por Cristina de la Torre | May 13, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Derecha, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Iván Duque, Izquierda, Justicia, La paz, Mayo 2025, Paz Total, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Régimen político, Violencia
Si a Duque se le cobra la barbaridad de conspirar contra la paz, no menos responsabilidad le cabe a Petro por ayudar a postrarla a golpes de tozudez y negligencia: Colombia vuelve a incendiarse en violencia. Porque ambos gobiernos desdeñaron la implementación del Acuerdo de Paz; y el de Petro, además, celoso de remar a su manera en aguas movedizas, cambió para mal el modelo de negociación: disoció la implementación de la negociación, aquietó a la Fuerza Pública y abundó en concesiones a la contraparte, que hoy prevalece en un tercio del territorio, donde agrede a la población y avanza en su dictadura armada. Es guerra declarada de armados contra comunidades inermes.
Para escándalo del mundo, comparable al de los 6.402 falsos positivos, 1.200 líderes sociales y 460 firmantes de paz han sido asesinados en 8 años, casi todos en estos dos gobiernos, en absoluta impunidad. En el Catatumbo van 117 civiles asesinados y 65.000 desplazados en tres meses, víctimas de una guerra entre activos de economías ilegales. Para la Defensora del Pueblo, el Catatumbo sufre la peor emergencia humanitaria desde cuando existen registros. Pese a medidas de Gobierno todavía formales, otros mandan en la región, la gente huye en estampida y reina el miedo. El terrorífico plan pistola, herencia de Pablo Escobar, ha cobrado la vida a 27 uniformados.
Entre los errores de origen que favorecieron la expansión de los grupos armados y dieron al traste con la Paz Total se señalan ceses el fuego abortados, con desmovilización de la Fuerza Pública y sin los controles necesarios para la contraparte. En la negociación con el ELN, su imposición de ejecutar todo cambio adoptado en la mesa antes de contemplar la desmovilización conducía a un cogobierno armado. Peor aún: revela el expresidente Santos que el propio Gobierno organizó a las disidencias de las Farc. Que “el entonces Comisionado Danilo Rueda fue recogiendo con helicópteros del Estado a voceros de los distintos grupos criminales, llamados disidencias, para reunirlos en 2023 en el Yarí y reconocerlos como Estado Mayor Conjunto de las Farc (…) Aquellas disidencias eran un grupo muy pequeño de traquetos (los que no firmaron la paz) y estaban dedicados sobre todo al narcotráfico”.
El propio presidente Petro sostiene desde hace un tiempo que en Colombia no hay ya guerrilleros sino criminales dedicados al negocio del narcotráfico; que los comandantes del ELN son traquetos iguales a quienes integran los ejércitos de las mafias. Expresiones que cobran elocuencia ahora, cuando replantea su modelo de negociación con armados e integra la ofensiva militar como factor ineludible de una acción integral del Estado.
El Acuerdo de Paz trazó un virtual modelo de desarrollo para vencer la exclusión y las desigualdades. En este horizonte se concibieron los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) para 170 municipios y $26.7 billones. Apenas si se implementaron, presa de pésimo diseño y peor manejo. Primera frustración de la implementación. En Reforma Agraria, bajos índices en compra y redistribución de tierra, aunque satisfactorios en formalización de la propiedad. Se lucha por completar el proceso legislativo de la Jurisdicción Agraria, que resolvería sin violencia, con jueces especializados, las disputas en el campo, origen del conflicto en Colombia. Declaró la ONU que, de haberse implementado el Acuerdo de La Habana, no se sufrirían hoy descalabros como los de Catatumbo y Cauca.
Con tanta acción contra la paz -por perversidad en Duque que casi la volvió trizas, por voluntarismo y vanidad en Petro-; con tan graves omisiones en desarrollo del Acuerdo, ojalá el viraje que despunta en la negociación no haya llegado demasiado tarde.
Coda. Aplauso de pie a Laura Gil que, por mérito propio, accede a la Secretaría Adjunta de la OEA.
por Cristina de la Torre | May 6, 2025 | Álvaro Uribe Vélez, Capitalismo Social, Ciencia, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Derecho fundamental, Educación, Empleo, Guerrillas, Gustavo Petro, Industria agrícola, Industrialización, Mayo 2025, Partidos, Paz Total, Pensiones, Polarización social, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma laboral, Reforma pensional, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reformas liberales, Salud, Seguridad Alimentaria, Seguridad social
Anatema. Ante las reformas sociales que Petro agita (patrimonio aún de las democracias más modestas) entra en trance la oposición, se atrincheran las élites en sus privilegios y el Centro, en vez de ofrecer salidas, divaga en su moralina. Autoinvestidos cruzados de la decencia, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán esperan que Colombia caiga en éxtasis porque ellos preparen sus dispositivos para elecciones. Pero no ofrecen programas que respondan a los anhelos de la gente y dibujen los contornos de un país soñado. Se limitan a enunciarlos siguiendo el paso a las encuestas: seguridad, salud, educación, empleo, lucha contra la corrupción.
