Campesinado: ¿ostracismo sin fin?

Claro que el mandato de Duque sí tiene norte. Bajo sus puerilidades como presentador del programa Aló Presidente, los Álvaro Uribe, los Sarmiento Angulo toman todos los días decisiones de gobierno: un batido de precariedades para apagar el incendio de la pandemia y preparativos para volver a la normalidad económica que es, precisamente, el combustible de la conflagración. Ni plan de choque para crear empleo de emergencia, ni previsiones para revisar el modelo que al primer papirotazo de un virus exhibe sus vergüenzas, el hambre y la pobreza sobre los cuales se edificó. Ni salarios y protección para los médicos en la crisis, ni en el horizonte cambio del régimen de salud-negocio. Ni apoyo valedero al campesino, que ha respondido a las exigencias de la hora, ni la reforma rural que asegura la paz.

Antes bien, como en diabólica celebración del cincuentenario de la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), debuta un ministro del sector repitiendo el programa de subsidios que mandó a la cárcel a un antecesor suyo: créditos con destino a pequeños y medianos campesinos desviados a los aviones de siempre; a grandes negociantes en todo, menos en agricultura. Sinvergüenzas. Que corrijan sobre la marcha, no mata el síntoma. Ni oculta la venganza de la caverna contra el campesinado que en los años 70 y 80 se movilizó como nunca en nuestra historia. Tampoco reconoce el hecho comprobado de que la economía campesina es más productiva y crea más empleo que la gran explotación. Realidad que da fundamento a la Reforma Rural del Acuerdo de Paz, minuciosamente saboteado por este Gobierno.

Violencia, despojo, desplazamiento condensan la guerra librada contra los indefensos del campo en estos años —que son también los años de la Anuc— tras la derrota a sangre y fuego de ese movimiento y el entierro de la reforma agraria en Chicoral. Si durante la violencia liberal-conservadora se enfrentaron los labriegos en partidos, en los 70 lucharon por lo suyo: la tierra. Creada por Carlos Lleras para suministrarles servicios del Estado y titulación de tierras sin mediación del clientelismo, fue Anuc protagonista de esas luchas,  acompañadas a menudo de invasión de baldíos y latifundios. Respondieron los terratenientes con expulsión masiva de arrendatarios y aparceros y, el gobierno de Misael Pastrana, con la división del movimiento y con la decapitación del ala más beligerante de la organización. A la división ayudó la impaciencia de la izquierda que lo penetró.

Dos razones explicarían, según León Zamosc, aquella derrota: Primero, sólo el 10% de los beneficiarios potenciales de reforma agraria tuvo acceso a la tierra. Segundo, una paradoja: las luchas campesinas catapultaron la gran explotación, que se extendió a expensas de la pequeña propiedad. El narcoparamilitarismo recrudecería la tragedia del campesinado, que sigue reclamando tierra, paz, vida y participación política.

A este reclamo centenario responde el Acuerdo de Paz, con una reforma rural que neutralice el conflicto por la tierra, causa y motor de la guerra. Propone, por enésima vez, dar tierra a quien la necesita, subsidiarlo, modernizar el agro  y promover el desarrollo rural mediante planificación concertada entre las comunidades y el Estado. ¿Mucho pedir? Sí, para la derecha sedienta de sangre que se congratula en el ostracismo del campesinado. No, para el movimiento que renace siempre de sus cenizas, siempre con fuerza insospechada.

Coda. A la indolencia de Duque frente a la masacre de líderes sociales, Monseñor Darío Monsalve la llamó, en castellano impecable, venganza genocida contra las comunidades y la paz. Blandiendo espada inquisitorial, se le vino encima el Nuncio Apostólico. ¿Qué dirá el Papa?

 

 

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Los condenados de la tierra

Tienen el 19% de la tierra, pero producen el 78% de los alimentos que llegan a la mesa de los colombianos. Trabajan de sol a sol y, en esta crisis que desafía los límites de la supervivencia, trabajan de sol a luna: son los labriegos de la economía campesina. Tras la exuberancia de las cosechas anida el sarcasmo de su propia hambre, causada por piratas que devoran tierras a sangre, fuego y fraude contra el pequeño fundo. Más productivo, sin embargo, que la gran explotación agrícola. Colombia es uno de los tres países con mayor concentración de la propiedad rural en el mundo y la reforma agraria ha sido el hazmerreír de sus élites. Único de Occidente que por ese motivo principal padeció una guerra de 60 años, expulsó del campo a la mitad de su gente y elevó hasta 70% el porcentaje de pequeños campesinos sin tierra.

