por Cristina de la Torre | Ene 28, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Crímen organizado, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Enero 2025, Fascismo, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Seguridad Humana, Tierras, Violencia
No es un episodio más de nuestra violencia, es una verdadera tragedia humanitaria. El ELN, como ejército de ocupación que hace décadas empeñó la revolución a la disputa sangrienta por rentas de crimen organizado, masacra a la población inerme en espectáculo de terror comparable al desplegado por el paramilitarismo. Y acude a los peores expedientes de inhumanidad. En el campo, desaparece, mutila, tortura, desmembra y amarra con alambre de púas a sus víctimas para rematarlas a tiros. Sólo le faltan los hornos crematorios que las Autodefensas usaron allí para desaparecer a cientos de los ultimados. En centros urbanos, tiende razzias fascistas: pasan encapuchados de casa en casa, lista en mano, para ejecutar al “enemigo” en presencia de sus hijos. Pero, a diferencia de los fascios, que apuntaban al poder del Estado, con incursiones como la del Catatumbo se ríe el ELN de su viejo anhelo de cambio, para entregarse a negocios de alcantarilla.
Se propone controlar esta rica zona estratégica de frontera, ideal para traficar seres humanos, armas, oro y cocaína. Plato suculento para bandas de todo jaez, que ahora quieren los elenos para sí solos. Se lo pelean asesinando 80 personas en cosa de días, provocando la estampida de 42.000 y el confinamiento de 12.000, según autoridades de la región y la Defensoría del Pueblo. Mas no se libra allí una guerra entre combatientes, es campaña de exterminio contra la población. Ha virado el conflicto armado de insurrectos contra el Estado hacia una violencia fragmentada sin propósito político. Lo sucedido en el Catatumbo, declaró el presidente, es una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia organizaciones narcoarmadas.
Pero a este Gobierno le cabe responsabilidad. Por haber abandonado durante dos años los Planes de Desarrollo Territorial llamados a atenuar la ausencia del Estado donde más se necesitaba. Es responsable, sobre todo, por sus desatinos en la negociación con el ELN, que le permitieron expandirse, aumentar su capacidad militar y multiplicar crueldades contra la población, con ceses del fuego que maniataron al ya debilitado Ejército y no impusieron respeto a las comunidades. No es gratuita su brutal incursión de hoy en el Catatumbo.
Explica Luis Fernando Trejos que con el ELN no se negociaba la finalización del conflicto sino un armisticio: en vez de desarme, desmovilización, reintegración y postacuerdos, treguas prolongadas (sin mucho control, se diría). El Gobierno declaró desde el comienzo del proceso no tenerle líneas rojas al ELN. Entonces este controló tiempos y agenda de negociación, porque sabía que Petro no se levantaría de la mesa. A tres factores atribuye el expresidente Santos la crisis del Catatumbo: a la falta de una clara política de seguridad; al formato de la Paz Total que le permite a un grupo negociar armado y beneficiarse de ceses del fuego, y a la falta de implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016. Para Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, la desarticulación entre políticas de paz y de Seguridad expuso gravemente a comunidades rurales. Y este abandono, agrega, es violación de derechos humanos, por omisión.
En Colombia no hay ya guerrillas ni hay guerra; hay grupos armados para el crimen, que se enfrentan por el control del narcotráfico y de otras rentas ilícitas. Pero cabe todavía soñar con la posibilidad de reorientar la negociación con el ELN: imponiendo condiciones, devolviéndole a la Fuerza Pública su capacidad de acción (no episódica sino permanente) y acometiendo la transformación de los territorios. Acaso pudiera vencerse el pesimismo del más entusiasta defensor de la paz, Juan Fernando Cristo, para quien, ante esta orgía de terror, no habría ya posibilidad de retomar el camino con el ELN, pues éste habría “tirado a la basura la llave de la paz”.
por Cristina de la Torre | Ene 21, 2025 | Capitalismo, Conflicto interno, Democracia Representativa, Derecha, Enero 2025, Industrialización, Internacional, Justicia, Justicia tributaria, Libre Mercado, Modelo Económico, Modelo Político, Neoliberalismo, Occidente, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Política exterior, Régimen político, Sanción Política
La ilusión de los trabajadores que votaron por Trump será efímera. Se avizora ya embestida contra la democracia por los “barones ladrones” del bronco capitalismo norteamericano de hace un siglo, sueño dorado de la Great America que reencarna en el potentado Elon Musk. Una oligarquía de empresarios y usureros que apuntaló el despegue industrial de ese país en el crecimiento colosal de su fortuna, amasada en el hambre y el agotamiento de miles y miles de inmigrantes, de negros y de blancos pobres. No se contentarán Trump en la presidencia y Musk en el poder con exprimir hasta la última gota de las ventajas que el neoliberalismo ofrece. Van por todo: por el viejo capitalismo también, inoculado sin anestesia y debidamente atornillado a un régimen de fuerza.
