por Cristina de la Torre | Oct 22, 2025 | Actores del conflicto armado, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Democracia Plebiscitaria, Derecha, Estado laico, Impunidad, Iván Duque, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Modelo Económico, Narcotráfico, Octubre 2024, Pacto Social, Partidos, Paz Total, Polarización social, Política agraria, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma política, Reforma Rural, Reformas liberales, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
No es salto al vacío; es, precisamente, aterrizaje en tierra firme de los ejes de la paz, esta vez sin retórica ilusoria. Encarando los desafíos de un país que se le escurre a veces entre los dedos al poder público, Juan Fernando Cristo traza un plan de choque que acelera la implementación de la paz acordada en 2016. Tras cuatro años de boicot por negligencia en el Gobierno Duque y dos más de candidez y largueza en diálogo infructuoso con grupos que se niegan a dejar las armas, el narcotráfico y la agresión contra la población, el ministro del Interior coje el toro por los cuernos: contempla frentes que impactan directamente la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo de los territorios. Diseña la acción desde la realidad de las instituciones, con los recursos necesarios y mediante alianza entre Estado, sector privado, comunidades, organizaciones sociales y cooperación internacional. Reenfoca, pues, las políticas de paz y seguridad. E insiste en un acuerdo nacional para enfrentar la crisis.
Seis áreas estratégicas contempla el plan de choque. Pactos territoriales para coordinar inversiones y proyectos de alto impacto en las 16 regiones PDET, coordinados entre los gobiernos nacional, regional y local. Reforma rural integral, acelerando la entrega de tierras y proyectos de desarrollo económico. Reformas legales para mejorar la ejecución del acuerdo, a saber: jurisdicción agraria y la reforma política que propone listas cerradas, financiación estatal de campañas y reforma del Consejo Nacional Electoral. Seguridad en el territorio, por acción simultánea de los ministerios de Interior, Defensa, Justicia y la Fiscalía contra organizaciones criminales. Gobernanza: los desarrollos del plan de choque serán controlados y supervisados por la cartera del Interior, Planeación Nacional y la Consejería para la paz. Finalmente, contempla la convocatoria a partidos, gremios, organizaciones sociales y comunidades étnicas al acuerdo nacional para la paz y la estabilidad política.
La propuesta de acuerdo batalla contra la mar bravía de la polarización, pero avanza confiada hacia el respeto por la democracia electoral, el ejercicio de la política sin balas ni insultos, y la deliberación civilizada sobre reformas sociales que cursan en el Congreso. Invita a suscribir las estrategias de industrialización y desarrollo rural bajo el modelo de crecimiento con equidad en el tercer país más desigual del mundo después de Suráfrica y Namibia, según el Banco Mundial. Un precedente prometedor, el pacto entre Gobierno y Asobancaria: de los $55 billones en créditos acordados, 10.6% se ejecutaron en el primer mes.
Mas no faltarán quienes movidos por pasiones primarias rechacen esta concertación de mínimos y prefieran cargar con el estigma -histórico y electoral- de haberla desairado. Ya debutó César Gaviria: el flamante, inamovible director del partido que liberó a los esclavos, separó a la Iglesia del Estado y ha promovido la reforma agraria no suscribe un acuerdo elemental de respeto por la democracia y la justicia social. ¿Tampoco avala el control territorial del Estado y el ejercicio de la autoridad legítima en El Plateado, hoy teatro de operaciones militares contra los violentos? ¿Coronará al liberalismo como la colectividad más reaccionaria del país?
Cuando la “paz total” como modelo de negociación naufraga, Juan Fernando Cristo toma el relevo con el estandarte que siempre debió ser: reivindicar a la población, darle seguridad y transformar su territorio. Si las opciones no podían ser tierra arrasada, ni gratuita complacencia con la contraparte y freno a la Fuerza Pública, la alternativa del ministro rescata las posibilidades de la paz desde el derecho de las víctimas. Como lo mandan la Constitución y el derecho internacional humanitario.
por Cristina de la Torre | Feb 25, 2025 | Febrero 2025
Mérito de este Gobierno fue desnudar sin atenuantes los problemas medulares de Colombia, un país con millones de ciudadanos que no pueden hacer las tres comidas diarias. Un bofetón a la sociedad del privilegio que paladeó siempre las desigualdades por los laditos o con puño de hierro, mientras Petro apunta a moderarlas entre palos de ciego, retórica, aciertos y traspiés. Pero ahora suprime por sorpresa un componente esencial de la política social: subsidios a la población más necesitada. Corta la transferencia de Colombia sin Hambre a tres millones de hogares en condición de pobreza absoluta, la de Renta Joven, y el subsidio a intereses de crédito universitario que afecta gravemente a 327.000 estudiantes de estratos inferiores y egresados porque dispara el valor de las cuotas por pagar. Quedan ellos sin alternativa de financiación.
