por Cristina de la Torre | Oct 29, 2024 | Democracia Plebiscitaria, Derecho fundamental, Internacional, Libre Mercado, Modelo Económico, Mujer, Neoliberalismo, Occidente, Octubre 2024, Personajes, Política de Estado, Racismo, Régimen político
Los comicios que en 2016 eligieron a Trump revelaron cambios insospechados en la sociedad estadounidense, que trastocaron la composición de fuerzas en los partidos y reconfiguraron el mapa político. Y ese punto de inflexión persiste en esta elección de 2024. En colectividades de maleable ideología porque reúnen intereses muy diversos, a veces opuestos, de una sociedad más y más segmentada y compleja, grandes franjas de militantes invierten valores y posturas políticas: sectores que votaban siempre por su partido emigran al ideario contrario. Así lo registra Juan Negri en Le Monde Diplomatique.
En la elección de 1932 el Partido Demócrata, que había expresado los intereses del racismo y del esclavismo, se trocó en partido de los afrodescendientes; abandonaron estos el Partido Republicano, victorioso en la guerra civil de 1861 que abolió la esclavitud. Realineamiento parecido, pero de signo contrario, tuvo lugar en el seno de los demócratas esta vez, cuando chocaron la elite tradicional y una base popular anti establishment económico, nacionalista y xenófoba, hostil al modelo de mercado que la había empobrecido. Millones de trabajadores resintieron la desindustrialización de regiones enteras provocada por los tratados de libre comercio que Bill Clinton había suscrito y la supresión de regulación financiera que desembocó en la crisis de 2008.
Azuzó Trump el malestar del viejo proletariado, de franjas enormes de operarios del cordón industrial que vieron reducirse sus ingresos, después de haber sido pivote del Partido Demócrata y sujeto del modelo socialdemócrata que el New Deal de Roosevelt creara en los años 30. Se alzaron contra la globalización neoliberal y suscribieron el conservadurismo social que Trump agenciaba, mientras se erigía en adalid de la confrontación entre élite y pueblo, para reorganizar el juego político “desacoplando fuerzas que antes estaban alineadas”, dirá Negri.
No contento con su perorata contra el capitalismo salvaje, cuya paradójica, brutal encarnación es él mismo, reanimó los valores sociales y culturales más retardatarios que hibernaban en los entresijos del puritanismo secular desde tiempos del May Flower: racismo, homofobia, xenofobia, misoginia, educación confesional, anticomunismo, patriarcalismo y religión como santo y seña de ciudadanía. Y todo llevado a extremos del fundamentalismo que potencia la violencia. Trump revitaliza el conservadurismo en su rechazo al multiculturalismo, al progresismo de demócratas citadinos atentos al medio ambiente, al feminismo, a las minorías. Exacerba el odio a los “liberales”, voz peyorativa con la que se designa allá a los socialdemócratas.
Hoy rubrica Trump su involución a la caverna con la opresión a la mujer, apunta María Antonia García (El Tiempo, 10, 19). Suspira él, como en tiempos idos, por su sumisión, por confinarla a la celda doméstica, por la maternidad forzada. En el júbilo revanchista de sus áulicos (ominoso homenaje a ultrajes sepultados por la modernidad) Trump no solo ofrece generalizar la prohibición del aborto, sino que pone en entredicho los derechos de la mujer a la educación, al trabajo, a la autonomía financiera, al sufragio. Y todo ello en la complacencia de bases obreras que fueron otrora bastión de los demócratas.
Placas tectónicas se mueven en Estados Unidos, y colisionan ahora como fuerzas antagónicas entre democracia y totalitarismo. Mas el modelo económico mismo, que dio lugar a la crisis, apenas si se menea en campaña: reverbera en la trastienda, mientras avasalla el extremismo político de un orate que ejecutaría sin vacilar amenazas de reprimir a sus contradictores con el ejército, deportar en masa a los inmigrantes y rodearse de generales “como los de Hitler”. Sí, el fascismo a las puertas del poder.
Coda: Maria Antonia García es mi hija.
por Cristina de la Torre | Oct 22, 2024 | Actores del conflicto armado, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Democracia Plebiscitaria, Derecha, Estado laico, Impunidad, Iván Duque, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Modelo Económico, Narcotráfico, Octubre 2024, Pacto Social, Partidos, Paz Total, Polarización social, Política agraria, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma política, Reforma Rural, Reformas liberales, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
No es salto al vacío; es, precisamente, aterrizaje en tierra firme de los ejes de la paz, esta vez sin retórica ilusoria. Encarando los desafíos de un país que se le escurre a veces entre los dedos al poder público, Juan Fernando Cristo traza un plan de choque que acelera la implementación de la paz acordada en 2016. Tras cuatro años de boicot por negligencia en el Gobierno Duque y dos más de candidez y largueza en diálogo infructuoso con grupos que se niegan a dejar las armas, el narcotráfico y la agresión contra la población, el ministro del Interior coje el toro por los cuernos: contempla frentes que impactan directamente la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo de los territorios. Diseña la acción desde la realidad de las instituciones, con los recursos necesarios y mediante alianza entre Estado, sector privado, comunidades, organizaciones sociales y cooperación internacional. Reenfoca, pues, las políticas de paz y seguridad. E insiste en un acuerdo nacional para enfrentar la crisis.