Si sus excesos gestaron la Gran Depresión de los años 30, los de la oligarquía neoliberal cocinaron la crisis financiera de 2008. Franklin D. Roosevelt encaró la primera con intervencionismo de un Estado empresario, redistributivo y con planificación concertada para cifrar el progreso en empleo bien remunerado. Trump-Musk enfrentan la crisis del neoliberalismo -provocada a dos manos por republicanos y demócratas- mas no para disolver las desigualdades creadas por la orgía de libertades económicas sin control. Será para imponer el gobierno totalitario de la plutocracia, sin máscaras ni remordimientos por el prestigio vuelto añicos de la que fuera primera democracia del mundo. Trump construyó su victoria sobre el desastre social que el neoliberalismo produjo, pero gobernará extremándolo. Su evocación de las glorias del pasado ignora la democracia que deslumbró a Tocqueville, para quedarse con la fuerza bruta de la riqueza acaparada.
Con Trump colapsa la mascarada que encubría a la clase dirigente de Estados Unidos y su falsa adscripción a la democracia. Pero él es a un tiempo coautor y producto de la impostura que se resuelve en desindustrialización, desregulación, monopolio de grandes corporaciones, guerras, desigualdad social y, sobre todo, en un sentimiento de traición en las clases trabajadoras que se vuelven contra las élites y contra las instituciones que aquellas trocaron en instrumento de su poder. Y chilla el contraste de su vociferación contra el establishment con las líneas de su gobierno: exención de impuestos para los multimillonarios, expulsión masiva de latinoamericanos cuyo trabajo ha enriquecido a ese país, desmonte del seguro médico, elevación de aranceles (con perjuicio del empleo y de los consumidores domésticos), violencia contra sus opositores y renacimiento de la política imperial. Ay, la desigualdad: hace 60 años, un empresario de ese país ganaba 20 veces lo que pagaba en salario promedio; hoy gana 220 veces más. Peor que el neoliberalismo, será un modelo de capitalismo sólo para los poderosos. Un desastre.
Desastre cimentado en la violencia y en la arbitrariedad del poder concentrado en la persona del egócrata que se proyecta como dictador mientras su copresidente, Musk, insulta al gobernante laborista de Inglaterra, apoya al partido neonazi alemán AFD y a su correlato italiano, la señora Meloni. Autorizado se sentirá por el propio Trump, en cuya historia figura como asesor suyo el abogado Roy Cohn, el mismo que lo hubiera sido de McCarthy, el siniestro perseguidor de opositores que en los 50 se le antojaban comunistas o “liberales”.
El neoliberalismo, discípulo del capitalismo hirsuto que prevaleció en Estados Unidos hace más de un siglo y hoy resucita en la dupla Trump-Musk, destruye las regulaciones del Estado de derecho y convierte la democracia en un leviatán corporativo. Una plutocracia sin hígados asciende al poder para formular un régimen autocrático, dirá Augusto Trujillo: el de los potentados, que privilegia el derecho de la fuerza sobre la fuerza del derecho.
por Cristina de la Torre | Ene 14, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Álvaro Uribe Vélez, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Derecha, Economías ilícitas, ELN, Enero 2025, Guerrillas, Gustavo Petro, Imperialismo, Izquierda, Modelo Económico, Modelo Político, Paramilitarismo, Parapolítica, Paz Total, Política exterior, Posconflicto, Proceso de paz, Progresismo, Protesta social, Régimen político, Violencia
Silencio atronador. Entre las razones que Petro expone para preservar las relaciones con Venezuela se escabulle una principalísima: el poder que Maduro ejerce sobre las negociaciones con el ELN, puntal de la Paz Total en este gobierno. Papel preponderante juega este factor sobre el control de una larga frontera dominada por criminales (exguerrilleros entre ellos), sobre el renacido comercio binacional o los 3 millones de inmigrantes venezolanos. Calla el presidente acaso por temor a menoscabar una mediación que fue siempre funcional, o a tener que reformularla ahora ante una dictadura sangrienta como pocas se vieran en la Edad Negra de América Latina. ¿Osará Petro exigirle al sátrapa distancia frente al grupo armado que en Colombia violenta a la población para hacerse con el control de economías ilícitas, mientras obra en Venezuela como fuerza paramilitar del régimen que despliega todos los recursos del terrorismo de Estado contra su pueblo? Aunque repudiado por el mundo, querrá Maduro mantener a Petro en la postura de subordinación que ha signado su negociación con el ELN.
Reconstruye la periodista Cindy Morales las circunstancias que han convertido a Venezuela en actor estratégico de la paz en Colombia, al punto que podría alterar la dinámica de nuestro conflicto y definir su desenlace. La influencia de ese país en los diálogos con el ELN trasciende, según ella, los límites de la diplomacia convencional y se sitúa en un terreno complejo determinado por la geografía compartida -2.217 kilómetros de frontera que al ELN le ha servido de trinchera-, los intereses políticos y una densa red de relaciones históricas y sociales.