Recuerda Olga Lucía González en La Silla Vacía que en el consejo de ministros televisado descalificó Petro los subsidios dizque por “neoliberales”. Borró fronteras entre izquierda y derecha. Para la primera, la inversión social del Estado ataca la pobreza, modera las desigualdades; la segunda desconfía del Estado y entrega al mercado la misión de equilibrar la cancha. Pero, apunta, la protección social en cabeza del poder público es enseña de la democracia contemporánea. En Europa, la inversión social del Estado compromete el 22% del PIB; en Francia, el 32%. Allá democratiza la prosperidad y en América Latina obra como palanca del desarrollo.
Aquel ataque del presidente a los subsidios, aquella cepa vergonzosa de capitalismo primitivo riñe con sus propias políticas de Gobierno que, pese a la irrisoria ejecución, arroja algún fruto y esperanzas: salario mínimo fortalecido, reducción del desempleo y de la inflación, jurisdicción agraria en ciernes y reforma pensional que duplicaría el número de beneficiarios si la Corte Constitucional la bendijera. Capítulo aparte ocupa el paso de la reforma a la salud por el Congreso, pues esta desmonta abusos sin cuento del socio privado en el sistema de salud. A grandes voces contra la “estatización comunista” de servicios públicos, pensiones y salud se oponen los que en 30 años se enriquecieron con la privatización de estas funciones públicas. Pero devolver al Estado el control financiero de la Salud y fortalecer la atención primaria es ceñirse al mandato de la Constitución. Declara su Artículo 49 que la salud es un servicio público a cargo del Estado: a él le corresponde organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo; y trazar las políticas para la prestación del servicio por entidades privadas, bajo vigilancia y control del Estado.
Este postulado armoniza con principios de la socialdemocracia que rige desde 1945. Y no se contrajo a aliviar la pobreza con subsidios, pues transformó la naturaleza del Estado. Transitó este de simple garante de la igualdad ante la ley a garante de los nuevos derechos económicos y sociales de la población. Ahora debía responder por educación, salud, pensiones y servicios públicos mediante gravamen progresivo a las mayores rentas y patrimonios. Lo cual resultó en reducción de las desigualdades. Hacia los años 80 el impuesto promedio a los grandes capitales en Europa y Estados Unidos rondaba el 80%.
Pero entonces se involucionó al capitalismo montaraz del neoliberalismo. Condescendieron nuestras elites con los subsidios que el Segundo Consenso de Washington introdujo para aliviar el efecto devastador del primero y reducir la amenaza del malestar social. Sí, estos últimos subsidios llevan marca de autodefensa neoliberal. Mas el sistema de protección social del Estado (y otros subsidios) viene de vieja data en Colombia, donde los pobres son legión. Hoy hostiliza esas ayudas el mandatario que aspira, no obstante, a construir Estado social. Vaya paradoja.
por Cristina de la Torre | Feb 18, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Derecho fundamental, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Febrero 2025, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Narcotráfico, Pacto Social, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Rural, Sanción Política, Seguridad Humana, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y encarnación del personalismo en el poder, en el presidente Petro recae la responsabilidad última del desastre de la Paz Total; no en su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que recibe órdenes del mandatario. Cada decisión (o indecisión) de gobierno responde a la mano del príncipe, que aprieta o afloja según su impredecible designio de cada hora. Yerra Petro en la concepción de la Paz Total, en el diagnóstico, en el método, en la ejecución. Pero en consejo de ministros teatralizado para el país irrespeta al funcionario insinuando que la toma de El Plateado no se consumó debido a sabotaje por inacción de su cartera. Respondió Velásquez que las fallas de esa estrategia no le caben al ministerio sino al Gobierno nacional que, pese a la insistencia del ministro, nunca logró una acción articulada del Estado sobre la región. Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, dirá que la falta de coordinación en el Ejecutivo obstaculizó la acción militar en el territorio: nos sentíamos remando solos, precisó.
Y suscribió la crítica generalizada de la estrategia de Paz Total y sus ceses de fuego, traducidos en fortalecimiento de los grupos armados y debilitamiento de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Revela Hugo Acero, experto en seguridad, que el presidente le ordenaba al ministro frenar la acción militar en territorios donde se imponían ceses del fuego sin planificación suficiente. Este Gobierno disolvió su capital político y la ilusión del cambio en el voluntarismo del mesías (¡otro!) que prometió sellar en tres meses la paz con el ELN. Mas al amparo de inauditas larguezas en la mesa de negociación, multiplicó ese grupo sus efectivos, consolidó negocios ilícitos, avanzó en control de territorios, en sojuzgamiento de comunidades y se destapó como retaguardia armada de la dictadura venezolana, con la que comparte utilidades del narcotráfico en la frontera.
Se propone ahora el presidente aplicar la estrategia de El Plateado en el Catatumbo, sin haber antes corregido entuertos. La tragedia humanitaria de esta región requiere, sí, un modelo semejante al del Cauca, pero depurado y acondicionado para lograr sus objetivos: intervención de la Fuerza Pública, acción coordinada de las instituciones del Estado e inversión social. Como lo pidió el ministro Velásquez.
