El uribato, segundo acto

Entre 2002 y 2010 el uribismo hizo la guerra y montó, a su amparo, un régimen arbitrario, de la estirpe del de Chávez y Fujimori. Hoy vuelve al poder para dinamitar los pilares de la paz: la Reforma Rural Integral y la Justicia Especial de Paz. Mientras el presidente cocina sudoroso proyectos que aterricen sus propuestas y en función de halagar a todos en la derecha, su partido ocupa el escenario, lleva la voz cantante y termina por escoger la carne del sancocho. Que del recado se ocuparán los técnicos del gabinete. Unos conciben las políticas –el presidente eterno, el empresariado glotón, el latifundismo, las fuerzas más retardatarias y violentas que lo siguen–; otros, políticos vergonzantes que pasan por expertos incontaminados, las convertirán en hechos tangibles. En marchitamiento de la restitución de tierras: de baldíos robados a la nación o adquiridos dolosamente; de predios usurpados o comprados a huevo bajo amenaza y readquiridos casi siempre por propietarios de mala fe. En boicot al fondo de tierras con destino al campesino que las requiere; o al catastro multipropósito, por ser éste medio de modernización del campo y de reforma agraria sin alharacas. Por razones de espacio, aquí aludimos sólo al cerco contra la reforma rural. Otra vez será sobre la asonada de la derecha para debilitar la JEP, deslegitimarla y obstruir su funcionamiento. Para destruirla.

Cursa en el congreso proyecto de María Fernanda Cabal que hiere de muerte la restitución de tierras y legaliza el despojo. Porque revierte la carga de la prueba contra el reclamante de su predio. Si la ley de 2011 obliga al ocupante a demostrar que lo ocupó o lo compró de buena fe, ahora será la víctima quien deba demostrar el despojo. Y el presidente no dice mu. Antes bien, entrega las entidades líderes de la reforma rural a sus más enconados detractores; y a beligerantes enemigos del Acuerdo de Paz, cuyo punto nodal es este de la reforma en el campo. Andrés Castro, exsecretario general de Fedepalma será ahora director de la Unidad de Restitución de Tierras; y Myriam Martínez, también del gremio, lo será de la Agencia Nacional de Tierras. Claudia Ortiz asumirá la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural. Adversaria radical de los programas que deberá desarrollar, ¿violentará sus convicciones, o bien, encabezará el sabotaje de la reforma rural desde la cumbre?

Investigadores de la UN han identificado –hasta ahora– 368.000 hectáreas de baldíos adquiridos irregularmente por particulares. Tierras con destino a beneficiarios de reforma agraria, serán el núcleo del Fondo de Tierras previsto en la reforma rural. Mas, mediante argucias jurídicas, se ha trocado a estos baldíos en fuente adicional de concentración de tierra, la segunda mayor del mundo. Así adquirió la firma Mónica Colombia 12.238 hectáreas en Puerto Gaitán. ¿Qué dirá el Gobierno? ¿Qué hará?

Y a la voz de catastro multipropósito, ¿seguirá haciéndose el desentendido? Probablemente. Es que un catastro actualizado en el campo lo dirá todo sobre propiedad, uso y vocación económica de la tierra. Permitirá planificar el desarrollo en los territorios. Y tasar a derechas el impuesto predial, fuente principal de las finanzas en el municipio. Pero nuestros terratenientes llevan siglos impidiendo, fusil en mano, la conversión de sus heredades especulativas en inversión productiva. Bueno, el catastro obligaría a declarar el valor real de la tierra y a pagar impuestos en su debida proporción. O ponerla a producir. O venderla. Pero no más aquello de avalúo enano y precio comercial astronómico.

Por razonable que parezca la reforma rural si de asegurar la paz se trata, no será su artífice el uribato que interpreta su segundo acto en el poder. Queda el cambio en manos de la gente.

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Oposición libertaria y reformista

La pluralidad de fuerzas que, coligadas, arañaron el poder este domingo con 8 millones de votos augura una oposición tan vigorosa como abominable podrá ser un tercer mandato de Álvaro Uribe. Libertaria, reformista, pacifista, antípoda de la caverna que lo abriga, no le faltará a la oposición energía para hacerse respetar. Pero su eficacia dependerá de la disposición a converger en tareas comunes, ya en el Congreso; ya en las urnas; ya en las calles, arena primigenia de la democracia. Dependerá de su lealtad a la democracia liberal y a su corolario contemporáneo, el Estado social. Se fincará en la defensa de las libertades individuales y políticas cuando el DAS –órgano de seguridad del Estado– resurja como policía política del “presidente eterno” compartida con criminales para perseguir a las Cortes que lo juzgan, a la prensa libre y a sus contradictores. Dependerá, en fin, del ardor con que defienda al Estado que vuelve a respirar, tras décadas de asfixia bajo la tenaza neoliberal.