La usurpación del poder mediante golpe de Estado por Maduro este 10 de enero, le impone a Petro un intrincado dilema político y diplomático. Pero no estriba éste en romper o no romper con Venezuela (que una cosa es la relación entre Estados y otra el señalamiento de un gobierno ilegítimo) sino en cómo replantear su participación como garante de paz con los elenos; empezando porque no podrían ellos seguir siendo socios del gobierno en ese país, menos si se erige en dictadura militar.
Pero se le va a Petro la mano en indulgencias con el ELN, como en requiebros se le va con Maduro; y compromete así sus posibilidades de éxito en el diálogo que propone para transitar a la democracia en Venezuela. No sólo acude el embajador Rengifo a la posesión de Maduro sino que se excede en venias. Petro dice que la elección de julio no fue libre por causa del bloqueo económico y, lejos de reconocer el resultado que le dio la victoria a González, propone nuevas elecciones. Y termina por cooptar el grosero mentís del régimen sobre la detención de Machado, para calificarla de “fake news”.
Tal vez por haber caído esta dictadura bajo la égida del imperialismo ruso y no bajo la del imperialismo yanqui, se revuelve nuestra derecha contra ella. Y no ahorra hipocresías. Marta Lucía Ramírez, corresponsable de la Operación Orión que arrojó decenas de muertos y 96 desaparecidos (probablemente arrojados a la Escombrera) acusa al “régimen que viola derechos humanos, tortura y comete crímenes de lesa humanidad”. Iván Duque, en cuyo gobierno se contaron por docenas los manifestantes muertos, pide una “intervención humanitaria” en Venezuela: una invasión armada extranjera, como las de Iraq, Afganistán, Siria y Yemen. Y Álvaro Uribe, bajo cuyo gobierno hubo 6.402 falsos positivos certificados, pide intervención militar internacional para tumbar la dictadura y restablecer la democracia en Venezuela. Pide sangre.
A semejante despropósito, que evoca a Ucrania y Gaza, responde el presidente Petro con un lacónico “dejen de pensar en muerte”. Mas si lo suyo es el diálogo, diálogo a derechas: sacudón de garrote y zanahoria con el ELN y bríos frente al gobierno de Maduro.
por Cristina de la Torre | Dic 17, 2024 | Conflicto interno, Corrupción, Crímen organizado, Diciembre 2024, Francia Márquez, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, Ministerio de Salud, Movimiento social, Mujer, Narcotráfico, Posconflicto, Progresismo, Salud, Seguridad Humana, Violencia
No pierde la sociedad su capacidad de reacción. Ni muda ni maniatada ante la violencia sexual que se ejerce contra nuestras niñas y niños, rechaza la opinión el nombramiento de Daniel Mendoza, supuesto instigador de ese delito, como embajador en Tailandia. En esta Colombia del Sagrado Corazón que naturalizó al narcotráfico como medio de ascenso social y lo incorporó al poder del Estado, reconforta la oleada de voces que se alzan contra el principio de hacer plata como sea, ahora robustecido por la ética que asocia sin dolor negocio y crimen. Enriquecimiento regado de muertos en cada operación de narcóticos que corona, también destruye la vida de miles de infantes esclavizados en explotación sexual. El Instituto Nacional de Salud documenta 34.842 casos de violencia sexual, la tercera parte contra niñas menores de doce años. En Bogotá, en Cartagena, en Cali, en Palmira, en Medellín, ciudad donde se detiene Carol Ann Figueroa, editorialista de La Píldora, para auscultar la desgarradora realidad.
Contra el nombramiento de Mendoza debuta Iris Marín, defensora del pueblo, por haberse mostrado él reiterada y públicamente afecto a relaciones sexuales con niñas. En la contraparte, defiende el presidente a su elegido y, en nombre de la libertad de amar, lo llama “emancipador”. Soy un demócrata radical, dice Petro, no un fascista; ¿cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor? Complacerse en relaciones sexuales con niñas o con adultas previamente drogadas no es amor, replica Marín, son modalidades de violencia sexual. Nuestro Estado, remata, no puede convertirse en dolorosa caricatura de la cultura violenta.
Acompañan a la defensora Laura Gil, embajadora ante la ONU para Política Global de Drogas, y Arlene Tickner, embajadora para Asuntos de Género y Política General Feminista. Estiman ellas que las publicaciones de Mendoza constituyen violencia de género y que bien haría el agraciado con renunciar al cargo ofrecido. Y Francia Márquez, vicepresidenta de la República, condena la misoginia de Mendoza, otra de las violencias patriarcales.
Para la analista Figueroa, ser mujer aquí es correr más riesgo de vender por la fuerza la virginidad, o una relación sexual, o una fantasía sexual actuada ante una cámara. 93% de las 4.921 víctimas que han denunciado ante la Fiscalía de Antioquia explotación sexual infantil en los últimos catorce años vieron periclitar su caso judicial sin pena ni gloria; sólo un 7% fructificó. Señala informe de Cuestión Pública que el fenómeno se ha salido aquí de control, y las autoridades hacen poco o nada por detenerlo. Sorprende el perfil de los empresarios que montan la red del negocio: un padre de familia, un político, un trabajador social, un profesor de deporte, un policía.
