por Cristina de la Torre | May 13, 2025 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corrupción, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Derecha, Desplazados, Desplazamientos, Economías ilícitas, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Iván Duque, Izquierda, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, La ley de Víctimas, La paz, Lavado de activos, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Lucha antinarcóticos, Mayo 2025, Narcotráfico, Paramilitarismo, Parapolítica, Paz Total, Política de seguridad, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Régimen político, Restitución de Tierras, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
Si a Duque se le cobra la barbaridad de conspirar contra la paz, no menos responsabilidad le cabe a Petro por ayudar a postrarla a golpes de tozudez y negligencia: Colombia vuelve a incendiarse en violencia. Porque ambos gobiernos desdeñaron la implementación del Acuerdo de Paz; y el de Petro, además, celoso de remar a su manera en aguas movedizas, cambió para mal el modelo de negociación: disoció la implementación de la negociación, aquietó a la Fuerza Pública y abundó en concesiones a la contraparte, que hoy prevalece en un tercio del territorio, donde agrede a la población y avanza en su dictadura armada. Es guerra declarada de armados contra comunidades inermes.
Para escándalo del mundo, comparable al de los 6.402 falsos positivos, 1.200 líderes sociales y 460 firmantes de paz han sido asesinados en 8 años, casi todos en estos dos gobiernos, en absoluta impunidad. En el Catatumbo van 117 civiles asesinados y 65.000 desplazados en tres meses, víctimas de una guerra entre activos de economías ilegales. Para la Defensora del Pueblo, el Catatumbo sufre la peor emergencia humanitaria desde cuando existen registros. Pese a medidas de Gobierno todavía formales, otros mandan en la región, la gente huye en estampida y reina el miedo. El terrorífico plan pistola, herencia de Pablo Escobar, ha cobrado la vida a 27 uniformados.
Entre los errores de origen que favorecieron la expansión de los grupos armados y dieron al traste con la Paz Total se señalan ceses el fuego abortados, con desmovilización de la Fuerza Pública y sin los controles necesarios para la contraparte. En la negociación con el ELN, su imposición de ejecutar todo cambio adoptado en la mesa antes de contemplar la desmovilización conducía a un cogobierno armado. Peor aún: revela el expresidente Santos que el propio Gobierno organizó a las disidencias de las Farc. Que “el entonces Comisionado Danilo Rueda fue recogiendo con helicópteros del Estado a voceros de los distintos grupos criminales, llamados disidencias, para reunirlos en 2023 en el Yarí y reconocerlos como Estado Mayor Conjunto de las Farc (…) Aquellas disidencias eran un grupo muy pequeño de traquetos (los que no firmaron la paz) y estaban dedicados sobre todo al narcotráfico”.
El propio presidente Petro sostiene desde hace un tiempo que en Colombia no hay ya guerrilleros sino criminales dedicados al negocio del narcotráfico; que los comandantes del ELN son traquetos iguales a quienes integran los ejércitos de las mafias. Expresiones que cobran elocuencia ahora, cuando replantea su modelo de negociación con armados e integra la ofensiva militar como factor ineludible de una acción integral del Estado.
El Acuerdo de Paz trazó un virtual modelo de desarrollo para vencer la exclusión y las desigualdades. En este horizonte se concibieron los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) para 170 municipios y $26.7 billones. Apenas si se implementaron, presa de pésimo diseño y peor manejo. Primera frustración de la implementación. En Reforma Agraria, bajos índices en compra y redistribución de tierra, aunque satisfactorios en formalización de la propiedad. Se lucha por completar el proceso legislativo de la Jurisdicción Agraria, que resolvería sin violencia, con jueces especializados, las disputas en el campo, origen del conflicto en Colombia. Declaró la ONU que, de haberse implementado el Acuerdo de La Habana, no se sufrirían hoy descalabros como los de Catatumbo y Cauca.
Con tanta acción contra la paz -por perversidad en Duque que casi la volvió trizas, por voluntarismo y vanidad en Petro-; con tan graves omisiones en desarrollo del Acuerdo, ojalá el viraje que despunta en la negociación no haya llegado demasiado tarde.