Suplica la Acción Comunal de Usme  reducir precios a los insumos agrícolas, fortalecer la distribución de alimentos de los campesinos y controlar sus precios en el mercado; pero esta es letanía centenaria que los dioses siguen ignorando: no conceden ellos siquiera modestas gracias de pancoger. Tal vez presientan, daga en mano, el estallido campesino que exija ejecutar el mandato constitucional de redistribuir tierra y modernizar el campo. Reforma rural afirmada en razones de justicia y de eficiencia económica. En palabras del investigador Alejandro Reyes, la distribución de activos productivos como la tierra acelera el crecimiento y desata el potencial productivo, hoy limitado por el monopolio rentístico de la tierra.

Explica Reyes que el acaparamiento de las mejores tierras por las élites de las regiones forzó la colonización campesina de tierras inhóspitas. A ello se sumó después el desplazamiento por la guerra: entre 2005 y 2014, 2.996.000 campesinos huyeron de sus fundos, la mayoría pequeños propietarios; se despojaron 8 millones de hectáreas, en proceso que alcanzó su clímax entre 2005 y 2008. Mientras las guerrillas buscaban la toma del poder, los paramilitares y sus aliados en la sombra –políticos, empresarios, ganaderos, se recordará–, apuntaron a reconfigurar el poder regional a partir del despojo y el desplazamiento. Miles de inversionistas compraron a huevo fincas despojadas, y grandes hacendados corrieron cercas hacia los minifundios. El intento más reciente por honrar la legislación agraria es la Ley de Restitución de Tierras, perseguida con saña por la caverna en pleno, en cabeza de la senadora María Fernanda Cabal.

El cambio no dará espera. Recobra ya vigencia la reforma rural suscrita en el Acuerdo de Paz y elevada a norma constitucional para formar un fondo de tierras con destino a campesinos que las necesitan, con predios recuperados de la usurpación y otros expropiados por interés social. Ejecutar programas de desarrollo con enfoque territorial, mediante intervención del Estado asociado a la comunidad. Entregar bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social e impulsar la agricultura familiar. Apoyar el ingreso rural y la producción de alimentos. Suministrar crédito, asistencia técnica y medios de comercialización. Aumentar la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos. Buscar, en suma, la transformación estructural del campo, con miras a la democracia y al desarrollo rural.

Pasado el virus que desnudó la crisis del sistema, se abrirá el muñequeo entre  élites que querrán cosechar en los despojos del trauma para acabar de arrinconar al campesinado, y las organizaciones sociales repotenciadas por vivencias de penuria que no querrán repetir: exigirán el cambio en calles y veredas. No será fácil “resolver” esta vez la crisis por aplastamiento de los condenados de la tierra.

 

 

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Cúpula gremial ¿sin patria?

Mientras la crema del establecimiento económico se dispone en Estados Unidos a volver al capitalismo social, legiones de nuestros empresarios perseveran en la pasión primaria de la ganancia particular, a costa de los más. En el país de Trump, 181 potentados revisan la práctica del beneficio exclusivo para los dueños de la empresa y proponen extenderlo a sus trabajadores, a la clientela y a la comunidad. Por instinto de conservación, sin duda, para salvar el capitalismo (como lo salvaron hace 75 años en Europa y Norteamérica con el Estado de bienestar), apuntan otra vez a una más justa distribución del ingreso y la riqueza.

En Colombia, gruesas franjas del empresariado se acomodaron, sin lucha, a la apertura que sacrificó la industrialización. Y medran piponchas en el rentismo, en la especulación y el asalto al erario. Según Transparencia, 69% de los hechos de corrupción corresponden al sector privado. Pero, manes de la glotonería, se muestran siempre insatisfechas. Les regalan los gobiernos, de oficio, tributos y ventajas para que abran puestos de trabajo. No los crean; antes bien, suprimen plazas.

Y se aferran a lo suyo: terratenientes improductivos; industriales que lo fueron y hoy depositan su dinero en paraísos fiscales y construyen, no fábricas, sino cientos de centros comerciales para llenarlos de mercaderías extranjeras, o lavan dólares; banqueros y usurpadores del ahorro pensional, todos a una, haciendo su agosto, mientras exigen y protestan sin cesar en su muro de lamentaciones. Dicen clamar por la diversificación de exportaciones, pero ni ellos ni el Gobierno se preguntan cómo hacerlo sin un modelo de desarrollo industrial. En 1960, la industria registraba 39% de participación en el PIB; hoy representa el 16,3%.

