por Cristina de la Torre | Mar 25, 2025 | Actores del conflicto armado, Antioquia, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, ELN, Farc, Guerrillas, Impunidad, Justicia restaurativa, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Marzo 2025, Narcotráfico, Paramilitarismo, Política de seguridad, Régimen político, Seguridad democrática, Seguridad Humana, Uribismo, Violencia
Se equivoca el representante Juan Carlos Wills. Proponer el rearme de civiles en el quinto país más violento del mundo y primero en exterminio de líderes sociales no hará sino repotenciar la tragedia nacional. Se agolpan en la memoria todas las aventuras que, pretextando derecho a la defensa, atropellaron la seguridad ciudadana, sembraron de cadáveres caminos, veredas y ciudades. Convivires, autodefensas, paramilitares, narcotraficantes, valentones de ocasión, guerrilleros y facinerosos (con armas de su propio caletre) se adjudicaron todos el derecho de disparar contra la ciudadanía inerme. Y dieron nuevas herramientas de brutalidad a nuestra consuetudinaria manera de hacer política, de dirimir conflictos de tierra, de barrio, de familia: a bala. A veces, con apoyo inesperado: damas rosadas de la sociedad de Medellín se enternecían en los años 80 ante los jóvenes sicarios de Escobar, que mataban sin cesar, por una bicoca, para comprarle su neverita a la mamá.
Para no ir lejos, Andrés Escobar y vecinos de bien dispararon en Cali contra manifestantes el 28 de agosto de 2021. Encausado por la justicia, lo protegió la senadora Maria Fernanda Cabal, quien elogió al “valiente digno de admiración” que había actuado en “legítima defensa”. Se dirá que todo ello son troneras propias de cualquier política de seguridad. No. Aquí las troneras fueron la política de seguridad misma, y la excepción, el uso ponderado del arma que se le entregó a un civil por razones debidamente justificadas y bajo control del Estado.
El 19 de marzo aprobó la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de Wills que se propone facilitar el porte de armas para reducir la inseguridad, flexibilizar permisos y registros para la tenencia y porte de armas de fuego, y “equilibrar el derecho individual (a la seguridad) con las necesidades del orden público”. En los últimos ocho años se habían reducido drásticamente los permisos y había subrayado la Corte Constitucional que el porte de armas debe estar estrictamente regulado para evitar abusos.
La verdad es que la violencia aumenta conforme crece el número de armas entre la población. La Universidad de Los Andes probó que, gracias a la restricción de armas, en Bogotá y Medellín bajaron 22% los homicidios. Mas, piensa la senadora Cabal que el porte de armas es un derecho del ciudadano para defenderse de los criminales. Pero el Acuerdo de La Habana se inventó una excusa para desarmar a la población civil, asevera: el buenismo de todos desarmados hace de Colombia el país más inseguro del mundo. Y una sociedad desarmada queda “a merced de estos bandidos comunistas”.
¿Esta alusión desnuda la razón política del rearme civil? ¿Es la misma que liquida, entre líderes sociales, a defensores de la tierra, por “terroristas”? En todo caso bebe del modelo contrainsurgente: al enemigo (el comunismo) se le liquida; ya invada a la nación o actúe por interpuesta persona, el “enemigo interno”. Pero el enemigo es a un tiempo el guerrillero y el opositor legal. Y en idéntico marco de contrainsurgencia operan los civiles comprometidos con el orden público, bien como Junta de Autodefensa o como Defensa Civil. El mismo que terminaron por adoptar todas las formas de autodefensa que martirizaron a Colombia: Las Convivir, dirigidas por jefes paramilitares; las Autodefensas Unidas de Colombia y el paramilitarismo como fuerza armada irregular del Estado.
