al Estado como opresor [cuando este] propende por la seguridad de los ciudadanos y por garantizar su derecho a vivir en paz”. Nirvana dorado que casi sólo existe en el papel y en las peroratas de este Gobierno a la galería. En Nicaragua, ni en el papel. También Ortega vio sesgo, pero de derecha, en el informe de la CIDH sobre su país: el documento “convertía un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica”. Hubo 322 muertos. Pese a la presión de Duque en 2019 para que Maduro recibiera a la Comisión, este la rechazó. Para sendos países creó ella un mecanismo de monitoreo de derechos humanos, el mismo que anuncia ahora para Colombia.

“No aceptamos mecanismos de verificación, porque nuestro Estado es fuerte, robusto e institucional” y no se excede en uso de la fuerza, declara el Gobierno. Poca cosa le parecerán las 73 víctimas fatales, 41 con cargo directo a la Policía y 32 en verificación de idéntica autoría. O los 84 desaparecidos en protestas que la Fiscalía reconoce, cinco de los cuales ya aparecieron muertos. Mas, acaso para solapar la tragedia, puso Duque todo el énfasis en los matices que la CIDH dibujó sobre el recurso al bloqueo de vías, que acabó por alinear a muchos contra el paro. Y tergiversó el análisis. Ateniéndose al derecho interamericano,  lo justifica la Comisión, como recurso temporal y limitado, nunca si viola derechos de terceros a la vida, la salud o el acceso a alimentos. Entonces espetó el presidente su sentencia heroica: “nadie puede recomendar a un país su tolerancia con actos de criminalidad”.

Embriagado en el dulzor de su propia frase, creyó lavar con ella la sangre que corría en calles y centros de detención. Y bendecir la entronización urbana de la estrategia contrainsurgente que durante medio siglo cobró con su vida en los campos a todo el que discrepaba o reclamaba lo suyo. Enemigo de la patria, del Estado fuerte, robusto, institucional será ahora también el estudiante, el desempleado, el desplazado sin horizonte de las periferias urbanas, blanco de las Camisas Blancas que suman sus armas a las de la Policía y el Ejército. Ejército autorizado por decreto de “asistencia militar” para disparar, “si toca”, sobre personas inermes y prevalecer a la fuerza en medio país sobre autoridades civiles elegidas democráticamente. ¿No es este el principio activo del tirano, llámese Franco, Trujillo, Ortega o los napoleoncitos de cartón que florecen como plantas carnívoras en estos trópicos?

De todo ello se duele la CIDH. Del tratamiento de guerra que aquí se da a la protesta social, cuando las penurias y humillaciones acumuladas por generaciones revientan en un grito sostenido de dos meses que este Gobierno ni oye ni entiende, ni calibra su historia y su potencia. Reacio a los hechos, incapaz de medir la hondura del descontento, se alela entre la fantasía de la conspiración comunista y la acción administrativa que sólo acierta cuando se trata de frustrar la paz, enriquecer a los amigos y librarlos de la cárcel. No quiere saber de encuentros y asambleas de vecinos que reverberan acá y allá, a veces a tientas, otras con más luces, en cientos de municipios que se comunican y van depurando anhelos comunes. Se organiza la gente para la protesta, y para las elecciones de 2022. Tal vez sea cierto: no hay tirano en ciernes que dure cien años ni pueblo que lo resista.

 

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La antidemocracia refrendaria

En manos de extremistas como Álvaro Uribe, la democracia directa es un azote. Introducida por la Carta del 91 para ampliar la participación política, el uribismo puso no obstante la democracia directa al servicio del proyecto más reaccionario que floreciera en Colombia después de Laureano Gómez. Forma de participación complementaria de la representación política, lo mismo puede propiciar soluciones de fondo democrático que violentarlas. Por plebiscito se consagró en 1957 el derecho al voto femenino y se clausuró la dictadura; una consulta popular arrojó en 2018 casi 12 millones de votos contra la corrupción. Pero dos años antes, el CD boicoteó en plebiscito con mentiras catedralicias un acuerdo de paz logrado tras medio siglo de guerra y medio millón de muertos y desaparecidos. También ahora marcha el referendo de Uribe sobre embustes y cargas de odio contra la justicia transicional que es modelo para el mundo.

