por Cristina de la Torre | Oct 24, 2023 | Octubre 2023, Crímen organizado, Protesta social, Guerrillas, Cese multilateral, Fascismo, Farc, ELN, Violencia, Oriente, Occidente, Imperialismo, Sanción Social, Capitalismo, Desplazamientos, Desplazados, Derecha, Paramilitarismo, Racismo, Tierras, Uribismo, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Política exterior, Internacional, Personajes, Justicia, Proceso de paz, Corrupción, Actores del conflicto armado
Guerra que se respete se reputará justa, patriótica, santa; mientras más muertos, más campanillas: la de Hamas, con sus 1.200 israelitas asesinados este 7 de octubre; el genocidio que en respuesta protagoniza Netanyahu sobre Gaza, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, y sus 4.500 caídos a la fecha; las agresiones del inmaculado Occidente contra Afganistán, Pakistán, Irak y Siria, que cobraron 350.000 vidas en ataque armado y por efecto colateral, según el Instituto Watson; la de Ucrania, presa en disputa de dos imperios; la eliminación de la décima parte de la humanidad en dos conflagraciones mundiales, antesala también de nuestra guerra contrainsurgente infestada de narco, con derivaciones escabrosas en Bojayá y Machuca a manos de FARC y ELN, o en los 6.402 falsos positivos de la Seguridad Democrática. Guerras todas beatificadas sobre la tumba de sus víctimas.
Contra Palestina, única nacionalidad sin territorio, se bate la marca de la crueldad: sitiada por hambre, frío y sed, presa de pánico por bombardeos que no perdonan hospitales, se opera allí con el último bisturí y sin anestesia. Los niños que sobreviven tiemblan. Y Biden, mentor de la democracia, retrasa el ingreso de auxilios y veta en la ONU propuesta de cese el fuego.
En la añosa tradición de Napoleón que impone a bala y a puñal en el mundo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, savia de la Revolución Francesa, EE.UU. y la OTAN presentan sus carnicerías como “intervención humanitaria” y “legítima defensa preventiva”. Entre tales mohines de hipocresía y patriotismo de cuatro pesos, medra la paradoja de Raskolnikov: ¿por qué a Napoleón que carga sobre sus hombros con medio millón de muertos se le tiene por héroe y a mí, por matar a una vieja usurera, me condenan por asesino?
Hoy se ve el conflicto convencional desplazado por la confrontación terrorista de adversarios que burlan las reglas de la guerra trazadas en Ginebra en 1949. La primera, el respeto a la población civil. Si ilusorio suprimir las razones del poder que dan vida al conflicto, cabe al menos restablecer parámetros que lo someten al derecho internacional humanitario. Según ellos, por loable que parezca el motivo de beligerancia, debe siempre protegerse a la población no combatiente y evitar el uso desproporcionado de la fuerza. Su lema: nadie puede, a título de legítima defensa, fungir de bárbaro para responder a la barbarie.
Sería preciso adaptar controles a modelos de confrontación como el afgano, replicado en Siria e Irak tras el atentado de horror a las Torres Gemelas. Aquí la intervención militar reemplaza a la tropa propia por aliados locales armados y entrenados por Estados Unidos, con apoyo de su aviación y de sus Fuerzas de Operaciones Especiales; el aliado se convierte en ejército sustituto, de mejor recibo en la opinión doméstica, y más barato.
Verdad de a puño que Netanyahu y sus potencias aliadas desoyen: la única salida al conflicto entre Israel y Palestina es la creación (años ha pactada) de dos Estados independientes y con territorio propio. La negociación tendría que ser política. Mas, para acometerla, sus personeros habrán de reconocer antes el desafío formidable de la sociedad movilizada en el encono. Han debutado ya ríos de manifestantes en las capitales del mundo. En Nueva York, miles de judíos protestan contra su Gobierno, como protestan multitudes de israelitas en su propia tierra. Y la esperanza hecha maravilla: un torrente de mujeres hebreas, musulmanas y cristianas desfila durante horas, las manos enlazadas, cantando a la alegría, a la paz, a la vida de los niños. ¡No más hacer patria contando muertos!