Seis áreas estratégicas contempla el plan de choque. Pactos territoriales para coordinar inversiones y proyectos de alto impacto en las 16 regiones PDET, coordinados entre los gobiernos nacional, regional y local. Reforma rural integral, acelerando la entrega de tierras y proyectos de desarrollo económico. Reformas legales para mejorar la ejecución del acuerdo, a saber: jurisdicción agraria y la reforma política que propone listas cerradas, financiación estatal de campañas y reforma del Consejo Nacional Electoral. Seguridad en el territorio, por acción simultánea de los ministerios de Interior, Defensa, Justicia y la Fiscalía contra organizaciones criminales. Gobernanza: los desarrollos del plan de choque serán controlados y supervisados por la cartera del Interior, Planeación Nacional y la Consejería para la paz. Finalmente, contempla la convocatoria a partidos, gremios, organizaciones sociales y comunidades étnicas al acuerdo nacional para la paz y la estabilidad política.
La propuesta de acuerdo batalla contra la mar bravía de la polarización, pero avanza confiada hacia el respeto por la democracia electoral, el ejercicio de la política sin balas ni insultos, y la deliberación civilizada sobre reformas sociales que cursan en el Congreso. Invita a suscribir las estrategias de industrialización y desarrollo rural bajo el modelo de crecimiento con equidad en el tercer país más desigual del mundo después de Suráfrica y Namibia, según el Banco Mundial. Un precedente prometedor, el pacto entre Gobierno y Asobancaria: de los $55 billones en créditos acordados, 10.6% se ejecutaron en el primer mes.
Mas no faltarán quienes movidos por pasiones primarias rechacen esta concertación de mínimos y prefieran cargar con el estigma -histórico y electoral- de haberla desairado. Ya debutó César Gaviria: el flamante, inamovible director del partido que liberó a los esclavos, separó a la Iglesia del Estado y ha promovido la reforma agraria no suscribe un acuerdo elemental de respeto por la democracia y la justicia social. ¿Tampoco avala el control territorial del Estado y el ejercicio de la autoridad legítima en El Plateado, hoy teatro de operaciones militares contra los violentos? ¿Coronará al liberalismo como la colectividad más reaccionaria del país?
Cuando la “paz total” como modelo de negociación naufraga, Juan Fernando Cristo toma el relevo con el estandarte que siempre debió ser: reivindicar a la población, darle seguridad y transformar su territorio. Si las opciones no podían ser tierra arrasada, ni gratuita complacencia con la contraparte y freno a la Fuerza Pública, la alternativa del ministro rescata las posibilidades de la paz desde el derecho de las víctimas. Como lo mandan la Constitución y el derecho internacional humanitario.
por Cristina de la Torre | Oct 15, 2024 | Actores del conflicto armado, Conflicto armado, Conflicto interno, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Izquierda, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Líderes Sociales, Octubre 2024, Paramilitarismo, Violencia
Para la historia, esta imagen de Aída Avella. Sentada a solas en el escenario dispuesto para el acto oficial que no fue, aparece la corajuda dirigente de Unión Patriótica, inclinada la cabeza, como agobiada bajo el peso de los 6.900 compañeros asesinados, mientras ahoga un grito de protesta por la ofensa del presidente que no llegó. No llegó Petro al acto solemne de reparación a las víctimas del partido liquidado por genocidio, que ordenaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dejó plantados a 2.000 familiares y sobrevivientes que venían del país entero y del extranjero tras 30 años de esperar el día en que el Estado reconociera su responsabilidad en el exterminio de ese movimiento y pidiera perdón. Entre lágrimas y reclamos se echaron bajo el brazo las maquetas que recordaban al padre, a la madre, al hermano, al amigo sacrificados, y se marcharon. No llegó el presidente porque tenía gripa. ¡Como si dejáramos los colombianos de cumplir nuestro deber porque tengamos gripa! Menos, cuando media un deber sagrado que no puede reemplazarse con un mensajito en X.
El exterminio de la UP marcó un hito en la historia de la violencia política en Colombia, reza informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de 2018, que me permito glosar. Su origen, desarrollo y desenlace fatal llevan la impronta del conflicto armado, pues la UP fue movimiento político resultado de negociaciones de paz entre el Gobierno de Betancur y las Farc en 1985, para convertirse en víctima de violencia sistemática y generalizada cuyo objeto fue la desaparición del grupo: se cometió un genocidio político.