Fajardo se declara “preparado para gobernar, siguiendo mi camino”. ¿Cuál camino? Decirse ajeno a los extremos, a la politiquería y a la corrupción es alternativa paupérrima a la agenda social de este Gobierno, a la urgencia de destrabar la industrialización y la reforma agraria, al reto de vencer la violencia en el naufragio de la Paz Total. Galán ofrece replicar a las necesidades de la gente; pero tampoco las define ni avanza soluciones. Afirma, sí, que en 2026 habrá dos opciones: la que mira al pasado, Petro incluido, y la que busca el futuro, la suya. Mientras tanto, cocina alianza con lo más granado del pasado: los partidos Conservador, Liberal, la U, el oscurantista MIRA. Y no falta opositor que proponga capear una crisis de motor fundido con trabajo de latonería y pintura.
Un nuevo gobierno de la actual oposición deberá ordenar la casa, escribe la ponderada columnista Cristina Carrizosa: cambiar los vidrios rotos, reorganizar los muebles, resanar y pintar los muros de las instituciones manchadas por la corrupción y la decadencia, dice a la letra. Invita a la clase política a “arremangarse” unida para rescatar al país del retroceso, capotear la pobreza, (de nuevo) enfrentar la corrupción y cambiar el rumbo. De nuevo: ¿cambiarlo hacia dónde?
Lamenta el escritor Carlos Caballero que los dirigentes del país no propongan un escenario futuro para Colombia. Nadie quiere volver al pasado, escribe, sino opciones de cambio novedosas, en democracia. Coincide en que un nuevo Gobierno deberá poner orden en casa y recuperar la seguridad. Pero mejorar el bienestar y la igualdad de oportunidades; expandir la economía; crear empleo e instrumentos novedosos de formalización laboral; incorporar tecnología para aumentar la productividad del trabajo y del capital exigirá reformas estructurales, ciertas y efectivas. Con ello, podría Colombia convertirse en potencia en producción de alimentos y de energía. Mas, sin contundencia en las políticas, será imposible.
Armoniza esta reflexión con la visión estratégica de industrialización y reforma agraria que nuestra dirigencia selló con candado hace medio siglo. Y con su corolario natural, la política social, que en el Estado contemporáneo se suma a los derechos políticos y económicos de la población. Reformular el modelo de desarrollo se impone, sobre parámetros de igualdad y crecimiento. Es en este horizonte donde las reformas sociales de Petro cobran toda su validez. Y donde el Centro calla.
El descalabro de la Paz Total, el desbarrancadero de la corrupción y la ruidosa ineficiencia administrativa de este Gobierno no deslegitiman, con todo, su empeño en reformas sociales siempre aplazadas o concedidas a cuentagotas. Revertir los derechos laborales que Uribe arrebató a los trabajadores, extender el servicio de salud a los marginados e impedir el robo de sus recursos y lograr la más democrática reforma pensional les pareció a las elites una afrenta. Sí, el solo cambio de problemática desafía la muelle placidez del establecimiento, que entonces ruge. Y el Centro ahí, inane, a caballo en la inercia de la oposición. ¿Dónde anda Claudia López, opción insuperable, de centro-izquierda, para la presidencia?
por Cristina de la Torre | Mar 25, 2025 | Actores del conflicto armado, Antioquia, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Corredores del narcotráfico, Crímen organizado, ELN, Farc, Guerrillas, Impunidad, Justicia restaurativa, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Marzo 2025, Narcotráfico, Paramilitarismo, Política de seguridad, Régimen político, Seguridad democrática, Seguridad Humana, Uribismo, Violencia
Se equivoca el representante Juan Carlos Wills. Proponer el rearme de civiles en el quinto país más violento del mundo y primero en exterminio de líderes sociales no hará sino repotenciar la tragedia nacional. Se agolpan en la memoria todas las aventuras que, pretextando derecho a la defensa, atropellaron la seguridad ciudadana, sembraron de cadáveres caminos, veredas y ciudades. Convivires, autodefensas, paramilitares, narcotraficantes, valentones de ocasión, guerrilleros y facinerosos (con armas de su propio caletre) se adjudicaron todos el derecho de disparar contra la ciudadanía inerme. Y dieron nuevas herramientas de brutalidad a nuestra consuetudinaria manera de hacer política, de dirimir conflictos de tierra, de barrio, de familia: a bala. A veces, con apoyo inesperado: damas rosadas de la sociedad de Medellín se enternecían en los años 80 ante los jóvenes sicarios de Escobar, que mataban sin cesar, por una bicoca, para comprarle su neverita a la mamá.
Para no ir lejos, Andrés Escobar y vecinos de bien dispararon en Cali contra manifestantes el 28 de agosto de 2021. Encausado por la justicia, lo protegió la senadora Maria Fernanda Cabal, quien elogió al “valiente digno de admiración” que había actuado en “legítima defensa”. Se dirá que todo ello son troneras propias de cualquier política de seguridad. No. Aquí las troneras fueron la política de seguridad misma, y la excepción, el uso ponderado del arma que se le entregó a un civil por razones debidamente justificadas y bajo control del Estado.