Informó La República que la industria webcam estaría reportando 600 millones de dólares en ganancias al año por el trabajo de 10.000 estudios instalados en Medellín, Cali y Bogotá. Si Cartagena se lleva las palmas, afirma Figueroa que en Antioquia la cultura traqueta se camufla con la cultura de la familia, la religión y las buenas costumbres, mientras parte sustancial de sus dirigentes y de la población saca pecho por considerarse “prueba viviente de la pujanza, la innovación y la berraquera” que atraen al extranjero que invade sus ciudades. El narcotráfico, concluye nuestra analista, dejó más que dinero: una cultura que, más allá de la cosa estética o musical, cierra los ojos para no ver la tragedia de sus niñas, niños y adolescentes y deslumbrarse, en cambio, en el fulgor del oro.
Sea la renuncia de Daniel Mendoza al cargo ofrecido otra cortina que se descorre al escenario de dignidad que el país reclama. Y a la autocrítica del presidente Petro.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Felicidades a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Dic 10, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Diciembre 2024, ELN, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Libre Opinión, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Paz Total, Posconflicto, Tierras, Violencia
Un avance imprevisto se registra en el replanteamiento de la política de paz: el reconocimiento de sus errores de origen. Equivocaciones y vacíos que explican la inusitada expansión de los grupos armados que, dedicados sin excepción a economías ilegales, se disputan a bala el territorio e imponen su dictadura a las comunidades. En favor de esta violencia redoblada obraron las pautas que Danilo Rueda, primer comisionado de paz, trazó desde el día uno de la negociación y en buena hora se revisan hoy. Y se materializan, para comenzar, en bombardeos de aviones Kafir a un campamento madre del Clan del Golfo en Antioquia; primera acción de la Fuerza Aérea contra grupo armado en la era Petro.
En foro promovido por El Espectador y la Universidad de los Andes con participación de autoridades de Gobierno, negociadores y líderes de territorios sojuzgados, proliferan razones enderezadas a corregir entuertos. Pasan al banquillo los diálogos de paz sin objetivo definido o claudicante en la orilla del Estado; ceses de fuego improvisados y aquietamiento letal de la Fuerza Pública, para solaz de la contraparte; manipulación y segregación de organizaciones de base por los armados, a fuer de integración de la sociedad al proceso de paz. Desaguisados cuyos efectos señala Leyder Palacios, líder social del Chocó: normalización de la guerra en su región, miedo, violencia, gobernanza armada de los criminales por cooptación del poder local, pérdida de legitimidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas, cese el fuego que sólo beneficia a los armados. Y Luz Estela Sucre, líder social en Arauca, dice: “estamos solos, en nuestro departamento gobiernan los grupos armados… nos sentimos desamparados”.
La cruda realidad ha impuesto ya objetivos inescapables en la negociación: reducción de la violencia, transformación del territorio y desarme de la contra parte. Claro, no siempre se lograrán ni al mismo tiempo. Una es la experiencia de Comuneros del Sur, cuyo proceso entra en fase de implementación; otra, la engorrosa mesa con el ELN, que va para el año congelada y anuncia ese grupo que no suscribirá acuerdo final con el Gobierno. Se depuran los objetivos de la mesa también al tenor de los cambios producidos en los grupos armados: no apuntan éstos ahora a la toma del poder sino que batallan por prevalecer en las economías ilegales: saltan ellos de la política al lucro regado en sangre. Y el Gobierno pasa de mesa y cese el fuego con todos, a mesa y cese el fuego con quienes lo merezcan.
En algunos casos ha salvado vidas el cese el fuego; pero, decretado sin mecanismos precisos de control y verificación, ha robustecido a los grupos armados. Señala el gobernador del Caquetá que en su departamento éste disparó la violencia entre armados: cuando había que mantener el control del territorio se desescaló, no la violencia sino la presencia de la Fuerza Pública, y se fortalecieron los armados. El ministro de Defensa baja de su pedestal al cese y le concede importancia sólo si beneficia a las comunidades: a guisa de negociación de paz, no puede el Estado ceder poder de control sobre el territorio, ni igualarse con los ilegales.
Tampoco podrá permitirse más la manipulación, la cooptación o la segregación de organizaciones populares por grupos armados, a título de participación de la sociedad civil en el proceso de paz. En esta avanzada para monopolizar la voz del pueblo, tampoco se les permitirá violentar ni presionar a las Juntas de Acción Comunal.
