por Cristina de la Torre | Jun 21, 2022 | Industrialización, Economía extractivista, Economía productiva, Violencia, Capitalismo Social, Estado de Derecho, Francia Márquez, Gustavo Petro, Reformas liberales, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Junio 2022
El arribo de Gustavo Petro a la presidencia del único país del subcontinente que jamás tuvo gobierno de izquierda marca el fin de una era en la historia de Colombia: declina la hegemonía de las fuerzas más conservadoras que edificaron su poder sobre el sojuzgamiento del pueblo, a menudo por la violencia. Somos sumatoria de resistencias y rebeldías contra la injusticia, la discriminación y la desigualdad, exclamó el elegido ante miles de seguidores que entre vítores y lágrimas lo aclamaban. Pero el ciclo que comienza no amenaza, como muchos temían, el sistema democrático-capitalista. Al contrario, persigue una democracia más amplia, un capitalismo social y, eso sí, llama a cuentas al establecimiento: a las élites y grupos de interés que usurpan los poderes del Estado y de la sociedad en provecho propio, sean politicastros; uniformados dados a la corrupción; especuladores con la tierra; contratistas, negociantes y avivatos que pasan por empresarios o por ministros, tantas veces aliados de delincuentes y paramilitares. Mientras mentores de la derecha delinquen y burlan la ley, Petro, el subversivo de ayer, defiende el Estado de derecho contra los muy prestantes insubordinados de hoy. Y Francia Márquez brilla en la dignidad reconocida de los nadie, que lo son casi todos en este país.
El programa del nuevo presidente respira el élan de las reformas liberales que López Pumarejo formuló en su Revolución en Marcha y cuya punta de lanza, la reforma agraria, ahogó la reacción en sangre. Educación pública y laica, defensa de los trabajadores, Estado intervencionista, reforma tributaria progresiva, función social de la propiedad, industrialización, reforma agraria fueron pautas de cambio frustradas en un todo o mutiladas. Según Hernando Gómez Buendía, este programa bien pudo convertirnos en un país capitalista, pero no llegó lejos por no existir aquí el sujeto histórico que en otras latitudes lideró la revolución burguesa. No tuvimos empresarios –escribe– sino negociantes (los primeros innovan, los segundos se contentan con vender a sobreprecio). Será el reino del rentismo.
Petro ofrece, por enésima vez, desarrollar el capitalismo en Colombia. Lo cual supondría superar las mentalidades atávicas del mundo feudal y esclavista que perdura entre nosotros, construir la democracia asegurando también el pluralismo económico. Transitar de la economía extractivista a una economía productiva que cree empleo: en aras de una mayor igualdad, producir para redistribuir. En sintonía con el liberalismo avanzado, propone devolverle al Estado su función social. Contrapartida del modelo al uso de Estado mínimo regido con lógica de empresa privada que comprime costos para elevar utilidades… que los uñones de siempre se roban. Su propuesta de renegociar el TLC con Estados Unidos para mejor proteger la economía doméstica y lanzar estrategias de industrialización y seguridad alimentaria evoca la política de sustitución de importaciones que Carlos Lleras llevó a su apogeo.
El bloqueo sistemático de las reformas que el liberalismo de avanzada ventiló hace un siglo, y de las que medran hoy, ha fundido en hierro un modelo que se resuelve en hambre para la mitad de los colombianos. Tocarlo le resulta a cierta dirigencia subversivo. Pero el país mutó, augura el fin de una historia de oprobio. Entre todos, dirá Petro, debemos reunir en una las dos Colombias que el sectarismo y el odio crearon. No vamos a usar el poder para destruir al opositor –promete– éste será siempre bienvenido en la Casa de Nariño, para concertar soluciones a los grandes problemas del país. Diálogo con todos, hacia un Gran Acuerdo Nacional para vencer las desigualdades más groseras, garantizar los derechos y asegurar la paz: he aquí la marca del ciclo político que el presidente Petro inaugura. Un viraje histórico.