Coda. Aplauso de pie a Laura Gil que, por mérito propio, accede a la Secretaría Adjunta de la OEA.
por Cristina de la Torre | Nov 28, 2024 | Acuerdos de paz, Campesinado, Cese multilateral, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Desplazados, Desplazamientos, ELN, Farc, Fuerzas Armadas, Guerrillas, Gustavo Petro, Impunidad, JEP, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La ley de Víctimas, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Movimiento social, Noviembre 2024, Paz Total, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
El protagonismo empieza a desplazarse del despótico negociador (llámese Mordisco o Beltrán) hacia comunidades que construyen paz. Al proceso contribuye la división de los grupos armados que, en vista de su eventual desmovilización, se debaten en el dilema de renunciar a las armas o seguir violentando a la población. Catalizadores de esta crisis serían la diversidad de sus bloques y la dificultad para darle carácter político a su actividad delictiva. Conforme se disocian por conflictos intestinos esos grupos armados, cambian los referentes del diálogo. Y cambia el tono del Gobierno.
Se mostró esta semana el ELN dispuesto a volver a conversar, pero el presidente Petro le advirtió que no concurriría si iba ese grupo “con el fusil en la mano”; que “quienes no dejen las armas serán doblegados por la Fuerza Pública (y deben) escoger entre el camino del Padre Camilo Torres o el de Pablo Escobar”. Entonces Beltrán, portavoz del ELN, confesó que ellos no firmarán la paz en este Gobierno y Petro elevó exigencias: la reanudación de esta mesa queda en vilo. Camilo González, negociador con el EMC, selló condicionando el regreso de Mordisco al diálogo a su declaración de cese unilateral del fuego.
Al parecer, sufren esos grupos una crisis de identidad que respira por la frágil representatividad de sus jefes en las mesas del ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia: facciones y frentes enteros inconformes con sus voceros montan toldo aparte para suscribir sin ambigüedades el propósito de paz. Acaso amenace este cambio de jerarquías con reducir el alcance de la paz total, pero obrará a la larga como poderoso factor disuasivo de la guerra.
Porque se resuelve en acción integral del Estado, Fuerza Pública comprendida, con participación de ciudadanos y autoridades en los planes de desarrollo, de seguridad y convivencia. Sería de paso formalización del heroico esfuerzo de reconstrucción del tejido social que miles de colombianos han emprendido contra los estragos de una guerra ensañada en la gente; y proyección de los PDET, que son nervio del Acuerdo de Paz. Es que la paz no depende ya únicamente del tránsito de los armados a la vida civil sino, sobre todo, de cambios de impacto tangible en las comunidades, de transformación de las condiciones que engendran la violencia.
Explica Pablo Pardo, vocero del Gobierno ante Comuneros, que el proceso con esa disidencia del ELN es territorial e integral, con una hoja de ruta que contempla desmonte paulatino de la violencia, transformación del territorio con sustitución de economías ilegales, y transición del grupo armado a la vida civil. Más que en la mesa de diálogo, la paz reside en las comunidades. Su fin, desescalar la violencia. Abunda en la idea Armando Novoa, negociador con Segunda Marquetalia: el desescalamiento integral del conflicto implica que los armados vayan reemplazando las armas por trabajo en proyectos económicos en el territorio. Y Camilo González, delegado ante el EMC, insta a sentar las bases para transformar el territorio y para que la reincorporación sea comunitaria: no es reincorporación de combatientes, dice, es reincorporación de poblaciones, de territorios, de comunidades.
Urge articular esta política con la implementación del Acuerdo de Paz suscrito hace ocho años que, salvo por la JEP, encontró la Contraloría en pañales. En particular, desarrollar la reforma rural y los PDET, cuya vigencia pide el Gobierno prolongar ocho años más. Tres ideas madre parecen gravitar en torno al cambio de tercio en la estrategia de paz: uno, sin implementación del Acuerdo de 2016 no habrá paz que valga; dos, la paz es territorial y su negociación también; tres, la implosión de los grupos armados no es cosa del Gobierno. Reafirma Petro que él negocia con quienes quieran la paz; los que no, tendrán que vérselas con la Fuerza Pública.