Surgió la UP como medio de transición de las armas a la política y abarcó otros sectores de la izquierda legal, como el Partido Comunista, organizaciones agrarias y sindicales. Hacia adentro, debió lidiar con el deslinde con las Farc para afirmar su autonomía como fuerza civilista. Hacia afuera, debió enfrentar la oposición de políticos, paramilitares y uniformados que no le reconocían legitimidad, repulsa que terminó en exterminio. Éste se resolvió en violencia visible cuando de matar líderes se trataba y en masacres de alto impacto para aleccionar comunidades. En particular, para amedrentar una fuerza que sorprendió en las urnas de varias regiones.
Un factor vital incidió en el ejercicio de esa violencia: la doctrina de seguridad nacional y su estrategia contrainsurgente; no diferenciaba ésta combatientes de civiles e involucró en su guerra a sectores de la sociedad. Procedió mediante alianzas o redes de victimarios integradas por paramilitares, miembros de la Fuerza Pública, notables de la sociedad y aliados del poder público como jueces, que garantizaron su impunidad. El daño causado es individual y colectivo, material y moral, sicológico y político. La reparación tenía que ser individual y colectiva.
El exterminio de la UP es una tragedia nacional, postula el informe, e hirió a la democracia porque creó la idea de que debían negarse, aún con la muerte, expresiones políticas distintas de las tradicionales. Negó el pluralismo político. No menos grave fue el daño social: el exterminio fue de dominio público, pero su impunidad rampante impuso bozal a la sociedad. Y este silencio se tradujo en ausencia de un relato público que reivindicara a las víctimas.
Podrá uno preguntarse ahora cuánto contribuye a ese silencio ominoso la inexcusable ausencia del presidente Petro al acto de reparación de la UP: ¿se sentirán más aliviados los que dispararon contra ella y los que idearon su extinción? ¿Seguirán sin sanción social o política? ¿Presidirá un día el primer mandatario el acto de reparación que las víctimas esperan todavía? ¿Dará lustre diferente a su discurso de paz, vida, reconciliación y justicia? ¿Le pedirá perdón, a título personal, a Aída Avella, por la inmerecida humillación?
por Cristina de la Torre | Oct 7, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Desplazados, Desplazamientos, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Lavado de activos, Narcotráfico, Neoliberalismo, Octubre 2024, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Es un tic. Un tic de siglos. A la primera insinuación de dar parcelas a campesinos se activa en la derecha la máquina de lamentos y veladas amenazas contra la expropiación de tierras, que sólo existe en su cabeza. Y en todas las leyes agrarias desde 1936, que este Gobierno elude. Un borrador de decreto que agiliza la compra de fundos para reforma agraria reduce el proceso de siete a dos meses y, lejos de expropiar, simplifica procedimientos de compra en vigor. Pero la oposición asocia el decreto con la ley ordinaria de jurisdicción agraria que el Gobierno radica ahora en el Congreso. Coco del latifundismo porque entrega a jueces especializados la solución de los conflictos de tierra, donde se cuece la violencia que encubre a menudo abusos por ambigüedad o por dolo en el estatuto legal de la propiedad. Dos pájaros de un tiro. Mientras tanto, para mayor zozobra de la reacción, devuelve la ministra Carvajalino 8.430 hectáreas a campesinos despojados de Córdoba y anuncia para este mes entregas hasta de 50.000 hectáreas en el país. Semejante cantidad, de una tacada, no tiene antecedentes.
Parte de esas tierras había sido entregada hace años al Estado; la otra, incautada a exjefes del paramilitarismo en Justicia y Paz. Fueron propiedad de quienes dirigieron las masacres más escabrosas, en Mapiripán, en El Aro, en El Salado, en Cabrera. A todos sorprendió la idea del presidente de reabrir el proceso de justicia y paz con el paramilitarismo, cuyo fin último sería “devolver todas las tierras (de paramilitares) que hoy tengan testaferros, políticos y otros grupos”. Anunció que, de materializarse, abarcaría regiones enteras. Y ha de preocupar a más de un propietario que lo fuera en gracia de alianza poco católica. Aunque cabe preguntarse si estará el Estado preparado para garantizar seguridad a los beneficiados con esa restitución.
La usurpación paramilitar de tierras viene a consolidar el modelo inexpugnable de propiedad agraria en Colombia, el tercero más desigual del planeta. Su gran usufructuario ha sumado al privilegio ancestral la religión neoliberal, que también santifica la propiedad sin función social. Escribirá Absalón Machado en su más reciente obra, “Relatos sobre Reforma Agraria en Colombia, 1960-2000”, que en nuestras elites primó el apego a la propiedad marcado por la codicia de riqueza y de poder. Tras brillante recorrido sobre avatares y debates de la reforma agraria que no fue, lamenta la incapacidad de esta sociedad y de sus dirigentes para acometer el desarrollo desde la transformación de las estructuras agrarias. Se atizaron la violencia, el despojo, el desarraigo, el sufrimiento de amplios sectores de la población, señala, bajo la égida de una clase de propietarios más rentista que productiva.
