Tanto alarde de dignidad ofendida entre empresarios de discutible honradez en el conflicto mueve a sospecha: ¿para salvar la cara y la faltriquera, seguirán endilgando a otros sus culpas? Nuestro paramilitarismo no se contrae a la acción de derechas armadas en la guerra. Muchos empresarios, políticos, militares, funcionarios y narcotraficantes semejan electrones del átomo que gravitan en torno a un núcleo de pistoleros: integran una y misma cosa. Objetivo medular de esta franja de las elites, el poder económico centrado en el acaparamiento de tierras que operó entre ríos de sangre contra el pequeño campesinado. Su presentación política, la lucha contrainsurgente, en un país donde se tuvo por subversivo lo mismo al guerrillero que al minifundista de parcela apetitosa para prolongar un corredor de la droga, para sembrar palma de aceite, para ampliar un latifundio de ganadería extensiva. “Guerrilleros vestidos de civil” fue el mote que lo permitió todo. Surgieron autodefensas, sí, para contener el acoso de la sedición, cuando la seguridad del Estado falló. Pero pronto derivaron en el terrorífico proyecto de despojo y muerte que, al lado de las infamias de las Farc, del ELN y parte de la Fuerza Pública, produjo en Colombia un holocausto.
De tanto padecerlo, ya medio país lo sabía y el resto lo barruntaba. Pero nunca adquirieron los hechos la entidad histórica que el informe oficial de la Comisión de la Verdad les da. Ni la categoría política que el presidente electo les imprime al cooptar diagnóstico y propuestas como divisas de su Gobierno. Contra viento y marea acometen su tarea los órganos de verdad y justicia del Acuerdo de Paz. El mundo registró asombrado dos audiencias históricas de la JEP: en la primera, oficiales de alto rango del Ejército reconocieron responsabilidad en la comisión de los falsos positivos. En la segunda, la cúpula de las Farc reconoció la suya en el secuestro de 21.788 civiles. Ahora se impone la comparecencia de un tercer actor del conflicto: los llamados “terceros” civiles, casi todos empresarios que financiaron al paramilitarismo y, sin integrarse a su cuerpo armado, coadyuvaron a sus crímenes. Y no es que los paramilitares buscaran a empresarios y políticos, que fue de éstos la iniciativa de armar manguala.
Según la Comisión de la Verdad, este empresariado cosechó en el acceso privilegiado a recursos, en la amenaza o eliminación de la competencia económica, en la violencia que el conflicto aparejaba, para multiplicar utilidades. Entre 2011 y 2015 se relacionó en Justicia y Paz a 439 actores empresariales con paramilitares: ganaderos, palmeros, bananeros. Para el comisionado Alejandro Valencia, es en despojo de tierras donde se dibuja nítidamente el acoplamiento de paramilitares, empresarios, políticos y funcionarios: armados masacraban y desplazaban, empresarios compraban a huevo la tierra arrebatada y notarios “legalizaban” la operación.
Díganlo, si no, las confesiones del exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, ante la JEP. Probó él la relación del Fondo Ganadero de Córdoba con la casa Castaño en la usurpación de tierras. Reveló nombres de empresarios y autoridades públicas involucrados en el despojo de Tulapas. Se reconoció como testaferro de paras y dio fe de pactos entre estos y la Fuerza Pública. Las tierras despojadas (8 millones de hectáreas) no están en manos de la mafia sino de empresarios y políticos. Si bien Argos y Unibán descuellan como grandes compradores de predios así habidos, el Fondo de marras y Chiquita Brands se llevan las palmas.
Más que aliados de ocasión, numerosos empresarios fueron eslabones de la cadena paramilitar. Para que no se repita la impunidad de los responsables de la Violencia con un pacto de silencio, Colombia pide a gritos también la verdad de aquellos empresarios. Ya es hora.