Sostiene el expresidente Santos que toda negociación de paz conjuga garrote y zanahoria, que en ésta no han sentido los armados el garrote y sí, en cambio, se han comido la zanahoria. Mucho indica que se apunta esta vez a equilibrar las cargas, y otra política de paz empieza a tapizar nuevos caminos con los despojos de sus reveses iniciales.
por Cristina de la Torre | Dic 3, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Derecho fundamental, Diciembre 2024, Farc, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Ministerio de Salud, Movimiento social, Mujer, Pacto Social, Posconflicto, Proceso de paz, Seguridad Humana, Violencia
Desafortunada coincidencia. Cuando la brutalidad sexual contra nuestras mujeres alcanza proporciones de tragedia nacional, exalta Petro a tenebrosos victimarios suyos a posiciones de poder. Se propone nombrar asesor de Presidencia a Armando Benedetti, señalado de violentar mujeres (su esposa entre ellas, a quien habría amenazado con arma blanca). Para no mencionar a otras cuatro solemnidades sindicadas de abuso sexual. Y anuncia designación como gestor de paz al exjefe paramilitar Hernán Giraldo, alias Taladro, acusado de violar a 201 niñas, aunque hay quienes calculan la cifra en 400. Entre ministros y titulares del alto Gobierno, nueve se rebelan contra estos planes de Gustavo Petro, que no son simple ligereza sino inmoralidad. Falta al decoro el primer mandatario y mancilla el pundonor del país que contempla con horror las fotografías de 745 víctimas de feminicidio en lo corrido del año, cifra que proyectada a diciembre se acercaría a 1.000. Que se sepa. Y se sobrecoge con el último caso conocido: a Sara Sofía Camacho, de cinco años, la torturó su padrastro, la violó y la mató. Sucedió en Guamal, Meta, pero sucede tres veces cada día en la dolorida Colombia que ve asesinar a sus mujeres en casa y en las trincheras de la guerra.
Una causa de esta iniquidad aletea en la revitalización del oscurantismo que naturaliza el desprecio por la mujer, lo convierte en odio y lo resuelve en crimen. Informa el Instituto Nacional de Salud que hubo el año pasado 158.394 casos de violencia de género, 77.5% contra mujeres, y este año las agresiones aumentaron 138%. Hoy corren peligro de feminicidio 2.275 personas en Bogotá, la manifestación más atroz de violencia contra la mujer.
Iris Marín, Defensora del Pueblo, protesta por la distinción que se le otorgará a Benedetti e insta al agraciado a marginarse de todo cargo público, pues su exaltación a tan elevada posición política “alienta el machismo” que dispara la violencia de género. La Cancillería condenó los hechos ocurridos el pasado 24 de julio contra su esposa en Madrid y emprendió investigación formal contra el entonces embajador ante la FAO. Por su parte, la Corte Suprema lleva varios procesos contra Benedetti.
Por su desmesura, apodaron a Hernán Giraldo el “monstruo de la Sierra Nevada”. Forzaba él la compañía de niñas para embarazarlas y reforzar con los propios hijos su ejército de narcotraficantes, y fue expulsado del tribunal de Justicia y Paz por perpetrar el delito en las cárceles donde pagaba condena. Giraldo es una variante del abuso sexual que proliferó en la guerra y que paramilitares usaron no apenas para degradar y castigar a las mujeres sino para humillar a su enemigo varón; para cohesionar el grupo armado y afianzar su identidad violenta, diría el Grupo de Memoria Histórica. Todas las organizaciones armadas emplearon la violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres. Corrieron ellas un riesgo adicional: no ya sólo en su casa sino en las trincheras de la guerra.
Las Farc no se quedaron atrás: 40% de su tropa eran mujeres y al parecer de todas se abusó, empezando por el comandante Raúl Reyes. La JEP acaba de imputar el delito a la que fuera cúpula de esa guerrilla, hoy desmovilizada: si no por comisión directa, por omisión ante violación y esclavitud sexual; por aborto forzado y asesinato o desaparición de sus hijos.
La psiquiatra Lucrecia Ramírez identifica en el “sesgo de sexo” la causa principal de la violencia carnal contra las mujeres: es la mirada torva, oblicua que se resuelve en guerra, explotación, discriminación y abuso. Es ánimo de control y de avasallamiento que se descarga todos los días contra ellas. “Nada que celebrar, nada que conmemorar (los días 25 de noviembre). Misoginia infame”. Y Petro ahí, premiando a los victimarios que lo rondan.
por Cristina de la Torre | Nov 28, 2024 | Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Movimiento social, Noviembre 2024, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
El protagonismo empieza a desplazarse del despótico negociador (llámese Mordisco o Beltrán) hacia comunidades que construyen paz. Al proceso contribuye la división de los grupos armados que, en vista de su eventual desmovilización, se debaten en el dilema de renunciar a las armas o seguir violentando a la población. Catalizadores de esta crisis serían la diversidad de sus bloques y la dificultad para darle carácter político a su actividad delictiva. Conforme se disocian por conflictos intestinos esos grupos armados, cambian los referentes del diálogo. Y cambia el tono del Gobierno.