El proceso registra el paso del reformismo agrario al desarrollismo como transición hacia el modelo neoliberal que prevaleció. Se transitó del desarrollo concebido como crecimiento con distribución al crecimiento económico por sí y para sí; de la planificación a la dinámica del mercado librado a las querencias de los menos. El reformismo agrario, concluye nuestro autor, fue un fracaso institucional y político. No dieron nuestras élites la talla para liderar el desarrollo que la historia les confió. Fueron inferiores a su destino.
Y es en este huracán donde se bracea a contracorriente, contra atavismos irreductibles, contra intereses particulares edificados sobre el sojuzgamiento de los más; contra arrebatos que denuestan la compra de tierras para repartir, la solución de conflictos en el campo por medio de la ley y un horizonte soñado de restitución en grande de predios arrebatados a sangre, fuego y notaría. Buen viento, buena mar.
por Cristina de la Torre | Oct 1, 2024 | Actores del conflicto armado, Álvaro Uribe Vélez, Comisión de la Verdad, Conflicto interno, Corrupción, Corrupción Electoral, Crímen organizado, ELN, Farc, Impunidad, Iván Duque, Justicia, Octubre 2024, Paramilitarismo, Parapolítica, Privatización, Reforma Fiscal, Sistema de salud
Como una bofetada en pleno rostro acusó el país la exoneración de culpa a la exministra Abudinen por la desaparición de $70.000 millones de su cartera, graciosa concesión de su amiga y copartidaria, la procuradora Margarita Cabello. El impúdico archivo de ese expediente desafía la esperanza de sitiar la corrupción que borbotea en el poder público, justo cuando vuelve a ventilarse una reforma política que deposita en el Estado la financiación de las campañas electorales. Y es por la transacción que media entre los agentes del negocio: el financiador privado de campaña será retribuido por el elegido con puestos, contratos y ventajas; su meca, la usurpación compartida del erario y del mando. La sociedad de financiador de campaña, elegido y contratista obra como mafia que se adueña del poder público y como ejército de ocupación. Tan lucrativo el negocio de la corrupción política, que se ha vuelto profesión.
Gustavo Duncan dirá que son empresarios especializados en contratación pública, en lavado de dinero y contrabando quienes financian las campañas, colonizan el Estado y minan la democracia. Hoy “da más la política que el narcotráfico”, declaró un congresista en prisión: abundan narcotraficantes financiadores de políticos. Del humilde clientelismo que canjea el voto por una teja de zinc, por un cupo de escuela, por un tamal, se ha saltado a torrentes de candidatos apadrinados por capitales a menudo malolientes, cuyo norte es la toma del poder. Envidia de guerrillas que no lo lograron por las armas.
El punto nodal de la corrupción es la contratación pública, sentencia Transparencia por Colombia. La mueven mallas abigarradas de contratistas que acaparan las inversiones del Estado: sólo una de ellas llegó a concentrar adjudicaciones por $60 billones, revelaría el excontralor Felipe Córdoba. Exhibe la saga más reciente los escándalos de Reficar y sus $17 billones en sobrecostos, el robo de $1.4 billones de dineros de la salud por Saludcoop, y el carrusel de la contratación en Bogotá que a jefes del Polo sólo les mereció mutismo, dizque a la espera del pronunciamiento de los jueces; como si no existieran sanción política y social. Tampoco dijeron mu los expresidentes Uribe, Santos y Duque, supuestamente salpicados por Odebrecht. Ni musitó palabra el jefe de la bancada uribista que terminó presa por parapolítica, ni Iván Duque porque la justicia buscara en su campaña platas de un narco llamado cariñosamente el Ñeñe. Y reinó el silencio a la voz de alianza en la sombra entre señorones de negocios y el ELN para robarle a Ecopetrol crudo por valor de ochenta millones de dólares al año. El adalid, Hernando Silva Bickenbach, primo de la esposa del expresidente Andrés Pastrana.
Las elecciones son ahora feria en mercado libre de inversión y de lucro, de lavado de activos y asalto a los recursos del Estado, gracias también al timonazo del neoliberalismo: en la conveniente creencia de que la gente de bien es más confiable que el Estado, se privatizaron empresas y funciones públicas. Desmantelado aquel, suprimidas sus funciones de regulación de la economía, se tomó la corrupción el Estado y la sociedad. Amancebados negocio privado y función pública -que no la sana alianza público-privada- se disparó la corrupción.