En campaña de ideas, esa sí política, menearon el centro-izquierda y la derecha concepciones divergentes del Estado y su relación con la economía y la sociedad. Dibujó cada uno la matriz de economía política que sustenta su propuesta de país. La reacción, Estado mínimo al servicio de latifundistas y banqueros. La Colombia contestataria que se despabila, Estado promotor del desarrollo y protector de los derechos sociales con recurso al impuesto progresivo sobre el ingreso.

Eje del capitalismo democrático que prevaleció en Europa y Estados Unidos entre 1930 y 1980 (en Colombia como intento malogrado del reformismo liberal), el Estado social busca redistribuir el ingreso en función del bien común, prestar servicios públicos y garantizar los derechos ciudadanos: derecho a educación, a pensión, a salud (ahora convertida en negocio de mercaderes). Derechos de la mujer, de la población LGBTI, de las comunidades étnicas. Derecho de propiedad, violado aquí mediante despojo masivo de tierras por el narcoparamilitarismo y su brazo político seguidor del uribismo. Una nueva oleada de expropiaciones a campesinos se avecina con el relanzamiento de las tenebrosas Convivir.

Correligionario del neoconservadurismo que hace agua por haber esquilmado a los más en provecho de los menos, Duque representa el anverso del Estado social que grava comparativamente más a los pudientes, para financiar la política social de beneficio común. El nuevo presidente rompe el cordón umbilical que une al Estado contemporáneo con el impuesto progresivo, siempre defenestrado por las élites colombianas. Y ahonda las desigualdades: multiplica beneficios a los acaparadores de la riqueza, en un país donde el 1% de los más ricos concentra el 20% de los ingresos.

Como si apoyo les faltara para llenar alforjas: con su ley, contra la ley o a bala, como es ya historia patria en Colombia. En el campo, donde el feudalismo de zurriago y sus ejércitos de matones guerrea sin pausa por preservar las tierras usurpadas y sus privilegios de casta. Duque los exime del impuesto predial y archivará la actualización del catastro. Y al empresariado todo, baluarte de su campaña, le concederá decenas de billones en exenciones tributarias.

No consiste la redistribución moderna en expropiar a los ricos para enriquecer a los pobres. Consiste en desarrollar la función social del Estado  por referencia a un principio decoroso de igualdad. Y esto, que en otras latitudes es pan comido, a la oposición le plantea un reto colosal: entre las reformas por la paz, hacer de nuestro Estado social de derecho una realidad. Empresa descomunal, pero proporcional a la revolución operada el domingo: 46% del electorado gritó “no más” al grosero pavoneo de estas castas sin patria y con prontuario.

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Duque anacrónico

Será joven, pero de ideas caducas. Iván Duque no sólo suscribe el neoconservadurismo que en tiempos de Thatcher-Reagan fue moda y hace estragos todavía, sino, peor aún, el modelo agrario más retardatario y violento que su partido defiende sin escrúpulos. Pero, a más de anacrónico, es temible: dúctil cera en manos del jefe que se prepara para una tercera Presidencia, de venganzas ejemplarizantes y apetitos de guerra; capaz de compartir la complacencia de algún orate por un asesinado. Y, como reafirmándose en el credo del mercado sin controles que aprendió en el BID, se alinea Duque con el capitalismo montaraz que ahora Vargas Llosa hace pasar por democracia liberal. Indiferente al fraude del escritor que por conveniencia asimila comunismo con socialdemocracia (el modelo que logró pleno empleo y niveles irrepetibles de prosperidad en Europa y EE.UU.) Cuando todos conocen el abismo que separa al totalitarismo estalinista del laborismo inglés. El mismo que mediaría entre el castromadurismo y el capitalismo social de un Petro que, también por conveniencia política, se nos oculta aquí: para ganar por pánico las elecciones.