El drama rompe fronteras del Cauca y Santander. Si el Catatumbo padece una tragedia humanitaria sin precedentes en 28 años, esta se cocina ya en Sur de Bolívar, Antioquia, Valle, Arauca y Chocó. Líderes del Pacífico se confiesan agotados de registrar “guerras anunciadas y esperar la lenta, insuficiente y descoordinada respuesta del Estado”. Tras el paro armado del ELN que hace tres meses confinó a 50.000 personas, su guerra con el Clan del Golfo responde ahora por 3.400 desplazados, 9.200 confinados y anuncia una debacle como la del Catatumbo. 71% de los municipios de Colombia están bajo alerta y la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, revela que en el Chocó se están suicidando los niños para no ser reclutados.
En virtual confesión de parte que bien le valdría como autocrítica, hoy denuesta Petro “el ego individual, el tribalismo, el ego de grupo sectario”. Pero ha dejado en vilo el Plan de Choque para implementar la paz que su exministro Cristo trazó, basado en romper egos, y sin el cual queda ésta reducida a polvo de estrellas. Comprende el plan pactos para acelerar la transformación del territorio, reforma rural integral, agenda legislativa, articulación de la seguridad en el territorio y acuerdo para un pacto nacional. Se trata de rectificar la política de paz y trazar una estrategia de seguridad para combatir a quienes persisten en la violencia. Si no convierte por esta vez su idea en acción, podrá Petro sucumbir en el hoyo negro de su Paz Total.
por Cristina de la Torre | Feb 11, 2025 | Capitalismo, Febrero 2025, Gustavo Petro, Imperialismo, Industrialización, Internacional, Izquierda, Libre Mercado, Modelo de mercado, Modelo Económico, Occidente, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Política económica, Régimen político, TLC, Violencia
Las amenazas de Trump contra Colombia y México destaparon diferencias de talante entre Petro y Sheinbaum, entre las economías de los dos países y en la idiosincrasia de sus elites. Herido el sentimiento patrio de los colombianos por la humillación infligida a sus inmigrantes, dio Petro en jugar a “el Estado soy yo” de Luis XIV y arriesgó la tercera parte de nuestras exportaciones, que van a Estados Unidos. También la presidenta Sheinbaum acusó la herida al honor de su país y la inminencia del golpe contra él. Pero invocó unidad en la consigna de “cooperación sí, subordinación no (pues) no somos colonia ni protectorado de nadie”. Acudió a la diplomacia y negoció: sabe que no ha de confiar al impulso de su indignación personal la suerte de la economía mexicana. Mientras parte del notablato colombiano se postraba de hinojos ante el déspota, el empresariado mexicano (y la oposición) cerraba filas con su presidenta en defensa de la patria mexicana. ¿Manes de la revolución nacionalista de 1917? Manes del Consenso de Washington y del TLC que nuestra dirigencia suscribió, esos sí, para sacrificar con ellos la incipiente industrialización alcanzada.
Escribe Jaime Acosta Puertas en Razón Pública que ningún producto colombiano es insustituible en Estados Unidos. Considera asombrosa, vergonzosa la debilidad de la economía colombiana, y su precariedad se ha ahondado desde 1991, cuando apostó a la importación de tecnologías y sacrificó su industrialización. Se equivocó. Lo que domina hoy es un enorme déficit comercial, pues sufrimos una doble dependencia, de tecnología y de mercados. Lo que Colombia exporta, dice, depende de la tecnología que importa; y de lo que importa vive el comercio interno. Nuestro empresariado no piensa en términos de productividad, sino de rentabilidad a corto plazo: Colombia, remata, no está en condiciones de librar una guerra de aranceles.
En México, en cambio, se prepara el empresariado para concurrir a la mesa de negociación con Trump. Es que -recuerda Mauricio Vargas- ese país vende el 80% de los buses y camiones que Estados Unidos importa, el 54% de los televisores y equipos de video, el 50% de los vegetales, el 40% de los licores y el 41% de las frutas. Los automotores, motores y partes producidos en México para el mercado estadounidense valen 173.000 millones de dólares al año.
En los próximos seis años desarrollará el país el Plan México, estrategia de inversión que dará norte a la economía. Iniciativa de Sheinbaum, el plan busca abastecer la mitad del mercado doméstico con producción nacional. Se propone elevar en 15% su producción automotriz, aeroespacial, farmacéutica, electrónica y de semiconductores, entre otras industrias. Proyecta inversiones por 277.000 millones de dólares a 2030, crear millón y medio de empleos y situar a México entre las diez primeras economías del mundo, informa El País. Cuenta la presidenta que en el mes de gracia que logró antes de discutir de nuevo aranceles, está trabajando “a marchas forzadas” para perfeccionar su plan, e invitar de consorte al empresariado que esta semana ovacionó a la mandataria de izquierda que pone al país por encima de toda consideración.
