Más que una embestida contra el narcotráfico, la extradición de la cúpula paramilitar es un golpe de opinión. Acosado contra las cuerdas de la ilegitimidad por un voto comprado para aprobar su reelección y por tolerar el apoyo político de delincuentes, el presidente Uribe pretende desmarcarse de aliados que hoy le resultan incómodos. Pero no toca el poder de aquellas mafias en el Estado, ni su organización militar, ni sus negocios.
Se habló primero de disolver los partidos uribistas, con la misma perfidia con que el Primer Mandatario pone en jaque a sus ministros en público, para endilgarles a otros sus errores y pecados. Y ahora extradita a quienes pugnó siempre por presentar como políticos, siendo, como queda demostrado, capos del narcotráfico. Suma así puntos a su popularidad el día mismo en que principia la recolección de firmas para la segunda reelección. Y cuando don Berna y Mancuso se preparaban para despacharse a fondo contra políticos, empresarios y militares enredados en la parapolítica.
Con los 14 del patíbulo se van los secretos supremos de este proceso. En Estados Unidos los juzgarán por tráfico de drogas, no por el reguero de muertos que nos dejan. Metalizada como es, esa justicia aplicará la nueva noción de extradición. No siendo ya castigo, como en tiempos de Pablo Escobar, sino pretexto de negociación, los reos verán reducirse sus penas significativamente, a cambio de dólares contados por millones. Allá se quedarán esos recursos, y aquí seguiremos poniendo la sangre y los 7 billones de pesos para resarcir a las víctimas. De 670 extraditados, 281 negociaron así, pagaron dos o tres años de cárcel y volvieron, felices, a lo suyo.
Pero no se contentan los gringos con esa tajada. Ellos se quedan con el grueso del negocio del narcotráfico, que viene de la comercialización. La exportación mundial de cocaína y heroína vale cada año, en el mercado minorista, 307 mil millones de dólares. Colombia sólo participa en el mercado mayorista, y ello le reporta 15 mil millones de dólares y 3 mil por repatriaciones. Desde luego, por menguada que sea esta proporción, hay quienes estiman hasta en 5% la participación del negocio de las drogas en el PIB de nuestro país. Poderío económico con suficiente capacidad disuasiva como para tomarse el poder político, según se ve.
Ni hablar de los paraísos fiscales, banca internacional que capta, sin preguntar mucho y garantizando confidencialidad, el producto astronómico del narcotráfico: 246 mil millones de dólares al año. Mafias de cuello blanco canalizan por internet todos los días el producido colosal de este negocio, sin que nadie ose siquiera exigir control. ¿Cómo hacerlo, si entre los 73 paraísos fiscales se cuentan lo mismo las Islas Caimán que la civilizadísima Suiza? ¿Cómo proponer la legalización de la droga, si con ella desaparece el negocio, caen en desgracia los jíbaros de las calles de Nueva York y Londres y sufre golpe mortal el sistema financiero internacional?
Si renunciara el Presidente Uribe a andar de golpe en golpe de opinión y cogiera el toro por los cuernos, propondría una estrategia que lo consagraría como líder verdadero: más allá de tanta vanidad mediática, de tanta astucia de ocasión, se aplicaría a desmontar el aparato de poder de las mafias del narcotráfico en Colombia. Con sustitución de cultivos ilícitos por cultivos rentables, mediante planificación y ordenamiento territorial. Fortaleciendo la justicia. Peleando en todos los foros internacionales por la legalización de la droga. Y ahorrándose galanterías a los paras, como aquella de proclamarlos rebeldes con causa y víctimas de un Estado ausente.