El 19 de marzo aprobó la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de Wills que se propone facilitar el porte de armas para reducir la inseguridad, flexibilizar permisos y registros para la tenencia y porte de armas de fuego, y “equilibrar el derecho individual (a la seguridad) con las necesidades del orden público”. En los últimos ocho años se habían reducido drásticamente los permisos y había subrayado la Corte Constitucional que el porte de armas debe estar estrictamente regulado para evitar abusos.
La verdad es que la violencia aumenta conforme crece el número de armas entre la población. La Universidad de Los Andes probó que, gracias a la restricción de armas, en Bogotá y Medellín bajaron 22% los homicidios. Mas, piensa la senadora Cabal que el porte de armas es un derecho del ciudadano para defenderse de los criminales. Pero el Acuerdo de La Habana se inventó una excusa para desarmar a la población civil, asevera: el buenismo de todos desarmados hace de Colombia el país más inseguro del mundo. Y una sociedad desarmada queda “a merced de estos bandidos comunistas”.
¿Esta alusión desnuda la razón política del rearme civil? ¿Es la misma que liquida, entre líderes sociales, a defensores de la tierra, por “terroristas”? En todo caso bebe del modelo contrainsurgente: al enemigo (el comunismo) se le liquida; ya invada a la nación o actúe por interpuesta persona, el “enemigo interno”. Pero el enemigo es a un tiempo el guerrillero y el opositor legal. Y en idéntico marco de contrainsurgencia operan los civiles comprometidos con el orden público, bien como Junta de Autodefensa o como Defensa Civil. El mismo que terminaron por adoptar todas las formas de autodefensa que martirizaron a Colombia: Las Convivir, dirigidas por jefes paramilitares; las Autodefensas Unidas de Colombia y el paramilitarismo como fuerza armada irregular del Estado.
El rearme de civiles podría devolvernos a este escenario catastrófico; bien por interés oculto de algún interesado, bien por imprevisión de los promotores de la ley. Porque desdeña las soluciones de fondo a la inseguridad y la violencia, que empiezan por depositar en el Estado el uso exclusivo de la fuerza y por hacer de la justicia un poder operante e insobornable. Rearmar a los civiles podrá ser una osadía mortal.
por Cristina de la Torre | Mar 18, 2025 | Álvaro Uribe Vélez, Banca, Desarrollo sostenible, Economía productiva, Empleo, Estado Social, Gustavo Petro, Impuesto progresivo, Industrialización, Justicia tributaria, Ley 100, Marzo 2025, Movimiento social, Neoliberalismo, Pacto Social, Polarización social, Política económica, Privatización, Progresismo, Reforma a la salud, Reforma pensional, Reforma tributaria, Reformas liberales, Salud, Seguridad social
La hipocresía de nuestra derecha parece no tener límites. Lleva 35 años bloqueando la industrialización -fuente de trabajo productivo para amplios sectores de la población- pero ahora acusa a la reforma laboral de este Gobierno de evadir el desempleo y la informalidad. Maleducados en la sociedad del privilegio, líderes de los partidos y de los gremios ponen el grito en el cielo al primer amago de tocarla. Como si devolver a una minoría de trabajadores formales los derechos salariales que Uribe les conculcó en 2002 comprometiera la existencia de la empresa privada o disparara la abrumadora cifra de 58% de informalidad. Como si la precariedad de los salarios no se tradujera en desempleo pues, si los trabajadores no consumen, no hay demanda; y sin demanda cae la producción y hay recesión. Como si esta vergüenza de informalidad y pobreza en un país que se cree democracia no procediera sobre todo del modelo de mercado que liquidó toda opción de desarrollo productivo, todo plan nacional como su carta de navegación, a instancias del Consenso de Washington.
Ignominia que pesa en César Gaviria y adláteres de la política tradicional, comprometió también a la tajada más jugosa del empresariado. Ésta se dedicó desde entonces más a la especulación financiera y a desplazar el trabajo nacional con mercaderías importadas que a crear empresa. Lejos, brumosa quedaría la edad heroica de la industria en Colombia, que pocas firmas evocan hoy trabajando a brazo partido y en espíritu de patria. Cursilería de románticos , dirán banqueros MacPiponchos bendecidos por la increíble gabela que la Carta del 91 les dio como intermediarios forzosos de los recursos que el Banco de la República gira al Gobierno. Mas no lo dirían las 1.700.000 pequeñas y microempresas a las que deberá concedérseles un período de transición para adoptar progresivamente las disposiciones de la reforma. Y reorientar hacia ellas el apoyo del Estado, con crédito fácil y legislación antimonopolio.
Las reformas sociales que este Gobierno ha discutido largamente con el país aspiran a revertir los efectos más perniciosos de la Ley 100 y del estatuto laboral de Álvaro Uribe. Queriendo aquel bajar costos de contratación dizque para crear empleo, recortó el pago de dominicales y trabajo nocturno, eliminó el contrato laboral de aprendices y, para evadir el pago de prestaciones, introdujo la intermediación de empresas de servicios temporales. Argumentó que bajar salarios y facilitar despidos servía al empleo, pero los hechos probaron lo contrario: tras sus ocho años de gobierno, Colombia fue líder del desempleo y la informalidad en América Latina. Fiel a la libertad de mercado y al desmonte de controles del Estado en boga, hoy critica el expresidente la reforma en curso con los criterios que animaron la suya. La iniciativa de Petro controvierte la política laboral que privilegia al empresario, castiga al trabajador y sitúa a Colombia a kilómetros de las democracias y de la OIT.
