por Cristina de la Torre | Ago 20, 2024 | Agosto 2024, Álvaro Uribe Vélez, Banca, Capitalismo, Capitalismo Social, Centro Democrático, Derecha, EPS, Gustavo Petro, Iván Duque, Justicia, Justicia tributaria, Pacto Social, Pensiones, Personajes, Polarización social, Política de Estado, Reforma a la salud, Reforma Agraria, Reforma Fiscal, Reforma pensional, Reforma tributaria, Socialdemocracia
Bajo el tremendismo de la derecha contra la iniciativa de inversión forzosa en proyectos de desarrollo se adivina su repulsa al Estado dirigista de Carlos Lleras que el modelo Petro evoca; y su defensa de libertades económicas que, salidas de madre, han servido a pocos en la sociedad del privilegio. Bendecidos los banqueros por estos 40 años de liberalización financiera y por las opíparas canonjías que la Carta del 91 les agregó, arremeten contra el Gobierno que propone destinar parte modesta de sus arcas a crédito para renglones de la economía productiva: exportaciones, vivienda, turismo, agricultura, economía popular.
Claro, sospechan de tal destinación del crédito por venir del poder público, no de la banca, tan dadivosa con los amigos. A Bruce MacMaster la iniciativa le resulta “altamente inconveniente”, “peligrosa”, pues pondría en riesgo el sistema financiero. Y a Efraín Cepeda, jefe conservador. Para Anif, las medidas derivarían en impuesto a la intermediación financiera. Y el eximio Iván Duque -que las aplicó en su hora- advierte contra el intento de “expropiar” los ahorros de los colombianos. ¿Juegan al pánico económico?
Nuevo impulso cobra la palabra maldita, expropiación, en los meandros del miedo fabricado con propaganda negra, dondequiera que quiso Petro devolverle al Estado iniciativa social y económica. Si en reforma agraria, dicen temer expropiación, por más que aquel ignore la ley que se la permitiera. Si en control de los fondos públicos de salud para frenar desfalcos, dizque expropiación a las EPS, venturosas artífices del mejor sistema de salud en el mundo. Si en reforma pensional, expropiación del ahorro ciudadano para su futuro.
Y el Centro Democrático se desgañita a voces de incautación del patrimonio privado. Hasta cuando se revela propuesta de Álvaro Uribe sobre inversión forzosa del 7 de abril de 2021, cuando invita a “crear un mecanismo de inversión forzosa para aumentar el crédito a micro y pequeñas empresas, como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento”. La diferencia, alega su partido ahora, es que Uribe depositaba las decisiones de inversión en el propio sistema financiero, y Petro, en el Gobierno.
Precisamente: es esa la diferencia crucial.
Los fondos de pensiones, verbigracia, ahorro mayor de los colombianos, pertenecen a los grupos Aval y Empresarial Antioqueño. Se manejan como fondos privados y hasta financian negocios particulares de sus dueños. Revela Cuestión Pública que Protección, Porvenir y Skandia invirtieron en 2022 $25 billones en empresas propias y en proyectos cruzados. Protección, del GEA, invirtió $7.1 billones en empresas suyas; y en 2021 se hizo autopréstamos por $8.3 billones. Porvenir, de Aval, invirtió $3.6 billones en firmas de su propiedad. Todo, con el ahorro de los colombianos.
Con la liberalización financiera aumentó 101% el margen de intermediación (diferencia entre la tasa de captación y la de colocación del crédito). Además, la Carta del 91 le prohibió al Banco de la República financiar al Gobierno y lo obligó a acudir a la banca privada. Esta se enriqueció escandalosamente, con participación en el PIB como no se viera sino en este país. Sus beneficiarios, los tres grandes grupos financieros -GEA, Aval y Davivienda- encabezan hoy la crítica a la propuesta de Petro de destinar un monto razonable de sus bancos a financiar, con seguridad garantizada, proyectos de reactivación y crecimiento de la economía.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, se suma a la crítica, pero también al diálogo entablado entre gremios y Gobierno y se muestra dispuesto a conciliar soluciones. Tendrán ellas que responder a un país que exige al menos moderar el apetito expropiador de la derecha.
por Cristina de la Torre | Ago 12, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Agosto 2024, Campesinado, Conflicto armado, Conflicto interno, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Estado de Derecho, Estado Social, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Paz Total, Proceso de paz, Sanción Social, Violencia
El mismo día, 3 de agosto, se enfrentaron en la que hubiera sido guerrilla unitaria hechos antagónicos que tocan el porvenir de la paz. Mientras la dirección del Eln perpetuaba con exigencias al Gobierno su proverbial uso del diálogo para ganar trincheras, la disidencia Comuneros del Sur inauguraba, con las instituciones del Estado y con la comunidad, un trabajo mancomunado de construcción de paz. Ante las fragilidades de la Paz Total (sin objetivos y metodología definidos ni líneas rojas en la negociación) se perfila este proceso como modelo (en ejecución) alrededor de tres ejes: desescalamiento de la violencia, transformación del territorio y tránsito de los miembros de ese frente a la ciudadanía plena en organización social o política, previa renuncia a las armas.