Se mostró esta semana el ELN dispuesto a volver a conversar, pero el presidente Petro le advirtió que no concurriría si iba ese grupo “con el fusil en la mano”; que “quienes no dejen las armas serán doblegados por la Fuerza Pública (y deben) escoger entre el camino del Padre Camilo Torres o el de Pablo Escobar”. Entonces Beltrán, portavoz del ELN, confesó que ellos no firmarán la paz en este Gobierno y Petro elevó exigencias: la reanudación de esta mesa queda en vilo. Camilo González, negociador con el EMC, selló condicionando el regreso de Mordisco al diálogo a su declaración de cese unilateral del fuego.
Al parecer, sufren esos grupos una crisis de identidad que respira por la frágil representatividad de sus jefes en las mesas del ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia: facciones y frentes enteros inconformes con sus voceros montan toldo aparte para suscribir sin ambigüedades el propósito de paz. Acaso amenace este cambio de jerarquías con reducir el alcance de la paz total, pero obrará a la larga como poderoso factor disuasivo de la guerra.
Porque se resuelve en acción integral del Estado, Fuerza Pública comprendida, con participación de ciudadanos y autoridades en los planes de desarrollo, de seguridad y convivencia. Sería de paso formalización del heroico esfuerzo de reconstrucción del tejido social que miles de colombianos han emprendido contra los estragos de una guerra ensañada en la gente; y proyección de los PDET, que son nervio del Acuerdo de Paz. Es que la paz no depende ya únicamente del tránsito de los armados a la vida civil sino, sobre todo, de cambios de impacto tangible en las comunidades, de transformación de las condiciones que engendran la violencia.
Explica Pablo Pardo, vocero del Gobierno ante Comuneros, que el proceso con esa disidencia del ELN es territorial e integral, con una hoja de ruta que contempla desmonte paulatino de la violencia, transformación del territorio con sustitución de economías ilegales, y transición del grupo armado a la vida civil. Más que en la mesa de diálogo, la paz reside en las comunidades. Su fin, desescalar la violencia. Abunda en la idea Armando Novoa, negociador con Segunda Marquetalia: el desescalamiento integral del conflicto implica que los armados vayan reemplazando las armas por trabajo en proyectos económicos en el territorio. Y Camilo González, delegado ante el EMC, insta a sentar las bases para transformar el territorio y para que la reincorporación sea comunitaria: no es reincorporación de combatientes, dice, es reincorporación de poblaciones, de territorios, de comunidades.
Urge articular esta política con la implementación del Acuerdo de Paz suscrito hace ocho años que, salvo por la JEP, encontró la Contraloría en pañales. En particular, desarrollar la reforma rural y los PDET, cuya vigencia pide el Gobierno prolongar ocho años más. Tres ideas madre parecen gravitar en torno al cambio de tercio en la estrategia de paz: uno, sin implementación del Acuerdo de 2016 no habrá paz que valga; dos, la paz es territorial y su negociación también; tres, la implosión de los grupos armados no es cosa del Gobierno. Reafirma Petro que él negocia con quienes quieran la paz; los que no, tendrán que vérselas con la Fuerza Pública.
por Cristina de la Torre | Nov 19, 2024 | Campesinado, Capitalismo, Derecho fundamental, Industrialización, Izquierda, Liberalismo, Libre Mercado, Modelo de mercado, Noviembre 2024, Partido Liberal, Partidos, Polarización social, Política de Estado, Privatización, Reforma Agraria, Reforma Rural, Socialdemocracia
Desapacible espectáculo: una convención liberal montada para perpetuar al jefe que impuso por 20 años su dictadura personal, evidenció la crisis de ideas y de programas que abate a ese partido. Y efectos inesperados. El asalto del ala reaccionaria que César Gaviria encarna en el liberalismo contra su partido le ha permitido al Pacto cabalgar sobre el ideario social democrático de aquella colectividad. El desafío inédito de una izquierda en el poder agudizó y destapó, blanco sobre negro, la tensión entre izquierda y derecha que permea al liberalismo. Pero el reformismo de Petro -asediado por atavismos refocilados en el dogma del mercado que el propio Gaviria entronizó- apenas emula el pensamiento de un Uribe Uribe, las ejecutorias de un López Pumarejo, de un Carlos Lleras.
Introdujo López reformas sociales que la reacción calificó en su hora de “sovietizantes”, como “estatizantes” le parecen a Gaviria las de Petro en salud, pensiones, trabajo y servicios públicos domiciliarios; derechos sociales que apuntalan el bien común, ahora convertidos en bolsa de mercaderes. Y, ay, la reforma rural. A la de López le opusieron la Violencia y Lleras defendió la suya, codo a codo con los campesinos, pues desbordaba la simple redistribución de ingresos: repartir tierra es repartir riqueza. Se la hundieron en Chicoral, con participación decidida de la derecha liberal. Lleva Colombia un siglo intentando en vano una reforma agraria sin expropiación, mientras en Europa procedió por expropiación de latifundios para repartir, y fue reforma liberal. Pero Petro, el azaroso exguerrillero, compra tierras al latifundismo, a precio comercial, para acometer la suya.
