Ante la JEP, silencios que matan

Si no mediaran tantos muertos, sería pintoresca paradoja. El general Montoya y dirigentes de la Farc, jefes que fueron de ejércitos rivales durante medio siglo, confluyen ahora sin pestañear en el mismo atajo: callan la verdad o la dicen a medias –forma menos honrosa todavía de callar– sobre secuestro y falsos positivos, ignominias de la guerra. Manes de la historia. Hace ya casi un siglo autoritarismos de signo político contrario entre Alemania y Rusia acudieron a idénticos métodos de fuerza bruta. Métodos comunes a Ortega y Bolsonaro.

Se presenta Montoya ante la JEP, tribunal creado para ventilar la verdad, pero decide enmudecer y evadir señalamientos de once militares en esos estrados, antes que esclarecer responsabilidades si las tuviere. En pequeñez que ultraja a las víctimas, deposita la culpa de los falsos positivos en soldados que le resultan ignorantes, pobres, sin maneras en la mesa. ¿Serían por eso proclives a actos horripilantes que repugnan a la serenísima alta oficialidad? Pero ¿no ejecutaban órdenes? ¿De quién? ¿Nada sabe Montoya, su comandante en jefe entre 2006 y 2008, cuando se registró la mayoría de los 5.000 asesinatos de inocentes para presentarlos como bajas en combate?

Según informe de este diario, la JEP exhumó hace dos semanas 54 cadáveres en el cementerio de Dabeiba que serían víctimas de falsos positivos, pues a ellos se llegó por confesión de uniformados. Ese pueblo sería “un tapete de muertos”, dijo un  defensor de víctimas, y varios militares le confesaron a la JEP haber convertido su cementerio en una fosa común. Miles de víctimas se encontrarían en cementerios regados por todo el país. Para la Fiscalía, en el de Valledupar habría más de 500 víctimas, muchas de ellas falsos positivos del Batallón La Popa.

Por su parte, miembros del antiguo secretariado de las Farc ofrecen un pronunciamiento exculpatorio del secuestro. Reconocen su “equivocación” al “retener” civiles por el grave daño que pudieron causarles; pero esta declaración naufraga como un desliz en la mar de justificaciones que convierte a esa comandancia en víctima del destino que le impuso medios heterodoxos para financiar su guerra, su guerra heroica, y la redujo a la impotencia para controlar abusos de la guerrillerada. Otra vez el soldado raso. De los 27.023 secuestros asociados al conflicto entre 1970 y 2010, las guerrillas perpetraron 24.482, el 90%. Inhumanidad extrema de un crimen que los exfarc edulcoran trivializando la crueldad, naturalizando la humillación y la sempiterna amenaza de muerte contra sus plagiados. Para El Espectador, las Farc embolatan con “retazos de verdad”.

A esta versión responde Ingrid Betancur con un primer reclamo: no deberían las Farc hablar de “errores”, “equivocaciones” y “retenciones” para referirse al crimen del secuestro. Dice que el suyo fue un acto de venganza contra un ser humano. Que buscan justificar castigos como su encadenamiento de años, no para protegerla sino para castigarla. “El mayor peligro que yo corría (eran) ellos, su violencia, su decisión de matarme […] Su ensañamiento fue producto de un sadismo personal combinado con fanatismo ideológico en un espacio humano donde la arbitrariedad de los fusiles hacía oficio de ley […] El secretariado (encubría) sistemáticamente los desmanes de su tropa, así como lo hace hoy…”.

La justicia transicional exige verdad plena y a nadie exime. Los de  Montoya y   la Farc son silencios que matan porque revictimizan a las víctimas. Así el senador Uribe, excomandante Supremo de las FF MM durante el periplo más negro de los falsos positivos, eleve a Montoya a héroe de la patria. También  elevó a Rito Alejo del Río, y éste se desplomó a la cárcel.

 

 

 

Comparte esta información:
Share

Colombia: democracia con aroma de fascismo

 

 

Pese a la insustancialidad de Iván Duque, el presidente y su partido van pintando el cuadro de un gobierno que emula los regímenes de fuerza. Son sus trazos de brocha gorda: la criminal pereza de las autoridades para apresar y juzgar a los autores intelectuales del exterminio de líderes sociales; y la persecución (¿purga?, ¿tal vez eliminación?) de uniformados que señalan responsabilidad de superiores suyos en la comisión de falsos positivos. Tan amenazante este destape, que el uribismo precipita una propuesta de referendo para eliminar las Cortes (donde se ventilan las verdades de la guerra) y cercenar el Congreso.