El Eln lanza ultimátum hasta el 23 de agosto para que el presidente emita decreto que lo pase de Grupo Delictivo Organizado a Grupo Armado Organizado, so pena de no renovar el cese el fuego ni descongelar conversaciones. Agallas le sobran. Aunque goza ya de estatus político, busca ahora el de beligerancia, sólo atribuible a alzados contra dictaduras o Estados ilegítimos. Obraría entonces la negociación de Estado a Estado. De tú a tú, con armados a caballo entre crímenes, negocios non sanctos, estridencias con la revolución que no lograron en 60 años y puño de hierro contra el pueblo. Pueblo ahíto de guerra.
El cese el fuego repotenció al Eln: saltó de merodear en 189 municipios a 231. Redujo al mínimo el sacrificio de combatientes de lado y lado, pero disparó hostilidades y violencias del grupo contra la población civil: confinamiento por paro armado (como el decretado ayer en el sur del Chocó); éxodo; asesinato, y secuestro de personas que aparecen a veces muertas, según Carlos Velandia.
La antípoda, Comuneros del Sur, célebre ya por la claridad de su agenda, la determinación en materializarla y el rigor con que empeñan su palabra al fin de erradicar la violencia política, avanzar en la transformación del territorio y reconstruir la vida de las comunidades. Para desescalar la violencia, grupos de trabajo se aplican a desminado, retorno de desplazados, búsqueda de desaparecidos, fortalecimiento de autoridades institucionales, comunitarias y étnicas de la zona. La transformación del territorio apunta a garantizar la vida y el Estado social de derecho, a cambiar las economías ilegales, a sembrar paz con la naturaleza. La transición hacia la ciudadanía plena implica nuevos parámetros de justicia, justicia restaurativa, abandono de instrumentos de guerra, reintegración a la sociedad, protección y seguridad de las comunidades, los territorios y el proceso.
Con su viraje hacia este modelo de negociación, el de la paz territorial, pone el Gobierno en entredicho el irónico patrón de diálogo del Eln, proclive a exigirlo todo y nada conceder. Ni siquiera el compromiso de abandonar las armas, propósito irrenunciable de un acuerdo. Ya Vera Grabe, jefe negociadora en esa mesa, lo emplazó a declarar si está por la paz o usando la negociación para fortalecerse militarmente. Lo que no le impidió seguir abierta al diálogo: reveló que el Gobierno prepara una propuesta a los negociadores del Eln, enderezada a reiniciar el diálogo. Ojalá no sea la de reconocer a esa guerrilla como fuerza beligerante, pues no vive Colombia bajo una dictadura.
Agudo contraste entre el recurso a la coacción -más hijo de prepotencia que de bien ganada autoridad- y el genuino compromiso con la paz: entre Eln y Comuneros del Sur. Velandia propone hacer una pausa con el Eln y retomar el proceso pero con desescalamiento. Cese el fuego entre combatientes servirá si se acompaña de cese de hostilidades contra la población civil.
por Cristina de la Torre | Ago 6, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agosto 2024, Corrupción, Crímen organizado, ELN, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, Internacional, Iván Duque, Justicia, La paz, Lavado de activos, Lucha antinarcóticos, Modelo Político, Narcotráfico, Personajes, Política exterior, Proceso de paz, Sanción Política, Uribismo, Violencia
Logrera, obtusa, acomodaticia, no ha faltado en nuestra extrema derecha quien asimile el presidente Petro al timador y sanguinario Maduro. “Para allá va este castrochavista”, infieren algunos del osado papel de mediador y de la prudencial distancia que en ello asume él para evitar que la represión termine en genocidio. Para facilitar una transición pacífica en Venezuela abriéndole a la dictadura acorralada una válvula de escape, presupuesto vital en cualquier negociación.
Y para ahorrarle a Colombia severos perjuicios. Primero, el alineamiento de ese gobierno con los grupos armados que negocian la paz, tras 25 años de oficiar como garante y anfitrión de las conversaciones. Segundo, volvería a cerrarse el comercio con Venezuela, que favoreció siempre a Colombia y este Gobierno restauró, con prometedores resultados para nuestros exportadores. Tercero, naufragaría el control binacional de 2.217 kilómetros de frontera, a medias logrado en estos dos años: se desbordaría en las regiones fronterizas toda la batería de abuso de migrantes, de crímenes y economías ilegales, narcotráfico comprendido. Cuarto, tendría Colombia que multiplicar a marchas forzadas su capacidad para acoger a derechas una nueva oleada de migrantes venezolanos; con estatuto de protección, regularización, integración y acceso a los servicios del Estado.