por Cristina de la Torre | Oct 22, 2024 | Actores del conflicto armado, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Democracia Plebiscitaria, Derecha, Estado laico, Impunidad, Iván Duque, La paz, Líderes Comunitarios, Líderes Sociales, Modelo Económico, Narcotráfico, Octubre 2024, Pacto Social, Partidos, Paz Total, Polarización social, Política agraria, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma política, Reforma Rural, Reformas liberales, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
No es salto al vacío; es, precisamente, aterrizaje en tierra firme de los ejes de la paz, esta vez sin retórica ilusoria. Encarando los desafíos de un país que se le escurre a veces entre los dedos al poder público, Juan Fernando Cristo traza un plan de choque que acelera la implementación de la paz acordada en 2016. Tras cuatro años de boicot por negligencia en el Gobierno Duque y dos más de candidez y largueza en diálogo infructuoso con grupos que se niegan a dejar las armas, el narcotráfico y la agresión contra la población, el ministro del Interior coje el toro por los cuernos: contempla frentes que impactan directamente la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo de los territorios. Diseña la acción desde la realidad de las instituciones, con los recursos necesarios y mediante alianza entre Estado, sector privado, comunidades, organizaciones sociales y cooperación internacional. Reenfoca, pues, las políticas de paz y seguridad. E insiste en un acuerdo nacional para enfrentar la crisis.
Seis áreas estratégicas contempla el plan de choque. Pactos territoriales para coordinar inversiones y proyectos de alto impacto en las 16 regiones PDET, coordinados entre los gobiernos nacional, regional y local. Reforma rural integral, acelerando la entrega de tierras y proyectos de desarrollo económico. Reformas legales para mejorar la ejecución del acuerdo, a saber: jurisdicción agraria y la reforma política que propone listas cerradas, financiación estatal de campañas y reforma del Consejo Nacional Electoral. Seguridad en el territorio, por acción simultánea de los ministerios de Interior, Defensa, Justicia y la Fiscalía contra organizaciones criminales. Gobernanza: los desarrollos del plan de choque serán controlados y supervisados por la cartera del Interior, Planeación Nacional y la Consejería para la paz. Finalmente, contempla la convocatoria a partidos, gremios, organizaciones sociales y comunidades étnicas al acuerdo nacional para la paz y la estabilidad política.
La propuesta de acuerdo batalla contra la mar bravía de la polarización, pero avanza confiada hacia el respeto por la democracia electoral, el ejercicio de la política sin balas ni insultos, y la deliberación civilizada sobre reformas sociales que cursan en el Congreso. Invita a suscribir las estrategias de industrialización y desarrollo rural bajo el modelo de crecimiento con equidad en el tercer país más desigual del mundo después de Suráfrica y Namibia, según el Banco Mundial. Un precedente prometedor, el pacto entre Gobierno y Asobancaria: de los $55 billones en créditos acordados, 10.6% se ejecutaron en el primer mes.
Mas no faltarán quienes movidos por pasiones primarias rechacen esta concertación de mínimos y prefieran cargar con el estigma -histórico y electoral- de haberla desairado. Ya debutó César Gaviria: el flamante, inamovible director del partido que liberó a los esclavos, separó a la Iglesia del Estado y ha promovido la reforma agraria no suscribe un acuerdo elemental de respeto por la democracia y la justicia social. ¿Tampoco avala el control territorial del Estado y el ejercicio de la autoridad legítima en El Plateado, hoy teatro de operaciones militares contra los violentos? ¿Coronará al liberalismo como la colectividad más reaccionaria del país?
