Duque: pistola a la reforma rural

Este presidente recibe un país con el mejor acuerdo posible de paz e índices de violencia política reducidos, y lo devuelve en guerra. Las crueles imágenes de comunidades asediadas por grupos armados y de desplazados por decenas de miles han vuelto a copar pantallas y páginas de prensa. Para no mencionar los cientos de masacres, de líderes sociales y reinsertados asesinados que la costosísima Fuerza Pública no impide, pese a la patética locuacidad de sus comandantes. Ni seguridad para los reinsertados ni solución al conflicto por la tierra que alimenta la guerra. En fallo sin antecedentes, la Corte Constitucional emplaza al Gobierno por “violación masiva del Acuerdo de Paz” y le ordena cumplirlo integralmente. Naciones Unidas y la CIDH se unen al clamor, mientras la FAO advierte que Colombia se halla en riesgo inminente de inseguridad alimentaria: poblaciones enteras no podrían acceder a alimentos, entre otras razones, por eludir la Reforma Rural pactada con el Estado en el Acuerdo de Paz: distribución, formalización y restitución de tierras andan en pañales. Denuncia el exministro Juan Camilo Restrepo “un déficit presupuestal gigantesco para atender los cometidos del posconflicto”.

Corolario de esta eficientísima abulia hacia la paz en el campo, el silencio del presidente Duque, de su Gobierno y su partido, ante el escándalo que toca a uno de sus dirigentes, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, por presunta complicidad con paramilitares que en los 90 despojaron 4.000 hectáreas en Urabá y Córdoba, y decapitaron con motosierra a quienes presentaron resistencia. En confesión de la verdad ante la JEP, el exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, comprometió a Lafaurie con paramilitares como Mancuso y con generales condenados por asesinato como Rito Alejo del Río. Osorio fue sentenciado a prisión por expropiación de tierras en asocio de paramilitares.

Pero el caso pertenece apenas al último capítulo de una saga centenaria escrita con sangre: es el capítulo de la contrarreforma agraria agenciada por la troica de paramilitares, gamonales y políticos que, tras sus revelaciones en Justicia y Paz, debuta ahora en la JEP. Se comprenderá por qué ha querido el uribismo destruir el tribunal de justicia transicional. En la entraña de nuestra historia medra una minoría que acapara la tierra, paga impuestos irrisorios o ninguno, usufructúa la inversión pública que besa sus predios y engorda en el modelo predominante de tierra sin hombres y hombres sin tierra. Bloqueada la modernización en estos lares, sin Estado, sin tierra, sin trabajo, desfallece la vida del campesino y hierve el conflicto social. 

Salomón Kalmanovitz presenta ejemplo al canto: la hacienda El Ubérrimo es  tierra potencialmente agrícola dedicada a ganadería extensiva. Son 1.500 hectáreas urbanizables, valorizadas con riego y drenaje a cargo del Estado, su dueño la declara por 17 veces menos de su valor comercial. No valdría, según nuestro analista, $8.600 millones sino $165.000 millones. En consecuencia, tampoco debería pagar $178 millones de impuestos.

La derecha dio siempre en la flor de calificar como sovietizante cualquier intento de expropiación con indemnización por su valor comercial de tierras inexplotadas. Política típicamente liberal que en toda Europa y en Japón se aplicó sin anestesia, coco de las élites que mandan en éste nuestro país, el más conservador del continente, el de mayor concentración de la propiedad agraria.  Sovietizante les pareció la Ley 200 de López Pumarejo, y desataron la Violencia; la de Lleras Restrepo, y la sepultaron en Chicoral. Sovietizante les parece cualquier alusión al recurso legal ratificado aun por la Ley 60 de 1994. ¿Cómo prevalecen ellas, pues, por encima del sentido común y de la historia? Haciéndole pistola a la reforma rural.

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Asalto al tinglado electoral

La impudicia del Uribe-duquismo para tomarse todos los flancos del tinglado electoral denuncia pánico de perder el poder, en el único país de América Latina que nunca tuvo un gobierno de izquierda. Emulando al dictador de Nicaragua, nuestro registrador sentencia: si la oposición se siente sin garantías electorales, bien podrá renunciar a su participación en la contienda. Insólito anuncio de pasos del animal grande que va triturando con su pata peluda las reglas de la democracia. Entrega la logística y el escrutinio electorales a empresas privadas que harán la tarea sin auditoría ni control. Confunde (¿deliberadamente?) censo de población con censo electoral, acaso para meter millones de votos fantasmas, de derecha, en las urnas. El Gobierno suspende la Ley de Garantías concebida para asegurar igualdad en la competencia electoral. Contempla –mudo, manco, sordo– el festín que funcionarios, paramilitares, gamonales y victimarios han armado para manduquearse, tras haberlas vetado, las 16 curules de las víctimas.  Jorgito junior, hijo de Jorge 40, el más sanguinario entre los masacradores del paramilitarismo y héroe del muchacho, aspira a una de ellas. Mientras tanto, varios de los líderes comunitarios, depositarios naturales de este recurso de paz, han sido ya notificados: o renuncian a su aspiración, o serán declarados objetivo militar. Y el Gobierno ahí, alelado testigo del horror que no conjura.