por Cristina de la Torre | Jul 6, 2021 | Derecha, Paramilitarismo, Reforma Agraria, Tierras, Política agraria, Julio 2021
Propaganda. Ruido en el vacío. Con amplio titular registra un diario otra de las que parecen ser argucias del presidente para presentar como gran transformación rural algún salvavidas de opinión enderezado a resarcir su imagen, récord de deshonra en la historia de Colombia. Es un plan de política social e infraestructura básica, dice, inspirado en el Acuerdo de Paz (que él ha devastado), pero sin previsión financiera ni instrumentos de ejecución. Y, sobre todo, riguroso en eludir, precisamente, los problemas estructurales del campo: el patrón de tenencia de la tierra, el uso irracional del suelo, la violencia que se descarga sobre la población campesina, la cosecha de horrores que el conflicto le heredó. Salva Duque el modelo que bloquea la modernización del agro y eterniza el despotismo de la fuerza más reaccionaria del campo. Ufana en su victoria sangrienta sobre ocho millones de víctimas y siete millones de hectáreas usurpadas a fusil o en notaría, preserva ella a dentelladas sus dominios en el poder.
Ni revolucionarias, ni confiscatorias, iniciativas hay; pero la élite no las ve porque, juntas, cambiarían la fisonomía del campo: una de Naciones Unidas (PNUD), otra de la Misión Agraria y la del Acuerdo de Paz. Coincide esta triada en recuperar la noción de desarrollo modulado desde el Estado, que los antojos del mercado sepultaron desde 1990. Y en reconocer que la paz pasa por resolver el conflicto agrario. En su último libro, Una Ruralidad Posible, las recoge Absalón Machado como política integral para el campo que recupere el tiempo perdido y reconstruya lo que el conflicto destruyó.
El modelo de tenencia y uso de la tierra es obstáculo formidable para el desarrollo del campo, signado por una concentración de la propiedad casi única en el mundo, por proliferación del minifundio y miseria. Problema histórico agudizado en las últimas décadas por el despojo y el desplazamiento violento a manos de narcos y paramilitares, frecuentes aliados del notablato político y empresarial. A ello se suma el uso irracional del suelo, donde el latifundio improductivo y la ganadería extensiva reducen la explotación agrícola a un mínimo de las tierras aptas para cultivar. El 81% de las fincas tiene menos de 10 hectáreas y sólo ocupa el 5% del área en producción. Y el privilegio fiscal de los señores de la tierra, que pagan impuestos irrisorios, o ninguno, gracias a que catastro no hay o renguea. Ilegalidad en la adquisición de la gran propiedad e informalidad en la pequeña son los pilares del régimen de propiedad en el campo.
Declara el exparamilitar Pitirri que la contrarreforma agraria mediante desplazamiento y despojo fue un plan premeditado: unos iban matando, otros iban comprando, y los últimos iban legalizando. A la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contrapone la precandidata del CD, María Fernanda Cabal, otra que neutraliza su efecto devolutivo, mientras los llamados ejércitos antirrestitución muestran sus fauces y muchos de los líderes sociales asesinados son voceros de reclamantes de tierra. También ayudó Cabal a hundir la ley que creaba la especialidad agraria, enderezada a validar jurídicamente procesos de restitución, asignación y formalización de tierras. Lucha de la clase en el poder contra la clase abatida del sistema.