Se queja la exministra Cecilia López de nuestra modorra para desarrollar la agroindustria, transformación industrial del campo tan prometedora para este país en el mercado mundial. Y es, apunta ella, porque latifundistas, ganaderos y señores feudales se le atraviesan a la reforma rural que lo permita. Prefieren ellos especular con la tierra. Así, ni se diversifican exportaciones ni florece el trabajo. Se diría que seguiremos, como en un sino fatal, condenados a exportar petróleo, carbón y productos agrícolas sin valor agregado, y a importar bienes de alta tecnología de los países ricos. Coartada de la primigenia doctrina liberal sobre división mundial del trabajo que nos condena sin remedio al subdesarrollo. Paraíso de banqueros e importadores, nuestro modelo será el del crecimiento sin empleo.

Versión doméstica —a caballo entre el atraso y audacias financieras de última generación— de la fórmula neoliberal que, víctima de sus excesos, hace agua. 50 personas controlan el  80% de los activos financieros del mundo; y sólo mil empresas, el 73% del PIB global. Y es en sus entrañas donde se gesta el manifiesto de la Business Roundtable que clama por el viraje de marras, “para salvar el capitalismo, no para destruirlo”; antes de verse suplantado por su contrario: el 44% de los llamados millennials dice preferir el socialismo al capitalismo.

La suplantación podrá irradiar al patio trasero del imperio. Si nuestra élite empresarial no ejecuta aquel  timonazo hacia el capitalismo social. Si no se allana a la libre competencia en condiciones de igualdad. Si no trueca el enriquecimiento ilícito, el abuso de poder y su democracia de mentirijillas por el respeto a la ley y la decencia. Si no potencia el desarrollo y asume como dirigencia con sentido de patria, al paso que el empresariado gringo se pellizca, el nuestro pasará a la historia signado con el mote que el analista Hernán Suárez le adjudica: lumpenburguesía.

 

 

 

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Tierra y más tierra o el uribismo insaciable

 

No le basta a la caverna con sabotear la devolución de las tierras robadas en la guerra; va también por los baldíos. Al proyecto de ley de María Fernanda Cabal contra la restitución de predios se suma ahora el del copartidario Rubén Darío Molano, para desmontar el último instrumento de reforma agraria: la Ley 160 de 1.994, soporte de la Reforma Rural suscrita en el Acuerdo de Paz. Tal contrarreforma volvería picadillo lo que queda de economía campesina, en el altar de la gran propiedad rural. Y, en su anhelo de reavivar la contienda, agudizaría esta derecha rapaz el conflicto agrario del que se nutre, sazonado en sangre, desde hace 200 años.

Carambola doble, en el país de mayor concentración de la tierra en el mundo: en lugar de trabajar sus haciendas, especula el latifundio con ellas y alarga su mano peluda hacia los baldíos de la Nación con destino legal al campesinado pobre. Contra la probada superioridad en productividad de la agricultura familiar sobre la gran empresa agroindustrial, el vocero del CD anuncia exultante el retroceso, que acabaría de sumir en la pobreza a 13 millones de pobladores del campo. Más tierra recibirían los grandes terratenientes y, por añadidura, una jugosa tajada de los $78,5 billones que en gabelas tributarias les concede este Gobierno a las élites. Para honrar tradición de privilegios en la cual Agro Ingreso Seguro fue un episodio más de raponazo de subsidios destinados a pequeños agricultores que aterrizaron en bolsillos de pomposos apellidos.

Si la Ley 60 reserva los baldíos para familias pobres, el proyecto del CD los entrega al grandes inversionistas, así no sean sujeto de reforma agraria. Si el baldío para el campesino sería de una Unidad Agrícola Familiar,  el propuesto le reconocerá hasta 3.000 hectáreas al ocupante “de buena fe” antes de 1989. Convierte la expropiación (por falta de explotación) en “mecanismo residual” y, en consecuencia, también la redistribución de tierra. Porque las Zidres apuntan a la misma tierra de la pequeña agricultura.