 El registrador firmó contrato con la empresa española INDRA para coordinar el escrutinio de los votos y consolidar los datos de los formularios E14 de los jurados. Denuncia NT24 que la firma se vio involucrada en escándalos por fallas en el voto electrónico y por casos de soborno y manipulación electoral. Según Noticias UNO, había firmado antes otro contrato con DISPOEL  para inscripción de cédulas, recolección de datos y elección de jurados. Por vez primera, dos empresas privadas, escogidas a dedo, controlarán todos los resultados electorales, sin vigilancia ni control.

La directora de la MOE alerta sobre dificultades para hacerle monitoreo, seguimiento y control a la información electoral, desde las mesas de votación. Las múltiples dificultades en la inscripción de cédulas develarían riesgos, que vienen a sumarse a los acumulados en once meses de bloqueo de información necesaria para inferir trasteo de votos. A la fecha, no se sabe en qué consiste la depuración del censo electoral. Se denuncia, sí, que la Registraduría ha represado la entrega de tres millones de nuevas cédulas. Votantes jóvenes, tal vez menos proclives a sufragar por el que, cuesta abajo en su rodada, se dijo dueño de vidas y haciendas. 

Definitoria en la estrategia envolvente que apunta al fraude fue la suspensión de la Ley de Garantías Electorales. Presidente y Congreso rompieron el equilibrio en la competencia electoral que deriva de la neutralidad de los funcionarios públicos, de la prohibición de ceder contratos por intereses políticos y del congelamiento de la nómina oficial. Primera agraciada con el cambio, Margarita Cabello: nombró, de una tacada, 1.208 funcionarios inútiles en la Procuraduría.

Dramático, el cerco tendido a los líderes sociales que aspiran a las curules de paz. Amenazas de muerte, bloqueo de los modestos fondos destinados a su campaña, interferencia de clanes políticos y grupos armados en territorios donde el asesinato de líderes es rey. Quienes vetaron el proyecto que creaba las curules querrán ser ahora sus directos beneficiarios, aun victimarios que fungen de víctimas.

Y así va el fraude. Planta carnívora de los pantanos donde la extrema derecha sembró su imperio de odio, violencia, ladronera impune y abuso de poder. Pero es flor que, contaminada de sus propias miasmas, agoniza. Como agoniza la hegemonía de quienes la sembraron. No estamos ya en 2002 sino en 2022.

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Izquierda y Centro: se alborota el cotarro

Unos juegan con los principios y se complacen en la derecha; otros se abocan al reto de verterlos en programas de cambio. Mientras Petro se extravía en un crudo pragmatismo haciendo aliados que disuenan entre “los decentes”, los candidatos de la Coalición Centro Esperanza tendrán que optar por una entre las variantes de libre mercado que todos ellos adoptan: la gama va desde un neoliberalismo cerrero hasta el capitalismo social. Si, como dicen, representan la convergencia del reformismo estructural, no podrán menos que allanarse al modelo de economía de mercado con regulación del Estado. Será respuesta al negro balance del Consenso de Washington, cuya alternativa lanzan hoy las potencias del G7: el Consenso de Cornwall.

Conforme se consolida el Centro precisamente porque rehúye el abrazo de un oficialismo liberal amancebado con la corrupción, con el gobierno Duque y su partido, Petro le tiende la mano a Luis Pérez, artífice con Uribe, Martha Lucía y don Berna, de la mortífera Operación Orión. Y convida al pastor Saade, célebre por su odio al aborto, a la mujer, a la comunidad LGBTI.

Genio y figura, de suyo arbitrario, el autoendiosado Petro se ríe de la izquierda sacrificada, probada en mil batallas, que ahora lo acompaña en la idea de transformar este país. Y encubre su arrebato electorero con el argumento de la vieja alianza del liberalismo con la izquierda. Como si Luis Pérez fuera Uribe Uribe o López Pumarejo. Como si no hubiera sucumbido el Partido Liberal a la corrupción, a la hegemonía de la derecha en sus filas, a los turbios manejos del jefe.