La sorpresiva disposición de Maduro a dialogar respondería a la protesta heroica de los venezolanos, la base chavista al mando, contra el fraude; a la presión del mundo; a la exigencia de Petro, Lula, López Obrador y Boric de respetar la decisión soberana del pueblo, recontar votos, actas en mano y veeduría internacional, y de parar la matanza. Se contempla una salida negociada por diálogo directo entre Maduro y González. Y, en la sombra, el memorando de entendimiento suscrito en septiembre en Catar, que plantea libertad de los presos políticos, observación internacional del proceso electoral y levantamiento de sanciones al país. Con mil detenidos y 19 muertos en sólo una semana, con la pérdida de apoyo popular en las urnas y en las calles, con la unificación de la oposición, tal vez no le queden a Maduro otras opciones.
Sí, lo que pase en Venezuela será decisivo para las negociaciones de paz en Colombia. Y no sólo porque fuera ese país refugio de armados colombianos, sino porque éstos son ahora binacionales. El Eln puja por imponerse como poder en armas a ambos lados de la frontera, y un cambio de gobierno en Venezuela alteraría la dinámica en los diálogos de paz. Para Otty Patiño, alto comisionado de paz, la falta de legitimidad del gobierno de Maduro golpea su función como garante y facilitador: no habría ya mesa de negociación en Caracas.
El fiscal general de Venezuela amenaza con cárcel hasta por 20 años a quien proteste por el resultado electoral y obstruya vías públicas. 700 de los 1.000 detenidos serán juzgados por terrorismo. Diego Molano, ministro de Defensa de Iván Duque declaró en mayo de 2021 que bloquear una vía es terrorismo. Era licencia para matar, dijo César Gaviria. En efecto, en sólo dos meses de ese año hubo 75 asesinados en las calles (ONG Temblores e Indepaz). La CIDH denunció uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y criticó la calificación de terrorismo al bloqueo de vías en las protestas de Colombia. Iván Duque aboga ahora por los millones de venezolanos “que arriesgan sus vidas en las calles” y denuesta la “persecución y represión por militares y policías” contra el pueblo venezolano. Ver para creer. De tanto rasgarse vestiduras, desnudan nuestros mentores de la derecha todo el cobre. Grotesco su intento de apropiarse épicos pronunciamientos de la multitud, como éste del 3 de agosto en Caracas.
por Cristina de la Torre | Jul 30, 2024 | Educación, Estado Social, Gustavo Petro
Sí, desconcierta. Con la misión que asigna al ministro de Educación, Daniel Rojas, sacrifica el presidente un prometedor horizonte de reforma en el sector a la aventura de disputarse la dirección política del movimiento estudiantil. Acaso se proponga resucitar el fallecido imaginario del estudiantado como vanguardia de la revolución, a instancias de un aliado inesperado: el propio ministro, discreto fan de Stalin. Y el mandatario que traza un Plan de Desarrollo sin precedentes; que logra la reforma social estrella en 30 años, la pensional; que en un año rescata de la pobreza a 2.718.000 colombianos; que propone un plan de choque capaz en su realismo y audacia de implementar la paz, cede a una argucia: vender la suya como constituyente universitaria. ¿Se sumará al modo de refundar patrias con mítines de mil aguerridos estudiantes en la Nacional, ignorando el sentir de los otros cincuenta y cinco mil?
Mientras se aplica a la cooptación manipulativa del movimiento universitario, seguirán nuestros 12 millones de escolares recibiendo la peor educación: pocos aprenderán a leer, a pensar, a analizar, a interpretar, a generalizar, a crear, a convivir con los demás. Ninguneada quedó la reforma que elevaba la educación a derecho fundamental, buscaba llenar sus vacíos más ominosos y adaptarse a los tiempos, concertada por la entonces ministra Aurora Vergara. Y Fecode ahí, gloriosa, tras haber propiciado su hundimiento. No reconocen los maestros que el sistema educativo en Colombia es mixto, que el nuevo mercado laboral demanda educación terciaria y que el país tiene derecho a evaluar a sus profesores.
Cuando el presidente Petro anunció que aplicaría en el país el modelo de educación ejecutado en su alcaldía, el pensador Miguel de Zubiría le pidió desechar la idea: en 2015, durante su alcaldía, de los 100 mejores colegios públicos del país sólo 4 estaban en Bogotá. Porque, entre otras equivocaciones -le escribió- sustituyó la formación docente in situ por maestrías individuales. Estas mejoran sensiblemente el salario de los docentes pero no impactan la calidad educativa. A ella tampoco ayudaron la duplicación de la inversión, la mejora en infraestructura y la jornada única en 104 colegios, pues faltaron medidas de formación docente, comunidad educativa, liderazgo pedagógico y currículo.
Cuatro medidas propone De Zubiría para mejorar la calidad: Primero, transformar las facultades de Educación, para impartir a los docentes la formación requerida; abruma el hecho de que sólo el 3% de sus egresados lean en forma crítica. Segundo, hay que repensar los contenidos escolares por campos del pensamiento, traducirlos en lineamientos curriculares y consolidar competencias básicas. Tercero, la mayor transformación posible en una sociedad deriva de la educación inicial; no puede volver a prometerse la construcción de 1.000 jardines infantiles y hacer sólo el 2%. Cuarto, es preciso cohesionar las comunidades educativas, con escuelas de padres y jornadas pedagógicas regulares. Y abordar la educación por ciclos de desarrollo.