Pescó la derecha en los vacíos del modelo participativo que se ofreció como antídoto a la crisis que alcanzó su clímax en 1989. El enemigo sería ahora el clientelismo, máquina infernal de corrupción en los partidos y en el Estado, depositarios de la democracia representativa. En el reformismo moralizante de tantos que habían forjado entre clientelas su poder, respiraba el esnobismo de que la nuestra era una democracia sin ciudadanos. Dos figuras simbolizaron el antagonismo entre el oro y la escoria: el ciudadano y el cacique clientelista.

La democracia directa, refrendaria, fue corolario político del modelo de mercado que el Consenso de Washington imponía en el subcontinente, como contrapartida a las dictaduras del Cono Sur. Pero repitió la receta autoritaria, ahora en formato de neopopulismo, desde Fujimori en el Perú hasta Uribe en Colombia. Dictadores desembozados y tiranos en ciernes elegidos por el pueblo legitimaron su mano más o menos dura en la corrupción del sistema político. Pero, lejos de erradicarla, la ahondaron.

A Colombia se proyectó el diagnóstico de la crisis que pesaba sobre estos países: dictaduras y dictablandas hacían agua; se decretó agotado el modelo proteccionista; se imponía una transición que armonizara libertad política con libertad económica sin atenuantes. Se trataba de compatibilizar cambio económico y modernización política. Había que transitar de la democracia representativa a la democracia directa del individuo en ejercicio pleno de su libertad; del Estado social, promotor del desarrollo, al Estado adaptado a las necesidades del neoliberalismo, del clientelismo a la ciudadanía. La Carta del 91, diría Rafael Pardo, transformó las reglas del juego político y cambió el modelo de desarrollo.

Entre reformas vitales del 91 (la ampliación de derechos, la tutela), cobró ruidoso protagonismo la ideología que exaltaba la democracia “participativa”. A su vez, la laxitud de la norma que permitía la creación de partidos fracturó el monopolio del bipartidismo tradicional, sí, pero debilitó a las organizaciones políticas y al sistema de partidos. Atomizados los odiados partidos, mistificada la democracia directa, desactivada la sociedad civil, surgió el escenario  donde medrara el primer demagogo con ganas de jugar a la tiranía de las mayorías. Al Estado de opinión.

Décadas lleva Uribe practicando la democracia directa que sirve a su proyecto de vocación neofascista: con consejos comunales que descuartizan la institucionalidad, con manipulación oprobiosa del plebiscito por la paz, con su nuevo referendo contra la Justicia. A despecho de la Carta del 91, el uribismo interpretó modernización política como amancebamiento de clientelismo y neopopulismo. Esta versión de democracia directa es espejismo de cepa antidemocrática, a leguas de la genuina participación política.

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“¡Viva la muerte, muera la inteligencia!”

Grito de guerra de la Falange franquista en el paraninfo de la Universidad de Salamanca contra su rector, don Miguel de Unamuno, en octubre de 1936. Presidido por el lisiado en batalla y procurador del gobierno, general José Millán Astray, un contingente de estudiantes desafió al escritor a las voces de “¡viva la muerte!”, “¡viva Cristo Rey!”. La afrenta culminó en destitución de Unamuno, a la vez como rector y como concejal. Al “necrófilo e insensato grito” había respondido el humanista como mentor del “sagrado recinto de la inteligencia. Venceréis –dijo– porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha […] No puede convencer el odio a la inteligencia, que es crítica, diferenciadora, inquisitiva […] El general Millán es un inválido de guerra; también lo fue Cervantes… pero un inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes se sentirá aliviado al ver cómo aumentan los mutilados a su alrededor”. Unamuno murió desolado bajo arresto domiciliario.

Acometidas de la misma cepa germinan en Colombia. Por el pecado de pensar, van desde el asesinato de 26 profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia en 1987, y hoy amenazan en panfletos con repetir la hazaña. Pasan por la abusiva imposición en la academia del pensamiento único en economía por nuestros obsequiosos conserjes del Consenso de Washington. Nostálgicos del laureanismo filofranquista lanzan desde el poder proyectos para matar la libertad de ideas y de cátedra en la escuela: prohibirían a los profesores “incitar” en el aula a la discusión política. Y, la tapa, convierten el Centro de Memoria Histórica en instrumento de fanáticos y victimarios para instaurar a mandobles una historia oficial. El nuevo director degrada a paria la entidad de prestigio mundial. Desanda el camino de la memoria de y para las víctimas a la memoria de y para los victimarios.