En tersa prosa castellana que emula la del peruano, con la misma vehemencia del converso que salta de una fe a la opuesta, anuncia Plinio Mendoza su voto por Iván Duque, quien “traza una ruta que hoy debe seguir Colombia para no continuar viviendo en los humedales del Tercer Mundo”. Mas, todo indica que Duque convertiría los humedales en pantano. En trazado clásico de neoliberalismo, este concibe el crecimiento sólo para los ricos; ya podrían los pobres con el tiempo recoger las migajas de aquel banquete. Nada de democracia económica, de repartir algo conforme se crece. En impuestos, se muestra el candidato vergonzosamente regresivo: siendo en Colombia los menores del mundo, se los baja, aún más, a los acaudalados. Como le parecen “confiscatorias” las tarifas del predial en el campo –un mísero 2,3 por mil– bloqueará la actualización del catastro y eximirá del gravamen por diez años a los terratenientes.

Blanco principal de su loca ofensiva contra la paz será la Reforma Rural. La hundirá, para preservar el poder ancestral del latifundio, extendido a tierras usurpadas a dos manos con el paramilitarismo. Perdonará a dudosos compradores de buena fe en predios robados a campesinos. Para otro lado miró no ha mucho, cuando urabeños asesinaron a ocho policías que protegían a funcionarios en acto de devolución de un predio en El Tomate. Tampoco ha musitado palabra contra el asesinato de 280 líderes cívicos y de restitución de tierras en 18 meses. ¿Se precia Duque de liberal, de juvenil esperanza de la patria?

No lo es. Por convicción y por ser “el que es”, extraído del cubilete del Divino para que cumpla desde Palacio sus designios. El primero, restaurar el huevito de la confianza inversionista, en cuya virtud eximió Uribe de impuestos a empresas seleccionadas a dedo; lo que en su época le sustrajo al fisco $8,5 billones al año. Suscribió con otras contratos de estabilidad jurídica a 20 años. A compañías de zonas francas les redujo el impuesto de 33% a 15%. Ricos, paras y amigos recibieron $1,4 billones de AIS, destinados en principio a los campesinos. La llamada flexibilización laboral menoscabó la estabilidad y el ingreso de los trabajadores.

Iván Duque condensa en estado casi puro un proyecto de potente tacada reaccionaria. Si gana, impondrá el peso muerto, ominoso del pasado que las fuerzas más oscuras querrán contraponer a los anhelos de cambio cuando el país daba pasos ciertos hacia la paz. La edad no dice nada: el estadounidense Bernie Sanders, a sus 80, encarna la frescura de la juventud; Iván Duque, a sus 40, da palos de ciego voluntario en las tinieblas de la caverna.

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Vuelco rural

No se trata apenas de redistribuir la tierra, sino también la población en el territorio: rediseñar el minifundio en unidades de tamaño rentable y desconcentrar la gran propiedad de tierras feraces pero subexplotadas en la frontera agrícola. Cambio de fondo que implicará reubicación de pequeños propietarios sobrantes en poblados aledaños a zonas de minifundio, y traslado a la frontera agrícola de colonos arrojados a lejanías inhóspitas, sin más horizonte que el de la coca. La mira en el largo plazo, propone el agrarista Absalón Machado un modelo de desarrollo alternativo fundamentado en la agricultura familiar que podrá convivir con la agroindustria. Un paso adelante de la reforma rural suscrita en el Acuerdo de Paz, no pasará inadvertido este modelo de repoblamiento y recomposición del minifundio, si de pedirles definiciones a los candidatos se trata. En particular a los inmovilistas, obscenos en su defensa del estatus quo y de la contrarreforma agraria apuntalada por el paramilitarismo.

Nueva ruralidad para un nuevo campesinado, el modelo preliminar apunta a aumentar el tamaño de la pequeña propiedad, mínimo hasta una Unidad Agrícola Familiar, suficiente para sostener con dignidad a una familia. De donde resultarían microfundistas sobrantes que podrán ubicarse en poblados vecinos, confiar su tierra al Estado a cambio de una renta y emplearse, por ejemplo, en actividades de turismo ecológico y de naturaleza. Resultado: habrá menos productores pero con mayor capacidad productiva y nivel de vida. Y se mantendrá esta población en el entorno rural.

Por otra parte, revirtiendo la ominosa tradición de colonización consistente en expulsar el campesinado a los extramuros de la patria o a metrópolis sin empleo, se habrá completado un fin medular: reubicar a esos pobladores en la frontera agrícola, cerrarla, y mantenerlos también a ellos en la ruralidad. Porque se buscaría, como se ha dicho, redistribuir extensas propiedades subexplotadas entre el campesinado nuevo, mediante tres instrumentos que las leyes consagran desde 1936 y 1994: extinción de dominio, expropiación con indemnización y compra de tierras. La política de poblamiento y redistribución agraria se habrá traducido en proceso de recampesinización o acomodamiento de la agricultura familiar en el paisaje rural; y en ubicación de población excedente en espacios urbanos de la ruralidad.