Poniéndole conejo con la caverna cristiana y con la derecha liberal, arriesga Petro la cohesión de la coalición de izquierda. Sus aliados podrán pasar del estupor a la estampida. Como se insinúa ya: Francia Márquez pidió “no cambiar los valores de la vida por votos”, Iván Cepeda declaró que “las elecciones se pueden perder pero la coherencia ética, no”, e Inti Asprilla remató: “la pela interna que nos dimos en el Verde no fue para esto”. Pero Petro es así: impredecible en política… y en ideas. Si votó por Ordóñez para procurador, si considera a Álvaro Gómez más progresista que Navarro Wolf, se comprenderá que invite ahora al uribismo al Pacto Histórico, a la derecha liberal y a la caverna cristiana.

Más atento a la formulación de un programa económico que responda al anhelo de las mayorías, en el Centro Esperanza Jorge Enrique Robledo, verbigracia, insiste en cambiar el modelo pero dentro de la economía de mercado, con respeto a la propiedad y a la empresa privadas, y sin estatizar la economía. Para él, un efecto devastador de la globalización neoliberal en Colombia fue la destrucción en gran medida del aparato productivo del país: la desindustrialización y la crisis agropecuaria. Un desastre, pues es la industria el gran multiplicador de la productividad del trabajo, base del desarrollo. Con la apertura comercial se sustituyeron la producción y el trabajo nacionales por los extranjeros: el Consenso de Washington desprotegió el capitalismo nacional en favor del foráneo. Ahora, para reemplazar aquel Consenso, las grandes potencias marchan hacia un paradigma alternativo, el nacido del Consenso de Cornwall, en pos de una economía equitativa y sostenible que restituya el papel del Estado en la economía, sus metas sociales y la perspectiva del bien común.

Horizonte claro para transitar hacia un nuevo contrato social, sin que sus promotores deban endosar la iniciativa a la politiquería tradicional, gran responsable de las desgracias que en Colombia han sido. Modere Petro sus ínfulas napoleónicas en el platanal, y acoja el Centro sin ambigüedades el paradigma del capitalismo social.

Coda. Esta columna reaparecerá en enero. Feliz Navidad a los amables lectores.

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Autobombo ladino

Después de los 6.402 falsos positivos del uribato, en el Gobierno de Duque ha vuelto a correr sangre a chorros. Pero a cada nueva evidencia de la carnicería, un coro se levanta desde el poder para convertirla en gesta heroica de la democracia contra el terrorismo; que lo es todo cuanto se aparte del corro presidencial, de su partido, sus banqueros, sus terratenientes y sus Ñeñes. Y nadie le cree. O muy pocos, porque son legión los colombianos que han visto impotentes el asesinato sin investigación y sin castigo de 116 líderes sociales y la comisión de 69 masacres sólo en lo corrido de este año. Legión, los testigos del homicidio a bala de 13 manifestantes el 9 de septiembre del año pasado y de otros 77 en mayo-junio del presente, según Temblores e Indepaz. A bala de la fuerza pública y de sus adláteres, las Camisas Blancas del paramilitarismo urbano.

El más reciente pronunciamiento es de Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera de  Derechos Humanos: “el gobierno del presidente Duque –escribe– ha dado lo mejor por la protección de los líderes sociales [y] ha adoptado políticas públicas de Derechos Humanos que se implementan de manera rigurosa”. Otra cosa dijo la CIDH, que vino, estudió los hechos, comprobó responsabilidad del Gobierno en la matanza del paro nacional y anunció monitoreo al país. También a España llegan ecos de esta finca, y el presidente que corre a suplantar Vallejos en la Feria del Libro de Madrid con su librito de economía naranja. Mas pierde el envión. Nada puede ante la protesta de colombianos en esa ciudad contra el “genocida”, ni ante el manifiesto de 28 libreros indignados con quien llega “a lavarse la sangre derramada”.

Y es que Colombia se corona campeón mundial en asesinato de líderes ambientales: 65 el año pasado, casi la tercera parte de los habidos en el orbe. Informa Global Witness que estos crímenes son parte del ataque generalizado contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y permanecen en la impunidad. No toca el Gobierno la pulpa de la matanza, bien cobijada como está por su sabotaje a la implementación de la paz. Último dato: cercena la implementación de la paz reduciendo sus recursos de 10% a 3%.