Bienvenida la ley que prohíba, por fin, la financiación de campañas por particulares que han demostrado no ser confiables. Será medida eficaz contra la vergonzosa profesión de corrupción política que se disemina desde la cima del poder. No más Abudinen protegidas por el mismísimo ministerio público. Ni más hijos del Ejecutivo, llámense Uribe o Petro, enriquecidos bajo el ala de su privilegio. Aunque el papá de este último lo mandó de entrada a la justicia.
por Cristina de la Torre | Sep 24, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Clan del Golfo, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Curules de Paz, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Justicia transicional, La ley de Víctimas, La paz, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Septiembre 2024, Tierras, Violencia
La crueldad del ataque a la guarnición militar de Arauca desnuda por enésima vez la índole terrorista del ELN, antípoda del humanismo y de la paz. Pero resulta también de la largueza del Gobierno que, en vez de trazar líneas rojas desde el día uno de la negociación, derrochó concesiones. Viejo zorro en este platanal de oro y sangre, abusó esa guerrilla de la bonhomía del presidente Petro, primer hombre de izquierda en llegar al poder. Volver a la mesa sin reformularse antes los términos de la negociación, será claudicación que entierre toda posibilidad de paz con el ELN y desbroce el camino al guerrerismo soñado de la ultraderecha. Diálogo pero, ahora sí, con condiciones. Y, en todo caso, extensión a otros grupos y frentes el modelo de paz territorial que Comuneros del Sur inauguró. Es decir, trabajar sobre la realidad geográfica y militar de grupos armados que incursionan en zonas definidas del territorio y sojuzgan a sus gentes, y que no siempre responden a mando centralizado, como al Coce del ELN. La paz total como propuesta política fue derrotada. Pero tampoco se impone la cerrada disyuntiva entre guerra total o diálogo alegrón.
Sea que cristalice en este Gobierno o en uno próximo, habría que disponer condiciones que fueron siempre garantía de buen éxito en procesos de paz. Como el de 2016 con las Farc, para no ir lejos. Lo primero, respeto al Derecho Internacional Humanitario: ni secuestro ni reclutamiento de menores ni atentado contra civiles. Segundo, diálogo mientras discurre la confrontación armada. Es error garrafal precipitar un cese el fuego que, sin los necesarios requisitos de control, violó el ELN 45 veces y usó para fortalecerse mientras la Fuerza Pública bajaba la guardia y la población urgía protección del Estado. Tercero, manifestación expresa de que el fin último de la negociación será desmovilizarse y abandonar las armas. Contrapartida para los armados no será la revolución en la mesa que en 60 años de trasiego fueron incapaces de lograr, sino garantía plena de que podrán librar lucha política en la legalidad, y de justicia transicional.
Brilla la experiencia de Comuneros del Sur como modelo de paz regionalizada que responde al clamor de la población y a la atomización de grupos armados que más parecen confederación de frentes autónomos que organización cohesionada por mando central. Tres ejes dibujan el norte de Comuneros: desescalamiento de la violencia, transformación de la región y compromiso de migrar de las armas a organización política o social en la legalidad. El desminado empezó ya, y en octubre, la entrega de armas.
Por lo pronto, escribe el editorialista de El Espectador, imposible adelantar negociaciones con una contraparte que recurre al horror cuando siente que sus caprichos no se cumplen. La tragedia es que se siguen sacrificando vidas y al Gobierno sólo le queda aplicar la fuerza del Estado para acorralarla, perseguirla y judicializarla. La puerta de la paz sigue abierta, pero si la contraparte la cierra, impone el desastre de la guerra. Al extremo, dirá Yesid Arteta, el hartazgo podría dar licencia a una ultraderecha recargada que decapite al movimiento social mientras libera toda su potencia bélica contra los alzados.
Opción honorable para el ELN sería adherir al programa de cambio del Gobierno que interpreta los anhelos del pueblo, y a la implementación de la paz. Si los desprecian y si, además, desdeñan la oferta de garantías para mutar a fuerza legal que enarbole sus propias banderas, es porque no eran grupo político sino simples criminales.
Coda. Se va llevando la muerte a nuestros mejores hombres. Carlos José Reyes deja en la cultura un vacío difícil de llenar. Sentida condolencia a su esposa y a sus hijos.
por Cristina de la Torre | Sep 17, 2024 | Actores del conflicto armado, Agencia Nacional de Tierras, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Derecho fundamental, Desplazados, Desplazamientos, Estado de Derecho, Farc, Fascismo, Imperialismo, Internacional, Iván Duque, JEP, Justicia, Justicia restaurativa, Paramilitarismo, Parapolítica, Partidos, Política de Estado, Racismo, Sanción Política, Sanción Social, Septiembre 2024, Tierras, Violencia
Carros de fuego extraídos del Libro Sagrado, los bombardeos del atávico sionismo supremacista de Israel contra Gaza habrán cobrado en sólo un año, este 7 de octubre, 41.630 muertos y más de 13.000 desaparecidos. En el exterminio de un pueblo, recobra su fuerza macabra el mandato de la Escritura por boca del rabino Eliahou Mali: “no dejar vivos, ni hombre, ni mujer, ni anciano, ni niño”. Con parecidos arreboles de guerra santa azuzada desde púlpitos y directorios políticos en tiempos de la conflagración liberal-conservadora, ésta arrojó en Colombia un estimado de 250.000 muertos. Si a ellos se suman los 450.664 del conflicto armado que siguió a la Violencia, los desaparecidos, la aniquilación de un partido (la Unión Patriótica), los miles de falsos positivos y los centenares de líderes sociales asesinados, la cifra subiría peligrosamente hacia el millón en este dolorido país.