Para sacar otros poderes públicos del sombrero de un líder venido a menos, reducido al afán de sobrevivir a la acción de la justicia. ¿Nostalgia de tiranías que convirtieron la voluntad general en fortín particular de algún egócrata, llámese Mussolini, Leonidas Trujillo, Maduro? ¿Purga en las fuerzas armadas, como la de Hitler contra sus tropas de asalto (SA) en la Noche de los Cuchillos Largos? ¿Cómo la de Stalin en el Ejército Rojo? ¿Cómo la de Maduro hoy contra uniformados que discrepan de la acción militar contra el pueblo desarmado? Hacia el desmonte del Estado de derecho conduciría el referendo en ciernes, si no fuera porque el prestigio del líder que lo mueve se desploma conforme se satura Colombia de la corrupción y de la violencia en las que nuestra ultraderecha es reina.

Si la ofensiva contra la JEP no ha dado tregua es porque miles de militares están declarando ante sus jueces; desde soldados rasos hasta oficiales de alto rango, en tren de identificar a los máximos responsables de atrocidades como los falsos positivos. Mientras diez generales preparan declaración, el soldado Yeris Gómez, verbigracia, sostuvo que en el Cesar hubo “un baño de sangre”, y alianzas de militares con los jefes paramilitares Jorge 40 y Alias 39. Según Semana, miembros del Ejército que han rendido testimonio son acosados por la inteligencia militar, reciben sufragios y amenazas de muerte.

De otro lado, el llanto de un niño ante el cuerpo de su madre asesinada, María del Pilar Hurtado, conmocionó al país. Era ella la víctima número 702 en dos años y medio de masacre de líderes sociales. Quince días antes, había alertado la Defensoría del Pueblo, pero la Policía desestimó en sendos consejos de seguridad la amenaza. A poco, caerían asesinados tres de los acosados. La cuarta del mismo panfleto del Clan del Golfo sería María del Pilar. Por descalificar la amenaza en vez de actuar, 70% de las alertas tempranas han resultado en el homicidio que se rogaba evitar.

En entrevista concedida a Cecilia Orozco, señala el presidente de Indepaz, Camilo González, que tras los sicarios “hay empresarios del enriquecimiento ilícito, políticos y agentes del Estado corruptos”. Que, sin la complicidad o el entronque con agentes del Estado, no podrían los narcoparamilitares crecer o reproducirse. Relaciona la airada oposición al Acuerdo de Paz con la violencia que se ejerce contra las comunidades y sus líderes. Y afirma: al Gobierno, al Centro Democrático y a la ultraderecha les cabe responsabilidad política en el recrudecimiento de la violencia.

Exterminio de dirigentes comunitarios; persecución a soldados que reivindican el honor del Ejército; creación de una red de informantes civiles que configura virtual policía política; embestida contra la libertad sexual y de pensamiento en la escuela y en la prensa son menjurjes que emiten aromas de fascismo. Otra cosa es que puedan invadir una sociedad diestra en mecanismos de supervivencia y con potencial electoral para hacer respetar la democracia y la paz. Acierta Claudia López cuando antepone al poder de la corrupción y la violencia el poder de la cédula, capaz de cambiar en las urnas la historia de este país.

Comparte esta información:
Share

De vuelta al uribechavismo

No, no son iguales. Uribe llegó al poder para afianzar la economía de mercado y, Chávez, para desmontarla. Pero en política, guardadas diferencias de grado, cogieron ambos por la vertiente autoritaria del populismo latinoamericano. En Venezuela desemboca el chavismo en la dictadura de Maduro, agente ejecutor de la divisa del coronel; en Colombia regresa la de Uribe sobre los hombros de Iván Duque. Hace 14 años aventuraba yo en un librito (“Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia”) que aquellos líderes suscribían elementos medulares del mismo modelo político: el del neopopulismo con carga de arbitrariedad y mano dura. La prueba del tiempo parece darme la razón y ratificarlo hoy, cuando, la mirada en su mentor, desafía Duque la legalidad: desacata fallo de la Corte Constitucional (una barbaridad, dirá Sergio Jaramillo), pone en riesgo la división de poderes, induce el retorno a la guerra y reanuda campaña electoral con la jauría aulladora que ha vuelto invivible la república.