Las graves falencias del mercado laboral resultan aquí de modelos concebidos para discriminar a los más y favorecer a los menos. ¿Qué hacer? ¿Surgirá, por ventura, una oposición creadora, con contrapropuestas para encarar los problemas del país, capaz de erigirse en alternativa de poder? En política social, ¿perpetuará el modelo que convierte la salud, las pensiones, los servicios públicos en negocio de particulares? ¿Se depurará la alternativa de economía mixta, Estado-empresa privada, puesta la mira en un proyecto de nación? Este Gobierno ¿no cuenta ya con el Plan de Desarrollo, hecho inédito en décadas, óptima ruta de acción? ¿Para cuándo, verbigracia, la creación de empleo productivo público que restaure la función empresarial del Estado? Con hechos de esta laya, pensaría la derecha en correr con sus demonios a otra parte.
por Cristina de la Torre | Mar 11, 2025 | Actores del conflicto armado, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Curules de Paz, Economías ilícitas, ELN, Guerrillas, Izquierda, Justicia, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Marzo 2025, Narcotráfico, Personajes, Polarización social, Violencia
En el propósito de hacer memoria para no seguir contando la guerra desde la coyuntura, Maria Elvira Samper y Juan David Laverde ofrecen una historia compacta y rigurosa del ELN, última guerrilla del continente. Referente obligado para estudiosos y para el ciudadano menos avisado, reputados conocedores de esta saga acotan, desde distintos flancos, el examen de los hechos que un podcast de doce capítulos recoge. Desde el nacimiento de esa guerrilla en 1964 entre universitarios y campesinos movidos por el ideal revolucionario que la Cuba de Fidel Castro encarnó. En la reconstrucción de acontecimientos, descuellan la muerte de Camilo Torres en 1965 y el desastre de Anorí en 1973: las dos grandes derrotas políticas del ELN en su fase inicial. Etapa de supervivencia en la selva y mando autoritario que tramita las diferencias políticas con fusilamiento del contradictor. Mas, sobre sus 90 cadáveres de Anorí se reagrupa el ELN, recompone el mando por “purga ejemplarizante” en la cúpula -dirá Maria Elvira- e inicia el tránsito del caudillismo a la dirección federada que rige desde entonces. Se detiene el relato en los muchos intentos de paz negociada con ese grupo; pero también en tragedias como la de Machuca que, por voladura del oleoducto, incineró vivos a 80 campesinos inermes. El ELN habría derramado 4 millones de barriles de petróleo en nuestros ríos.
A la derrota de Anorí -un intento de toma de la población que provocó acción letal del Ejército contra el ELN- se sumó la incautación de una tula del jefe, Fabio Vásquez, repleta de información secreta y caen casi todas las redes urbanas de la organización: 200 detenidos. La virtual desaparición de esa guerrilla marca, sin embargo, su punto de inflexión. El ELN se reorganiza y resuelve la crisis a su favor. Niega Vásquez su responsabilidad en la derrota por falta de trabajo político en el campo, y descarga en otros la culpa: juzgan, condenan y ejecutan a la célula urbana de Los Bertulfos.
Dirá Alejo Vargas en esta historia que es la última ejecución colectiva del ELN después de la de Víctor Medina Morón, Eliodoro Otero y Julio César Cortés, por diferencias ideológicas, en 1968. Y la de Jaime Arenas en 1971. Se sabe que Ricardo Lara Parada, cofundador y segundo al mando de esa guerrilla, sería ejecutado por un comando del ELN en 1985 a la puerta de su casa, frente a su hija de cinco años. Entonces oficiaba como líder político en la legalidad. Afirmó en la revista Trópicos (1980) que el ELN había terminado por invertir los valores: “la guerra dejó de ser dirigida desde la política, para que la política fuera dirigida desde la guerra”. Fue la suya una invectiva contra el militarismo del ELN, que no ahorra brutalidad aun cuando del pueblo se trate. Dígalo, si no, su terrorífica incursión de este mes en el Catatumbo, otra arremetida contra el pueblo que dice representar.
Para Eduardo Pizarro, analista en el relato, la muerte de Camilo Torres fue la muerte del Frente Unido, de una gran movilización política urbana en ciernes; pero, además, reforzó la inclinación campesinista y el caudillismo de Fabio Vásquez. Ya se dolía en su hora Ricardo Lara: todo lo que toca el ELN lo vuelve militar, afirmó; limitó al más grande líder revolucionario a esperar el próximo movimiento táctico, que lo llevó a la muerte… “muerto Camilo, muere su obra”.