Insiste nuestro filósofo en que educar no es transmitir información: es enseñar a pensar en forma autónoma y compleja; es preparar para la generalización, la deducción, la argumentación y el debate. Se trata de aprender a aprender, de aprender a pensar.
Dramática disyuntiva se le ofrece al ministro Daniel Rojas: oficiar de animador de un grupo político más que incursiona en universidades, Activistas del Cambio, o bien, asumir con entereza la misión extraordinaria que la historia le confió: liderar el cambio hacia una educación de calidad. Algo irá de la agitación para sumar adeptos de ocasión a la transformación cognitiva, emocional y práctica de sus compatriotas.
por Cristina de la Torre | Jul 23, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Desplazados, Desplazamientos, Educación, Guerrillas, Industrialización, Julio 2024, Justicia, La paz, Pacto Histórico, Pacto Social, Proceso de paz, Progresismo, Reforma Agraria, Salud, Seguridad social, Tierras, Transición energética, Violencia
Ni señalamientos a la oligarquía esclavista, ni llamados al empoderamiento del constituyente primario, que algunos temían. En sorpresivo retorno a la idea del acuerdo nacional, le preguntó Petro al Congreso: ¿por qué no nos sentamos a hablar de un pacto político para cambiar normas que nos permitan reactivar la economía, hacer una reforma agraria seria e implementar la paz? ¿Por qué no logramos que este Congreso con este Gobierno pasen a la historia (cumpliendo) el Acuerdo de Paz? Y, como si se alinearan los astros, una docena de personalidades clamaba en El Espectador del mismo 20 de julio, desde pensares y sentires diversos, por el esquivo acuerdo nacional. Invitaba Fidel Cano, el director, a salir de la radicalización y disponernos a trabajar por un mejor país en el que quepamos todos. Colombia, afirmaba, no se puede dar el lujo de que su futuro se filtre por entre nuestras diferencias.
Sobre tres ejes de su discurso gira la propuesta del presidente: reforma agraria, transformación del territorio y eliminación de la guerra de las economías ilícitas. (El conflicto de hoy sería tercera fase de otras que pasaron a la historia: la violencia liberal-conservadora y la guerra contrainsurgente). Para conjurarla, la reforma agraria aprobada en el Acuerdo de La Habana, ley que prescribe la entrega de tres millones de hectáreas a los campesinos y la titulación de otros siete millones. Caramba, pasa un siglo y no sólo se impide a bala la redistribución de la tierra sino que ésta se concentra sin pausa, en un proceso veloz e infame que ha cobrado en las últimas décadas cientos de miles de vidas inocentes. Acaso menos radical que López Pumarejo y Carlos Lleras, agita ahora Petro la reforma agraria, pese a que no cuenta sino con el recurso de comprarla. Pero se congratula de que en apenas un año de su gobierno creciera 9% la economía campesina.
Por otros logros sacó pecho también en un discurso depurado, afirmativo. Dijo que en Colombia, el país más desigual del mundo según la OCDE, su Gobierno redujo 10% el número de pobres en un año. Y atribuyó el fenómeno al ajuste del salario mínimo y al control de la inflación en alimentos. Entonces insistió en un acuerdo pensado para vencer la pobreza y la exclusión, presupuestos de la paz y de la integración de los territorios excluidos. Entre las medidas que propondría a la discusión en mesas partidistas de concertación figura una de inversión forzosa del sistema bancario en proyectos a dos manos con el Estado en agricultura, vivienda, industria, turismo y economía popular. Alianza público-privada para proyectar estrategias de desarrollo, ya paladeada con el grupo Aval en la Guajira.
Mas, si de agenda para un pacto nacional se trata, ahí están también las líneas del Plan Nacional de Desarrollo -resultado de amplio consenso- escribe su autor, el excelso exdirector de Planeación Jorge Iván González. Brújula que ya es ley, apunta al ordenamiento del territorio alrededor del agua. Al derecho humano a la alimentación, que concreta los acuerdos de 2016: es la modernización del campo que, con su catastro multipropósito, ofrece los mecanismos del plan de choque para implementar la paz. A la transición energética, a la reindustrialización, a la convergencia regional y al mejoramiento de la calidad de vida con más recursos para salud, educación, servicios y asistencia social.