El nuevo paradigma supone concertación del Estado con el sector privado. Además, una política integral de tierras con restitución, formalización de la propiedad, creación de una jurisdicción agraria y, elemento principalísimo, una política de reducción de precios de la tierra. En ello resulta decisivo tasar en justicia el impuesto predial, para quitarle a la tierra el potencial especulativo y rentístico que incrementa artificialmente su valor: la vuelve inaccesible al comprador y dispara los costos a la inversión productiva.

La redistribución de la tierra –explica Machado- operará en perspectiva de industrialización, de descentralización hacia centros menores, de construcción de infraestructura y suministro de bienes públicos. Pero supone, sobre todo, cierre de la frontera agrícola y freno a la titulación de baldíos en la periferia. Demandará así mismo instituciones que estrechen lazos entre lo rural y lo urbano, y activa participación de la comunidad. Entonces crecerán corredores de producción agrícola alrededor de las áreas urbanas, para garantizar seguridad alimentaria y protección del medio ambiente.
Brillante hipótesis que proyecta la discusión a nuevos ámbitos, mientras el Congreso prepara debate a la Ley de Tierras, corazón de las reformas sin las cuales no habría paz. Esta propuesta promete un vuelco rural, sin sangre. Una revolución pacífica.

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 ¿Moñona de la derecha?

Primer acto: tras una campaña difamatoria de años que vendía el Acuerdo Agrario de La Habana como arremetida colectivizadora del campo, uribismo y varguismo cooptan al Consejo Gremial e intimidan al Gobierno para trocar la Ley de Tierras en la más agresiva contrarreforma agraria que el país conozca. Segundo acto: Corte Constitucional y Congreso saltan de la relativa impunidad concedida a las Farc a impunidad total para dos actores cruciales de la guerra: para civiles responsables de atrocidades y para mandos militares que las cohonestaron. Ni castigo para estos, ni verdad para las víctimas. Tercer acto: en las tinieblas de la noche, desenfunda el Senado su daga siciliana para tajar el cuello de medio Tribunal de Paz. Y de la Constitución. Lejos de catalogar como ventaja precisamente su solvencia en derechos humanos y delitos de guerra, ésta le parece, vea usted, una amenaza. Ya el senador Uribe había sindicado de terrorista al reconocido historiador Mauricio Archila, creyéndolo miembro de ese órgano. Epílogo: como no se discutía ya si la Farc podía o no hacer política, sino cuándo, los tres actos de la que pareciera comedia de equivocaciones podrán derivar en drama triunfal de la derecha. O en tragedia, si algún gatillero toma a pecho la acusación contra Archila.

Podrá vaticinarse que ninguno de los 15.000 civiles incursos en delitos graves  del conflicto con prontuario en la Fiscalía, sea de izquierda o de derecha, abandonará ese cálido nido para presentarse voluntariamente ante la JEP. Por más que muchos de ellos emulen la conducta de un Jaime Alberto Angulo, o de un Gordo García. Terrateniente el primero, no fue paramilitar, pero participó en la masacre de El Aro en 1997, cuando 200 paramilitares incendiaron el poblado, asesinaron a 16 personas y desplazaron a otras 250. Angulo se sumó a la orgía de sangre y terminó acusado de crímenes de lesa humanidad. García, el segundo, gran elector de Sucre y parlamentario 24 años, tampoco fue paramilitar, pero participó en la masacre de Macayepo que las AUC perpetraron a machete y garrote contra campesinos indefensos. Detalla la sentencia de la Corte Suprema contra él sus reuniones con otros políticos, ganaderos, empresarios y el entonces gobernador del departamento para pactar negocios y “hasta asesinatos” con jefes paramilitares. ¿Cuántos entre los 15.000 habrá que menearan en encuentros de tal laya negocios de narcotráfico y de tierras?

El despojo de predios ha sido masivo, violento y asegurado por ejércitos anti restitución; y la usurpación de baldíos no cesa. Virtual contrarreforma agraria que deja al Estado sin tierra disponible para entregar a los labriegos que la necesitan, dar vitalidad a la economía campesina y eliminar la causa mayor del conflicto. A remediarla con tierras públicas apuntaba La Ley de Tierras. Pero entonces tronó unánime la voz de quienes llevan dos siglos apoderándose de todo en el campo. El proyecto de ley evolucionó de caricatura a afrenta: a instancias de los gremios, de los ricos y de la ultraderecha, terminará por legalizar el despojo y la acumulación ilegal de baldíos.