Desde los 80, el ELN se aplicará al secuestro, a la extorsión, a la minería ilegal, a la trata de personas; y al narcotráfico, que hoy practica a plenitud, lavado de activos comprendido como miembro de una mafia internacional, según el General Naranjo. Su derrota es política: es la asociación con el delito y el crimen. Ya el presidente lo señaló de haber reemplazado a Camilo Torres por Pablo Escobar. Pero Colombia se sueña el milagro: que el ELN regrese de Escobar a Camilo.
por Cristina de la Torre | Mar 4, 2025 | Capitalismo, Conflicto interno, Corrupción, Crímen organizado, Derecha, Fascismo, Iglesia Católica, Imperialismo, Internacional, Izquierda, Marzo 2025, Occidente, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Racismo, Régimen político, Sanción Política, Sanción Social
El recién expedido decálogo educativo de Trump ingresa con fanfarrias y a zancadas en el bunker de su ruidosa autocracia. Invita a convertir la escuela en centro de oración para hijos de blancos-heterosexuales-protestantes, en nicho para exaltar las glorias patrias, mientras arrasa en su biblioteca con todo libro que reconozca diversidad racial y sexual, ideología de género o contenido político “inapropiado”. Anuncia el presidente purga en el Departamento de Educación contra marxistas, fanáticos y todo lo hostil a las enseñanzas judeo-cristianas: defenderemos, dijo, la religión misma, que está bajo asedio; y castigaremos fondos para escuelas que contravengan lo dispuesto. En desafiante involución a la educación confesional, atropellando la pluralidad y la libertad de pensamiento, cuelga Trump su retrato en la galería de censores quemalibros que honraron las dictaduras en la modernidad. Desde Calvino y Robespierre hasta Hitler, Stalin, Mao, Pio Nono, Videla, monseñor Builes y el imitador de todos, exprocurador Alejandro Ordóñez, que protagonizó su propia quema de libros en Colombia; hasta el mentor del macartismo que en tiempos de la Guerra Fría censuró 30.000 obras y hoy reencarna en Trump.
Castigaron ellos sin contemplaciones las libertades que el arte y la literatura daban al vuelo de la imaginación porque podían derivar en crítica del poder amancebado con la religión. Fuera ésta religión de la revolución o de la trinidad inmóvil. Bajo el fuego de la inquisición católica, de la protestante o de la revolución cultural china, cayeron los grandes: Shakespeare, Cervantes, Thomas Mann, Balzac, Zolá, Dostoievsky, Arthur Miller, García Lorca, Stephen King… En Estados unidos llegaron a prohibir a su poeta Walt Whitman, “un entrañable bocado de inmundicia”, sentenció el censor. Y el ministro negro libre Sam Green pagó cárcel 10 años por tener un ejemplar de La Cabaña del Tío Tom, que cuestionaba el racismo y la esclavitud. El Consejo Escolar de Nueva York retiró de las aulas textos “antiamericanos, anticristianos, antisemitas y simplemente asquerosos”.
Bajo la renaciente cultura del miedo, se presentan cada día nuevas quemas de libros en Estados Unidos. Prolongan la saga de la dictadura teocrática de Calvino, que incineró, con sus libros, al librepensador Miguel Servet. La del nazismo que en 1933 inició la destrucción de libros “subversivos”, prolongada por años en universidades alemanas. Y la de aventureros españoles que, a la conquista de lo ajeno, blandiendo arcabuces y teas y blasones del Papa de Roma, incineraron en 1562 los libros mayas, pletóricos de información científica e histórica; con tratados rigurosos de botánica y medicina, y compendios de poesía. Para preservar su fe, la Corona española censuró, amordazó y quemó cuanto pudo.
Idéntica ambición imperial inspira a Trump. Mas no ya para imponerse a la brava en el mundo agitando el blasón gringo de la democracia, sino para imponerse a la brava en el mundo sin el blasón de la democracia. Y, en casa, para instaurar la cruda tiranía de millonarios que hacen el saludo nazi mientras el presidente confiesa su más caro deseo del corazón: gobernar con generales como los de Hitler. Y menea el blasón de la Biblia.
Prueba la historia que de esta aleación de poder político y religión resultan guerras santas y tiranías. Regímenes de terror en olor de religión, en cabeza de déspotas autoinvestidos de poder divino que cobraron con sangre el delito-pecado de pensar, de sentir, de obrar en libertad. Dijo Zweig: cuando un credo se hace con el poder del Estado, pone en marcha la máquina del terror… a quien cuestione su omnipotencia le corta la palabra y, casi siempre, la garganta. ¿No apunta Trump, cruzado entre párvulos de escuela, directo a la yugular?
por Cristina de la Torre | Feb 25, 2025 | Desarrollo sostenible, Educación, Empleo, Estado Social, Febrero 2025, Gustavo Petro, Izquierda, Jurisdicción Agraria, Justicia tributaria, Ministerio de Salud, Neoliberalismo, Pacto Social, Polarización social, Privatización, Progresismo, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma pensional, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Reformas liberales, Régimen político, Salud, Seguridad social, Sistema de salud, Socialdemocracia
Mérito de este Gobierno fue desnudar sin atenuantes los problemas medulares de Colombia, un país con millones de ciudadanos que no pueden hacer las tres comidas diarias. Un bofetón a la sociedad del privilegio que paladeó siempre las desigualdades por los laditos o con puño de hierro, mientras Petro apunta a moderarlas entre palos de ciego, retórica, aciertos y traspiés. Pero ahora suprime por sorpresa un componente esencial de la política social: subsidios a la población más necesitada. Corta la transferencia de Colombia sin Hambre a tres millones de hogares en condición de pobreza absoluta, la de Renta Joven, y el subsidio a intereses de crédito universitario que afecta gravemente a 327.000 estudiantes de estratos inferiores y egresados porque dispara el valor de las cuotas por pagar. Quedan ellos sin alternativa de financiación.