Atmósfera y políticas del Gobierno Duque, de su partido y su jefe, honran una pavorosa involución hacia la caverna, tributaria de su añorada guerra. Se ataca el pensamiento orientado a desentrañar raíces y pintar colores: a preguntar, descubrir, encarar, comparar y probar. Se marcha en pos del auto de fe, de la verdad revelada, de la idea única y la historia oficial impuesta (¿también por eliminación física, como enseña Millán Astray?). Mordaza y ostracismo contra los adversarios en ideas son recurso de tiranos que repugna a la democracia; pero renace de sus cenizas en cada valentón de barrio hecho a prevalecer por aplastamiento de todo el que no es estrecho amigo y por traición al que lo fue mientras le sirvió.

Explica la historiadora María Emma Wills que la verdad oficial se construye mediante la instauración de un discurso único acerca del pasado que magnifica los atributos de la nación, y desconoce las violencias y exclusiones promovidas por el Estado. Esta narrativa épica termina por colonizar todo el espacio público, gracias a los medios de vigilancia, persecución y castigo que aplica a quienes se sublevan contra ella. Además, protege a quienes ocupan la cúspide: inmunidad e impunidad los cobijan. Son propios del totalitarismo.

Teflón, le hemos llamado aquí: la verdad oficial devenida en coartada personal del Eterno. Pero ahora esa verdad trastabilla, averiada como queda tras las revelaciones de un escándalo catedralicio que compromete a presidente y expresidente, paras de por medio, en supuesto fraude para hacerse con el poder. Acaso no baste ya con aquella verdad para salvar el pellejo o con incitar a la muerte de todas las demás. Tendrá que derrotar verdades inesperadas, diamantinas.

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La vocación autoritaria del uribismo

No es ventolera de circunstancia, es una vocación. Pasión por la arbitrariedad y la fuerza administradas en provecho de un caudillo decadente en república bananera. Involución potenciada por la demagogia que florece en el miedo y la desesperanza, el uribismo se reedita como nostalgia del autoritarismo que dio cobijo a la Violencia. Y nada de cuanto este movimiento diga o haga debería sorprender. En iniciativa que huele a golpe de Estado, el parlamentario del Centro Democrático Álvaro Pava propone hundir por mayoría electoral los fallos de la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales, participación política y funciones del Congreso. Ni más ni menos. Podrían así desaparecer las libertades de pensamiento, de cátedra y de prensa; los derechos al aborto y a la diversidad sexual. O volver al Estado de confesión religiosa. O consagrar la ubérrima transformación del Estado de derecho en república estamental de militares, latifundistas, curas, paramilitares, importadores de carros y el vulgo ignaro. La Edad Media en el siglo XXI. Sueño sujeto al desenlace del proceso penal que la Corte Suprema inicia hoy contra el expresidente Uribe.

Beneficiario sin par de la democracia directa que la Carta del 91 introdujo de buena fe, Álvaro Uribe puso referendo y consejos comunales al servicio de un despotismo deslustrado cuya alma bautizó José Obdulio como Estado de opinión. Golosina envenenada para embaucar a la masa, acorralar a las minorías y amancebarse con el gran capital. Con el mismo desdén de aquellos constituyentes hacia la “partidocracia” y la democracia representativa, se disfrazó Uribe de campesino pobre y aduló a la pobrecía mientras le reducía el ingreso y ensanchaba, entre otras, su hacienda de 1.479 hectáreas. Encarnó, con singular fidelidad, el neopopulismo que desde los años 90 se extendía en la región.

A distancia sideral del populismo de un Perón en Argentina, de un Vargas en Brasil (que pese a sus defectos industrializó, redistribuyó ingresos e integró las mayorías a la política) éste de Fujimori y Uribe fue paraíso de la derecha: en política, hijo bastardo del populismo latinoamericano; en economía fue su antípoda, pues suplantó el desarrollo por un capitalismo montaraz. El neopopulismo es eco de la desigualdad económica y política de las dictaduras del Cono Sur, primeras en adoptar el Consenso de Washington que sacrificó el Estado social en el altar del mercado. La diferencia será de grado, no de naturaleza, anotaba yo en 2005 (Álvaro Uribe o el Neopopulismo en Colombia).