“Soy judío y no puedo defender a Israel”, escribió Salomón Kalmanovitz. Su postura descalifica la revancha que cobra en inocentes el holocausto sufrido y honra la protesta de millones de judíos en el mundo contra esta carnicería. Meta de Netanyahu, afirma el académico, es preservar la exclusividad del pueblo elegido; exterminar a la población civil de Gaza, aunque sea ajena al extremismo islámico de Hamas. Se duele Eva Jablonka en Israel: amo y odio este país; es mi lengua y mi paisaje, pero sólo puedo esperar una caída en picada hacia el fascismo.
Y aquí revela el coronel (R) del Ejército Luis Fernando Borja, excomandante de la Fuerza de Tarea de Sucre, que los falsos positivos no serían los 6.402 habidos en el gobierno de Uribe, sino más de 10.000. Este crimen abominable del conflicto armado obraba ya desde 1986, bajo el nombre de legalizaciones. “Yo mismo di cuenta ante la Fiscalía de haberlo cometido desde entonces”, afirmó ante sus víctimas y al lado de Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc. Entonces lo emplazó Álvaro Uribe a no ocultar sus delitos en supuestas presiones y Londoño encaró a su turno al expresidente: “la verdad, por dura que sea, hay que reconstruirla (…) La verdad histórica y judicial es innegable: los falsos positivos fueron política de Estado en su Gobierno”.
El Frente Nacional no fue apenas repartija del poder entre conservadores y liberales; fue también un pacto de impunidad cobijado por el mutismo sobre la responsabilidad intelectual y política de elites que promovieron la Violencia desde el poder. Ninguno de sus autores pisó los estrados judiciales ni pagó cárcel ni sufrió descrédito. Ante el baño de sangre, un temor reverencial pareció anidar en el pueblo defenestrado, y se allanó el camino hacia este pacto de silencio, de impunidad y olvido. El pacto nunca se rompió. Fustigó Antonio Caballero la “unanimidad hipócrita” que lamentó la muerte del líder conservador en 1998, y escribió: “de necrologías corteses está hecha en buena parte la falsificación de nuestra historia, que nos impide comprenderla”.
Llueve sangre en Gaza, llueve sangre en Colombia. Pero entre las muchas diferencias de historia, tiempo y lugar, una salta a la vista en esta hora: el genocida de Gaza da la cara, Netanyahu se llama, emite órdenes de exterminio frente a todos y en ello se solaza. Aquí no. Los responsables supremos de la Violencia, del paramilitarismo, de los falsos positivos se escabullen entre los recovecos de su hegemonía. La justicia transicional abre puertas a la verdad y procesa por sus crímenes a jefes guerrilleros, militares y paramilitares. Pero los hacedores últimos de las violencias han transformado nichos del poder en escondrijos vigilados por sus ejércitos.
Coda. Cómo duele la muerte de Francisco Leal, maestro de maestros y enseña de humanidad.
por Cristina de la Torre | Sep 11, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Guerrillas, Gustavo Petro, Iván Duque, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Polarización social, Política agraria, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Septiembre 2024, Sustitución de cultivos, Tierras, Uribismo, Violencia
No fue Iván Duque el único en boicotear la implementación de la paz. También la saboteó Gustavo Petro, por inacción y por haber desmontado los órganos creados para alcanzarla. Y es causa protuberante de la violencia que vuelve a enseñorearse del país. La paz total no tendrá éxito, declaró en su franqueza el ministro Cristo en foro sobre el acuerdo nacional organizado por la revista Cambio; el logrado en 2016 fue la oportunidad perdida, pues los grupos armados no valoraron esta vez la mano tendida del presidente. Hoy debemos retomarla, puesta la mira en circunstancias nuevas, como la degradación del debate público en un país donde al insulto puede seguirle la bala; la simbiosis de legalidad e ilegalidad en todos los grupos armados y su atomización: la de hoy es una violencia de grupos criminales sin ideología, apuntó el ministro.
Para el Comisionado de Paz, Otty Patiño, la paz total es un desafío y una necesidad. Grande esperanza le siembra la experiencia de Comuneros del Sur porque toca con la paz territorial, donde la gente está. Y sí, la violencia no responde hoy a un ideal insurreccional sino a rentas ilegales, en armonía con el modelo económico que combina legalidad e ilegalidad. Difícil hallar la línea divisoria entre organización delincuencial y grupo político. Dígalo, si no, -señala Patiño- el hecho bochornoso de que el cartel de Medellín gobernara en esa ciudad y el de Cali en la capital del Valle. Un acuerdo de paz con armados supone avanzar en negociación territorial: la paz se materializa en el territorio.