Pero en su grosera distorsión de la realidad, se pavonea Duque disfrazado de   cruzado, de Blancanieves, de presidente. Perdura el recuerdo del chaleco (no disfraz) de policía que se caló para confundirse con quienes acaso venían de matar a 13 muchachos, y los llamó “héroes”. El elogio, flor silvestre, le brotó del alma. Pero otras veces él y su Gobierno mienten en grande sin parpadear. Mienten sus funcionarios, verbigracia, al reconocer 3 muertos en Cali el 28 de mayo a manos del Ejército, la Policía, el Esmad, el Goes y los paramilitares, cuando fueron 12 las víctimas, según indagación pormenorizada de El Espectador, (5, 7, 2021). De las decenas de agentes implicados, sólo uno ha sido llamado a juicio. Y la Fiscalía ahí, se carcajea, mientras a Nury Rojas, madre de la baleada Angie Baquero, la amenazan de muerte por exigir justicia.   Presidente, Fiscal y Mindefensa elevaron a terrorismo las contravenciones de bloquear vías sin violencia o tirar piedra. Se prepara sentencia de 22 años de cárcel contra un miembro de la Primera Línea en Medellín por filmar enfrentamientos con el Esmad y por insultar policías.

El mundo de las letras en pluma de libreros descalificó en España el ladino autobombo de este “heredero de la peor tradición uribista, la de los falsos positivos, los cuerpos mutilados, el narcotráfico y las matanzas paramilitares […] el responsable directo de la represión, de las torturas y desapariciones de los últimos meses”. Mas, si por allá llueve, por acá no escampa: 70% de los colombianos reniegan de la perversa charada y reclaman respeto a la vida a quien todos los días tira la piedra y esconde la mano.

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Colombia: ¿otra tiranía tropical?

Al parecer, Duque pide pista en el Eje del platanal que Ortega y Maduro presiden. Da un portazo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha confirmado en Colombia, como lo registró en Nicaragua y Venezuela, cifras aterradoras de homicidios, desapariciones y vejámenes contra manifestantes a manos de una Policía militarizada. Y paramilitarizada. El CD, partido de gobierno, descubre en el informe “sesgo ideológico de izquierda para mostrar al Estado como opresor [cuando este] propende por la seguridad de los ciudadanos y por garantizar su derecho a vivir en paz”. Nirvana dorado que casi sólo existe en el papel y en las peroratas de este Gobierno a la galería. En Nicaragua, ni en el papel. También Ortega vio sesgo, pero de derecha, en el informe de la CIDH sobre su país: el documento “convertía un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica”. Hubo 322 muertos. Pese a la presión de Duque en 2019 para que Maduro recibiera a la Comisión, este la rechazó. Para sendos países creó ella un mecanismo de monitoreo de derechos humanos, el mismo que anuncia ahora para Colombia.

“No aceptamos mecanismos de verificación, porque nuestro Estado es fuerte, robusto e institucional” y no se excede en uso de la fuerza, declara el Gobierno. Poca cosa le parecerán las 73 víctimas fatales, 41 con cargo directo a la Policía y 32 en verificación de idéntica autoría. O los 84 desaparecidos en protestas que la Fiscalía reconoce, cinco de los cuales ya aparecieron muertos. Mas, acaso para solapar la tragedia, puso Duque todo el énfasis en los matices que la CIDH dibujó sobre el recurso al bloqueo de vías, que acabó por alinear a muchos contra el paro. Y tergiversó el análisis. Ateniéndose al derecho interamericano,  lo justifica la Comisión, como recurso temporal y limitado, nunca si viola derechos de terceros a la vida, la salud o el acceso a alimentos. Entonces espetó el presidente su sentencia heroica: “nadie puede recomendar a un país su tolerancia con actos de criminalidad”.

Embriagado en el dulzor de su propia frase, creyó lavar con ella la sangre que corría en calles y centros de detención. Y bendecir la entronización urbana de la estrategia contrainsurgente que durante medio siglo cobró con su vida en los campos a todo el que discrepaba o reclamaba lo suyo. Enemigo de la patria, del Estado fuerte, robusto, institucional será ahora también el estudiante, el desempleado, el desplazado sin horizonte de las periferias urbanas, blanco de las Camisas Blancas que suman sus armas a las de la Policía y el Ejército. Ejército autorizado por decreto de “asistencia militar” para disparar, “si toca”, sobre personas inermes y prevalecer a la fuerza en medio país sobre autoridades civiles elegidas democráticamente. ¿No es este el principio activo del tirano, llámese Franco, Trujillo, Ortega o los napoleoncitos de cartón que florecen como plantas carnívoras en estos trópicos?