Cuando la “paz total” como modelo de negociación naufraga, Juan Fernando Cristo toma el relevo con el estandarte que siempre debió ser: reivindicar a la población, darle seguridad y transformar su territorio. Si las opciones no podían ser tierra arrasada, ni gratuita complacencia con la contraparte y freno a la Fuerza Pública, la alternativa del ministro rescata las posibilidades de la paz desde el derecho de las víctimas. Como lo mandan la Constitución y el derecho internacional humanitario.
por Cristina de la Torre | Sep 11, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Agencia Nacional de Tierras, Campesinado, Comisión de la Verdad, Conflicto armado, Conflicto interno, Conversaciones de Paz, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Crímen organizado, Cultivos ilícitos, Desarrollo agrícola, Desplazados, Desplazamientos, Guerrillas, Gustavo Petro, Iván Duque, Jurisdicción Agraria, Justicia, Justicia restaurativa, La paz, Pacto Social, Paramilitarismo, Paz Total, Polarización social, Política agraria, Política de Estado, Posconflicto, Proceso de paz, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Septiembre 2024, Sustitución de cultivos, Tierras, Uribismo, Violencia
No fue Iván Duque el único en boicotear la implementación de la paz. También la saboteó Gustavo Petro, por inacción y por haber desmontado los órganos creados para alcanzarla. Y es causa protuberante de la violencia que vuelve a enseñorearse del país. La paz total no tendrá éxito, declaró en su franqueza el ministro Cristo en foro sobre el acuerdo nacional organizado por la revista Cambio; el logrado en 2016 fue la oportunidad perdida, pues los grupos armados no valoraron esta vez la mano tendida del presidente. Hoy debemos retomarla, puesta la mira en circunstancias nuevas, como la degradación del debate público en un país donde al insulto puede seguirle la bala; la simbiosis de legalidad e ilegalidad en todos los grupos armados y su atomización: la de hoy es una violencia de grupos criminales sin ideología, apuntó el ministro.
Para el Comisionado de Paz, Otty Patiño, la paz total es un desafío y una necesidad. Grande esperanza le siembra la experiencia de Comuneros del Sur porque toca con la paz territorial, donde la gente está. Y sí, la violencia no responde hoy a un ideal insurreccional sino a rentas ilegales, en armonía con el modelo económico que combina legalidad e ilegalidad. Difícil hallar la línea divisoria entre organización delincuencial y grupo político. Dígalo, si no, -señala Patiño- el hecho bochornoso de que el cartel de Medellín gobernara en esa ciudad y el de Cali en la capital del Valle. Un acuerdo de paz con armados supone avanzar en negociación territorial: la paz se materializa en el territorio.
El acuerdo que se teje no será para proclamar la suerte final de la nación, ni para reducir a mecánica de mercado político la discusión de las reformas en el Congreso, dice Cristo. Será para divorciar la violencia de la política, concentrándose en la reforma integral del campo, cuyo punto nodal son los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los más atormentados por el conflicto armado: son el 36% del territorio que acoge a la cuarta parte de la población rural. Sin los PDET, acción mancomunada de Estado y sociedad, no habrá paz, pues ella pasa por la transformación de aquellos territorios. Tal como lo señalan la norma constitucional y la legal que les da sustento.
Los PDET son un medio de planificación y gestión para el cambio regional, que acelera la reforma rural integral allí donde más se han sufrido la guerra, las economías ilícitas y la ausencia de Estado. Principiando por encarar el obstáculo de tenencia de la tierra, diagnostica problemas, planifica soluciones y las ejecuta a dos manos con el poder público, bajo la mirada vigilante de las instituciones y de la comunidad. No busca este instrumento “llevar” el Estado a la región sino construirlo desde la región que, olvidada, es pasto de feroces ejércitos de ocupación. Los PDET son la médula de la implementación de paz.
Recuerda la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino que, si ha sido la tierra causa del conflicto, por la tierra pasa la búsqueda de la paz; y por la reforma agraria, el acuerdo nacional. Invita ella a consolidar los Comités de Reforma Agraria, instancia vital de concertación porque materializa el diálogo plural en los territorios.