Recuerda Olga Lucía González en La Silla Vacía que en el consejo de ministros televisado descalificó Petro los subsidios dizque por “neoliberales”. Borró fronteras entre izquierda y derecha. Para la primera, la inversión social del Estado ataca la pobreza, modera las desigualdades; la segunda desconfía del Estado y entrega al mercado la misión de equilibrar la cancha. Pero, apunta, la protección social en cabeza del poder público es enseña de la democracia contemporánea. En Europa, la inversión social del Estado compromete el 22% del PIB; en Francia, el 32%. Allá democratiza la prosperidad y en América Latina obra como palanca del desarrollo.
Aquel ataque del presidente a los subsidios, aquella cepa vergonzosa de capitalismo primitivo riñe con sus propias políticas de Gobierno que, pese a la irrisoria ejecución, arroja algún fruto y esperanzas: salario mínimo fortalecido, reducción del desempleo y de la inflación, jurisdicción agraria en ciernes y reforma pensional que duplicaría el número de beneficiarios si la Corte Constitucional la bendijera. Capítulo aparte ocupa el paso de la reforma a la salud por el Congreso, pues esta desmonta abusos sin cuento del socio privado en el sistema de salud. A grandes voces contra la “estatización comunista” de servicios públicos, pensiones y salud se oponen los que en 30 años se enriquecieron con la privatización de estas funciones públicas. Pero devolver al Estado el control financiero de la Salud y fortalecer la atención primaria es ceñirse al mandato de la Constitución. Declara su Artículo 49 que la salud es un servicio público a cargo del Estado: a él le corresponde organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo; y trazar las políticas para la prestación del servicio por entidades privadas, bajo vigilancia y control del Estado.
Este postulado armoniza con principios de la socialdemocracia que rige desde 1945. Y no se contrajo a aliviar la pobreza con subsidios, pues transformó la naturaleza del Estado. Transitó este de simple garante de la igualdad ante la ley a garante de los nuevos derechos económicos y sociales de la población. Ahora debía responder por educación, salud, pensiones y servicios públicos mediante gravamen progresivo a las mayores rentas y patrimonios. Lo cual resultó en reducción de las desigualdades. Hacia los años 80 el impuesto promedio a los grandes capitales en Europa y Estados Unidos rondaba el 80%.
Pero entonces se involucionó al capitalismo montaraz del neoliberalismo. Condescendieron nuestras elites con los subsidios que el Segundo Consenso de Washington introdujo para aliviar el efecto devastador del primero y reducir la amenaza del malestar social. Sí, estos últimos subsidios llevan marca de autodefensa neoliberal. Mas el sistema de protección social del Estado (y otros subsidios) viene de vieja data en Colombia, donde los pobres son legión. Hoy hostiliza esas ayudas el mandatario que aspira, no obstante, a construir Estado social. Vaya paradoja.
por Cristina de la Torre | Feb 18, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, ELN, Febrero 2025, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Narcotráfico, Pacto Social, Paz Total, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Rural, Tierras, Violencia
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y encarnación del personalismo en el poder, en el presidente Petro recae la responsabilidad última del desastre de la Paz Total; no en su ministro de Defensa, Iván Velásquez, que recibe órdenes del mandatario. Cada decisión (o indecisión) de gobierno responde a la mano del príncipe, que aprieta o afloja según su impredecible designio de cada hora. Yerra Petro en la concepción de la Paz Total, en el diagnóstico, en el método, en la ejecución. Pero en consejo de ministros teatralizado para el país irrespeta al funcionario insinuando que la toma de El Plateado no se consumó debido a sabotaje por inacción de su cartera. Respondió Velásquez que las fallas de esa estrategia no le caben al ministerio sino al Gobierno nacional que, pese a la insistencia del ministro, nunca logró una acción articulada del Estado sobre la región. Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, dirá que la falta de coordinación en el Ejecutivo obstaculizó la acción militar en el territorio: nos sentíamos remando solos, precisó.
Y suscribió la crítica generalizada de la estrategia de Paz Total y sus ceses de fuego, traducidos en fortalecimiento de los grupos armados y debilitamiento de operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Revela Hugo Acero, experto en seguridad, que el presidente le ordenaba al ministro frenar la acción militar en territorios donde se imponían ceses del fuego sin planificación suficiente. Este Gobierno disolvió su capital político y la ilusión del cambio en el voluntarismo del mesías (¡otro!) que prometió sellar en tres meses la paz con el ELN. Mas al amparo de inauditas larguezas en la mesa de negociación, multiplicó ese grupo sus efectivos, consolidó negocios ilícitos, avanzó en control de territorios, en sojuzgamiento de comunidades y se destapó como retaguardia armada de la dictadura venezolana, con la que comparte utilidades del narcotráfico en la frontera.