No le faltan al presidente, pues, insumos para una propuesta inicial de diálogo. Y da confianza, como respeto inspira su dignidad al pedir perdón y declararse responsable político por la podredumbre de Olmedo López en la UNGRD. Es el mismo mandatario que, a la primera sospecha sobre su propio hijo, lo endosó a la justicia. Que se oiga la recíproca: si, hablemos.
por Cristina de la Torre | Jul 16, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Constitución de Colombia, Desplazados, Desplazamientos, Gustavo Petro, Impunidad, Iván Duque, Izquierda, JEP, Julio 2024, Jurisdicción Agraria, Justicia, Narcotráfico, Paramilitarismo, Política agraria, Política de Estado, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
ONPara desconcierto de nuestra derecha sombría, sorprende Petro en la ONU con un plan de choque capaz de enrutarnos por fin hacia la paz. Capaz de recuperar territorios que violentos de todo jaez se disputan para prevalecer en narcotráfico, minería ilegal y extorsión, sojuzgar a las comunidades e imponerles su régimen de terror. Iniciativa capaz de lanzar el modelo de desarrollo trazado en el Acuerdo de 2016, reforma agraria comprendida, mediante compra administrativa expres de tierras y sustitución de cultivos ilícitos por proyectos de agroindustria. Estrategia enderezada a repotenciar los Planes de Desarrollo Territorial (PDET) en las zonas más atormentadas por la guerra. Apunta, en suma, a la incorporación de regiones a medias integradas al Estado nacional en 200 años de República, hoy bajo asedio de guerrilleros y paramilitares. Es empresa de trascendencia histórica que podrá acometerse en virtud de un gran acuerdo nacional. Implementación de la paz y acuerdo nacional son divisas de Juan Fernando Cristo, ministro del Interior cuyas batallas por la reconciliación y por las víctimas comportan cambios que sólo los más obcecados reaccionarios, amigos de la guerra, querrán obstaculizar. Sí, con Cristo renace la esperanza.
El presidente activa ahora su estrategia bifronte de seguridad: ofensiva militar contra todo reacio a dialogar -como ocurre hoy en el Cañón del Mikay contra la disidencia de Mordisco- e intervención social y económica sobre el territorio y su población. La reforma agraria será en ella protagonista con adquisición de tierras no ya por la morosa decisión de un juez sino por acción administrativa del Estado.
Aunque todas las normas habidas en un siglo le permitirían expropiar, no acudirá Petro a la Ley 74 de 1926, ni al Acto Legislativo 1 de 1936 para expropiar con indemnización por razones de utilidad pública o interés social, ni al Artículo 58 de la actual Constitución que autoriza la expropiación por vía judicial y, aun, por la administrativa; ni al Artículo 34 que contempla extinción de dominio sobre bienes habidos mediante enriquecimiento ilícito. Si de comprar se trata, Alejandro Reyes propone aclarar la propiedad antes de mover ese mercado, con un barrido que identifique predios con irregularidades, abrirles un proceso y tasarlos, entonces, en su valor real: sólo así podrá distribuirse tierra “sin que la compra sea una transferencia gigantesca de dineros públicos para pagar las rentas de la tierra a los ganaderos de Fedegán”.
Propone también inversiones forzosas para sustituir economías ilegales por proyectos productivos y agroindustrialización. Para integrar regiones al desarrollo, cambiar normas que rigen las vigencias futuras y el plan fiscal. Y, mediante reforma al sistema general de participaciones, favorecer las regiones PDET. Se revierten así la sórdida aventura de Duque para hacer trizas la paz y la pifia de Petro al suprimir la Consejería del Posconflicto, órgano que coordinaba la relación del Estado central con los entes territoriales, es decir, la acción integral del Estado en esas zonas: se estancó la implementación. En buena hora la destraba Cristo.
Si la ausencia del Estado disparó en los territorios la violencia, es hora de activar la estrategia paralela al diálogo: volcar en ellos la Fuerza Pública pero, sobre todo, emprender su transformación económica y social. La tal constituyente es un señuelo electorero: lo usa el Gobierno para exacerbar entre sus bases el apetito de cambio; lo usa la oposición para agudizar entre las suyas el miedo al cambio. Pero éste bien puede pactarse, sin normas dramáticas, desde los ocho caminos que Petro abre hacia la reconquista del territorio. Esos son. Manos a la obra.
por Cristina de la Torre | Jul 9, 2024 | Actores del conflicto armado, Capitalismo, Conflicto armado, Conflicto interno, ELN, Guerrillas, Impunidad, Industrialización, Julio 2024, Justicia, Neoliberalismo, Nueva Izquierda, Polarización social, Progresismo, Protesta social, Régimen político, Socialdemocracia, Violencia
A sesenta años de recorrido, más fértil en crueldades que en aciertos, se consagra el Eln como fenómeno protuberante de irrelevancia histórica. Lejos de renunciar al secuestro y allanarse a la meta de deponer las armas que la paz demanda, se ratifica esa guerrilla en su principio de origen y sella una declaración con el desafiante “¡ni un paso atrás, liberación o muerte!”. En agudo, sugerente ensayo titulado “La revuelta post neoliberal, el horizonte intelectual de la nueva izquierda progresista”, señala Iván Garzón que con la caída del socialismo real en 1989 las propuestas de revolución armada periclitaron: anacronismo que, de toda Iberoamérica, solo subsiste en Colombia con el Eln, el EMC y la Segunda Marquetalia.