El acuerdo que se teje no será para proclamar la suerte final de la nación, ni para reducir a mecánica de mercado político la discusión de las reformas en el Congreso, dice Cristo. Será para divorciar la violencia de la política, concentrándose en la reforma integral del campo, cuyo punto nodal son los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los más atormentados por el conflicto armado: son el 36% del territorio que acoge a la cuarta parte de la población rural. Sin los PDET, acción mancomunada de Estado y sociedad, no habrá paz, pues ella pasa por la transformación de aquellos territorios. Tal como lo señalan la norma constitucional y la legal que les da sustento.
Los PDET son un medio de planificación y gestión para el cambio regional, que acelera la reforma rural integral allí donde más se han sufrido la guerra, las economías ilícitas y la ausencia de Estado. Principiando por encarar el obstáculo de tenencia de la tierra, diagnostica problemas, planifica soluciones y las ejecuta a dos manos con el poder público, bajo la mirada vigilante de las instituciones y de la comunidad. No busca este instrumento “llevar” el Estado a la región sino construirlo desde la región que, olvidada, es pasto de feroces ejércitos de ocupación. Los PDET son la médula de la implementación de paz.
Recuerda la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino que, si ha sido la tierra causa del conflicto, por la tierra pasa la búsqueda de la paz; y por la reforma agraria, el acuerdo nacional. Invita ella a consolidar los Comités de Reforma Agraria, instancia vital de concertación porque materializa el diálogo plural en los territorios.
Plural y diverso fue también el diálogo en este Foro de Cambio, que arroja cuatro divisas a la reflexión: un acuerdo nacional deberá invalidar la violencia y acatar en los hechos la reforma agraria: tierra y paz. La paz total no podrá ser objetivo de un gobierno sino propósito nacional y política de Estado. El diálogo de paz es irrenunciable. El acuerdo nacional no es punto de partida sino punto de llegada. Trabajar por el acuerdo es trabajar por el país. ¡Manos a la obra!
por Cristina de la Torre | Sep 2, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Conflicto armado, Conflicto interno, Corrupción, Derecha, Desarrollo agrícola, Desarrollo sostenible, Desplazados, Economía productiva, Industria agrícola, Jurisdicción Agraria, Justicia, La paz, Polarización social, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Seguridad Alimentaria, Septiembre 2024, Tercer mundo, Tierras, Violencia
El ataque a la Jurisdicción Agraria parece responder menos a un infundado temor de expropiación que al de perder las ventajas del conflicto por la tierra. Caldo de cultivo de la violencia, ésta dinamizó la hiperconcentración de la tenencia y convirtió a Colombia en el tercer país más desigual del mundo en propiedad agraria. Entre las franjas más oscuras del poder, mucho sugiere que la supuesta expropiación es el pretexto; el objetivo, invalidar la ley que resuelve los conflictos de tierras y, de paso, tributa a la reforma agraria que nunca fue. Para el latifundismo, nada tan útil como mantener el estado de cosas inalterado: en particular, si media adquisición dolosa o restitución de tierra.
Y es que la Jurisdicción Agraria suplanta el recurso a las armas -llámense fusil o motosierra- por la acción institucional de la Justicia en cabeza de jueces especializados. Fija los procedimientos que a éstos les permitirán recuperar baldíos tomados por asalto, enfrentar el acaparamiento ilegal de tierras y salvaguardar la propiedad privada. Tal como lo consagra el sistema nacional de reforma agraria creado por la Ley 160 de 1994; y como lo reiteran la reforma constitucional y la ley estatutaria, ya aprobadas, sustento de este proyecto que las reglamenta. Pero el coro del latifundismo improductivo juega al boicot de la reforma que empezaría por zanjar la expresión más ominosa de la injusticia: el hambre. En el tercer país más biodiverso del orbe, siete de cada diez hogares no alcanzan a hacer sus tres comidas diarias: en tierra fértil, mesa vacía, reza informe de la Universidad Nacional.
Para conjurar el hambre, escribe Darío Fajardo, urge fortalecer los sistemas de producción y comercialización de alimentos, apoyados en la asignación de tierras y en una eficiente infraestructura. Porque la distribución y uso de la tierra privilegian a grandes propietarios que subutilizan el suelo y lo convierten en praderas. Más de 36 millones de hectáreas ocupa la ganadería extensiva, cuando le bastarían 7. Y, sin embargo, los pequeños y medianos propietarios del campo responden por el 83.5% de la producción de alimentos para el país; pese a las lánguidas infraestructura y asistencia técnica.
Además, tras haber alcanzado el autoabastecimiento alimentario, explica nuestro analista, hoy importamos casi el 40% de los alimentos que consumimos. Con costos de producción disparados y en condiciones de desigualdad impuestas por la apertura económica, no pudo la agricultura campesina competir con el producto extranjero. Así golpeada la producción nacional, se redujo el área sembrada, crecieron el desempleo, la pobreza y la inseguridad alimentaria. Peor aún, marginadas comunidades y regiones, con tierra y mano de obra barata, prosperó el narcotráfico.