El Uribe-varguismo soñará con haber hecho moñona contra los dos pilares del Acuerdo de paz: la Reforma Rural y la JEP. Más se equivoca si no percibe a tiempo la oleada de rabia que crece día a día contra la clase parlamentaria que le reporta a esa derecha sus triunfos de ocasión. Contra la inequidad agudizada del campo que podrá estallar, de nuevo, en guerra. Contra la saga de la Violencia que pretendió cerrar ese conflicto mediante un pacto de silencio entre las élites responsables, y que hoy querría repetir el espejismo exonerando de la verdad a los Angulo y a los Guerra.

 

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¿Tierra? ¡Nanay!

Tuvieron que pasar cincuenta años y una guerra para que el problema de la tierra volviera a escena. No ya como redistribución de la propiedad sino, al contrario, para darle formalidad legal; para devolver los predios robados, y entregar tierra pública al campesino. Pero, honrando una tradición de siglos, han exhibido ya las élites sus fierros contra la reforma rural que entra a debate en el Congreso. Quieren ellas preservar lo suyo, habido tantas veces a la brava; y, más aún, invalidar la función social de la propiedad, cuya letra rige desde 1936. Boicot tras boicot a manos de una oligarquía troquelada en granito, el último intento de reforma agraria se ahogó en Chicoral. Corría 1972. Se venía de una agreste ofensiva contra la política repartidora de Carlos Lleras, cuya punta de lanza fue la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC). Si modesta, volvió a resultarle intolerable al latifundismo, que rugió esta vez en las catilinarias de Nacho Vives. Y en la metralla que decapitó al movimiento campesino.
Conflicto armado y narcotráfico andaban entonces en pañales. Pero hoy le sirven al Consejo Gremial (el poder económico en pleno) como coartada para “concertar” con el Gobierno el proyecto de Ley de Tierras, apuntando a dejarlo mueco, inane. De hecho, logró ya despojar al Ejecutivo de su prerrogativa para declarar extinción de dominio en tierras ociosas y expropiación con indemnización por razones de utilidad pública e interés social. Por emular a José Félix Lafaurie, el Nacho Vives de la hora, y a los terratenientes del Valle que al primer amago de expropiación en Jamundí amenazaron con alzarse en armas contra el Gobierno de Lleras R., Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, declara sin sonrojarse: “nos oponemos a cualquier ley de tierras que contemple posibilidad de expropiar a través de la extinción de dominio”.
Y Jorge Humberto Botero, Presidente de Fasecolda y flamante negociador del TLC que terminó de arruinar el campo, violenta toda evidencia cuando califica de arcaico el Acuerdo Rural; siendo éste una propuesta que lo mismo moderniza la gran explotación que la agricultura campesina. Pero él lo considera “…más bien socialista, basado en pequeñas unidades productivas (?), en proteccionismo y en subsidios…” Comprensible, por otra parte, que Álvaro Uribe se oponga frenéticamente a la actualización del catastro rural: su Ley 1152 y la de Agro Ingreso Seguro dieron el golpe de gracia a todo intento de reforma agraria.
En su último libro, El problema de la Tierra, demuestra Absalón Machado que nuestra estructura agraria, empotrada en la concentración de la propiedad, frenó el desarrollo del campo. Allí donde el campesinado no accede a la tierra ni a los bienes públicos, la producción apenas crece y arroja ingresos franciscanos. De otro lado, la informalidad en la propiedad bloquea el crédito, la asistencia técnica, los subsidios y margina del mercado de tierras. Tal desigualdad impide la formación de una clase media rural que desconcentra la propiedad, equilibra las cargas y, si propende al uso adecuado del suelo, catapulta el desarrollo. Sostiene Machado que aquí se ha desarrollado la agricultura campesina con sobreexplotación de tierras en montañas y laderas, mientras las tierras feraces, planas, se destinan a ganadería extensiva. Para bajar a los agricultores de montaña a tierras ubérrimas, se imponen una política de repoblamiento y nuevos polos de desarrollo.
Abecé de cualquier reforma que se respete, la del Acuerdo de Paz le resulta enana. Pero la caverna de antaño se repite ahora: en tiempos de Chicoral, contra la redistribución de tierra; en2017, contra la restitución de la usurpada. La misma consigna ayer y hoy: ¿tierra? ¡Nanay!

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