Plural y diverso fue también el diálogo en este Foro de Cambio, que arroja cuatro divisas a la reflexión: un acuerdo nacional deberá invalidar la violencia y acatar en los hechos la reforma agraria: tierra y paz. La paz total no podrá ser objetivo de un gobierno sino propósito nacional y política de Estado. El diálogo de paz es irrenunciable. El acuerdo nacional no es punto de partida sino punto de llegada. Trabajar por el acuerdo es trabajar por el país. ¡Manos a la obra!
por Cristina de la Torre | Jul 16, 2024 | Actores del conflicto armado, Acuerdos de paz, Conflicto armado, Conflicto interno, Constitución de Colombia, Desplazados, Desplazamientos, Gustavo Petro, Impunidad, Iván Duque, Izquierda, JEP, Julio 2024, Jurisdicción Agraria, Justicia, Narcotráfico, Paramilitarismo, Política agraria, Política de Estado, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Sustitución de cultivos, Tierras, Violencia
ONPara desconcierto de nuestra derecha sombría, sorprende Petro en la ONU con un plan de choque capaz de enrutarnos por fin hacia la paz. Capaz de recuperar territorios que violentos de todo jaez se disputan para prevalecer en narcotráfico, minería ilegal y extorsión, sojuzgar a las comunidades e imponerles su régimen de terror. Iniciativa capaz de lanzar el modelo de desarrollo trazado en el Acuerdo de 2016, reforma agraria comprendida, mediante compra administrativa expres de tierras y sustitución de cultivos ilícitos por proyectos de agroindustria. Estrategia enderezada a repotenciar los Planes de Desarrollo Territorial (PDET) en las zonas más atormentadas por la guerra. Apunta, en suma, a la incorporación de regiones a medias integradas al Estado nacional en 200 años de República, hoy bajo asedio de guerrilleros y paramilitares. Es empresa de trascendencia histórica que podrá acometerse en virtud de un gran acuerdo nacional. Implementación de la paz y acuerdo nacional son divisas de Juan Fernando Cristo, ministro del Interior cuyas batallas por la reconciliación y por las víctimas comportan cambios que sólo los más obcecados reaccionarios, amigos de la guerra, querrán obstaculizar. Sí, con Cristo renace la esperanza.
El presidente activa ahora su estrategia bifronte de seguridad: ofensiva militar contra todo reacio a dialogar -como ocurre hoy en el Cañón del Mikay contra la disidencia de Mordisco- e intervención social y económica sobre el territorio y su población. La reforma agraria será en ella protagonista con adquisición de tierras no ya por la morosa decisión de un juez sino por acción administrativa del Estado.
Aunque todas las normas habidas en un siglo le permitirían expropiar, no acudirá Petro a la Ley 74 de 1926, ni al Acto Legislativo 1 de 1936 para expropiar con indemnización por razones de utilidad pública o interés social, ni al Artículo 58 de la actual Constitución que autoriza la expropiación por vía judicial y, aun, por la administrativa; ni al Artículo 34 que contempla extinción de dominio sobre bienes habidos mediante enriquecimiento ilícito. Si de comprar se trata, Alejandro Reyes propone aclarar la propiedad antes de mover ese mercado, con un barrido que identifique predios con irregularidades, abrirles un proceso y tasarlos, entonces, en su valor real: sólo así podrá distribuirse tierra “sin que la compra sea una transferencia gigantesca de dineros públicos para pagar las rentas de la tierra a los ganaderos de Fedegán”.
Propone también inversiones forzosas para sustituir economías ilegales por proyectos productivos y agroindustrialización. Para integrar regiones al desarrollo, cambiar normas que rigen las vigencias futuras y el plan fiscal. Y, mediante reforma al sistema general de participaciones, favorecer las regiones PDET. Se revierten así la sórdida aventura de Duque para hacer trizas la paz y la pifia de Petro al suprimir la Consejería del Posconflicto, órgano que coordinaba la relación del Estado central con los entes territoriales, es decir, la acción integral del Estado en esas zonas: se estancó la implementación. En buena hora la destraba Cristo.
Si la ausencia del Estado disparó en los territorios la violencia, es hora de activar la estrategia paralela al diálogo: volcar en ellos la Fuerza Pública pero, sobre todo, emprender su transformación económica y social. La tal constituyente es un señuelo electorero: lo usa el Gobierno para exacerbar entre sus bases el apetito de cambio; lo usa la oposición para agudizar entre las suyas el miedo al cambio. Pero éste bien puede pactarse, sin normas dramáticas, desde los ocho caminos que Petro abre hacia la reconquista del territorio. Esos son. Manos a la obra.