Distribuir la tierra en función del desarrollo, la productividad y la equidad; reconocerle al campesino derecho a la vida, a la dignidad y al ejercicio de la política; sustituir cultivos ilícitos por proyectos productivos. En fin, cambiar el orden edificado sobre el despojo y la violencia, prerrogativa de los de siempre, por un plan de desarrollo rural de largo aliento. Modesto reformismo liberal que, en país avasallado por la caverna, resulta desafiante. Por eso buscan aturdirlo con fanfarrias de grosera altisonancia.
por Cristina de la Torre | Mar 20, 2021 | Reforma Agraria, Modelo Político, Modelo Económico, Izquierda, Conflicto armado, Política agraria, Política económica, Modelo Económico en Colombia, Marzo 2021
Se descalifica por “chavista” la propuesta económica de Petro, cuando ella difícilmente emula el reformismo liberal de un Carlos Lleras. Preocupa, en cambio, la blandura de su “pudo haber sido un error” en respuesta a Vicky Dávila sobre responsabilidad del M19 en el holocausto del Palacio de Justicia que esa guerrilla provocó. Invoca el candidato el derecho de rebelión. También lo hace Timochenko en proceso público que reconocerá verdades del conflicto. Pero éste declara que “el derecho de rebelión no es patente de corso para ejecutar crímenes de guerra o no asumir nuestras responsabilidades”. Sí. Algo va de muertos habidos en combate con el enemigo a los muertos inocentes que resultan de una acción terrorista.
Por lo que toca al modelo económico, si no sirviera a causa tan deleznable como la sociedad del privilegio, daría risa el patetismo de la derecha. Ha desatado ella un alud de propaganda antediluviana contra el restablecimiento del rol del Estado, insoslayable ya como organizador del desarrollo que el neoliberalismo aniquiló. Denuncia Juan Lozano “una peligrosa artillería orientada a socavar la iniciativa privada, la libre empresa y la libre competencia que pasa por volver pecaminoso el éxito empresarial”. Y, en alusión a Petro, el infaltable comodín del chavismo.
Pero la propuesta económica del líder de la Colombia Humana –impulsar un capitalismo productivo de generación de riqueza y su redistribución– no trasciende la del expresidente de marras cifrada en reforma agraria, control de capitales, integración andina y tatequieto a la banca multilateral. Reformismo liberal anclado en la industrialización y en la modernización del campo, es escuela emparentada con el capitalismo social que hoy promueve toda la centro izquierda. A Petro alcalde le cobraron como embuchado comunista su intento de devolver al sector púbico el servicio de acueducto. Mas, antes de que los idólatras del mercado liquidaran la iniciativa económica del Estado y su función social, ya Colombia había experimentado durante medio siglo el modelo que confiaba al Estado servicios públicos e infraestructura del desarrollo. Derechos ciudadanos y bienes de beneficio común fueron indelegables al sector privado. Taca burro la derecha.
Por otro lado, aunque Petro no estuviese personalmente involucrado en los hechos del Palacio y pese a que el Eme fue indultado, debería el candidato sumarse a la autocrítica de Antonio Navarro, más necesaria hoy que nunca. Para el dirigente, aquella acción armada fue “el peor error del M19, [pues] marcó con fuego la historia de Colombia. Difícilmente ha pasado en este país algo más terrible… una terrible equivocación de la cual nunca nos arrepentiremos lo suficiente […] Aunque no tuve responsabilidad en la toma, soy el superviviente del Eme y a nombre de todos mis compañeros he pedido perdón por lo sucedido”.
Más de un pensador ha legitimado la rebelión contra el tirano. La justificó Santo Tomás como resistencia contra él, aun, hasta eliminarlo. Hobbes la considera inevitable cuando no garantiza el soberano la vida y la seguridad de los asociados. En el legítimo alzamiento contra una dictadura oprobiosa, será crucial establecer, primero, si se configura tal régimen de fuerza; y segundo, si la rebelión tiene licencia para derivar en guerra sucia. El Che Guevara condenó la lucha armada contra el autoritarismo que abrigara resquicios de democracia. Y el derecho internacional regla el conflicto armado: condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En un país abocado a la prueba ácida de la verdad, a demandar claridad sobre acontecimientos que lo marcaron con sangre, no deberían sus líderes callar o guarecerse en la ambigüedad. Aquí puede faltarle a Petro la coherencia que su programa económico respira. Unas de cal, otras de arena.