por Cristina de la Torre | Oct 10, 2023 | Octubre 2023, Fascismo, Violencia, Derecha, Paramilitarismo, La paz, Impunidad, Acuerdos de paz, Justicia, Proceso de paz, Corrupción
Como si no bastara con la ruda oposición al cambio que las urnas pidieron, un dilema enreda el acuerdo nacional: repetir el pacto de silencio del Frente Nacional entre élites responsables de la Violencia que en un baño de sangre había cobrado 200.000 muertos; o bien, acometer un proyecto de nación desde la verdad sobre quienes movieron los hilos de la guerra que le siguió y cobró, con saña redoblada, otro medio millón de muertos. Eco de los anhelos de paz, reivindica el presidente Petro la verdad toda, porque sólo desde ella podremos construir la reconciliación.
Esto dijo al pedir perdón en nombre del Estado por la comisión de 6.402 falsos positivos bajo la égida de la Seguridad Democrática. Una matanza que ni las peores dictaduras del continente registraron jamás, en la Colombia que elegía al que más mataba, señaló, al que trocaba muertos por votos. En línea con la exigencia generalizada de identificar a sus determinadores últimos, escribió el respetado jurista Rodrigo Uprimny que al expresidente Uribe le cabe, cuando menos, responsabilidad moral y política por los falsos positivos.
Aquí los autores del genocidio no son hombres de charreteras como en Chile o en Argentina, indicó el primer mandatario, son hombres de corbata que armaron una red desde el poder para encubrirse, con senadores, ministros, jueces, generales. A su amparo floreció el paramilitarismo y, jugada por la guerra en la que cosechó su poderío económico, volvió trizas la paz que se abría camino desde 2016. Y ocultó la verdad para asegurar su impunidad. La Fiscalía, reveló el presidente, recibió 17.000 procesos compulsados por la JEP y por Justicia y Paz que incluirían a los terceros civiles incursos en crímenes de lesa humanidad, pero sólo les asignó tres investigadores.
También la Violencia vino de arriba. Se volvió conflagración cuando perdió el Ejército su neutralidad en el gobierno de Ospina, y cuando los gremios, la alta sociedad y la jerarquía de la Iglesia pidieron mano dura contra la mitad de los colombianos. Desplegando la táctica fascista de la acción intrépida y el atentado personal, adoptó la barbarie, entre otras, formas inéditas de degollamiento como el corte de franela: una mirria comparado con el descuartizamiento de personas vivas a motosierra batiente, verdadera innovación en expedientes de la crueldad que reinó en el conflicto armado de estas décadas. ¿Quién habló de la historia que, por taparla, vuelve en círculo sobre sí misma, como se clava su aguijón el alacrán?
El Frente Nacional conjuró la Violencia entre partidos, y sus promotores han navegado confiados sobre el recíproco silencio de las partes. Por miedo a la revolución cubana y acicateado por la teoría del desarrollo de la Cepal, retomó la reforma agraria de los años 30 (sofocada por la contienda), dio nuevo impulso a la industrialización con apoyo del Estado y avanzó en política social. 1990 arribaría con su ejército de Chicago-boys para arrojar la idea de desarrollo al cuarto de San Alejo. La más recalcitrante gente de bien arremete hoy contra el presidente Petro dizque por encarnar el comunismo comeniños. Reaccionaria de nación, las propuestas de reforma agraria e industrialización tomadas de López Pumarejo y Carlos Lleras, y de seguridad social extendida a todos le resultan “estatizantes”: castrochavistas.
