por Cristina de la Torre | Mar 18, 2025 | Álvaro Uribe Vélez, Banca, Campesinado, Capitalismo, Derecha, Desarrollo sostenible, Economía productiva, Empleo, Especulación Financiera, Estado Social, Gustavo Petro, Impuesto progresivo, Industria agrícola, Industrialización, Inseguridad Alimentaria, Izquierda, Justicia, Justicia tributaria, Ley 100, Libre Mercado, Marzo 2025, Modelo de mercado, Modelo Económico, Modelo Político, Movimiento social, Neoliberalismo, Nueva Izquierda, Pacto Histórico, Pacto Social, Polarización social, Política de Estado, Política económica, Privatización, Progresismo, Reforma a la salud, Reforma Fiscal, Reforma laboral, Reforma pensional, Reforma tributaria, Reforma tributaria progresiva, Reformas liberales, Régimen político, Salud, Seguridad social, Sistema de salud, Socialdemocracia, TLC
La hipocresía de nuestra derecha parece no tener límites. Lleva 35 años bloqueando la industrialización -fuente de trabajo productivo para amplios sectores de la población- pero ahora acusa a la reforma laboral de este Gobierno de evadir el desempleo y la informalidad. Maleducados en la sociedad del privilegio, líderes de los partidos y de los gremios ponen el grito en el cielo al primer amago de tocarla. Como si devolver a una minoría de trabajadores formales los derechos salariales que Uribe les conculcó en 2002 comprometiera la existencia de la empresa privada o disparara la abrumadora cifra de 58% de informalidad. Como si la precariedad de los salarios no se tradujera en desempleo pues, si los trabajadores no consumen, no hay demanda; y sin demanda cae la producción y hay recesión. Como si esta vergüenza de informalidad y pobreza en un país que se cree democracia no procediera sobre todo del modelo de mercado que liquidó toda opción de desarrollo productivo, todo plan nacional como su carta de navegación, a instancias del Consenso de Washington.
Ignominia que pesa en César Gaviria y adláteres de la política tradicional, comprometió también a la tajada más jugosa del empresariado. Ésta se dedicó desde entonces más a la especulación financiera y a desplazar el trabajo nacional con mercaderías importadas que a crear empresa. Lejos, brumosa quedaría la edad heroica de la industria en Colombia, que pocas firmas evocan hoy trabajando a brazo partido y en espíritu de patria. Cursilería de románticos , dirán banqueros MacPiponchos bendecidos por la increíble gabela que la Carta del 91 les dio como intermediarios forzosos de los recursos que el Banco de la República gira al Gobierno. Mas no lo dirían las 1.700.000 pequeñas y microempresas a las que deberá concedérseles un período de transición para adoptar progresivamente las disposiciones de la reforma. Y reorientar hacia ellas el apoyo del Estado, con crédito fácil y legislación antimonopolio.
Las reformas sociales que este Gobierno ha discutido largamente con el país aspiran a revertir los efectos más perniciosos de la Ley 100 y del estatuto laboral de Álvaro Uribe. Queriendo aquel bajar costos de contratación dizque para crear empleo, recortó el pago de dominicales y trabajo nocturno, eliminó el contrato laboral de aprendices y, para evadir el pago de prestaciones, introdujo la intermediación de empresas de servicios temporales. Argumentó que bajar salarios y facilitar despidos servía al empleo, pero los hechos probaron lo contrario: tras sus ocho años de gobierno, Colombia fue líder del desempleo y la informalidad en América Latina. Fiel a la libertad de mercado y al desmonte de controles del Estado en boga, hoy critica el expresidente la reforma en curso con los criterios que animaron la suya. La iniciativa de Petro controvierte la política laboral que privilegia al empresario, castiga al trabajador y sitúa a Colombia a kilómetros de las democracias y de la OIT.