Mucho en Chávez y en Uribe conspira contra la democracia: la búsqueda ciega del unanimismo; la determinación de absorber o cooptar el fuero de jueces y legisladores, por convertir la democracia constitucional en Estado de opinión manipulada; la militarización de la sociedad, el anclaje de la seguridad en una policía política, la búsqueda del poder para quedarse en él. Y, en Uribe, la idolatría de la guerra. Manes de los regímenes de fuerza que proliferaron en la región y cuyos signos restablece Duque, solícito exhumador del uribechavismo. Sus objeciones a la JEP calculan el golpe en dos planos. Primero, para resucitar el proyecto subversivo de la ultraderecha contra la democracia y la paz; con su efecto colateral de asegurarles impunidad a prestantes promotores de atrocidades en el conflicto. Segundo, convertir la campaña electoral en borrasca de odios y mentiras, siempre pródigas en votos.

Llegado al poder, creó Chávez el instrumental para perpetuarse en él, para neutralizar al Congreso y a las Cortes. En parecida dirección obró Uribe. Su propuesta originaria de referendo apuntaba a revocar el Congreso, pero la Corte Constitucional estimó que, a guisa de reforma constitucional, sólo buscaba atacar a un grupo de gobernantes. Calificó el proyecto de “contrario a la idea más elemental de Estado de derecho y de constitucionalismo”. Y lo tumbó.

Uribe reformó un “articulito” de la Carta para hacerse reelegir en 2006. “Ya que le dieron 40 años a don Manuel (Marulanda), ¿por qué no le dan un tiempito más largo a la seguridad democrática?”, dijo. Y, a son de democracia plebiscitaria, su ministro Pretelt defendió la opción de reelegirlo por veredicto popular, no por regla constitucional. A la segunda reelección y tras escándalo de soborno a parlamentarios, se opuso la Corte en 2010 porque atentaba contra la separación de poderes. Con una segunda reelección, hubiera Uribe terminado por controlar las Cortes; la Suprema incluida, a la cual persiguió con saña cuando ésta investigaba a su bancada por parapolítica.

Maduro corona el modelo: atrapa presidencia indefinida, altas cortes, poder electoral y una constituyente de bolsillo en remplazo de la Asamblea Legislativa. Duque le sigue el paso. Ya desde su campaña proponía disolver las Cortes para fundirlas en una y reducir el Congreso a la mitad. De prosperar sus reparos a la JEP, le habrá arrebatado a la Constitucional su poder de órgano de cierre, en favor del Ejecutivo. Y va por la cooptación de los congresistas entregándoles 20% del presupuesto de inversión. Mas, si hace unos años desfallecían la oposición y el movimiento social bajo la fusta de Uribe, no podrá Duque ignorarlas ahora: media Colombia prepara la defensa de la democracia y de la paz. Si precarias, resultan ellas infinitamente más deseables que el ominoso uribechavismo.

 

Comparte esta información:
Share

La rebelión de la ciudadanía

Superando de lejos la votación alcanzada por presidente alguno en la historia de Colombia, casi doce millones de votos contra la corrupción crearon un hecho político soberbio: se alzó la gente contra la ratería que convirtió a Colombia en cueva de Alí Babá y sus buenos muchachos. Victoria del voto libre, no comprado, la clase parlamentaria no podrá sino asumirla como mandato popular para ejecutar las reformas que ocho veces enterró. Fracasó el boicot que contra la consulta se fraguaba: el sabotaje del uribismo, estridente y mentiroso, como lo fuera su campaña en un plebiscito para negar la paz; y el sabotaje por calculada pereza de los partidos que traicionaron su originario respaldo a la consulta en el Congreso. Pero no pudieron ahogar la rebelión de la ciudadanía, hombres y mujeres de todas las clases sociales y colores políticos que echaron los cimientos de un monumento contra la corrupción cuya edificación no cesará ya.

Censura de la sociedad al bandidaje instalado en salas de gobierno y de ricos particulares, que ha mandado a la cárcel a siete exmandatarios en Brasil, Perú, Guatemala, Panamá y Salvador; mientras en Colombia fungen los campeones de la corrupción como patriarcas coronados. Una vergüenza. Un prolongarse el secular asalto a lo público, transmitido al ADN de la nación por ejemplo de sus élites, hoy catalizado por dos disparadores nefandos: la privatización del Estado y el narcotráfico. Sin cortapisas éticas, en el frenesí del ascenso y la revancha social en un país de inequidades extremas, bajo el ala del narcotráfico y tratativas dolosas con el Estado, mafiosos y politicastros de fusta y camándula devienen héroes.

Con la privatización de funciones y empresas del Estado vino el auge de la contratación pública directa. Pícaros que pasan por emprendedores, por   viceministros, por parlamentarios, se han feriado los dineros de todos. El contralor saliente, Edgardo Maya, calculó en $50 billones las pérdidas anuales del Estado por corrupción. Mas la plata desaparece en las arcas del canalla, no se recupera. Autor de un  desfalco de $70.000 millones, el exgobernador Alejandro Lyons sólo repondrá $4.000 millones.