Esa revolución -escribe- quedó en el pasado como figura retórica, como metáfora al uso de panfletos. Mientras rompe el progresismo con la mitología del fusil, los nuevos movimientos contra el capitalismo son antiautoritarios, igualitarios. El proyecto intelectual de la izquierda progresista busca hoy, de un lado, limar desigualdades y darle al Estado un rol activo frente al mercado: es la revuelta anti neoliberal, de reformismo socialista y democrático, ecológica, mestiza y feminista. Y, del otro, el fin de las utopías del siglo XX trajo una convicción rotunda: cualquier nuevo mundo imaginado no será ya alumbrado con una revolución violenta. Desde estos dos flancos enfrenta la izquierda el duro trance de reinventarse y darse una teoría unificadora.
El siglo XX concluyó con el desplazamiento del Estado de bienestar por el neoliberalismo, y el proceso de igualación económica que había despuntado en la posguerra se revirtió abruptamente. Este capitalismo agresivo, de avanzada financiera, es el nuevo paradigma. Tan desafiantes sus excesos – diría uno- que la nueva izquierda, liberada de la fantasía insurreccional, echa mano en su perplejidad de la divisa socialdemócrata. Que tiene en nuestros países su historia como Estado promotor del desarrollo, primeros intentos redistributivos y hoy ampliado al abigarrado cuadro del movimiento social. Fresco de industrialización precaria o frustrada, donde la tensión burguesía-clase trabajadora y su revolución proletaria apenas se insinúa. Otro símbolo prestado a nuestra vieja izquierda, diluido en sueños.
Señala nuestro autor que el capitalismo mutó de modelo económico a un tipo de sociedad: el ethos de la sociedad neoliberal. La nueva izquierda sazona su alternativa desde las barricadas de su revuelta: justicia fiscal, Estado emprendedor, ecología, no violencia y un buen vivir. Paradoja: es revuelta, no revolución.
Inquietudes. Uno: afirma Garzón que nuestra izquierda no está en sintonía con su pasado. Es que no fue unívoca esta fuerza. Franjas de la izquierda democrática habían ya librado batallas ideológicas con guerrillas que quisieron imponer su discurso al espectro entero de la oposición contestataria. Y el establecimiento cabalgó encantado sobre la impostura que graduaba de insurgente a todo adversario. La infló para endurecer, aún más, el sistema de privilegio. No podía esta izquierda triunfar en aquel lance, acorralada como se vio entre los fusiles de la izquierda armada y los del régimen.
Dos: Instala el autor al presidente Petro en la corriente de izquierda popular que enfrenta a la plebe con la elite, y desdeña la democracia liberal. En la otra orilla estaría el reformismo socialdemócrata que busca el consenso. Pero Petro acude lo mismo al populismo que a los rigores del Estado de derecho. Mientras agita el poder constituyente (del pueblo) convoca un acuerdo republicano sobre reformas democrático-liberales. Apunta contra el neoliberalismo y contra la violencia, desde el Congreso y con la turbamulta.
por Cristina de la Torre | Jul 3, 2024 | Álvaro Uribe Vélez, Corrupción, Fascismo, Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Armadas, Gustavo Petro, Impunidad, Iván Duque, Julio 2024, Justicia, Neoliberalismo, Nueva Izquierda, Pacto Histórico, Pacto Social, Paramilitarismo, Parapolítica, Paro Nacional, Partidos, Personajes, Polarización social, Policía Nacional, Política de Estado, Régimen político, Seguridad democrática, Seguridad Humana, Uribismo, Violencia
No sorprende que a la voz de chuzadas se enciendan en Colombia todas las alarmas: el solo recuerdo de las andanzas del DAS en el régimen de Seguridad Democrática pone los pelos de punta. El órgano de inteligencia del Ejecutivo espió, persiguió, chuzó y perfiló a la Corte Suprema de Justicia que procesaba a decenas de parapolíticos y, en su religión anticomunista, chuzó a opositores asimilados a enemigo interno, llegó a propiciar torturas y hasta asesinatos. Quienes obraron entonces desde los meandros de la Guerra Fría procederían ahora con idéntico estandarte contra el Gobierno del cambio. Dijo el presidente que antiguos chuzadores expulsados del Gobierno vuelven por sus fueros para destruirlo: hoy enfrentamos, precisó, una campaña orquestada por grupos de oscuro origen para desprestigiar al Gobierno, a las inteligencias y a algunas estructuras militares. Y para enemistarlo con otras ramas del poder público. Se habría configurado así la más audaz intentona desestabilizadora contra este Gobierno. Con todo, tendrá el presidente que pedir investigación sobre la DNI en estos dos años y exigir sanciones si resultan responsables.
En ejercicio de su “libertad de dudar”, recuerda Cecilia Orozco que los organismos de inteligencia del Ejército y la Policía son los más potentes, se manejan solos y no responden necesariamente a sus superiores civiles. Sobre todo si estos discrepan de la formación castrense apoyada en la doctrina gringa de seguridad nacional. El fantasma del comunismo recorre todavía los cuarteles que en el Gobierno Uribe frecuentó y regresó con bríos a los órganos de espionaje en la Administración Duque. Se pregunta ella a quién obedecen los jefes de aquella inteligencia que sobreviven hoy: “¿a Petro, el ´comunista guerrillero´, o a sus patrones Duque-Uribe y a sus generales Zapateiro y Vargas que parecen seguir actuando a través de sus ex oficiales?”