Las graves falencias del mercado laboral resultan aquí de modelos concebidos para discriminar a los más y favorecer a los menos. ¿Qué hacer? ¿Surgirá, por ventura, una oposición creadora, con contrapropuestas para encarar los problemas del país, capaz de erigirse en alternativa de poder? En política social, ¿perpetuará el modelo que convierte la salud, las pensiones, los servicios públicos en negocio de particulares? ¿Se depurará la alternativa de economía mixta, Estado-empresa privada, puesta la mira en un proyecto de nación? Este Gobierno ¿no cuenta ya con el Plan de Desarrollo, hecho inédito en décadas, óptima ruta de acción? ¿Para cuándo, verbigracia, la creación de empleo productivo público que restaure la función empresarial del Estado? Con hechos de esta laya, pensaría la derecha en correr con sus demonios a otra parte.
por Cristina de la Torre | Jul 30, 2024 | Educación, Estado Social, Gustavo Petro
Sí, desconcierta. Con la misión que asigna al ministro de Educación, Daniel Rojas, sacrifica el presidente un prometedor horizonte de reforma en el sector a la aventura de disputarse la dirección política del movimiento estudiantil. Acaso se proponga resucitar el fallecido imaginario del estudiantado como vanguardia de la revolución, a instancias de un aliado inesperado: el propio ministro, discreto fan de Stalin. Y el mandatario que traza un Plan de Desarrollo sin precedentes; que logra la reforma social estrella en 30 años, la pensional; que en un año rescata de la pobreza a 2.718.000 colombianos; que propone un plan de choque capaz en su realismo y audacia de implementar la paz, cede a una argucia: vender la suya como constituyente universitaria. ¿Se sumará al modo de refundar patrias con mítines de mil aguerridos estudiantes en la Nacional, ignorando el sentir de los otros cincuenta y cinco mil?
Mientras se aplica a la cooptación manipulativa del movimiento universitario, seguirán nuestros 12 millones de escolares recibiendo la peor educación: pocos aprenderán a leer, a pensar, a analizar, a interpretar, a generalizar, a crear, a convivir con los demás. Ninguneada quedó la reforma que elevaba la educación a derecho fundamental, buscaba llenar sus vacíos más ominosos y adaptarse a los tiempos, concertada por la entonces ministra Aurora Vergara. Y Fecode ahí, gloriosa, tras haber propiciado su hundimiento. No reconocen los maestros que el sistema educativo en Colombia es mixto, que el nuevo mercado laboral demanda educación terciaria y que el país tiene derecho a evaluar a sus profesores.
Cuando el presidente Petro anunció que aplicaría en el país el modelo de educación ejecutado en su alcaldía, el pensador Miguel de Zubiría le pidió desechar la idea: en 2015, durante su alcaldía, de los 100 mejores colegios públicos del país sólo 4 estaban en Bogotá. Porque, entre otras equivocaciones -le escribió- sustituyó la formación docente in situ por maestrías individuales. Estas mejoran sensiblemente el salario de los docentes pero no impactan la calidad educativa. A ella tampoco ayudaron la duplicación de la inversión, la mejora en infraestructura y la jornada única en 104 colegios, pues faltaron medidas de formación docente, comunidad educativa, liderazgo pedagógico y currículo.
Cuatro medidas propone De Zubiría para mejorar la calidad: Primero, transformar las facultades de Educación, para impartir a los docentes la formación requerida; abruma el hecho de que sólo el 3% de sus egresados lean en forma crítica. Segundo, hay que repensar los contenidos escolares por campos del pensamiento, traducirlos en lineamientos curriculares y consolidar competencias básicas. Tercero, la mayor transformación posible en una sociedad deriva de la educación inicial; no puede volver a prometerse la construcción de 1.000 jardines infantiles y hacer sólo el 2%. Cuarto, es preciso cohesionar las comunidades educativas, con escuelas de padres y jornadas pedagógicas regulares. Y abordar la educación por ciclos de desarrollo.
Insiste nuestro filósofo en que educar no es transmitir información: es enseñar a pensar en forma autónoma y compleja; es preparar para la generalización, la deducción, la argumentación y el debate. Se trata de aprender a aprender, de aprender a pensar.