Extravagancias de hoy que echan raíces en un remoto pasado. Eduardo Lindarte (Razón Pública 8, 18) encuentra entre las causas de tales desafueros una degradación de las normas morales y legales que las reduce a obstáculos por vencer, de donde resultará casi natural violarlas. La concentración del poder en élites que dominaron siempre todas las esferas de la vida en Colombia se resolvió en privilegio suyo, defendido a capa y espada. La corrupción se volvió regla y toda la sociedad cayó en ella. Grande daño causó la dualidad de una tradición legalista –que no legal– al lado de la doblez  de una Iglesia que se arrogó el derecho de impartir la moral mientras ella misma caía en corrupción. Para Lindarte, la demora en el trámite de los cambios sociales por la vía política ha sido el motor principal de la violencia, la ilegalidad y la corrupción.

Ya se recordaba en este espacio que el modelo de la hacienda decimonónica –paternalista y despótica– se proyectó como estructura del Estado y este fue patrimonio privado de la élite. Hoy deglute ella la contratación pública y la comparte con élites emergentes que reclaman lo suyo. No pocos entre ellas sobreenriquecidos en el narcotráfico.

La consulta del domingo devuelve confianza en la Justicia. Y abre perspectiva de soluciones que apuntan a las raíces del mal. Educación, sanción social,  control ciudadano, compromiso inescapable de la dirigencia nacional con una cruzada sin pausa contra la corrupción. Para empezar, deber del Presidente de explicar la designación del corrupto Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA. Doce millones de votantes lo reclaman.

Comparte esta información:
Share

Gobierno-oposición, más democracia

Guerra civil en el siglo XIX, violencia liberal-conservadora, guerrilla comunista: fantasmas del pasado que moldearon la idea de oposición como amenaza contra la patria y la civilización cristiana occidental. Versión heroica sobre los demonios que la jerarquía católica y la ultraderecha ayudaron a crear, cuando arrojaban la oposición al ostracismo. Tal percepción campeó aun cuando la oposición pudo ser corolario civilizado del gobierno en períodos democráticos, y no lo fue. Experiencia al canto, la ciega beligerancia –desleal, obstruccionista– que el Centro Democrático desplegó desde su orilla contra el mandatario que alcanzaba la paz, mientras ignoraba aquel partido el reclamo de la sociedad por cinco mil “falsos positivos” habidos en su Gobierno. Claro que la oposición puede abusar de las prerrogativas que la democracia le brinda. Mas no impunemente. Parte sustancial de la variopinta votación de Petro sufragó por hastío con la intemperancia de la oposición uribista, con el irrespeto de su jefe a las instituciones, con el protagonismo del sicario de los 300 muertos como ululante opositor del CD, sin que ese partido dijera mu.

Con el viraje político registrado en estas elecciones, la depuración ideológica de las propuestas en liza y la entronización del estatuto de oposición este 20 de julio, un nuevo capítulo se abre en la política colombiana. Y no apenas por las garantías que aquella normativa ofrece a la oposición, sino porque el  presidente electo, Iván Duque, trazó la pauta medular antes de asumir en propiedad. Le ordenó a su mayoría en el Congreso bloquear la reglamentación de la JEP, pieza angular de la paz. Su jefe, el senador Uribe, escaló la avanzada mediante instrucciones a Paloma Valencia para lograr sus objetivos cantados:  prisión para los jefes de la Farc antes de hacer política, y crear dos instancias independientes de la justicia transicional encargadas de procesar a uniformados y a particulares responsables de delitos en el conflicto. En suma, crear las condiciones necesarias para volver a la guerra. Amenaza, esa sí, capaz de unificar la oposición de nueve millones de colombianos que se jugaron en las urnas por la paz y a los muchos que votaron por Duque creyéndolo inofensivo componedor del Acuerdo con las Farc.

Manes del binomio gobierno-oposición, dos caras de la democracia, que da tantas garantías al Gobierno para ventilar sus ideas y convertirlas en políticas, como a la oposición para defender las suyas, controlar al poder y erigirse en alternativa de cambio. Cobran aquí vigencia renovada los postulados de Virgilio Barco, genuino liberal, en vísperas de asumir la Presidencia: No le basta a la democracia con el voto, escribe; es de suyo también la existencia de un gobierno con una oposición que lo fiscaliza, serena, civilizadamente. “En una democracia, los derrotados en elecciones pierden el derecho a administrar el país; pero no el de expresar a través de sus voceros su inconformidad […]. Más que a los críticos le temo la ausencia de fiscalización. [Para mi Gobierno] pido una constante vigilancia política desde las Cámaras, desde los medios de comunicación y desde todos los foros donde se expresan libremente los colombianos”. (La oposición política, Patricia Pinzón de Lewin).