Si no fuera por el sufrimiento causado, el mentís de Uribe movería a risa: “dijeron que yo le estaba haciendo seguimiento a la Corte Suprema. Nunca (…) Yo he sido un combatiente de frente”. Por el escándalo del DAS, su círculo más estrecho terminó en la cárcel: el director de la entidad, Jorge Noguera, entre otros cargos, por haber ordenado el asesinato del profesor Correa De Andreis; la directora Maria del pilar Hurtado; el exdirector de Inteligencia, Fernando Tabares, quien declaró en juicio que el más alto nivel de la Presidencia estaba al tanto de cuanto sucedía con los seguimientos y las interceptaciones ilegales. Revela Verdad Abierta que varias veces se fraguaron complots con exparamilitares contra la Corte: en particular contra los magistrados auxiliares Iván Velásquez (hoy ministro de Defensa) y Luz Adriana Camargo (hoy Fiscal General).
Todo revivió ahora con la denuncia del magistrado Jorge Ibáñez de que sus comunicaciones estarían intervenidas, y con las sospechas del senador David Luna sobre abuso igual. Las Altas Cortes rechazaron estos hechos, por atentar contra la democracia y contra la seguridad de los jueces. El director de la ANI, Carlos Ramón González, informó que su entidad no hace seguimiento de personas (confiado éste al Ejército y a la Policía) sino inteligencia estratégica contra grandes organizaciones delincuenciales: por eso no dispone siquiera de esa tecnología. La ANI, aclara, es una entidad civil y desarmada. No reconoce enemigo interno ni persigue a la oposición.
Mientras da su veredicto la Fiscalía, las circunstancias sugieren que, si hay chuzadas, estas vendrían principalmente de la derecha radical. Si con ellas selló hace 15 años un régimen de fuerza, hoy pretende llenar el vacío de una oposición incapaz de contrapropuestas plausibles a los problemas del país.
por Cristina de la Torre | Jun 25, 2024 | Banca, Capitalismo, Capitalismo Social, Economía productiva, Gustavo Petro, Impuesto progresivo, Junio 2024, Justicia tributaria, Modelo Económico, Modelo Económico en Colombia, Movimiento social, Neoliberalismo, Nueva Izquierda, Pensiones, Polarización social, Política de Estado, Política económica, Protesta social, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Seguridad social, Socialdemocracia
No se trata apenas de que Petro quiera, o no, el acuerdo nacional: es que la contraparte quiera discutir y ajustar el modelo que aquel ofrece como alternativa de cambio. Que no es “neocomunista”, como la califica el mentor de la derecha más oscura, pues no apunta al derrocamiento del sistema sino al cambio de modelo: del molde neoliberal (que bloqueó el desarrollo, des industrializó, ensanchó las desigualdades y disparó la pobreza) al modelo mixto, concertado, de capitalismo social. Y cristaliza en dos escenarios: en seguridad social, devuelve al Estado la dirección de las políticas que garantizan derechos fundamentales no delegables como educación, pensiones y salud; rescata su iniciativa sobre las políticas y capacidad de control financiero, aún compartiendo gestión con el sector privado. En economía, afinca el desarrollo en el aparato productivo hacia la reindustrialización, mediante alianza de capital público y privado. Derrotero ya paladeado en Colombia y consolidado verbigracia por todos los gobiernos de izquierda y de derecha en el Brasil, sexta economía del mundo.
Claro, contra el Acuerdo conspira la exaltación retórica de las partes, acaso por llegar fortalecidas a un escenario de negociación en el único país de la región que hasta ahora estrena alternancia con la izquierda en el Gobierno y en campaña electoral con el recuerdo del estallido social pegado todavía a la piel.
Se quejan los empresarios de la incertidumbre que el presidente siembra con sus cambios de humor en la política oficial. Los saben cambios de humor, pero tal vez los magnifican para justificar derivas que en cualquier país se llaman huelga o sabotaje: dejaron de invertir 70 billones y pusieron en riesgo la economía. Claro que a ello contribuyeron las altas tasas de interés, pero el protagonista fue el temor autoinducido que indujo la desinversión. Más ¿a qué tanto drama? Quizás a la autocomplacencia en el privilegio que se recibe como por derecho divino. Recuerda la columnista Tatiana Acevedo que en Colombia la distribución de la riqueza opera de abajo hacia arriba: las mayorías (que ganan y tienen menos) subsidian a las minorías (que ganan y tienen más). La Carta del 91 dio a los banqueros un poder en la economía colombiana sin paralelo en el mundo.
Por su parte, Petro siembra miedo movilizando multitudes cuya resistencia querría transformar en poder constituyente. Esta utopía de democracia directa de Antonio Negri se sitúa por encima de las instituciones, del Estado, de la representación y de los partidos: es respuesta del anarquismo a los vacíos de la representación política en la democracia liberal. Voluntarismo episódico. Reedición del estado de opinión que distorsiona la veleidosa apelación del 91 a la democracia participativa.