De todo ello se duele la CIDH. Del tratamiento de guerra que aquí se da a la protesta social, cuando las penurias y humillaciones acumuladas por generaciones revientan en un grito sostenido de dos meses que este Gobierno ni oye ni entiende, ni calibra su historia y su potencia. Reacio a los hechos, incapaz de medir la hondura del descontento, se alela entre la fantasía de la conspiración comunista y la acción administrativa que sólo acierta cuando se trata de frustrar la paz, enriquecer a los amigos y librarlos de la cárcel. No quiere saber de encuentros y asambleas de vecinos que reverberan acá y allá, a veces a tientas, otras con más luces, en cientos de municipios que se comunican y van depurando anhelos comunes. Se organiza la gente para la protesta, y para las elecciones de 2022. Tal vez sea cierto: no hay tirano en ciernes que dure cien años ni pueblo que lo resista.

 

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Duque rural: bombos, platillos y humo

Propaganda. Ruido en el vacío.  Con amplio titular registra un diario otra de las que parecen ser argucias del presidente para presentar como gran transformación rural algún salvavidas de opinión enderezado a resarcir su imagen, récord de deshonra en la historia de Colombia. Es un plan de política social e infraestructura básica, dice,  inspirado en el Acuerdo de Paz (que él ha devastado), pero sin previsión financiera ni instrumentos de ejecución. Y, sobre todo, riguroso en eludir, precisamente, los problemas estructurales del campo: el patrón de tenencia de la tierra, el uso irracional del suelo, la violencia que se descarga sobre la población campesina, la cosecha de horrores que el conflicto le heredó. Salva Duque el modelo que bloquea la modernización del agro y eterniza el despotismo de la fuerza más reaccionaria del campo. Ufana en su victoria sangrienta sobre ocho millones de víctimas y siete millones de hectáreas usurpadas a fusil o en notaría, preserva ella a dentelladas sus dominios en el poder.

Ni revolucionarias, ni confiscatorias, iniciativas hay; pero la élite no las ve porque, juntas, cambiarían la fisonomía del campo: una de Naciones Unidas (PNUD), otra de la Misión Agraria y la del Acuerdo de Paz. Coincide esta triada en recuperar la noción de desarrollo modulado desde el Estado, que los antojos del mercado sepultaron desde 1990. Y en reconocer que la paz pasa por resolver el conflicto agrario. En su último libro, Una Ruralidad Posible, las recoge Absalón Machado como política integral para el campo que recupere el tiempo perdido y reconstruya lo que el conflicto destruyó.

El modelo de tenencia y uso de la tierra es obstáculo formidable para el desarrollo del campo, signado por una concentración de la propiedad casi única en el mundo, por proliferación del minifundio y miseria. Problema histórico agudizado en las últimas décadas por el despojo y el desplazamiento violento a manos de narcos y paramilitares, frecuentes aliados del notablato político y empresarial. A ello se suma el uso irracional del suelo, donde el latifundio improductivo y la ganadería extensiva reducen la explotación agrícola a un mínimo de las tierras aptas para cultivar. El 81% de las fincas tiene menos de 10 hectáreas y sólo ocupa el 5% del área en producción. Y el privilegio fiscal de los señores de la tierra, que pagan impuestos irrisorios, o ninguno, gracias a que catastro no hay o renguea. Ilegalidad en la adquisición de la gran propiedad e informalidad en la pequeña son los pilares del régimen de propiedad en el campo.

Declara el exparamilitar Pitirri que la contrarreforma agraria mediante desplazamiento y despojo fue un plan premeditado: unos iban matando, otros iban comprando, y los últimos iban legalizando. A la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contrapone la precandidata del CD, María Fernanda Cabal, otra que neutraliza su efecto devolutivo, mientras los llamados ejércitos antirrestitución muestran sus fauces y muchos de los líderes sociales asesinados son voceros de reclamantes de tierra. También ayudó Cabal a hundir la ley que creaba la especialidad agraria, enderezada a validar jurídicamente procesos de restitución, asignación y formalización de tierras. Lucha de la clase en el poder contra la clase abatida del sistema.

Distribuir la tierra en función del desarrollo, la productividad y la equidad; reconocerle al campesino derecho a la vida, a la dignidad y al ejercicio de la política; sustituir cultivos ilícitos por proyectos productivos. En fin, cambiar el orden edificado sobre el despojo y la violencia, prerrogativa de los de siempre, por un plan de desarrollo rural de largo aliento. Modesto reformismo liberal que, en país avasallado por la caverna, resulta desafiante. Por eso buscan aturdirlo con fanfarrias de grosera altisonancia.

 

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