Astro del nuevo arquetipo sería Fujimori, expresivo referente del mandatario colombiano, cuyos pasos éste siguió. Desde los consejos comunales hasta la cacería a los tribunales de justicia y la clausura del Congreso (que el peruano consumó y Uribe propuso en la primera versión de su referendo de 2003). Lleva el nuestro décadas persiguiendo a las Cortes que procesaron, primero, a su bancada de parapolíticos; ahora, a conmilitones suyos en la JEP y al mismísimo expresidente en la Suprema. Otros rasgos tomará Uribe prestados del archiconocido modelo de la personalidad autoritaria: intolerancia ante la opinión divergente, ansia patológica de poder personal y militarismo impenitente.

Con la economía de mercado vendría la democracia refrendaria, arma predilecta del uribismo. Democracia de mayorías confeccionadas para aplastar al disidente e imponerse como la voluntad general del buenazo de Rousseau. Voluntad única, indivisible y absoluta, como único, indivisible y absoluto será el poder que raya en dictadura, hoy ambientado en Estado de opinión. Se sabe: el uribismo no es pera en dulce; más parece tantico de cianuro filtrado entre jaculatorias y madrazos.

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El “gendarme necesario” trastabilla

No es apenas cuestión de estilo, de talante; es que Santos y Uribe abrevan en modelos políticos distintos. La dramática confrontación que el país presenció atónito entre hordas que blanden picas para hacer trizas la paz y quienes la defienden, alude a cientos de miles de muertos y a los responsables de esa atrocidad. Tamaño motivo ha depurado, como ninguno otro, posturas que se afirman en paradigmas encontrados. No digamos entre civilización y barbarie, pero sí entre convivencia regida por la ley y régimen de fuerza. Aunque imperfecta, inacabada, a menudo irrespetada por sus propios mentores, la democracia liberal se ha visto desafiada por un despotismo de caudillo tropical que Laureano Vallenilla –ideólogo del dictador venezolano Juan Vicente Gómez– rubricó hace un siglo como cesarismo democrático.

Pocas veces como ahora se dibujó tan nítidamente el contraste. Reivindica Santos el logro extraordinario de su tratado de paz, que es ejemplo para el mundo, pero el mérito no le impide desplegar bonhomía y respeto por sus contradictores. En Corferias lo ovaciona el público. Por su parte, Uribe lidera en el Congreso espectáculo inédito de agresión contra la democracia en pos de una reforma que sacrifica aquel tratado y nos devuelve a la guerra, sólo para saborear la hiel de la derrota. Viene de insultar en pleno Capitolio al jefe de la oposición. Como solía ultrajar Laureano Gómez a sus adversarios, arrebatado en la consigna de hacer invivible la república. Blasón que Uribe insiste en recoger, sin percatarse de que en ocho años el país político cambió.

El modelo autoritario se reconfigura periódicamente, pero no pierde el norte. Aunque no se encumbren ahora los caudillos a trueno de cañón sino desde las urnas, ayer y hoy apuntan todos a los mismos blancos: Tomarse los tribunales de justicia, irrespetarlos o neutralizarlos; reducir el Congreso o suplantarlo; violentar libertades y derechos convirtiendo los organismos de seguridad del Estado en policía política y, a la ciudadanía, en telaraña envolvente de espionaje. A lo cual sirve fabricarse un enemigo y magnificarlo en proporción a la megalomanía del caudillo, pues éste definirá su identidad por contraposición a la de aquel. Y atornillarse en el poder. Basta con pasar revista a los gobiernos de Uribe, y al de Duque que los reedita, para redescubrir en ellos el ensamblaje del modelo: persecución a la Corte Suprema ayer, misiles contra la JEP y dispositivos contra la Constitucional hoy; avasallamiento del Congreso ayer, intento frustrado hoy; ayer y hoy persecución a la oposición, Estado policivo y redes de millones de informantes secretos.

Pululaba en América Latina el cesarismo democrático, región sembrada de desajustes que el déspota vestido de mesías pintaba como catástrofe para trocar en votos el miedo del común. Elegido o hereditario, este caudillo es para Vallenilla una necesidad social: el gendarme necesario en países inmaduros para la democracia. En la trastienda, la arista dictatorial de Bolívar, que llegó a concebir constitución con presidente y senado vitalicios. Laureano, el nuestro, propondría en 1953 constitución parecida, ahora tocada del corporativismo fascista que hervía en tiempos de Vallenilla. Que el gendarme necesario no es estereotipo retórico sino amenaza viviente lo dicen la personalidad y las ejecutorias de Álvaro Uribe. Consuela que ahora trastabille.