El candidato a Nobel de Economía y colombianista, Albert Berry, ha demostrado que la productividad de la tierra es mucho mayor en pequeños fundos. Si cuenta con apoyo social, técnico y financiero, y si se le suministra tierra, el campesino crea más valor y empleo. Porque la agricultura familiar es intensiva en mano de obra, explota productos de alto valor y amplía la seguridad alimentaria de la población. José Leibovich probó que la economía campesina aporta el 60% a la producción agrícola total y 35% de los alimentos que consumen los colombianos. La productividad del minifundio sería 4 veces mayor que la de la gran propiedad. La talanquera está en el acceso a la tierra. Y en los apoyos financiero, tecnológico y comercial del Estado, acaso como quiso hacerlo el DRI.

Pero, se sabe, el acaparamiento violento de la tierra se amanceba con el poder político. La caverna del campo encubrió bajo el estruendo de la guerra su grosero engullir de tierras y más tierras; y hoy prepara la tarascada de gracia para eternizar el suelo patrio como su finca particular, a menudo en asocio del narcoparamilitarismo. De postre vino AIS, fondos públicos con los que remachaba Álvaro Uribe el apoyo de la crema latifundaria a su segunda reelección y, Uribito, el cupo para sucederlo. 51 aportantes a las campañas de elección y reelección de Uribe desembolsaron $687 millones y recibieron $44.000 millones entre subsidios y créditos blandos de AIS.

Sí, un vuelco se impone. Mas no para hundir más al campo en el infierno, sino para restituir predios, redistribuir tierra, desarrollar la economía campesina con el instrumental moderno e invertir la lógica del apoyo estatal, ahora para redimir al campesino y modernizar el campo. Vade retro este uribismo insaciable.

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Colombia y USA: el legado de los años 30

Contra todo pronóstico, para capear la desigualdad que se adueña de Estados Unidos y se creía patrimonio exclusivo del Tercer Mundo, los demócratas gringos desentierran la socialdemocracia del New Deal. Y los colombianos, la divisa liberal de López Pumarejo que, apuñaleada en la cuna, ha sobrevivido a trompicones hasta hoy, cuando el laureanismo blande de nuevo su guadaña. Al unísono con el oscurantismo cavernario que vocifera allá y acá, el neoliberalismo desmontó en el país del norte el Estado de bienestar y, en el nuestro, le bloqueó la entrada. Encima, patrocina aquí una virulenta campaña contra las instituciones primigenias de la democracia liberal.

Contra la libertad de pensamiento y de cátedra; contra la diversidad sexual y de modelos de familia; contra la real separación de iglesias y Estado; contra la reforma agraria que nunca fue, mientras hervía en sangre el conflicto por la tierra; contra la independencia de los jueces; contra el impuesto progresivo que el Gobierno de Duque ha reducido al ridículo. Si Roosevelt sorteó la crisis de los años 30 implantando el Estado de bienestar, intervencionista, López se limitó a pintar un horizonte de modernidad dentro de los cánones del Estado liberal y del capitalismo social. Una revolución, para la hegemonía de capataces que regía. Y que rige. Después de casi 90 años, como si no hubiera corrido el río de la historia, habría que rescatar el programa de López Pumarejo.

Bajo el efecto de demostración de la Revolución Mexicana, con su reforma agraria y clerical que impactaba por doquier, el modelo de López apuntó a industrialización; a reforma agraria atada al principio de función social de la propiedad, para modernizar el campo y presionar la explotación de la tierra; a impuesto directo y progresivo para financiar la política social desde el Estado. Se batió por Estado y educación laicos, que el conservatismo filofranquista y la Iglesia tuvieron por asalto a la moral cristiana, por instrumento de la bestia liberal contra la familia en la heredad de Cristo-Rey y, en materia agraria y fiscal, por usurpación de la propiedad. Entonces fue la Violencia. María Fernanda Cabal no sólo niega hoy la opción de una reforma agraria sino la restitución de las tierras robadas.

Emulando a Monseñor Builes, les niega Vivian Morales derechos a la mujer y a los homosexuales. Otra audacia de su partido religioso, el ojo puesto en el Estado confesional que fuera meca y respuesta del  partido azul a la Carta del 36. Por el mismo sendero camina John Milton Rodríguez, con proyecto que mata la libertad de cátedra y de pensamiento. Y el senador del CD, Juan Carlos Wills, con el suyo de crear un ministerio para imponer la minoritaria familia patriarcal como modelo único. Se ha revitalizado en Colombia el discurso fascista presidido por los vocablos inapelables de dios, patria, familia, propiedad y orden enderezado a imponer una república autoritaria y cristiana.