Solución, la reforma agraria que la ley 160 propone, recogida por el Acuerdo de Paz, por el Plan Nacional de Desarrollo y asociada a la ley de Jurisdicción Agraria. En palabras suyas, se trata de elevar el ingreso del campesino, de impulsar su producción ampliando el acceso a la tierra y de democratizar la propiedad.
Lleva un siglo diciéndolo cada demócrata con sentido común y dolor de su país convertido en finca particular de rentistas holgazanes que dan coces al labriego, se ríen del empresario que crea riqueza y empleo, y atacan todo esfuerzo contra el hambre y el atraso. Nada les dice la posibilidad a la mano de convertir a Colombia en despensa del mundo. En las petacas se echan para contemplar el espectáculo de su gesta enana: el modelo de tierra sin hombres y hombres sin tierra. Mas, el coco podrá sorprender a este latifundismo: un cambio de protagonista en el conflicto, del fusil al juez agrario.
por Cristina de la Torre | Ago 27, 2024 | Agosto 2024, Campesinado, Cese multilateral, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Guerrillas, La paz, Restitución de Tierras
Cosechando en los errores de la negociación y en la buena fe del presidente, avanza el ELN con un perdonavidas al mando hacia su meca: erigirse en Estado paralelo, con régimen de dictadura militar. Hacia allá apunta, aun sin el estatus de beligerancia que lo equipararía al Estado con el cual negocia y lo libraría de bombardeos en una ofensiva militar en regla. Forma embrionaria de Estado podrá ser el control del sur del Chocó durante nueve días, con confinamiento de 50.000 habitantes que vieron suspenderse toda actividad comercial, educativa, de movilidad, de salud y, horror, con pérdida de tres vidas. Paro impuesto por hombres en armas que administran justicia (con ajusticiamiento si toca), secuestran, extorsionan, regulan la economía y se enriquecen en el narcotráfico. Práctica del ELN enderezada al control del territorio y al sometimiento violento de la población. Todo, en la impunidad.
A concederles preeminencia de pares ante el Estado contribuye la asombrosa revelación del presidente: tal vez acosado por un ultimatum para quitarle a esa guerrilla el distintivo de Grupo Armado Organizado, le propuso “viabilizar la reforma económica que se acordó” en mayo con gremios y organizaciones sociales. Se dio el lujo ese grupo de humillar con un portazo al primer mandatario, pese a que la tal propuesta quedó confeccionada a la medida del ELN. Según la Andi, los gremios no suscribieron el documento que proponía cambiar el régimen político y el modelo económico, porque no recogía la visión de todos los miembros del Comité de Participación y excedía su propósito de origen: ponía en discusión elementos estructurales de nuestra democracia y del modelo de país.
De exigencia en exigencia, de condición en condición, de chantaje en chantaje hasta el ultimátum a 23 de agosto, no ha hecho el ELN sino marchar en la dinámica que Danilo Rueda, primer comisionado de paz, trazó desde el día uno de la negociación: el Gobierno no tiene líneas rojas. Entonces se precipitó un cese el fuego que ha servido mayormente a la expansión territorial de esa guerrilla, mientras no se reclama partidaria de la paz ni se compromete con su eventual desmovilización ni contempla la posibilidad de deponer las armas. Antes bien, despliega más y más brutalidad contra la población inerme.
A Otty Patiño, el nuevo Comisionado, se le ve capotear a un tiempo este peso muerto que Rueda le heredó, y la prepotencia y desafueros del ELN, que va extorsionando, secuestrando y violando los acuerdos a carcajada batiente. Señaló Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, que si el ELN quiere acuerdos tiene que cumplir sus obligaciones, “porque eso de que yo quiero acuerdos pero sigo ejerciendo toda mi violencia contra la población, no tiene sentido. Lo han dicho el presidente y el comisionado de paz: hay que poner reglas y cumplir las reglas”. Añadió que el diálogo resulta inescapable porque es la única manera de allegar acuerdos: pero diálogo donde las reglas se cumplan.
¿Porfiará el ELN en descender de la opción popular que presumió encarnar, a peligro cotidiano para su propio pueblo? ¿Tan maltrecha estará su inspiración primera que dio en aplastar bajo alforjas de oro las ideas y la vida de Camilo Torres, en matar hasta la evocación del mártir? ¿Lidia el ELN con sus fantasmas? ¿Entenderá que el país no resiste un secuestrado más, un desplazado más, un confinado más, un extorsionado más, un amenazado más por el fusil de un uniformado que pasa por guerrillero pero es vigía de negocios sucios? Para culminar la misión de alcanzar la paz que el país sueña mediante el diálogo, ¿tendrá el comisionado Patiño que desandar el camino más tortuoso y reiniciar la marcha? Si replantea, Colombia lo acompaña.