Dramática disyuntiva se le ofrece al ministro Daniel Rojas: oficiar de animador de un grupo político más que incursiona en universidades, Activistas del Cambio, o bien, asumir con entereza la misión extraordinaria que la historia le confió: liderar el cambio hacia una educación de calidad. Algo irá de la agitación para sumar adeptos de ocasión a la transformación cognitiva, emocional y práctica de sus compatriotas.
por Cristina de la Torre | May 11, 2024 | Actores del conflicto armado, AUC, Coca, Conflicto armado, Conflicto interno, Corredores del narcotráfico, Corrupción, Desplazamientos, Fuerzas Armadas, Impunidad, Mayo 2024, Narcotráfico, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Reforma Rural, Restitución de Tierras, Tierras, Violencia
En melodramática exhibición de hipocresía, saca la ultraderecha a danzar el coco de la expropiación; pero calla sobre la que operó como despojo de 6 millones de hectáreas a 7 millones de campesinos. Despojo a mano armada al que tributaron, por acción o por discreta complacencia, franjas del capital y de la elite política que se opone ardorosamente a la restitución de lo hurtado. Y a destrabar la compra oficial de tierras por oferta voluntaria, un componente sustantivo de la reforma rural que es mandato de la Constitución, ya integrada por el Congreso al Plan de Desarrollo. Como mandato suyo es también, desde hace 90 años -una y otra vez ratificado por leyes de la república-, la extinción de dominio de tierras ociosas, previo pago de indemnización, en virtud del principio de prevalencia del interés público sobre el privado. Y, sin embargo, no acudirá a ella este Gobierno.
Se sabe. Al amago de devolver lo usurpado, de recuperar baldíos de la nación y bienes incautados a la mafia, de agilizar la compra de tierras inexplotadas en favor de los productores del campo, montan estas elites su performance de rigor: gradúan de comunista todo intento de reforma en tal vez el único país del mundo donde un 2% de habitantes es dueño del 85% de la tierra. Histórica concentración de la propiedad agraria, ampliada con la masiva expropiación de predios en estas décadas de conflicto armado. Negocio de la guerra sazonado en sangre, que alguna tuitera invita hoy a defender con las armas. ¿Tendrá eco su delirio?
La cadena del despojo enlaza desde venta forzada hasta desalojo a bala con asesinato, tortura, desaparición y desplazamiento. Sus ejecutores inmediatos, paramilitares o guerrilleros (en menor medida); tras ellos, terratenientes, ganaderos, narcotraficantes, grandes empresarios y, en la “legalización” de lo usurpado, el juez amigo y el notario. Convergieron en el despojo el ascenso del narcotráfico a las capas dirigentes, la captura del poder regional por los señores de la guerra, las guerrillas, la complicidad o tolerancia del Gobierno y de sus Fuerzas Armadas y las reacciones de la justicia, apunta Alejandro Reyes: en regiones con larga tradición de monopolio sobre la tierra, como la Costa Atlántica, el paramilitarismo reforzó la tendencia secular de subordinación y marginalidad campesina; derivó en captura del poder local y regional y en cooptación o subordinación de la clase política en amplias regiones del país.
El caso Tulapas en Urabá ilustra los alcances y la brutalidad del fenómeno. Para armar un predio que toca tres municipios, y crear un corredor de tráfico de armas y drogas, Benito Osorio, exgobernador de Córdoba y gerente del brazo de Fedegán allí, protagonizó la expulsión de 130 familias. De consuno con la cuñada de los Castaño, redujo a las víctimas a la indigencia y, a instancias de notarios, negoció sus predios por cuatro pesos. Éstos terminaron en el fondo de marras. En entrevista de El Espectador, el investigador Gerardo Vega señalaba entre involucrados en despojo a empresas agropecuarias como Argos; entre bananeros, a firmas de Augura; en industria extractiva, a la Anglo Gold Ashanti; y en el sector financiero, a los bancos Agrario, Ganadero, BBVA y Davivienda.