Acaso el sueño de perpetuar el pacto de silencio responda al tic de una cierta dirigencia que se creyó destinada a mandar con perrero, a bala “cuando toca”, o manipulando la ley; a expensas de otra, la de los Lleras Restrepo-Cavelier-Armitage, que asimiló progreso a equidad, modernidad a bienestar general. Y hace patria. Ya escribía Monseñor Guzmán: “si los bandidos hablaran, saltarían en átomos muchos prestigios políticos de quienes condenan el delito pero apelan a sus autores”.
por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Lucha antinarcóticos, Reforma a la salud, Derecho fundamental, Sistema de salud, Carolina Corcho, EPS, Ley 100, Adres, Fraude Electoral, Derecha, Seguridad social, Partidos, Salud, Corrupción, Clientelismo
Inesperadamente, para congoja de la derecha, después de 6 meses congelada, aprobó la Cámara ponencia positiva de la reforma a la salud y despejó el camino para discutir su articulado. Tras enjundioso proceso de divulgación, consulta y negociación, se han depurado los problemas alrededor de un asunto crucial: quién controla los fondos públicos de la salud. ¿El Estado, como es regla en todos los países; o bien, empresas privadas, a manos llenas y sin control, como sucede en el nuestro, lunar del mundo?
La batalla febril que los interesados han librado dice de la bolsa que no quieren soltar: $87 billones este año. Dueñas de su propia auditoría y hábiles en ardides contables, muchas EPS como Saludcoop se forraron en dinero de la ciudadanía desviando recursos del sistema a sus negocios particulares. Y no pocas financiaron campañas de políticos. De Roy Barreras, verbigracia, o de Efraín Cepeda (Semana) o de Cambio Radical que, según el concejal Alejandro Guerra, recibió de una EPS $500 millones en 2010. Adalides de la oposición a la reforma que derivó en ataque de espada y hoguera para adulterar su sentido y crucificar a la ministra Carolina Corcho, cuya distinción intelectual y moral pareció mancillar la equívoca prestancia de sus detractores. Rabo de paja.
La intermediación financiera de las EPS sobra. Pero el giro directo a hospitales no la desmonta, porque siguen ellas ejerciendo como ordenadoras del gasto. Deciden cuánto pagar, a quién, cuándo y por cuál servicio. Y, de preferencia, a sus propias clínicas. Conservan el poder de decisión sobre los recursos, mientras Adres se contrae a girar, vendada, lo que ellas digan.
Se toman las EPS atribuciones gratuitas de aseguradoras y de prestadoras del servicio médico. No son ni lo uno ni lo otro. Asegurador es el Estado, dueño único del fondo de salud; y prestadores son las clínicas y hospitales, no las EPS, que se limitan a hacer la gestión administrativa que la reforma reafirma y remuneraría con el 8% del fondo de salud. En el entendido de que no se repitan el millón de tutelas y las 300.000 quejas contra ellas; y de que ofrezcan fórmulas de pago de sus acreencias de $23 billones a los hospitales, que desfallecen de necesidad. Bienvenido el sistema mixto por el que abogan las EPS. Éste existe ya en prestación del servicio y, si se quisiera también en aseguramiento, bastaría con que aquellas invirtieran capital de su bolsillo. Lo que no puede pretenderse es ser aseguradoras privadas con dinero público, como ha ocurrido hasta ahora.
Libres de control, entre EPS floreció todo un ramillete de argucias para llenarse los bolsillos y birlar la ley: sobrefacturar medicamentos y procedimientos médicos, negar servicios, inflar el número de afiliados para derivar más aportes públicos, privilegiar pagos a clínicas de su propiedad. Y hasta armar un “cartel de las EPS”, según el doctor Fernando Galindo, cuando en 2011 la Superintendencia de Industria sancionó a 15 de ellas por configurar un trust de control de precios y negar servicios que debían prestar. En ese mismo año, el ministerio hizo la vista gorda ante la revelación de desfalco de $1.4 billones por Saludcoop.