Enorme distancia en desarrollo le lleva México a Colombia, y muy distinta la índole de sus gobernantes y sus dirigentes. Si las diferencias no los hacen mejores ni peores, la presteza de empresarios y opositores para rodear a su gobernanta en momento tan dramático debería sugerirnos a los colombianos la pregunta que repica como un cirirí: ¿si no ahora, cuándo llegará el día para concertar un acuerdo de mínimos que desborde la repartija política, y obre como el proyecto soñado de nación? ¿Cuándo abocar la reindustrialización como estrategia de desarrollo que modere las horribles inequidades de este país y plante cara a la violencia?
por Cristina de la Torre | Feb 4, 2025 | Capitalismo, Conflicto interno, Derecha, Fascismo, Febrero 2025, Imperialismo, Internacional, Occidente, Polarización social, Política de Estado, Racismo, Régimen político
El trato de criminales-mafiosos-asesinos que Trump ha dispensado a migrantes colombianos es apenas parte del que da a los llegados del mundo entero que, a lo largo de dos siglos, levantaron los andamios de la nación del Norte. Pero, en alarde de vanidad sin límites, convirtió Petro la indignación del país en nota altisonante de su ilustre persona: señaló que el enemigo quería “tumbarlo” y que, de lograrlo, debería “responder ante las Américas y ante la humanidad”. Descorrió el proscenio donde Trump pudo teatralizar sus lances ante el mundo y puso nuestra economía al borde del abismo. El déspota naranja hace lo suyo: cacería de latinos en Estados Unidos, como de judíos la hubo en Alemania. Allá y acá, la razón última es racial, contra “invasores” de la patria wasp: del blanco anglosajón protestante, vástago de los primeros migrantes que, huyendo de la persecución religiosa en Europa, arribaron para fundar una dictadura teocrática y exterminar a los indios nativos. Por invasores tiene a los mexicanos que se sumaron a los pobladores originales de la mitad del territorio mexicano que los gringos se apropiaron en 1846 y configura todo el suroccidente de Estados Unidos, el verdadero invasor.
Migración esclava de negros africanos; migración de chinos que llegaron a ser 10% de la población de California; migración de indios, del sur y el oriente de Europa, de irlandeses y latinoamericanos. Migración de 1.118.000 niños comprados a sus padres o secuestrados en sus países de origen en la década de 1880, para imponerles crueles jornadas de trabajo, según el historiador Howard Zinn. Fueron todas ellas brazo y motor del progreso material y de la riqueza cultural en ese país. Hoy son casi 50 millones los migrantes, 15% de la población, parte vital del trabajo en agricultura, construcción, servicios, medicina, tecnología e innovación empresarial.
El salto a la gran plantación capitalista de algodón y tabaco se apuntaló en el contingente de esclavos negros que entre 1790 y 1860 creció de 500.000 a 4.000.000 de personas. En la población negra, en los inmigrantes europeos y chinos se afirmó el huracán del crecimiento económico que despuntó hacia finales del siglo. Pulularon contratistas que importaban chinos en masa, ocupados en la construcción del ferrocarril Transcontinental. 33.000 chinos e irlandeses trazaron sus dos grandes líneas, con elevado costo en vidas y padecimientos y miserable remuneración.
La derrota de México en 1846-48 significó la anexión a EE.UU. de Texas, Utah, Wyoming, Nevada, Arizona, California, Nuevo México, Kansas y Oklahoma, y muchos de sus pobladores adoptaron la ciudadanía estadounidense. Con las leyes migratorias de los años 60 se disparó la ola de inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Hay hoy en EE.UU. 39.9 millones de personas de origen mexicano (de primera, segunda y tercera generación). Los inmigrantes mexicanos son 12 millones, un cuarto del total. En la década de los 90, la globalización y el traslado de empresas al extranjero golpearon el empleo y a los mexicanos se les ha acusado de desplazar del trabajo obrero a los estadounidenses. Ya desde entonces autoridades de ambos partidos se ensañan en esta población.
Trump aplica terapia de choque para asegurarle a esa potencia en decadencia su hegemonía en el planeta. Para ello, tritura valores e instituciones vitales de la democracia liberal. Vuelve por los fueros del destino manifiesto para amenazar países y arrasar desde el poder de una plutocracia insaciable. Expulsar inmigrantes en masa ayudará a dislocar a esa nación antes de que pueda sortear la crisis, pues no se extirpan impunemente órganos vitales del cuerpo social. Ni se revierte el declive que el supremacismo triunfalista se niega a contemplar, empeñado como está en violentar las fuerzas que edificaron esa nación.