por Cristina de la Torre | Ene 19, 2021 | Reforma Agraria, Modelo Económico, Política agraria, Impunidad, Corrupción, Clientelismo, Enero 2021
Enferma de codicia, ella sólo puede mirarse en el espejo de su propio ombligo. Cuando las afugias del campesino –agravadas por la pandemia– demandan un vuelco en la política agraria, los poderosos gremios del campo proponen mas bien exacerbar las causas de la crisis: perseverar en las condiciones que la alimentan y agudizan. Velando la nuez del problema con saluditos de cortesía a la pobrecía, en iniciativa de estrategia agraria que lanzaron en diciembre, ninguna consideración les merecen la reforma rural o la restitución de tierras. Encabezadas por la SAC, ventilaron aquellas organizaciones un proyecto a 30 años vista que reafirma su poder ancestral y su ventajismo sobre los productores de economía campesina, que son el 90% de la población rural.
Se trata de consumar la modernización capitalista del campo pero excluyendo de sus beneficios al campesino que responde por la seguridad alimentaria del país. Como si modernización sólo compaginara con gran propiedad. Apunta la agroindustria a trocarlo en peón ruinmente pagado, con salario “diferencial” para el campo y enganchado por días o por horas. Jugosas ventajas favorecen de entrada esta iniciativa mediante “asociación” con pequeños propietarios, en la cual lleva el gran empresario las de ganar. Pues él parte de la informalidad laboral, que alcanza el 82%; de la pobreza, que rebasa el 70%; del boicot al acuerdo de paz que niega la tierra prometida al labriego; de los ejércitos anti restitución y las iniciativas legales del uribismo que apuntan al mismo blanco: a proteger advenedizos en tierra ajena.
Se lucra también de la sangrienta contra-reforma agraria que arrebató sus fundos a cuatro millones de pequeños y medianos propietarios, gracias a la siniestra alianza de muchos empresarios, ganaderos y terratenientes con paramilitares, narcotraficantes, políticos y agentes del Estado. Impúdica en su farsa de hacer patria, la propuesta de estas elites calla a gritos la historia macabra de la guerra que se resolvió en despojo. Saben que cuentan con el poder, con la fuerza y con capacidad de chantaje sobre mares de brazos que lo perdieron todo y tienen hambre.
Ya calculaba la Comisión Colombiana de Juristas en 83% la impunidad en casos de despojo y abandono forzado de tierras. Hace un año, la restitución beneficiaba apenas a 45.460 personas de las cuatro millones afectadas y no comprometía sino 340.704 hectáreas de las 8 millones abandonadas. Mucho, con la reiterada complicidad del Estado en este Gobierno mañoso.
Desplazamiento forzado y acumulación de tierras corren parejas. Colombia es hoy el tercer país de mayor concentración agraria en el mundo. Las cifras abruman: en la base de la pirámide rural, dos millones de minifundistas con predios inferiores a una hectárea poseen 1,3 millones de hectáreas; en la cúspide, 2.200 dueños de predios superiores a 2.000 hectáreas poseen 39 millones de hectáreas. Gran parte de ellas dedicadas a ganadería extensiva o a lotes de engorde, para honrar el modelo aledaño al de la agricultura comercial: tierra sin hombres y hombres sin tierra.
El olímpico mutismo de estas élites ante el exterminio de líderes reclamantes de tierra armoniza con el pérfido desdén que la atrocidad le merece al presidente Duque. Gremios y mandatario se abrazan también en el modelo de gobierno corporativista, de vocación fascista, que ha prevalecido en estos casi tres años de tercer mandato uribista. De allí la naturalidad con que los gremios sellan su proyecto queriendo constituirse en órgano autónomo de Gobierno para trazar las estrategias y políticas del sector. Poder independiente que parecerá mixto por la decorativa presencia de algún ministro de Agricultura salido de sus propias filas. Como se ve, en el campo la derecha va con toda.