Nuestra alharacosa derecha llama comunismo a la función social del Estado que, según el principio de igualdad, introdujo el liberalismo contemporáneo. Es coco providencial que Gaviria y la reacción menean para asustar y para justificar avanzadas de emperador en platanal. Desde el pináculo del partido que había representado al pueblo irredento, votó Gaviria por Andrés Pastrana, por Federico Gutiérrez, por Rodolfo Hernández. Y boicoteó la campaña a la presidencia de Humberto de la Calle, sueño malogrado de un país ahíto de nulidades.
Tras medio siglo de industrialización dirigida por el Estado, con planificación e instituciones de fomento del desarrollo, sobrevino el modelo de mercado que nos devolvió al capitalismo primitivo e invirtió prioridades en los valores de la democracia liberal. Sobre el principio de igualdad primó ahora el de libertad. Libertad económica sin límite ni control que desmadró los mercados, porque libre competencia en condiciones de desigualdad desemboca en monopolio y en abuso de los que pueden prevalecer. Afirma el exministro José Antonio Ocampo que en este período de economía de mercado que siguió al de industrialización aumentó la pobreza y retrocedió la distribución del ingreso.
El nuevo paradigma, que debutó en el Chile de Pinochet y rige todavía, liberó el comercio bajando de golpe aranceles (quebraron el campo y miles de empresas nacionales), desmontó las instituciones públicas de fomento a la industrialización y al desarrollo productivo, privatizó funciones y empresas sociales del Estado. Se diría que este Gobierno vuelve la mirada hacia su antípoda, hacia aquel medio siglo de industrialización con intervención del Estado, de proteccionismo con aranceles, de crédito situado en sectores de punta de la economía, de control de precios y reforma agraria. Tal vez no para copiarlo a la letra, pero sí como referente exitoso adaptable al mundo de hoy.
Y acaso esta historia de contrastes en el seno del liberalismo sustancie la vilipendiada polarización. Bienvenida su nítida expresión, fuente de controversia democrática. Sí, el liberalismo se debate entre la reforma y la caverna.
por Cristina de la Torre | Nov 12, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Economía productiva, ELN, Guerrillas, Justicia, La paz, Noviembre 2024, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma pensional, Socialdemocracia, Violencia
Si se hace a derechas, la descentralización tocará la médula del sistema político: desplazará el núcleo del poder del centro a la periferia. Una verdadera revolución, cuyo proyecto coopta el ministro Cristo para trocarlo en bandera mayor entre las vicisitudes de esta Administración. Altibajos que van de reforma pensional y despegue de la agraria a la descorazonadora negociación con el ELN, signada por la impotencia del Gobierno en la mesa y su falta de criterio para conciliar política de paz y de seguridad. De donde ha podido ese grupo armado ampliar su incursión violenta en zonas enteras del territorio. Reminiscencias del siglo XIX, sembrado de guerras civiles entre oligarquías regionales que se disputaban la hegemonía o el poder central entre un archipiélago de regiones, hoy no siempre se trata de recuperar territorios sino de conquistarlos.
En manos enérgicas pero cuidadosas, la descentralización será menos un riesgo para las finanzas públicas que el derrotero hacia la siempre aplazada autonomía de las regiones. Más allá del manejo de recursos públicos, aquella reorganiza la estructura y la operación del Estado. De raigambre netamente política, la descentralización redistribuye los centros de poder y de decisión. Y altera la dinámica de la clase política. Fortalece a alcaldes y gobernadores mientras la clase parlamentaria reemplaza su desapacible papel de suplicante ante la enhiesta frigidez de Bogotá por la vocería inmediata de sus electores en provincia. Dirá Juan Manuel Ospina que se avanza hacia la autonomía cuando se descentraliza no apenas la ejecución sino la decisión política. Autonomía es empoderamiento de regiones y localidades (Opera, U. Externado, 2002).
Ya se dijo y se aceptó: redistribución de recursos no habrá sin definición de competencias. Éstas tendrán que adaptarse a las particularidades de la región y su ejecución demandará capacidad administrativa para fijar prioridades de inversión y gestionar los recursos sin dilapidarlos ni robárselos. A lo cual deberán tributar organismos de control independientes de los partidos, veeduría ciudadana y acción de la Justicia sobre clanes políticos y grupos armados que meten su mano peluda en el presupuesto del municipio. Al parecer la banda de Calarcá acaba de amenazar a cinco alcaldías para extorsionar en obras y proyectos.
Recuerda Ospina que la Constitución del 91 propuso construir la unidad desde la diversidad. Pero en vez de edificar nación, explica, la dirigencia del país satanizó la política y entregó sus destinos a una tecnocracia que creyó lanzarlo de la sociedad pastoril a la moderna. Error. El problema no era de gerencia sino de política. No podía abordarse a Colombia como una realidad homogénea ni desestimar las particularidades de sus regiones ni sus desigualdades. Son los procesos sociales y las decisiones políticas los que señalan el punto de equilibrio entre unidad y diversidad. Y es en la tensión entre lo nacional y lo regional donde se encuentra el meollo de la descentralización, entre los extremos del centralismo y el federalismo radical. No logró la tecnocracia modernizar el país.