Se propone ahora el presidente aplicar la estrategia de El Plateado en el Catatumbo, sin haber antes corregido entuertos. La tragedia humanitaria de esta región requiere, sí, un modelo semejante al del Cauca, pero depurado y acondicionado para lograr sus objetivos: intervención de la Fuerza Pública, acción coordinada de las instituciones del Estado e inversión social. Como lo pidió el ministro Velásquez.
El drama rompe fronteras del Cauca y Santander. Si el Catatumbo padece una tragedia humanitaria sin precedentes en 28 años, esta se cocina ya en Sur de Bolívar, Antioquia, Valle, Arauca y Chocó. Líderes del Pacífico se confiesan agotados de registrar “guerras anunciadas y esperar la lenta, insuficiente y descoordinada respuesta del Estado”. Tras el paro armado del ELN que hace tres meses confinó a 50.000 personas, su guerra con el Clan del Golfo responde ahora por 3.400 desplazados, 9.200 confinados y anuncia una debacle como la del Catatumbo. 71% de los municipios de Colombia están bajo alerta y la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, revela que en el Chocó se están suicidando los niños para no ser reclutados.
En virtual confesión de parte que bien le valdría como autocrítica, hoy denuesta Petro “el ego individual, el tribalismo, el ego de grupo sectario”. Pero ha dejado en vilo el Plan de Choque para implementar la paz que su exministro Cristo trazó, basado en romper egos, y sin el cual queda ésta reducida a polvo de estrellas. Comprende el plan pactos para acelerar la transformación del territorio, reforma rural integral, agenda legislativa, articulación de la seguridad en el territorio y acuerdo para un pacto nacional. Se trata de rectificar la política de paz y trazar una estrategia de seguridad para combatir a quienes persisten en la violencia. Si no convierte por esta vez su idea en acción, podrá Petro sucumbir en el hoyo negro de su Paz Total.
por Cristina de la Torre | Feb 11, 2025 | Capitalismo, Febrero 2025, Gustavo Petro, Imperialismo, Industrialización, Internacional, Izquierda, Libre Mercado, Modelo de mercado, Modelo Económico, Occidente, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Política económica, Régimen político, TLC, Violencia
Las amenazas de Trump contra Colombia y México destaparon diferencias de talante entre Petro y Sheinbaum, entre las economías de los dos países y en la idiosincrasia de sus elites. Herido el sentimiento patrio de los colombianos por la humillación infligida a sus inmigrantes, dio Petro en jugar a “el Estado soy yo” de Luis XIV y arriesgó la tercera parte de nuestras exportaciones, que van a Estados Unidos. También la presidenta Sheinbaum acusó la herida al honor de su país y la inminencia del golpe contra él. Pero invocó unidad en la consigna de “cooperación sí, subordinación no (pues) no somos colonia ni protectorado de nadie”. Acudió a la diplomacia y negoció: sabe que no ha de confiar al impulso de su indignación personal la suerte de la economía mexicana. Mientras parte del notablato colombiano se postraba de hinojos ante el déspota, el empresariado mexicano (y la oposición) cerraba filas con su presidenta en defensa de la patria mexicana. ¿Manes de la revolución nacionalista de 1917? Manes del Consenso de Washington y del TLC que nuestra dirigencia suscribió, esos sí, para sacrificar con ellos la incipiente industrialización alcanzada.
Escribe Jaime Acosta Puertas en Razón Pública que ningún producto colombiano es insustituible en Estados Unidos. Considera asombrosa, vergonzosa la debilidad de la economía colombiana, y su precariedad se ha ahondado desde 1991, cuando apostó a la importación de tecnologías y sacrificó su industrialización. Se equivocó. Lo que domina hoy es un enorme déficit comercial, pues sufrimos una doble dependencia, de tecnología y de mercados. Lo que Colombia exporta, dice, depende de la tecnología que importa; y de lo que importa vive el comercio interno. Nuestro empresariado no piensa en términos de productividad, sino de rentabilidad a corto plazo: Colombia, remata, no está en condiciones de librar una guerra de aranceles.
En México, en cambio, se prepara el empresariado para concurrir a la mesa de negociación con Trump. Es que -recuerda Mauricio Vargas- ese país vende el 80% de los buses y camiones que Estados Unidos importa, el 54% de los televisores y equipos de video, el 50% de los vegetales, el 40% de los licores y el 41% de las frutas. Los automotores, motores y partes producidos en México para el mercado estadounidense valen 173.000 millones de dólares al año.