por Cristina de la Torre | Nov 7, 2020 | Iván Duque, Reforma Agraria, Tierras, Movimiento social, Política agraria, Octubre 2020
Les quitan la vida, les roban la tierra y ahora quiere la caverna hurtarles también el espacio político a los indígenas, arena del poder que las élites consideran patrimonio suyo, exclusivo. Atropellando su derecho a reclamar vida, paz, democracia y territorio –motivos típicamente políticos–, el Gobierno y sus validos invaden a gritos la escena para desconceptuar a la minga y solapar la amenaza de molerla a palos. O a bala.
Dizque por sospechas de que alberga en su entraña guerrilleros. Por la “infamia” de atentar contra la reactivación de la economía, diría Mac Master, aunque ésta no toque a los millones de hambrientos y cesantes. Por desafiar al virus, que el Gobierno dejó desbordarse al depositar en las glotonas EPS semejante reto de salud pública: el sistema privado ha engavetado 70.000 pruebas de covid. Por la impudicia de buscar diálogo directo con el Presidente. Por tener la minga carácter político, no reivindicativo, un pecado mortal para la ministra del Interior. Por la diabólica aspiración de llegar al poder para instaurar el socialismo, como sagazmente se lo pilla Él, perdonavidas favorable a la masacre humanitaria (¿) cuando de terroristas –de no-uribistas-se trate. Por no ser los mingueros egresados de la Sergio Arboleda.
Tras el lucimiento de la minga que dejó a la derecha con los crespos hechos, puso Duque los pies en polvorosa. Quedó su pusilanimidad expuesta a plena luz. Y confirmado que la vieja historia de exclusión de los “otros” (opositores, librepensadores, minorías o mayorías silenciadas) se reedita hoy en charada. Ahí están, para no ir lejos, el pacto bipartidista del Frente Nacional, el exterminio de la UP con sus 6.528 víctimas, los centenares de líderes sociales asesinados en la criminal indiferencia de este Gobierno, las 17 curules de paz enterradas por su aplanadora parlamentaria. Política sin miramientos a costa del contradictor.
Pero esta charada podrá aumentar el caudal de sangre. Entre la maraña de advertencias, amenazas y conjuros del partido de Gobierno descuella el llamado del senador Fernando Araujo del CD: “en Colombia unos pirómanos buscan generar caos para destruir la democracia y el gobierno no lo puede permitir y debe apelar a la conmoción interior”. La medida autoriza al Gobierno a limitar la movilidad individual y colectiva, a controlar la prensa, a suspender mandatarios regionales, a decretar impuestos y modificar el presupuesto nacional, a allanar y detener ciudadanos sin orden judicial, por sospechas. Desenterraría el estado de sitio que durante 30 años convirtió al país en la dicta-blanda del continente. Sólo que ahora, con el autoritarismo que avanza a paso marcial, tiraría más a dicta-dura.
Alarma la coincidencia de esta propuesta extremista con el asesinato de tres dirigentes del partido de oposición Colombia Humana –Campo Elías Galindo, Gustavo Herrera y Eduardo Alarcón–, por un lado. Por el otro, con amenaza de masacre de las Autodefensas Gaitanistas contra los militantes de este partido en la Guajira. Así reza el panfleto: “hemos dispuesto como respuesta armada a los diferentes actos proselitistas de las acciones comunistas el exterminio sistemático de todos y cada uno de sus militantes… (los declaramos) objetivo militar”.