por Cristina de la Torre | Ene 28, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Crímen organizado, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Enero 2025, Fascismo, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Seguridad Humana, Tierras, Violencia
No es un episodio más de nuestra violencia, es una verdadera tragedia humanitaria. El ELN, como ejército de ocupación que hace décadas empeñó la revolución a la disputa sangrienta por rentas de crimen organizado, masacra a la población inerme en espectáculo de terror comparable al desplegado por el paramilitarismo. Y acude a los peores expedientes de inhumanidad. En el campo, desaparece, mutila, tortura, desmembra y amarra con alambre de púas a sus víctimas para rematarlas a tiros. Sólo le faltan los hornos crematorios que las Autodefensas usaron allí para desaparecer a cientos de los ultimados. En centros urbanos, tiende razzias fascistas: pasan encapuchados de casa en casa, lista en mano, para ejecutar al “enemigo” en presencia de sus hijos. Pero, a diferencia de los fascios, que apuntaban al poder del Estado, con incursiones como la del Catatumbo se ríe el ELN de su viejo anhelo de cambio, para entregarse a negocios de alcantarilla.
Se propone controlar esta rica zona estratégica de frontera, ideal para traficar seres humanos, armas, oro y cocaína. Plato suculento para bandas de todo jaez, que ahora quieren los elenos para sí solos. Se lo pelean asesinando 80 personas en cosa de días, provocando la estampida de 42.000 y el confinamiento de 12.000, según autoridades de la región y la Defensoría del Pueblo. Mas no se libra allí una guerra entre combatientes, es campaña de exterminio contra la población. Ha virado el conflicto armado de insurrectos contra el Estado hacia una violencia fragmentada sin propósito político. Lo sucedido en el Catatumbo, declaró el presidente, es una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia organizaciones narcoarmadas.
Pero a este Gobierno le cabe responsabilidad. Por haber abandonado durante dos años los Planes de Desarrollo Territorial llamados a atenuar la ausencia del Estado donde más se necesitaba. Es responsable, sobre todo, por sus desatinos en la negociación con el ELN, que le permitieron expandirse, aumentar su capacidad militar y multiplicar crueldades contra la población, con ceses del fuego que maniataron al ya debilitado Ejército y no impusieron respeto a las comunidades. No es gratuita su brutal incursión de hoy en el Catatumbo.
Explica Luis Fernando Trejos que con el ELN no se negociaba la finalización del conflicto sino un armisticio: en vez de desarme, desmovilización, reintegración y postacuerdos, treguas prolongadas (sin mucho control, se diría). El Gobierno declaró desde el comienzo del proceso no tenerle líneas rojas al ELN. Entonces este controló tiempos y agenda de negociación, porque sabía que Petro no se levantaría de la mesa. A tres factores atribuye el expresidente Santos la crisis del Catatumbo: a la falta de una clara política de seguridad; al formato de la Paz Total que le permite a un grupo negociar armado y beneficiarse de ceses del fuego, y a la falta de implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016. Para Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, la desarticulación entre políticas de paz y de Seguridad expuso gravemente a comunidades rurales. Y este abandono, agrega, es violación de derechos humanos, por omisión.
En Colombia no hay ya guerrillas ni hay guerra; hay grupos armados para el crimen, que se enfrentan por el control del narcotráfico y de otras rentas ilícitas. Pero cabe todavía soñar con la posibilidad de reorientar la negociación con el ELN: imponiendo condiciones, devolviéndole a la Fuerza Pública su capacidad de acción (no episódica sino permanente) y acometiendo la transformación de los territorios. Acaso pudiera vencerse el pesimismo del más entusiasta defensor de la paz, Juan Fernando Cristo, para quien, ante esta orgía de terror, no habría ya posibilidad de retomar el camino con el ELN, pues éste habría “tirado a la basura la llave de la paz”.
por Cristina de la Torre | Ene 21, 2025 | Capitalismo, Conflicto interno, Democracia Representativa, Derecha, Enero 2025, Industrialización, Internacional, Justicia, Justicia tributaria, Libre Mercado, Modelo Económico, Modelo Político, Neoliberalismo, Occidente, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Política exterior, Régimen político, Sanción Política
La ilusión de los trabajadores que votaron por Trump será efímera. Se avizora ya embestida contra la democracia por los “barones ladrones” del bronco capitalismo norteamericano de hace un siglo, sueño dorado de la Great America que reencarna en el potentado Elon Musk. Una oligarquía de empresarios y usureros que apuntaló el despegue industrial de ese país en el crecimiento colosal de su fortuna, amasada en el hambre y el agotamiento de miles y miles de inmigrantes, de negros y de blancos pobres. No se contentarán Trump en la presidencia y Musk en el poder con exprimir hasta la última gota de las ventajas que el neoliberalismo ofrece. Van por todo: por el viejo capitalismo también, inoculado sin anestesia y debidamente atornillado a un régimen de fuerza.