Señala Reyes que, en Sucre, 9 clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del Departamento. Tierras que fueron baldías, tituladas por un juez. (Reivindica este recurso Paloma Valencia, para suplantar al ministerio de Agricultura, autoridad suprema en la materia). ¿Qué porción de aquellos dominios en Sucre responde a expropiaciones violentas legalizadas por el favor de un juez? ¿Cuánto agregan en este país el despojo y la crueldad a la preeminencia social y política de los clubmen (de viejo y nuevo palmarés)? ¿Cuánto a la doble moral de los verdaderos expropiadores en Colombia?
por Cristina de la Torre | Abr 9, 2024 | Abril 2024, Carolina Corcho, Ciencia, Congreso de la República, Derecho fundamental, EPS, Ley 100, Ley Estatutaria de 2015, Reforma a la salud, Salud, Seguridad social, Sistema de salud
Amigos y enemigos de la reforma a la salud sentaron inesperadamente posiciones de fuerza equivalentes que sugieren, no obstante, el agotamiento de la confrontación suicida y abren nuevos escenarios de negociación. En el término de 24 horas se precipitaron dos hechos que obligan a replantear el debate: el hundimiento del proyecto en el Senado y la intervención administrativa de las dos mayores EPS, Sánitas y Nueva EPS. Para no mencionar la solicitud de liquidación de Compensar. Una prueba más de que el sistema de aseguramiento financiero en salud hace agua, se suma a la liquidación de otras 119 en el pasado. Con la intervención de estas dos (que es medida de salvamento, pues expropiación de bienes del Estado no cabe), queda bajo el manto del Gobierno la mitad de los usuarios y éste tendrá que responder, mínimo, con la misma eficiencia al paciente y con la honradez en el manejo de los recursos que casi nunca brilló en las empresas de salud públicas y privadas. Dice el presidente que estudia alternativas para “reordenar el sistema”, principiando por la creación de una comisión asesora con representantes de clínicas, hospitales y pacientes.
En audiencia pública reconvino el presidente de la Corte Constitucional al ministro de Salud por el cálculo de la UPC y a los órganos de control por mirar desde la barrera la corrupción que devora al sistema de salud. Se comprometió el ministro Jaramillo a revisar el método de cálculo de la UPC y el delegado de la Fiscalía no pudo sino callar a la afirmación del alto magistrado de que “la corrupción seguirá siendo uno de los asuntos más claros por los cuales la salud no funciona”. No ha mucho concluyó la Contraloría que 26 EPS acusaban faltantes por $25 billones, así: $11.3 billones en deudas a Clínicas y hospitales, y $13.7 billones en reservas técnicas. Se habrían embolatado $11.8 billones girados en 2023 a cuatro EPS, denunció la exministra Carolina Corcho.
Razón le asiste a Acemi en decir que muchas de las estrategias de la reforma pueden implementarse reglamentando las normas existentes. Y el Gobierno avanza de hecho hacia la medicina preventiva en la Nueva EPS, diseñada en la Ley 1438/11; echará mano de la Ley 1122 de 2007 para formalizar a los trabajadores del sector, y a la Estatutaria de 2015 para abrir Centros de Atención Primaria por doquier y crear los equipos médicos necesarios en los territorios: ya van 70 en Córdoba. Para el analista Iván Jaramillo, con o sin reforma expedida por el Congreso, ésta podrá ejecutarse por vía reglamentaria. Ya el Plan de Desarrollo aprobó el giro directo a los hospitales, sin intermediación de las EPS (salvo para aprobar facturas), con lo cual recupera el Estado el control directo de los recursos de salud. Como sucede en casi todas las democracias, Costa Rica la más cercana. Pero queda el pendiente mayor, la naturaleza de las EPS; si pueden ellas seguir siendo aseguradoras, o bien, adaptarse a la nueva condición de gestoras de salud, en un modelo mixto (depurado, saneado y vigilado con rigor) que retribuya su trabajo.