El derecho a manifestarse en las calles no es baladí: fue en la calle donde nacieron los partidos políticos; en ella se defiende el establecimiento, se gesta el cambio o se fragua la paz. La calle es escenario primigenio de la democracia, del ejercicio de la política en libertad, más allá del parlamento y de la urna. Derecho hermano del de tomar partido por el gobierno o por la oposición sin morir en la jornada. Sin tener que denunciar, como denuncian los marchantes del 9 de septiembre, los líderes sociales, los indígenas: ¡Nos están matando!
por Cristina de la Torre | Jul 15, 2020 | Cuarentena, Reforma Agraria, Modelo Económico en Colombia, Julio 2020
Claro que el mandato de Duque sí tiene norte. Bajo sus puerilidades como presentador del programa Aló Presidente, los Álvaro Uribe, los Sarmiento Angulo toman todos los días decisiones de gobierno: un batido de precariedades para apagar el incendio de la pandemia y preparativos para volver a la normalidad económica que es, precisamente, el combustible de la conflagración. Ni plan de choque para crear empleo de emergencia, ni previsiones para revisar el modelo que al primer papirotazo de un virus exhibe sus vergüenzas, el hambre y la pobreza sobre los cuales se edificó. Ni salarios y protección para los médicos en la crisis, ni en el horizonte cambio del régimen de salud-negocio. Ni apoyo valedero al campesino, que ha respondido a las exigencias de la hora, ni la reforma rural que asegura la paz.
Antes bien, como en diabólica celebración del cincuentenario de la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), debuta un ministro del sector repitiendo el programa de subsidios que mandó a la cárcel a un antecesor suyo: créditos con destino a pequeños y medianos campesinos desviados a los aviones de siempre; a grandes negociantes en todo, menos en agricultura. Sinvergüenzas. Que corrijan sobre la marcha, no mata el síntoma. Ni oculta la venganza de la caverna contra el campesinado que en los años 70 y 80 se movilizó como nunca en nuestra historia. Tampoco reconoce el hecho comprobado de que la economía campesina es más productiva y crea más empleo que la gran explotación. Realidad que da fundamento a la Reforma Rural del Acuerdo de Paz, minuciosamente saboteado por este Gobierno.
Violencia, despojo, desplazamiento condensan la guerra librada contra los indefensos del campo en estos años —que son también los años de la Anuc— tras la derrota a sangre y fuego de ese movimiento y el entierro de la reforma agraria en Chicoral. Si durante la violencia liberal-conservadora se enfrentaron los labriegos en partidos, en los 70 lucharon por lo suyo: la tierra. Creada por Carlos Lleras para suministrarles servicios del Estado y titulación de tierras sin mediación del clientelismo, fue Anuc protagonista de esas luchas, acompañadas a menudo de invasión de baldíos y latifundios. Respondieron los terratenientes con expulsión masiva de arrendatarios y aparceros y, el gobierno de Misael Pastrana, con la división del movimiento y con la decapitación del ala más beligerante de la organización. A la división ayudó la impaciencia de la izquierda que lo penetró.
Dos razones explicarían, según León Zamosc, aquella derrota: Primero, sólo el 10% de los beneficiarios potenciales de reforma agraria tuvo acceso a la tierra. Segundo, una paradoja: las luchas campesinas catapultaron la gran explotación, que se extendió a expensas de la pequeña propiedad. El narcoparamilitarismo recrudecería la tragedia del campesinado, que sigue reclamando tierra, paz, vida y participación política.
A este reclamo centenario responde el Acuerdo de Paz, con una reforma rural que neutralice el conflicto por la tierra, causa y motor de la guerra. Propone, por enésima vez, dar tierra a quien la necesita, subsidiarlo, modernizar el agro y promover el desarrollo rural mediante planificación concertada entre las comunidades y el Estado. ¿Mucho pedir? Sí, para la derecha sedienta de sangre que se congratula en el ostracismo del campesinado. No, para el movimiento que renace siempre de sus cenizas, siempre con fuerza insospechada.
Coda. A la indolencia de Duque frente a la masacre de líderes sociales, Monseñor Darío Monsalve la llamó, en castellano impecable, venganza genocida contra las comunidades y la paz. Blandiendo espada inquisitorial, se le vino encima el Nuncio Apostólico. ¿Qué dirá el Papa?