La estentórea advertencia de sectores suyos sobre la salud del fisco naufraga en el espectáculo de su incapacidad para limar siquiera inequidades entre regiones. El PIB per cápita del Vichada es 15% del de Bogotá. Muchos de quienes así han gobernado convirtieron su humilde medianía en mérito que pavonean sobre las inequidades sociales y geográficas. Con su desdén por la política encubren, no obstante, los intereses que agencian y que barnizan en la ficción de neutralidad de la técnica, en los designios de la mano invisible del mercado. La mano de Dios. Mas la descentralización que se construirá en 12 años se abre paso como una tromba: será la reforma del siglo, una revolución.
por Cristina de la Torre | Nov 5, 2024 | Actores del conflicto armado, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Conflicto interno, Corrupción, Derecho fundamental, Desarrollo agrícola, Desarrollo sostenible, Desplazados, Desplazamientos, Estado de Derecho, Gustavo Petro, Impunidad, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Noviembre 2024, Pacto Histórico, Pacto Social, Polarización social, Política de Estado, Posconflicto, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
No hay mal que dure cien años y ojalá Colombia, después de tantos muertos por la tierra, honre el dicho popular. En su último tramo de Gobierno decidió Carlos Lleras crear concentraciones parcelarias para el campesinado. Pero en menos que canta un gallo el presidente Misael Pastrana, prohombres de los partidos tradicionales, el latifundismo, la SAC y Fedegán, respondieron al Incora con una virulencia que no acusaban siquiera las élites más retardatarias de la región: mataron la reforma agraria en Chicoral. Por segunda vez, pues a la de López Pumarejo le enfrentaron la Violencia. Corría el año de 1972 y hasta el sol de hoy, cuando Gustavo Petro entrega, en su más reciente medida agraria, cuatro zonas de reserva campesina: 103.000 hectáreas a 4.000 familias que llevaban décadas luchando contra artificios jurídicos en las zonas más atormentadas por el conflicto. El hecho es trascendental porque esta figura reconoce al campesino como sujeto de derechos que decide con autonomía en ordenamiento y planificación de su territorio. Y es paso que se inscribe en un horizonte de reforma agraria que revierte el Pacto de Chicoral.
A aquellas hectáreas se suman las 877.000 compradas, entregadas y en proceso de adjudicación en estos dos años. Ha dicho la ministra Carvajalino que el Gobierno apunta a reformar el Pacto del 72 que frenó la redistribución, concentró aún más la tierra y aceleró la expulsión del campesinado “sobrante” hacia la colonización de selvas y hacia ciudades sin empleo. Dádiva descomunal al latifundismo, aquella contrarreforma suplantó la redistribución de tierra por apoyo al desarrollo capitalista de la gran agricultura pero sin redistribución del producto, concentró el crédito en los grandes propietarios y restableció el ominoso sistema de aparcería. La SAC se opuso ardorosamente a la creación de empresas comunitarias y, ya desde entonces, a la jurisdicción agraria.
Para guardar las formas, estableció Chicoral el pago de impuestos calculados sobre la renta presuntiva que el avalúo catastral de la tierra indicara. Había, pues, que demostrar un mínimo de productividad de la tierra para que ésta se considerara adecuadamente explotada y quedara libre de intervención oficial. Explicará Absalón Machado que se estableció una renta presuntiva del 10% sobre el valor del terreno dedicado a agricultura y del 4% del dedicado a ganadería. Pero ese valor sería la mitad de su avalúo catastral (ya reducido desde tiempos inmemoriales al ridículo). Nunca se aplicaron los niveles mínimos de productividad. Resultó cada vez más fácil simular que un predio estaba adecuadamente explotado y más difícil la expropiación de terrenos intocados o que exhibían una vaca solitaria en la lejanía. La renta presuntiva ni modernizó el campo ni mejoró la productividad de la tierra.
La ministra Carvajalino anuncia para diciembre un proyecto “anti-Chicoral” que acelere el tránsito hacia una agricultura competitiva mediante política estatal que responda a las necesidades de la agricultura campesina, de los productores y de los gremios, concertada con empresarios, campesinos y comunidades. Empezaría por restablecer instituciones del sector como el Idema.
Un año y ocho meses deliberaron comunidades, gremios, trabajadores y etnias hasta resolver esta semana un largo y sangriento conflicto de lucha por la tierra en el norte del Cauca. Es ejemplo de concertación que podrá replicarse en otros escenarios. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, exaltó esta experiencia como modelo de paz. A leguas del Nobel colombianista James Robinson, que niega la necesidad de una reforma agraria en el país, nuestra dolorosa realidad ha probado con creces que sin ella no habrá paz ni equidad ni instituciones que valgan. Reformar la contrarreforma de Chicoral se impone.