El rearme de civiles podría devolvernos a este escenario catastrófico; bien por interés oculto de algún interesado, bien por imprevisión de los promotores de la ley. Porque desdeña las soluciones de fondo a la inseguridad y la violencia, que empiezan por depositar en el Estado el uso exclusivo de la fuerza y por hacer de la justicia un poder operante e insobornable. Rearmar a los civiles podrá ser una osadía mortal.
por Cristina de la Torre | Feb 25, 2025 | Capitalismo Social, Colombia Humana, Desarrollo sostenible, Educación, Empleo, Estado Social, Febrero 2025, Gustavo Petro, Impuesto progresivo, Izquierda, Jurisdicción Agraria, Justicia tributaria, Ministerio de Salud, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Modelo Político, Neoliberalismo, Pacto Histórico, Pacto Social, Polarización social, Política agraria, Política de Estado, Política económica, Privatización, Progresismo, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma Fiscal, Reforma pensional, Reforma política, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Reformas liberales, Régimen político, Salud, Seguridad social, Sistema de salud, Socialdemocracia
Mérito de este Gobierno fue desnudar sin atenuantes los problemas medulares de Colombia, un país con millones de ciudadanos que no pueden hacer las tres comidas diarias. Un bofetón a la sociedad del privilegio que paladeó siempre las desigualdades por los laditos o con puño de hierro, mientras Petro apunta a moderarlas entre palos de ciego, retórica, aciertos y traspiés. Pero ahora suprime por sorpresa un componente esencial de la política social: subsidios a la población más necesitada. Corta la transferencia de Colombia sin Hambre a tres millones de hogares en condición de pobreza absoluta, la de Renta Joven, y el subsidio a intereses de crédito universitario que afecta gravemente a 327.000 estudiantes de estratos inferiores y egresados porque dispara el valor de las cuotas por pagar. Quedan ellos sin alternativa de financiación.
Recuerda Olga Lucía González en La Silla Vacía que en el consejo de ministros televisado descalificó Petro los subsidios dizque por “neoliberales”. Borró fronteras entre izquierda y derecha. Para la primera, la inversión social del Estado ataca la pobreza, modera las desigualdades; la segunda desconfía del Estado y entrega al mercado la misión de equilibrar la cancha. Pero, apunta, la protección social en cabeza del poder público es enseña de la democracia contemporánea. En Europa, la inversión social del Estado compromete el 22% del PIB; en Francia, el 32%. Allá democratiza la prosperidad y en América Latina obra como palanca del desarrollo.
Aquel ataque del presidente a los subsidios, aquella cepa vergonzosa de capitalismo primitivo riñe con sus propias políticas de Gobierno que, pese a la irrisoria ejecución, arroja algún fruto y esperanzas: salario mínimo fortalecido, reducción del desempleo y de la inflación, jurisdicción agraria en ciernes y reforma pensional que duplicaría el número de beneficiarios si la Corte Constitucional la bendijera. Capítulo aparte ocupa el paso de la reforma a la salud por el Congreso, pues esta desmonta abusos sin cuento del socio privado en el sistema de salud. A grandes voces contra la “estatización comunista” de servicios públicos, pensiones y salud se oponen los que en 30 años se enriquecieron con la privatización de estas funciones públicas. Pero devolver al Estado el control financiero de la Salud y fortalecer la atención primaria es ceñirse al mandato de la Constitución. Declara su Artículo 49 que la salud es un servicio público a cargo del Estado: a él le corresponde organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo; y trazar las políticas para la prestación del servicio por entidades privadas, bajo vigilancia y control del Estado.
Este postulado armoniza con principios de la socialdemocracia que rige desde 1945. Y no se contrajo a aliviar la pobreza con subsidios, pues transformó la naturaleza del Estado. Transitó este de simple garante de la igualdad ante la ley a garante de los nuevos derechos económicos y sociales de la población. Ahora debía responder por educación, salud, pensiones y servicios públicos mediante gravamen progresivo a las mayores rentas y patrimonios. Lo cual resultó en reducción de las desigualdades. Hacia los años 80 el impuesto promedio a los grandes capitales en Europa y Estados Unidos rondaba el 80%.