Si sus excesos gestaron la Gran Depresión de los años 30, los de la oligarquía neoliberal cocinaron la crisis financiera de 2008. Franklin D. Roosevelt encaró la primera con intervencionismo de un Estado empresario, redistributivo y con planificación concertada para cifrar el progreso en empleo bien remunerado. Trump-Musk enfrentan la crisis del neoliberalismo -provocada a dos manos por republicanos y demócratas- mas no para disolver las desigualdades creadas por la orgía de libertades económicas sin control. Será para imponer el gobierno totalitario de la plutocracia, sin máscaras ni remordimientos por el prestigio vuelto añicos de la que fuera primera democracia del mundo. Trump construyó su victoria sobre el desastre social que el neoliberalismo produjo, pero gobernará extremándolo. Su evocación de las glorias del pasado ignora la democracia que deslumbró a Tocqueville, para quedarse con la fuerza bruta de la riqueza acaparada.
Con Trump colapsa la mascarada que encubría a la clase dirigente de Estados Unidos y su falsa adscripción a la democracia. Pero él es a un tiempo coautor y producto de la impostura que se resuelve en desindustrialización, desregulación, monopolio de grandes corporaciones, guerras, desigualdad social y, sobre todo, en un sentimiento de traición en las clases trabajadoras que se vuelven contra las élites y contra las instituciones que aquellas trocaron en instrumento de su poder. Y chilla el contraste de su vociferación contra el establishment con las líneas de su gobierno: exención de impuestos para los multimillonarios, expulsión masiva de latinoamericanos cuyo trabajo ha enriquecido a ese país, desmonte del seguro médico, elevación de aranceles (con perjuicio del empleo y de los consumidores domésticos), violencia contra sus opositores y renacimiento de la política imperial. Ay, la desigualdad: hace 60 años, un empresario de ese país ganaba 20 veces lo que pagaba en salario promedio; hoy gana 220 veces más. Peor que el neoliberalismo, será un modelo de capitalismo sólo para los poderosos. Un desastre.
Desastre cimentado en la violencia y en la arbitrariedad del poder concentrado en la persona del egócrata que se proyecta como dictador mientras su copresidente, Musk, insulta al gobernante laborista de Inglaterra, apoya al partido neonazi alemán AFD y a su correlato italiano, la señora Meloni. Autorizado se sentirá por el propio Trump, en cuya historia figura como asesor suyo el abogado Roy Cohn, el mismo que lo hubiera sido de McCarthy, el siniestro perseguidor de opositores que en los 50 se le antojaban comunistas o “liberales”.
El neoliberalismo, discípulo del capitalismo hirsuto que prevaleció en Estados Unidos hace más de un siglo y hoy resucita en la dupla Trump-Musk, destruye las regulaciones del Estado de derecho y convierte la democracia en un leviatán corporativo. Una plutocracia sin hígados asciende al poder para formular un régimen autocrático, dirá Augusto Trujillo: el de los potentados, que privilegia el derecho de la fuerza sobre la fuerza del derecho.
por Cristina de la Torre | Ene 14, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Álvaro Uribe Vélez, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Derecha, Economías ilícitas, ELN, Enero 2025, Guerrillas, Gustavo Petro, Imperialismo, Izquierda, Modelo Económico, Modelo Político, Paramilitarismo, Parapolítica, Paz Total, Política exterior, Posconflicto, Proceso de paz, Progresismo, Protesta social, Régimen político, Violencia
Silencio atronador. Entre las razones que Petro expone para preservar las relaciones con Venezuela se escabulle una principalísima: el poder que Maduro ejerce sobre las negociaciones con el ELN, puntal de la Paz Total en este gobierno. Papel preponderante juega este factor sobre el control de una larga frontera dominada por criminales (exguerrilleros entre ellos), sobre el renacido comercio binacional o los 3 millones de inmigrantes venezolanos. Calla el presidente acaso por temor a menoscabar una mediación que fue siempre funcional, o a tener que reformularla ahora ante una dictadura sangrienta como pocas se vieran en la Edad Negra de América Latina. ¿Osará Petro exigirle al sátrapa distancia frente al grupo armado que en Colombia violenta a la población para hacerse con el control de economías ilícitas, mientras obra en Venezuela como fuerza paramilitar del régimen que despliega todos los recursos del terrorismo de Estado contra su pueblo? Aunque repudiado por el mundo, querrá Maduro mantener a Petro en la postura de subordinación que ha signado su negociación con el ELN.
Reconstruye la periodista Cindy Morales las circunstancias que han convertido a Venezuela en actor estratégico de la paz en Colombia, al punto que podría alterar la dinámica de nuestro conflicto y definir su desenlace. La influencia de ese país en los diálogos con el ELN trasciende, según ella, los límites de la diplomacia convencional y se sitúa en un terreno complejo determinado por la geografía compartida -2.217 kilómetros de frontera que al ELN le ha servido de trinchera-, los intereses políticos y una densa red de relaciones históricas y sociales.