El modelo de mercado privatizó hace 30 años la seguridad social en Colombia, enarbolando divisa anticorrupción. Mas, no podrá negarse hoy que la corrupción privada superó a la pública en el sector salud ¿A qué entonces bloquear los correctivos de fondo que este Gobierno propone -principiando por la instauración de un sistema único de información en el sector y de medios modernos, de probada eficiencia, en vigilancia y control contable y financiero? La ruda glotonería de Don Dinero terminaría por sacrificar el imperativo de una reforma que encara la nuez del problema: la corrosiva intermediación financiera de las EPS.
por Cristina de la Torre | Sep 26, 2023 | Septiembre 2023, Crímen organizado, Narcoestado, Lavado de activos, Corrupción Electoral, Manipulación Electoral, Fraude Electoral, Derecha, Paramilitarismo, Modelo Político, Justicia, Corrupción
Clarísimo: había que vetar La Costa Nostra, desactivar esta carga de dinamita contra el imperio inexpugnable de los Char, cuya primera grieta asoma en la detención del delfín, Arturo, por concierto para delinquir y corrupción del sufragante agravados. Pero el silencio no era una opción, declaró Laura Ardila, autora de la crónica que desnuda, a todo color y en escenarios donde sus protagonistas fungen menos como héroes que como villanos, las entretelas del poder edificado en la corrupción. Mas no moraliza Ardila, ni oculta méritos en la administración de la ciudad, ni precipita diagnósticos inapelables. Va hilando hechos que terminan por tejer la filigrana completa de una hegemonía cuyas dinámicas se replican en el país entero, y configuran el modelo político que se impuso: la privatización del poder público en favor de agraciados del destino que supieron combinar negocios particulares y contratación pública con corrupción electoral y resbalones en el paramilitarismo.
Tras la exaltación del llamado milagro de Barranquilla, dice la autora, yace el costo ético, político y democrático de la incautación del erario para enriquecimiento y solaz de unos cuantos. La moral del todo vale desbocada en simbiosis de poder económico y político, meca real del clan que había roto con el cura Hoyos por quebrar a delito limpio la ciudad. Saneó sus finanzas, sí, pero terminó cooptando a los autores del desastre y, en radical falta de escrúpulos, montó un sofisticado entramado de contratación pública, de modo que todo quedara en familia y entre amigos. Cerró filas con adversarios y con la talentosa compravotos Aida Merlano, hoy sentenciada por delitos propios y ajenos.
Tras desapacible paso por el Concejo, Alejandro Char se hizo constructor y contratista del Estado. Se asoció con su cuñado, Guido Nule, y con sus primos, reyes del carrusel de la contratación que desfalcó a Bogotá. En sólo dos años, entre 2004 y 2006, suscribió el cuarteto contratos con Barranquilla por un billón de pesos. Habiendo quebrado a la Arenosa, con Alex Char escalaron los Daes a megacontratistas de la ciudad. Con estos compartieron mieles otros fieles del círculo íntimo del alcalde: Julio Gerlein, Faisal Cure y Samuel Tcherassi. Por su parte, la interventoría de los contratos recaía en miembros de la familia Char que, cosa rara, no detectaron el mecanismo perverso de probable lavado de activos en que incurría la propia ciudad: préstamos de los contratistas mismos para ejecutar las obras y luego pagados con dineros de cualquier laya.
Con la alianza Char-Cambio Radical, se dispararon los contactos nonsanctos. David Char Abdala, en lista de ese partido, reconoció haberse aliado con paramilitares. Su fórmula, Alonso Acosta, enfrentó juicio por parapolítica. Cambio Radical avaló en 2011 a Kiko Gómez, homicida exgobernador de la Guajira. Allí sellaron los Char alianza con Oneida Pinto, ficha de Kiko Gómez. En Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba y Sucre avalaron a paras o afines.
En la casa Gerlein se consagró Aida Merlano como experta coordinadora del mercado de sufragios. Sentenciada la subalterna a 15 años de prisión, ella mostró pruebas de que tanto Gerlein como Alejandro y Arturo Char habían financiado este delito. Y con fondos oficiales. La plata salía del distrito, declaró, “gracias a que en su segunda administración Char se embolsillaba el 30% de los recursos de aquella contratación…”
Cifra fatal: pese al “progreso” que publicita Barranquilla, 30% de su gente hace sólo una comida al día. Aunque el promedio nacional de hambre es inferior, vuelva el amable lector los ojos sobre su ciudad o su región, y descubrirá que la Costa Nostra es Colombia toda. Este libro debería ser lectura obligada en colegios y universidades.