Pero entonces se involucionó al capitalismo montaraz del neoliberalismo. Condescendieron nuestras elites con los subsidios que el Segundo Consenso de Washington introdujo para aliviar el efecto devastador del primero y reducir la amenaza del malestar social. Sí, estos últimos subsidios llevan marca de autodefensa neoliberal. Mas el sistema de protección social del Estado (y otros subsidios) viene de vieja data en Colombia, donde los pobres son legión. Hoy hostiliza esas ayudas el mandatario que aspira, no obstante, a construir Estado social. Vaya paradoja.
por Cristina de la Torre | Jun 14, 2022 | Corrupción, Democracia Liberal, Estado de Derecho, Impunidad, Junio 2022, La paz, Reforma tributaria progresiva
No es el miedo como recurso al uso para restarle votos. Es que la inclinación de Rodolfo Hernández a la violencia, su aversión a la ley, su confesa pasión por el paladín del fascismo, revelan una vocación toreada en larga vida de político y negociante con pocos escrúpulos, que se decanta ahora como amenaza al Estado de derecho. Casado con los mandamases de la derecha, convertiría en ejecutorias de gobierno sus arrebatos de ningunear al Congreso, descalificar a los jueces, abofetear a sus críticos, agredir a la prensa y a los funcionarios públicos y “limpiarse el c… con la ley”. Tiene ya redactado un decreto de conmoción interior para mandar a sus anchas –como Maduro o Bolsonaro– mientras obran (ha dicho con picardía) los controles de la Corte Constitucional. Serían medidas de lego en asuntos de Estado y de país, emitidas en el deslumbramiento del voto de opinión. Al amparo de la soberanía de un pueblo hastiado de la podredumbre de sus dirigentes que, sin el filtro de las instituciones de la democracia liberal, sin el control de los poderes públicos al poder del gobernante, podrá terminar como materia maleable en manos de un líder en carrera sin freno hacia la autocracia. Casos abundan.
No se ha curado todavía Colombia del Estado de opinión de Álvaro Uribe, escuela que Hernández recoge para que en él recupere su resuello el uribismo. Manipulación de masas en favor de Fujimoris y Chávez y Bukeles y Uribes, forjada en la suplantación de la realidad por la propaganda; en trampas de alto vuelo, como la del referendo que negó la paz porque sus defensores dizque querían convertir en gais a los niños del país. Es que no le basta a la democracia con la soberanía popular que el voto expresa. Este principio de igualdad en la voluntad general ha de complementarse con el de libertad, en las instituciones y dispositivos de la democracia liberal: con la separación de poderes; el imperio de la ley; los derechos individuales; el respeto a la vida, a la libertad y la propiedad, el pluralismo (social y de partidos) y la rotación pacífica del poder. Hernández parece justificarse en el solo apoyo electoral y desestimar el componente institucional de la democracia liberal.
Expediente capaz de trocar la crispación del país en explosión social. Con buen tino invita Petro a pactar entre el gobierno y la oposición venideros –sean cuales fueren– reformas en modelo productivo, en consolidación de la paz y en respeto pleno de los derechos humanos; sin las cuales mostraría la revuelta sus orejas a la vuelta de la esquina. Se suma Humberto de la Calle a la iniciativa para aceptar el resultado electoral; respetar la Constitución y los fundamentos de la democracia, desechando todo camino extraconstitucional; preservar el modelo de economía abierta con intervención del Estado hasta donde la Carta lo autorice. Y conformar una bancada parlamentaria que permita aplicación íntegra del proceso de paz, disminución de la crisis social, reforma tributaria progresiva y una política de eliminación de combustibles fósiles.
Acuerdo trascendental si de evitar la violencia se trata. Pero sin eliminar la libre expresión de los partidos y de la sociedad sobre estas u otras iniciativas. Tan deseable será propender a un acuerdo sobre lo fundamental como legitimar el conflicto ideológico y político dándole curso por los canales de la democracia. Tan legítimo deberá ser el consenso en los principios medulares de la democracia, libertad e igualdad, como el disenso en los formatos que se les puedan dar. En la esperanza de que Hernández termine por suscribir en un todo los principios e instituciones de la democracia, sugiero votar por el candidato que propone desde ya este pacto histórico, el verdadero cambio: Gustavo Petro. El 19 de junio nos jugamos la democracia.