Dijo Iván Karamazov que el inquisidor pelecha en “la tranquilidad que da a los hombres el verse reducidos a rebaño”. ¿Condición eterna del humano? No. Llega un momento, según Sergio Ramírez, en que “el dueño del poder… se acerca al abismo sin darse cuenta porque no queda nadie que se lo advierta. [Cae como] se derriban los ídolos de sus pedestales de cera y el bronce hueco resuena en ecos contra el suelo”.

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Capitalismo social, la alternativa

Que populismo, que crisis de los partidos, que Occidente se va al despeñadero. Tal vez no. No en toda la línea. Asistimos, más bien, a un ciclo de auge de la democracia plebiscitaria en manos de demagogos como Trump y Bolsonaro, que se imponen con la mentira, el odio, el miedo y ofertas de violencia que riegan la simiente del resentimiento y la venganza. Cosechan en la Europa que ve cuartearse medio siglo de bienestar sacrificado a la cohabitación de la socialdemocracia con el neoliberalismo. Y en América Latina, con el descenso de la aurora izquierdizante que en 15 años redimió de la pobreza a decenas de millones de personas, para terminar ahogada en corrupción. Ahora se refocila la derecha, neoliberal en economía, despótica en política: libertad económica en provecho de pocos, cargas de profundidad contra la democracia y los derechos ciudadanos.
Pero la propia democracia alberga antídotos que podrán mover el péndulo en sentido opuesto. Dígalo, si no, la persistencia de capitalismo social y democracia que rige en Uruguay bajo el ala de Mujica, sabio entre sabios de todas las tribus. O el cambio que un López Obrador traería a México. O la fundada esperanza de “revolución tranquila”, a la uruguaya, que una convergencia en ciernes entre fuerzas de izquierda y de centro podría entronizar en Colombia. Tan prometedora, que la derecha en pleno sueña con frenar su ascenso prolongando el período de Chares y Peñalosas.
Si Bolsonaro restaura los demonios más retardatarios de la región (milicia, latifundismo, religión, privilegios para los menos y fusta contra los mas), lastre empotrado en la roca de los siglos, la Cepal vuelve a encararlos. Gestora del modelo industrializador, reformista, que su antípoda ultraliberal echó a perder, la Comisión porfía en postular la erradicación de la pobreza, de la desigualdad, de la extrema concentración del ingreso y la riqueza, agudizadas por el modelo que ha imperado en los últimos decenios. Medios para lograrlo: acción decidida del Estado en inversión social e impuesto progresivo, y planificación concertada del desarrollo. Un nuevo paradigma económico, social y ambiental. Y rebelión contra la cultura del privilegio. Aquella que desde la Colonia naturaliza las jerarquías sociales, las asimetrías de acceso a los frutos del progreso, a la deliberación política, a los activos productivos. ¿Qué dirá nuestro flamante presidente Duque, tan empeñoso en vender como igualitaria la reforma tributaria más inequitativa que pueda concebirse?
Para Joaquín Estefanía, por confraternizar con el neoliberalismo, perdió la socialdemocracia europea su identidad y su legitimidad política. Olvidó que en ella no contaba sólo la igualdad, sino también la democracia y la libertad. Entonces el modelo que irrumpía avasallador ocupó el vacío que el hostilizado Estado de Bienestar dejaba, y se apropió el concepto de libertad. Su libertad. La libertad de los desiguales, patrimonio exclusivo de la minoría que ostenta el poder y la riqueza. Por su extremismo, este paradigma ha terminado por abrir espacio al renacimiento de la socialdemocracia clásica, pero adaptada al capitalismo del siglo XXI. No ya apenas para extender el bienestar a toda la población (ideal todavía soñado entre nosotros), sino para ampliar libertades y espacios de autorrealización del individuo.
Así en la sociedad de la abundancia como en ésta de las precariedades, reaparece el capitalismo social como alternativa a las purulencias que el neoliberalismo ha creado. Allá y acá. Si en Europa se trata de redistribuir la abundancia, en América Latina principiará por erradicar la pobreza y las desigualdades más afrentosas. En Colombia nace una convergencia para el cambio que ya demostró inmenso poder electoral y capacidad de lucha. ¡Enhorabuena!

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