por Cristina de la Torre | Ago 8, 2023 | Agosto 2023, Crímen organizado, ELN, Violencia, Gustavo Petro, Reforma Rural, Derecha, Reforma Agraria, Conflicto armado, Conflicto interno, Narcotráfico, La paz, Acuerdos de paz, Régimen político, Proceso de paz, Modelo Económico en Colombia, Actores del conflicto armado
Si declaratoria de cese el fuego por seis meses con aval de la ONU y participación de la sociedad en el proceso con el ELN marchan por un mismo carril, se comprenderá la largueza del Gobierno en propiciar el lanzamiento político de esa guerrilla en la capital. Primer acto público ante 30 organizaciones sociales y miles de televidentes, tras haber transitado del ideal revolucionario a la guerra non sancta. ¿Abusará el ELN de esta prerrogativa política escamoteando en la negociación el fin del conflicto y la dejación de armas? Es que han insistido ellos en que su fin no es el desarme sino eliminar las causas del conflicto. Maximalismo que bloquea la negociación y, además, ante la boca del fusil no hay pueblo que valga. Empero, más allá de la historia, acaso empezara este acto público a materializar el sueño dorado de la paz, hoy encarnado sin atenuantes en el presidente Petro: migrar de las armas a la política y sellar un acuerdo nacional sobre cambios impostergables; el primero, la reforma agraria, que es mandato constitucional del Acuerdo de La Habana.
Pero el recurso a la sociedad actuante en el proceso con el ELN riñe con la determinación del grupo de persistir en la hostilización de las comunidades, conforme se disputa con otros armados el predominio en la economía subterránea. Pese a que la tregua implica respeto al derecho internacional humanitario y, por ende, a la población civil. Cruda paradoja: más de un indígena, negro, campesino, dirigente político, líder social o defensor de derechos entre los convocados al acto de paz de Corferias resentirá como una cachetada la declaración de Aureliano Carbonel, miembro negociador de esa guerrilla, cuando se le reclamó por no declarar también tregua humanitaria. Las actividades ilegales para financiar su lucha no cesarían, respondió; “en este proceso de cese la organización no puede debilitarse estratégicamente (…). Las operaciones financieras siguen”.
Siguen, pues, el secuestro, la extorsión, su alianza en el cartel del robo de crudo a Ecopetrol con encopetados empresarios; los paros armados que aterrorizan a la gente, cercenan sus libertades de opinión, de locomoción, de trabajo y la confinan al hambre entre cuatro paredes mientras la economía de la droga despliega libremente su logística. Lanzado el ELN a la conquista de la esquiva opinión, ¿tendrá futuro su receta de política en armas y hostilidad contra la población? ¿Se allanará a la estrategia de seguridad humana que persigue, ante todo, garantías para que las comunidades puedan vivir sin miedo?
Para transmitir las iniciativas de cambio de la sociedad sobre modelo económico, régimen político y justicia ambiental, creó la mesa un Comité Nacional de Participación, que resultó plural y diverso gracias a la mano niveladora de Lafaurie. Existen además otras fuentes de consulta popular como las asambleas convocadas por el presidente, las consultas populares que nutrieron el Plan Nacional de Desarrollo y los Pdet que trazaron planes de desarrollo allí donde más se sufría por la guerra. Fuentes todas que podrán abrirse como cajas de pandora y subvertir el orden de prioridades dispuesto por el ELN. Qué tal que propongan encarar primero el fin del conflicto o responder a sus víctimas o concentrarse en la reforma agraria que Petro menea como prioridad.
Qué tal si se logra el acuerdo nacional entre gobierno y oposición, sancionado por el Congreso, a partir de una reforma rural que cuenta con $5 billones iniciales para comprar millón y medio de hectáreas entre tierras malogradas en ganadería extensiva, para que viejos y nuevos propietarios vivan mejor explotándolas a derechas.