La usurpación del poder mediante golpe de Estado por Maduro este 10 de enero, le impone a Petro un intrincado dilema político y diplomático. Pero no estriba éste en romper o no romper con Venezuela (que una cosa es la relación entre Estados y otra el señalamiento de un gobierno ilegítimo) sino en cómo replantear su participación como garante de paz con los elenos; empezando porque no podrían ellos seguir siendo socios del gobierno en ese país, menos si se erige en dictadura militar.
Pero se le va a Petro la mano en indulgencias con el ELN, como en requiebros se le va con Maduro; y compromete así sus posibilidades de éxito en el diálogo que propone para transitar a la democracia en Venezuela. No sólo acude el embajador Rengifo a la posesión de Maduro sino que se excede en venias. Petro dice que la elección de julio no fue libre por causa del bloqueo económico y, lejos de reconocer el resultado que le dio la victoria a González, propone nuevas elecciones. Y termina por cooptar el grosero mentís del régimen sobre la detención de Machado, para calificarla de “fake news”.
Tal vez por haber caído esta dictadura bajo la égida del imperialismo ruso y no bajo la del imperialismo yanqui, se revuelve nuestra derecha contra ella. Y no ahorra hipocresías. Marta Lucía Ramírez, corresponsable de la Operación Orión que arrojó decenas de muertos y 96 desaparecidos (probablemente arrojados a la Escombrera) acusa al “régimen que viola derechos humanos, tortura y comete crímenes de lesa humanidad”. Iván Duque, en cuyo gobierno se contaron por docenas los manifestantes muertos, pide una “intervención humanitaria” en Venezuela: una invasión armada extranjera, como las de Iraq, Afganistán, Siria y Yemen. Y Álvaro Uribe, bajo cuyo gobierno hubo 6.402 falsos positivos certificados, pide intervención militar internacional para tumbar la dictadura y restablecer la democracia en Venezuela. Pide sangre.
A semejante despropósito, que evoca a Ucrania y Gaza, responde el presidente Petro con un lacónico “dejen de pensar en muerte”. Mas si lo suyo es el diálogo, diálogo a derechas: sacudón de garrote y zanahoria con el ELN y bríos frente al gobierno de Maduro.
por Cristina de la Torre | Dic 17, 2024 | Conflicto interno, Corrupción, Crímen organizado, Diciembre 2024, Francia Márquez, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, Ministerio de Salud, Movimiento social, Mujer, Narcotráfico, Posconflicto, Progresismo, Salud, Seguridad Humana, Violencia
No pierde la sociedad su capacidad de reacción. Ni muda ni maniatada ante la violencia sexual que se ejerce contra nuestras niñas y niños, rechaza la opinión el nombramiento de Daniel Mendoza, supuesto instigador de ese delito, como embajador en Tailandia. En esta Colombia del Sagrado Corazón que naturalizó al narcotráfico como medio de ascenso social y lo incorporó al poder del Estado, reconforta la oleada de voces que se alzan contra el principio de hacer plata como sea, ahora robustecido por la ética que asocia sin dolor negocio y crimen. Enriquecimiento regado de muertos en cada operación de narcóticos que corona, también destruye la vida de miles de infantes esclavizados en explotación sexual. El Instituto Nacional de Salud documenta 34.842 casos de violencia sexual, la tercera parte contra niñas menores de doce años. En Bogotá, en Cartagena, en Cali, en Palmira, en Medellín, ciudad donde se detiene Carol Ann Figueroa, editorialista de La Píldora, para auscultar la desgarradora realidad.
Contra el nombramiento de Mendoza debuta Iris Marín, defensora del pueblo, por haberse mostrado él reiterada y públicamente afecto a relaciones sexuales con niñas. En la contraparte, defiende el presidente a su elegido y, en nombre de la libertad de amar, lo llama “emancipador”. Soy un demócrata radical, dice Petro, no un fascista; ¿cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor? Complacerse en relaciones sexuales con niñas o con adultas previamente drogadas no es amor, replica Marín, son modalidades de violencia sexual. Nuestro Estado, remata, no puede convertirse en dolorosa caricatura de la cultura violenta.
Acompañan a la defensora Laura Gil, embajadora ante la ONU para Política Global de Drogas, y Arlene Tickner, embajadora para Asuntos de Género y Política General Feminista. Estiman ellas que las publicaciones de Mendoza constituyen violencia de género y que bien haría el agraciado con renunciar al cargo ofrecido. Y Francia Márquez, vicepresidenta de la República, condena la misoginia de Mendoza, otra de las violencias patriarcales.
Para la analista Figueroa, ser mujer aquí es correr más riesgo de vender por la fuerza la virginidad, o una relación sexual, o una fantasía sexual actuada ante una cámara. 93% de las 4.921 víctimas que han denunciado ante la Fiscalía de Antioquia explotación sexual infantil en los últimos catorce años vieron periclitar su caso judicial sin pena ni gloria; sólo un 7% fructificó. Señala informe de Cuestión Pública que el fenómeno se ha salido aquí de control, y las autoridades hacen poco o nada por detenerlo. Sorprende el perfil de los empresarios que montan la red del negocio: un padre de familia, un político, un trabajador social, un profesor de deporte, un policía.