Todos meten miedo. Todos parecen cañar. Y en el desconcertante vaivén sobre el Acuerdo, se escriben pronunciamientos en granito: dijo Petro que si se logra “un verdadero acuerdo nacional” en reformas legislativas, habría representación de otras fuerzas políticas. A poco, que la aprobación de la reforma pensional revivía la posibilidad del Acuerdo. Y Luis Carlos Reyes, ministro de Industria y Comercio, abunda en invitaciones al sector privado a concertar con el Gobierno la política industrial. Promete crédito amplio y subsidiado para inversiones en industria, energías renovables y agroindustria. Y el viejo Certificado de Abono Tributario para diversificar exportaciones.
El conflicto no enfrenta hoy comunismo y capitalismo, sino socialdemocracia y neoliberalismo. Para solucionarlo, no habría que inventar la rueda, sino poner a rodar la guardada por nuevos caminos. Si en ello va un margen de justicia social, bien vale un parto con dolor.
por Cristina de la Torre | Jun 18, 2024 | Estado de Derecho, Estado Social, Impunidad, Junio 2024, Justicia, Justicia restaurativa, Movimiento social, Mujer, Política de Estado, Violencia, Violencia Intrafamiliar
Dos grandes alcahuetas los amparan: el atávico privilegio que la cultura concede al varón, de un lado, y del otro, la nula o raquítica acción de la justicia y de las instituciones para prevenir y castigar el feminicidio. Mientras en España, país con la misma población de Colombia, hubo el año pasado 52 casos, en el nuestro se registraron 525; la cifra del Observatorio de Feminicidio para este año podrá proyectarse a 813 eventos. Una catástrofe. El viejo uxoricidio que autorizaba el asesinato de la mujer adúltera ha mutado en blandura de la justicia y hasta en exoneración de la pena cuando el hombre, presa de ira e intenso dolor ante el honor mancillado, la asesina. Claro, el castigo por infidelidad es aquí de una sola vía. Además, el estado de ira e intenso dolor aletea en otros móviles de feminicidio que se colorean como “crimen pasional”. Obra está coartada en homicidio por infidelidad, por celos y delirio posesivo (“si no eres mía no serás de nadie”), por sentimiento de humillación ante la mujer que brilla y rompe el molde del eterno femenino. Por el principio de supremacía masculina: ser varón es ser capaz de todo, aún de matar.
Discurre la jurista Whanda Fernández del uxoricidio por adulterio al feminicidio. Además del trato indigno, desigual y deshumanizado que tradicionalmente se ha deparado a las mujeres -escribe- la adúltera ha padecido penas atroces: flagelación, mutilaciones, tormentos, lapidación y muerte en la hoguera. Los códigos insertaron un concepto jurídico que daba al marido el derecho de matar a su mujer. Nuestro Código Penal de 1938 plasmó la figura de uxoricidio por adulterio, versión canónica del estado de ira e intenso dolor.
A menudo derivó éste en comodín para burlar la justicia. En 1980 se eliminó el delito de uxoricidio por adulterio, pero la nueva ley lo evocó en la figura de ira e intenso dolor, muchas veces como justificación del feminicidio. Bendición moral y legal a caracteres irascibles y violentos que creen afirmar la hombría en el crimen, y que el movimiento de nuevas masculinidades denuesta. La Ley Rosa Elvira Cely creó en 2015 el delito penal de feminicidio, anclado en la vileza de los móviles, en las condiciones de indefensión y vulnerabilidad de la mujer. Y ahora, por acción del Gobierno, se creó la ley que suprime los beneficios penales y endurece medidas para los sentenciados por feminicidio: ni suspensión condicional de la pena, ni prisión domiciliaria. Esperanzador con cierto de medidas.
En estado permanente de ira e intenso dolor se conduce el estudiante de la Universidad de Antioquia que ha tendido brutal persecución y amenaza a una profesora lánguidamente protegida por el claustro. La doctora en astrofísica Lauren Flor Torres narró a Cecilia Orozco (Espectador, 9-6) los pormenores del caso, que amenaza resolverse en tragedia. Con once denuncias por agresión ante la Fiscalía, se pavonea el fauno por el campus sin que nadie le impida siquiera ingresar en él. Y agentes de policía visitan a Torres en casa (donde ha quedado confinada) para recordarle que puede llamar, “si algo le pasa” (¡).
“¡Nos están matando!”, gritan cada día más mujeres en Colombia. No da espera la organización de un sistema integral que enfrente el hecho contumaz de que los hombres matan porque pueden hacerlo. Lo urgente empieza por un modelo integral de acompañamiento jurídico y psicosocial y por medidas de protección eficaces. Lo estructural podrá venir con la ley que la representante Carolina Arbeláez promueve para hacer expedito el acceso de las víctimas a la justicia y combatir la impunidad. Y, claro, que el Estado y la sociedad trabajen desde la escuela y la familia en desaprender las violencias del patriarcado.