El presidente invita al ELN a honrar la iniciativa popular y sus prioridades, lo insta a situarse del lado del pueblo, pero sin armas. ¡Déjenlas -les pidió- eso es lo revolucionario!
por Cristina de la Torre | Ago 1, 2023 | Agosto 2023, Campesinado, Congreso de la República, Protesta social, Agencia Nacional de Tierras, Reforma tributaria progresiva, Pacto Histórico, Violencia, Gustavo Petro, Desplazamientos, Reforma Rural, Reforma tributaria, Reforma Fiscal, Derecha, Reforma Agraria, Tierras, Modelo Económico, Izquierda, Política agraria, Salud, Educación, Corrupción, Sin categoría
Sí, fue golpe de suma cero: el triunfo de la derecha este domingo no podía resultar sino del naufragio de la izquierda. Pero será una victoria pírrica, con los días contados si, más allá de las urnas, no leen los elegidos el hambre del 28% de colombianos que disparó el estallido social de 2021, con sus 80 muertos, y amenaza con volver a perturbar el sosiego de la gente de bien en el segundo país más desigual del continente. Conquista de la vieja política reeditada en clanes, con todo su potencial de corrupción y aún de crimen. Los Char, los Barreto, los Gnecco, los Caicedo, los Turbay, los Torres, las Dilian Francisca recuperaron lo perdido hace cuatro años.
Pescaron en la incapacidad del Pacto Histórico para gobernar a todo tren; en la endeblez de una coalición que pareció armada sólo de ocasión, liderada por la Colombia Humana, un movimiento difuso de vocación caudillista que se niega organización de partido. Y, sin embargo, supo darse un programa de reformas que responde al general anhelo de cambio. Reformas como la agraria para moderar desigualdades intolerables entre sectores sociales, causa mayor de guerras que han cobrado medio millón de vidas, hoy en marcha. Como la de reformular el manejo de las finanzas territoriales para vencer desigualdades entre regiones, que debería integrarse al bloque de cambios que el Congreso discute.
Denuncia Mauricio Cabrera una “escandalosa concentración de la riqueza” en nuestro país. Pese a que ha mejorado el acceso a los bienes y servicios básicos, es cada vez más desigual la distribución del ingreso y de la riqueza. El Gini en este rubro es de 0.83 y en depósitos financieros es de 97%. Entre los tres tipos de activos que componen la riqueza -propiedad raíz, acciones en empresas y financieros en propiedad rural, Colombia es subcampeón mundial en peor distribución de la tierra: sólo el 1% de la población es dueña del 80% del territorio, revela Oxfam. Los 7.2 millones de hectáreas de tierra óptima para agricultura están casi por completo desaprovechados o dedicados a ganadería extensiva. En Sucre, nueve clanes familiares son dueños del 55% de la superficie del departamento.
Tarea medular de los nuevos alcaldes y gobernadores será el manejo de sus recursos. De los impuestos locales, de regalías y transferencias del Gobierno central. Su destino, el financiamiento de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Demuestran Oliver Pardo y William Reyes la necesidad de reformar el sistema de tributación en departamentos y municipios y de ampliar su autonomía para depender menos de las transferencias de la nación. E integrar esta innovación tributaria y de manejo de las finanzas territoriales al bloque de reformas en trámite y materia del gran acuerdo nacional, diríamos aquí.
En este horizonte y vista la proyección territorial del Plan Nacional de Desarrollo, otra fisonomía les esperaría a las reformas que son materia del acuerdo nacional. Ya el presidente Petro convoca a los mandatarios elegidos para “articular planes locales con el cambio”. Y éstos no son ajenos a los congresistas que participan de la misma lid política en las regiones. El apoyo parlamentario a las reformas derivaría naturalmente de la comunidad de intereses políticos que gravitan en torno a los programas de campaña de los elegidos: ellos atañen tanto a la rama legislativa del poder como a la rama ejecutiva de los gobiernos locales.
Podrá haber girado el péndulo hacia la derecha, mas, para no invocar espíritu de patria sino el sentido práctico de neutralizar a tiempo otra explosión de ira social, dignatarios locales, parlamentarios y Gobierno deberían ser la primera piedra de un pacto nacional que no da espera.