En los próximos seis años desarrollará el país el Plan México, estrategia de inversión que dará norte a la economía. Iniciativa de Sheinbaum, el plan busca abastecer la mitad del mercado doméstico con producción nacional. Se propone elevar en 15% su producción automotriz, aeroespacial, farmacéutica, electrónica y de semiconductores, entre otras industrias. Proyecta inversiones por 277.000 millones de dólares a 2030, crear millón y medio de empleos y situar a México entre las diez primeras economías del mundo, informa El País. Cuenta la presidenta que en el mes de gracia que logró antes de discutir de nuevo aranceles, está trabajando “a marchas forzadas” para perfeccionar su plan, e invitar de consorte al empresariado que esta semana ovacionó a la mandataria de izquierda que pone al país por encima de toda consideración.
Enorme distancia en desarrollo le lleva México a Colombia, y muy distinta la índole de sus gobernantes y sus dirigentes. Si las diferencias no los hacen mejores ni peores, la presteza de empresarios y opositores para rodear a su gobernanta en momento tan dramático debería sugerirnos a los colombianos la pregunta que repica como un cirirí: ¿si no ahora, cuándo llegará el día para concertar un acuerdo de mínimos que desborde la repartija política, y obre como el proyecto soñado de nación? ¿Cuándo abocar la reindustrialización como estrategia de desarrollo que modere las horribles inequidades de este país y plante cara a la violencia?
por Cristina de la Torre | Feb 4, 2025 | Capitalismo, Conflicto interno, Derecha, Fascismo, Febrero 2025, Imperialismo, Internacional, Occidente, Polarización social, Política de Estado, Racismo, Régimen político
El trato de criminales-mafiosos-asesinos que Trump ha dispensado a migrantes colombianos es apenas parte del que da a los llegados del mundo entero que, a lo largo de dos siglos, levantaron los andamios de la nación del Norte. Pero, en alarde de vanidad sin límites, convirtió Petro la indignación del país en nota altisonante de su ilustre persona: señaló que el enemigo quería “tumbarlo” y que, de lograrlo, debería “responder ante las Américas y ante la humanidad”. Descorrió el proscenio donde Trump pudo teatralizar sus lances ante el mundo y puso nuestra economía al borde del abismo. El déspota naranja hace lo suyo: cacería de latinos en Estados Unidos, como de judíos la hubo en Alemania. Allá y acá, la razón última es racial, contra “invasores” de la patria wasp: del blanco anglosajón protestante, vástago de los primeros migrantes que, huyendo de la persecución religiosa en Europa, arribaron para fundar una dictadura teocrática y exterminar a los indios nativos. Por invasores tiene a los mexicanos que se sumaron a los pobladores originales de la mitad del territorio mexicano que los gringos se apropiaron en 1846 y configura todo el suroccidente de Estados Unidos, el verdadero invasor.
Migración esclava de negros africanos; migración de chinos que llegaron a ser 10% de la población de California; migración de indios, del sur y el oriente de Europa, de irlandeses y latinoamericanos. Migración de 1.118.000 niños comprados a sus padres o secuestrados en sus países de origen en la década de 1880, para imponerles crueles jornadas de trabajo, según el historiador Howard Zinn. Fueron todas ellas brazo y motor del progreso material y de la riqueza cultural en ese país. Hoy son casi 50 millones los migrantes, 15% de la población, parte vital del trabajo en agricultura, construcción, servicios, medicina, tecnología e innovación empresarial.
El salto a la gran plantación capitalista de algodón y tabaco se apuntaló en el contingente de esclavos negros que entre 1790 y 1860 creció de 500.000 a 4.000.000 de personas. En la población negra, en los inmigrantes europeos y chinos se afirmó el huracán del crecimiento económico que despuntó hacia finales del siglo. Pulularon contratistas que importaban chinos en masa, ocupados en la construcción del ferrocarril Transcontinental. 33.000 chinos e irlandeses trazaron sus dos grandes líneas, con elevado costo en vidas y padecimientos y miserable remuneración.
La derrota de México en 1846-48 significó la anexión a EE.UU. de Texas, Utah, Wyoming, Nevada, Arizona, California, Nuevo México, Kansas y Oklahoma, y muchos de sus pobladores adoptaron la ciudadanía estadounidense. Con las leyes migratorias de los años 60 se disparó la ola de inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Hay hoy en EE.UU. 39.9 millones de personas de origen mexicano (de primera, segunda y tercera generación). Los inmigrantes mexicanos son 12 millones, un cuarto del total. En la década de los 90, la globalización y el traslado de empresas al extranjero golpearon el empleo y a los mexicanos se les ha acusado de desplazar del trabajo obrero a los estadounidenses. Ya desde entonces autoridades de ambos partidos se ensañan en esta población.
Trump aplica terapia de choque para asegurarle a esa potencia en decadencia su hegemonía en el planeta. Para ello, tritura valores e instituciones vitales de la democracia liberal. Vuelve por los fueros del destino manifiesto para amenazar países y arrasar desde el poder de una plutocracia insaciable. Expulsar inmigrantes en masa ayudará a dislocar a esa nación antes de que pueda sortear la crisis, pues no se extirpan impunemente órganos vitales del cuerpo social. Ni se revierte el declive que el supremacismo triunfalista se niega a contemplar, empeñado como está en violentar las fuerzas que edificaron esa nación.