Declara el ministro que la solución estructural a los vicios del modelo que rige no apunta a eliminar las EPS sino a transformarlas. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, invita a convertir este debate en una gran mesa de diálogo nacional, para buscar entre todos los cambios y ajustes necesarios al sistema de salud. También las organizaciones más prestantes del sector, como el Colegio Médico Colombiano y la Asociación de Sociedades Científicas, proponen plan de choque y concertación sin demora. Nadie quede como culpable ante la historia de no haberlo empeñado todo en el diseño del mejor sistema posible de salud para los colombianos.
por Cristina de la Torre | Abr 26, 2016 | Abril 2016, Corrupción, Modelo Político, Política económica, Régimen político
Por aséptico que quiera presentarse, Enrique Peñalosa evidencia, como todo gobernante, que la disociación entre técnico y político es ficción o una fanfarronada: al mando de la ciudad se llega para abrirle un rumbo determinado, echando mano de los poderes y del instrumental técnico necesarios. A eso le llaman ejercicio del poder. Política. Y aquella fractura parece más caprichosa cuando pierde su inocencia la imagen de gerente que nuestro alcalde publicitó para hacerse elegir, por contraposición a la de politiquero y corrupto. Cuando resulta afeada por el interés del negocio que parece rondar decisiones de su gobierno. Como el de constructores que financiaron su campaña y serían los beneficiarios del atropellado proyecto de urbanización de la reserva Van der Hammen. Y más maltrecho todavía su prestigio, con la fábula de títulos académicos que nunca mereció. Pergaminos que cierta tecnocracia de colonias exhibe para distinguirse de la “canalla iletrada” y, en política, de la manzanilla.
Este afán de lustre encuentra nuevo impulso en el embate que técnicos dizque libres de pasión política protagonizaron contra la corrupción y la politiquería del Estado social. Declararon al capital privado refractario a la corrupción. (¿los tales Nule no existen?) Y emprendieron la privatización que no ha cesado en 25 años, a la que Peñalosa aportará la venta de ETB y la entrega de la reserva de marras a grupos financieros y especuladores urbanos. Otro paso que acerca a Peñalosa peligrosamente a la línea roja de la corrupción es su estrategia de expandir Transmilenio con articulados producidos por empresas con las que él ha mantenido relaciones comerciales. De ITAP, firma en la que Volvo participa, habría recibido honorarios por valor de 468.394 dólares.
En suma, se cambió el modelo político del Estado social por el modelo político del Estado neoliberal. Pero siguió incólume la manzanilla. Pura y dura, a la colombiana. Dígalo, si no, el nombramiento de los primeros alcaldes locales de Bogotá: tras mucho buscar “los mejores gerentes”, dizque en el ánimo de privilegiar la meritocracia sobre el clientelismo, terminó Peñalosa por designar a los que traían aval de poderoso padrino político.
El Proyecto de Plan de Desarrollo del alcalde respira, naturalmente, su concepción política de ciudad. Sobre ese documento dijo el Consejo Territorial de Planeación: “…presenta una ciudad a la que se accede en términos de infraestructura, espacio físico y servicios mercantilizados y no en términos de garantías sociales”. A lo poco de social que tiene se le asigna mísero 2% de la financiación. Monto vergonzoso para construir comunidad (seguridad, justicia, derechos humanos, víctimas, paz, posconflicto).
Tras la frialdad de la cifra yacen una idea de ciudad y los intereses particulares que la rodean. Sea desarrollista, sea neoliberal, toda tecnocracia –meritocracia la llaman hoy–, por incontaminada que se pretenda, no hace otra cosa que ejecutar decisiones de gobierno que por definición son políticas. La elección del modelo económico y social es política. Política fue la inspiración de la reforma agraria de Lleras Restrepo, sustentada en estudios de planificación económica y social, y propulsada por fuerzas políticas: el liberalismo reformista y el campesinado. Política es la reforma urbana de Peñalosa, de expansión de la capital sobre la Sabana, con sustento técnico precario o nulo y enderezada a favorecer a urbanizadores y banqueros.
Mejor le iría a Peñalosa si olvidara su presuntuoso fetiche del gerente, si erradicara de la Alcaldía sus intereses particulares, si sus técnicos sustentaran a derechas las políticas de gobierno. Si se sacudiera la culposa condición de político vergonzante.