Guardadas diferencias, mucho del elán del New Deal se respira en López Pumarejo. Para enfrentar la depresión de los años 30, intervino Roosevelt la banca. Reactivó la industria mediante planes gigantescos de obras públicas. Planificó la agricultura. Elevó salarios e ingresos para reactivar la demanda, y con ella, la producción. Configuró un Estado de bienestar, con fuerte impuesto progresivo para financiar políticas públicas en salud, pensiones y seguro de desempleo. En línea parecida van hoy Bernie Sanders y otros precandidatos demócratas.

En Estados Unidos y en Colombia, adquieren Roosevelt y López vigencia renovada como alternativa al modelo neoliberal de mercados sin control para engorde de los tiburones y extinción de las sardinas, tropelías del sistema financiero e impuestos en picada para los ricos. Bienvenido el legado de los años 30.

 

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De indios y encomenderos

A la fuerza de los símbolos se sumaba la contundencia de las palabras y los hechos. En debate de televisión convocado por Laura Gil sobre la minga que se riega como aceite por Colombia, se encaraban los exponentes clásicos de nuestra desigualdad social: una élite criolla codiciosa, prepotente, y el indio. Jorge Bedoya y José Félix Lafaurie, voceros del Consejo Gremial y Fedegán, evocaban en su desdén al encomendero que lleva siglos arrebatando vida, tierra e identidad a los pueblos indígenas. En otra orilla, el senador Feliciano Valencia personifica la resistencia de su gente, en lucha asimétrica que hoy canaliza, empero, el flujo de la protesta social hacia un paro nacional el 25 de abril. Clamor contra políticas como la tributaria, que han disparado la desigualdad en este, el segundo país más desigual de América. Con su acicalada barba de galán, invoca Bedoya el principio de autoridad para judicializar a los organizadores del bloqueo a la Panamericana. Y Lafaurie condena, cómo no, los “actos criminales” y la “protesta armada” que anidarían en el movimiento. Pero ellos mismos encabezan asociaciones a veces  infestadas, esas sí, de criminales de metra y papel sellado en veredas y caminos y notarías.

Se escandalizan porque los indígenas reclaman tierra feraz que fuera suya antes de que se las robaran y los arrojaran a zonas improductivas y al rastrojo. Porque reclaman ampliación de resguardos; avance en los sistemas propios de salud, educación y medio ambiente; y el presupuesto necesario para todo ello, debidamente incorporado en el Plan de Desarrollo. No como promesa y simple anexo.

Obrando desde el prestigio de sus luchas, la Onic promueve “una gran minga nacional por la defensa de la vida, el territorio y la paz”. 490 organizaciones sociales la suscriben; la primera, el Cric, la organización social más poderosa del país. Campesinos, pueblos indígenas, negritudes, estudiantes, sindicatos, cafeteros, maestros, transportadores van convergiendo en propósito común, casi que por simple afinidad existencial con la historia y la causa indígenas. Y por sufrir todos el golpe de la inequidad.

Tras la esclavización y el genocidio, usurparon los encomenderos las tierras de los indios, explotaron su trabajo, subordinaron su cultura y los redujeron al hambre en parcelas que pertenecían también a señores de dudoso pedigrí. La élite esclavista de Popayán fue dueña del 40% de los esclavos del país y no falta entre sus líderes quien proponga hoy segregar definitivamente a la población indígena en los estériles confines del Cauca.

Al lado de la minga indígena, otra bandera potencia el pronunciamiento del movimiento social: el mentís a la desigualdad que en este Gobierno se dispara y atenta contra la democracia. Explica Clara López que a mayor concentración de riqueza, mayor concentración de poder político que a su vez permite diseñar las reglas del juego en favor de los poderosos. El año pasado, escribe, la ganancia total del Banco de Bogotá fue de $2,93 billones, 53,9% más que el año anterior. Una tasa 20 veces mayor que el crecimiento de la economía. Y la política tributaria no hace sino agudizar la inequidad. Por eximir de nuevos impuestos a los ricos en montos que suman decenas de billones, no podrá cumplir este Gobierno siquiera con la partida mínima prometida a las comunidades indígenas. Eso sí, nuestros modernos encomenderos seguirán pidiendo cárcel y represión para ellas.

¿A qué tanto escándalo porque López Obrador proponga que el Gobierno de España y el Papa pidan perdón por la conquista exterminadora de nuestra América? Moderen sus impulsos Bedoya y Lafaurie si les indigna el guardia indígena que pregunta: si los indígenas llevamos 500 años de resistencia, ¿por qué no vamos a mantener la minga el tiempo que sea necesario?

 

 

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