El tic frentenacionalista de la unidad idílica entre todos para salvar la patria es antidemocrático. Democracia no es falso consenso que disuelve el pluralismo en uniformidad, en ficción de concordia. Democracia es disenso, conflicto tramitado por la vía de las instituciones. Lo que no impide compartir ideales y proyectos que trascienden quereres particulares. Como el ideal de la paz y las reformas que le dan figura corporal.

Coda. ¡Divina la selección Colombia! Va para ella una lagrimita de emoción…

Comparte esta información:
Share

Oposición libertaria y reformista

La pluralidad de fuerzas que, coligadas, arañaron el poder este domingo con 8 millones de votos augura una oposición tan vigorosa como abominable podrá ser un tercer mandato de Álvaro Uribe. Libertaria, reformista, pacifista, antípoda de la caverna que lo abriga, no le faltará a la oposición energía para hacerse respetar. Pero su eficacia dependerá de la disposición a converger en tareas comunes, ya en el Congreso; ya en las urnas; ya en las calles, arena primigenia de la democracia. Dependerá de su lealtad a la democracia liberal y a su corolario contemporáneo, el Estado social. Se fincará en la defensa de las libertades individuales y políticas cuando el DAS –órgano de seguridad del Estado– resurja como policía política del “presidente eterno” compartida con criminales para perseguir a las Cortes que lo juzgan, a la prensa libre y a sus contradictores. Dependerá, en fin, del ardor con que defienda al Estado que vuelve a respirar, tras décadas de asfixia bajo la tenaza neoliberal.

En campaña de ideas, esa sí política, menearon el centro-izquierda y la derecha concepciones divergentes del Estado y su relación con la economía y la sociedad. Dibujó cada uno la matriz de economía política que sustenta su propuesta de país. La reacción, Estado mínimo al servicio de latifundistas y banqueros. La Colombia contestataria que se despabila, Estado promotor del desarrollo y protector de los derechos sociales con recurso al impuesto progresivo sobre el ingreso.

Eje del capitalismo democrático que prevaleció en Europa y Estados Unidos entre 1930 y 1980 (en Colombia como intento malogrado del reformismo liberal), el Estado social busca redistribuir el ingreso en función del bien común, prestar servicios públicos y garantizar los derechos ciudadanos: derecho a educación, a pensión, a salud (ahora convertida en negocio de mercaderes). Derechos de la mujer, de la población LGBTI, de las comunidades étnicas. Derecho de propiedad, violado aquí mediante despojo masivo de tierras por el narcoparamilitarismo y su brazo político seguidor del uribismo. Una nueva oleada de expropiaciones a campesinos se avecina con el relanzamiento de las tenebrosas Convivir.

Correligionario del neoconservadurismo que hace agua por haber esquilmado a los más en provecho de los menos, Duque representa el anverso del Estado social que grava comparativamente más a los pudientes, para financiar la política social de beneficio común. El nuevo presidente rompe el cordón umbilical que une al Estado contemporáneo con el impuesto progresivo, siempre defenestrado por las élites colombianas. Y ahonda las desigualdades: multiplica beneficios a los acaparadores de la riqueza, en un país donde el 1% de los más ricos concentra el 20% de los ingresos.

Como si apoyo les faltara para llenar alforjas: con su ley, contra la ley o a bala, como es ya historia patria en Colombia. En el campo, donde el feudalismo de zurriago y sus ejércitos de matones guerrea sin pausa por preservar las tierras usurpadas y sus privilegios de casta. Duque los exime del impuesto predial y archivará la actualización del catastro. Y al empresariado todo, baluarte de su campaña, le concederá decenas de billones en exenciones tributarias.

No consiste la redistribución moderna en expropiar a los ricos para enriquecer a los pobres. Consiste en desarrollar la función social del Estado  por referencia a un principio decoroso de igualdad. Y esto, que en otras latitudes es pan comido, a la oposición le plantea un reto colosal: entre las reformas por la paz, hacer de nuestro Estado social de derecho una realidad. Empresa descomunal, pero proporcional a la revolución operada el domingo: 46% del electorado gritó “no más” al grosero pavoneo de estas castas sin patria y con prontuario.

Comparte esta información:
Share
Share