Informó La República que la industria webcam estaría reportando 600 millones de dólares en ganancias al año por el trabajo de 10.000 estudios instalados en Medellín, Cali y Bogotá. Si Cartagena se lleva las palmas, afirma Figueroa que en Antioquia la cultura traqueta se camufla con la cultura de la familia, la religión y las buenas costumbres, mientras parte sustancial de sus dirigentes y de la población saca pecho por considerarse “prueba viviente de la pujanza, la innovación y la berraquera” que atraen al extranjero que invade sus ciudades. El narcotráfico, concluye nuestra analista, dejó más que dinero: una cultura que, más allá de la cosa estética o musical, cierra los ojos para no ver la tragedia de sus niñas, niños y adolescentes y deslumbrarse, en cambio, en el fulgor del oro.
Sea la renuncia de Daniel Mendoza al cargo ofrecido otra cortina que se descorre al escenario de dignidad que el país reclama. Y a la autocrítica del presidente Petro.
Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Felicidades a los amables lectores.
por Cristina de la Torre | Dic 10, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Diciembre 2024, ELN, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Libre Opinión, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Paz Total, Posconflicto, Tierras, Violencia
Un avance imprevisto se registra en el replanteamiento de la política de paz: el reconocimiento de sus errores de origen. Equivocaciones y vacíos que explican la inusitada expansión de los grupos armados que, dedicados sin excepción a economías ilegales, se disputan a bala el territorio e imponen su dictadura a las comunidades. En favor de esta violencia redoblada obraron las pautas que Danilo Rueda, primer comisionado de paz, trazó desde el día uno de la negociación y en buena hora se revisan hoy. Y se materializan, para comenzar, en bombardeos de aviones Kafir a un campamento madre del Clan del Golfo en Antioquia; primera acción de la Fuerza Aérea contra grupo armado en la era Petro.
En foro promovido por El Espectador y la Universidad de los Andes con participación de autoridades de Gobierno, negociadores y líderes de territorios sojuzgados, proliferan razones enderezadas a corregir entuertos. Pasan al banquillo los diálogos de paz sin objetivo definido o claudicante en la orilla del Estado; ceses de fuego improvisados y aquietamiento letal de la Fuerza Pública, para solaz de la contraparte; manipulación y segregación de organizaciones de base por los armados, a fuer de integración de la sociedad al proceso de paz. Desaguisados cuyos efectos señala Leyder Palacios, líder social del Chocó: normalización de la guerra en su región, miedo, violencia, gobernanza armada de los criminales por cooptación del poder local, pérdida de legitimidad del Estado y de sus Fuerzas Armadas, cese el fuego que sólo beneficia a los armados. Y Luz Estela Sucre, líder social en Arauca, dice: “estamos solos, en nuestro departamento gobiernan los grupos armados… nos sentimos desamparados”.
La cruda realidad ha impuesto ya objetivos inescapables en la negociación: reducción de la violencia, transformación del territorio y desarme de la contra parte. Claro, no siempre se lograrán ni al mismo tiempo. Una es la experiencia de Comuneros del Sur, cuyo proceso entra en fase de implementación; otra, la engorrosa mesa con el ELN, que va para el año congelada y anuncia ese grupo que no suscribirá acuerdo final con el Gobierno. Se depuran los objetivos de la mesa también al tenor de los cambios producidos en los grupos armados: no apuntan éstos ahora a la toma del poder sino que batallan por prevalecer en las economías ilegales: saltan ellos de la política al lucro regado en sangre. Y el Gobierno pasa de mesa y cese el fuego con todos, a mesa y cese el fuego con quienes lo merezcan.
En algunos casos ha salvado vidas el cese el fuego; pero, decretado sin mecanismos precisos de control y verificación, ha robustecido a los grupos armados. Señala el gobernador del Caquetá que en su departamento éste disparó la violencia entre armados: cuando había que mantener el control del territorio se desescaló, no la violencia sino la presencia de la Fuerza Pública, y se fortalecieron los armados. El ministro de Defensa baja de su pedestal al cese y le concede importancia sólo si beneficia a las comunidades: a guisa de negociación de paz, no puede el Estado ceder poder de control sobre el territorio, ni igualarse con los ilegales.
Tampoco podrá permitirse más la manipulación, la cooptación o la segregación de organizaciones populares por grupos armados, a título de participación de la sociedad civil en el proceso de paz. En esta avanzada para monopolizar la voz del pueblo, tampoco se les permitirá violentar ni presionar a las Juntas de Acción Comunal.
Sostiene el expresidente Santos que toda negociación de paz conjuga garrote y zanahoria, que en ésta no han sentido los armados el garrote y sí, en cambio, se han comido la zanahoria. Mucho indica que se apunta esta vez a equilibrar las cargas, y otra política de paz empieza a tapizar nuevos caminos con los despojos de sus reveses iniciales.
